julio 2009

La globalización de la economía mundial y la participación activa del país en este proceso ha subrayado la necesidad de poner en práctica un sistema contable acorde con las normas internacionales de información financiera.

El pasado 13 de julio de 2009 fue expedida la Ley 1314, a través de la cual se faculta a algunas entidades del Estado, como los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, así como al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para desarrollar los nuevos principios y normas de contabilidad y de información financiera, al tiempo que se diseña un marco general que orienta la normatividad que dicte el ejecutivo.

Es importante precisar que por tratarse de un marco general de regulación, la nueva ley plantea objetivos y criterios, al igual que un ámbito de aplicación y autoridades encargadas de su puesta en práctica. Esto implica que, si bien, se plantea un norte para la regulación contable, sólo en la medida en que dichos preceptos los consolide el Gobierno Nacional, mediante la expedición de las normas reglamentarias respectivas, dicho enfoque podrá incorporarse en la vida económica del país.

Por esta razón, resulta significativo que el legislador faculte al gobierno para intervenir en la actividad económica mediante la expedición de normas contables y de información financiera, con el propósito de que los estados financieros (y en general los informes contables), le proporcionen al público (usuarios e inversionistas) una información financiera que facilite la comparación entre países.

De esta forma, la ley agiliza la convergencia de la regulación nacional, hacia las normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información con estándares internacionales de aceptación mundial.

Sin embargo, la expedición de esta ley no es el resultado de un proceso fortuito. Por el contrario, es el producto de la transformación durante décadas de la regulación contable en el país. En esta Semana Económica se presenta un breve recuento histórico de la regulación de la información contable y financiera en Colombia desde la segunda mitad del siglo pasado hasta el presente, al igual que se resumen los principales aspectos de la nueva ley y analiza su posible impacto en la economía.

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La Reforma Financiera aprobada por el Congreso la semana pasada tuvo origen en una iniciativa del Gobierno Nacional. A grandes rasgos, la ley se ocupa de los siguientes temas: i) modifica el régimen de protección al consumidor financiero; ii) otorga facultades adicionales de intervención al Gobierno Nacional en el sector financiero; iii) ajusta el régimen legal de algunas instituciones financieras; iv) amplía los esquemas de promoción de las microfinanzas; v) modifica algunas normas del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras; vi) reforma el régimen financiero de los fondos de pensión obligatoria y cesantías; vii) liberaliza la prestación de algunos servicios financieros para adaptarse a los convenios internacionales pendientes de aprobación, como el TLC; viii) refuerza las facultades de supervisión de la Superintendencia Financiera y, por último, dicta otras disposiciones dentro de las cuales se destacan las normas de titularización de activos hipotecarios y no hipotecarios, la creación de los beneficios económicos periódicos y la eliminación de la prohibición al Banco de la República de realizar operaciones de mercado abierto exclusivamente con títulos de deuda pública.

En esta Semana Económica se analizan los aspectos más relevantes para la banca del contenido de la reforma y su importancia tanto para el sector, como para la economía en general.

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Las mejores perspectivas de recuperación de la economía mundial han desplazado la atención de los mercados hacia los efectos de largo plazo de los cuantiosos estímulos fiscales y monetarios puestos en marcha alrededor del mundo, para rescatar los sistemas financieros y sostener la demanda agregada. Los mayores temores radican en un recrudecimiento de la inflación por la expansión de los balances de los bancos centrales y la monetización de los déficits públicos, por una parte. Y en el deterioro de la solvencia de los estados, por la otra.

Como respuesta a estos temores, las curvas de rendimiento de los bonos de deuda pública se han empinado. La persistencia de esta tendencia por un período prolongado entraña eventualmente un obstáculo que puede devenir mayúsculo para la recuperación.

En Colombia, la estrategia fiscal adoptada por el Gobierno Nacional es prudente, de acuerdo con los estándares internacionales en boga en la coyuntura actual, pues entraña las ventajas de un bajo costo fiscal y una “reversión automática”, cuando se afirme la recuperación. No obstante, tiene la desventaja de proveer un estímulo minúsculo a la demanda. La posibilidad de tener en el futuro una estrategia fiscal anti-cíclica descansa parcialmente en la adopción de una regla fiscal que estimule el ahorro durante el auge.

Gracias a su estrategia fiscal, el Gobierno ha mantenido la confianza de los mercados en su solvencia, de manera que los precios de los activos domésticos han evolucionado en línea con los de las economías con sólidos marcos institucionales de política y fuertes fundamentos macroeconómicos en la región –Brasil, Chile, México y Perú-. Con el propósito de reforzar la confianza, el Gobierno debería estudiar una agenda de reformas estructurales para mejorar la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo. Sin embargo, para implementarlas se requiere que el crecimiento se haya dirigido firmemente a su tendencia de largo plazo, porque algunas de ellas –particularmente la tributaria- podría retrasarlo o desviarlo.

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Con la mejora en las perspectivas de recuperación de la economía mundial y el optimismo prevaleciente en los mercados financieros internacionales, ha surgido el riesgo de un recrudecimiento de la inflación alrededor del mundo en el mediano plazo. La magnitud sin precedentes de los estímulos monetarios y fiscales en las economías más avanzadas, junto con la necesidad de sostenerlos por largos períodos, han activado el peligro de que la correspondiente expansión de los medios de pago y la tentación de monetizar los déficits fiscales crecientes, se transmitan al incremento de los precios tan pronto como las economías se encaminen nuevamente hacia su tasas de crecimiento potencial. El rebote en los mercados financieros, a su vez, puede inflar nuevamente una burbuja en los mercados de materias primas, que derive en un choque adverso de oferta.

Para anclar las expectativas inflacionarias, reforzar la confianza en la sostenibilidad fiscal y moderar los efectos nocivos de la inclinación reciente de las curvas de rendimiento, debida a la conciencia sobre los nuevos peligros, las autoridades enfrentan el desafío de establecer claramente los mecanismos de retiro de los estímulos y el reto de hacerlo oportunamente. En el caso de no lograrlo, peligra la posibilidad de una recuperación sostenida.

En Colombia el riesgo de un recrudecimiento de la inflación por una exagerada expansión de los medios de pago, o por la tentación de monetizar los déficits públicos parece menor que en las economías avanzadas. El peligro de enfrentar un choque adverso de costos por una inflación de materias primas es el mismo que en ellas. La inclinación al alza de las expectativas de inflación de largo plazo, si resulta persistente, puede conducir en el futuro a un cambio en la postura monetaria.

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