El estancamiento del sector agropecuario colombiano en la última década y su incapacidad para internacionalizarse de una manera sostenible en ese período, cuando los mercados internacionales de esos productos estuvieron en un auge prolongado, cuestionan su modelo de desarrollo. Este combinó una política sectorial basada en el otorgamiento de apoyos directos (subsidios), una estrategia comercial con alta protección a los bienes importables y un sistema de financiación basado en el crédito de fomento y en la represión financiera sobre la banca privada.
La asignación ineficiente de los recursos públicos a subsidios y otros apoyos directos disminuyó los fondos para proveer bienes públicos generadores de economías externas para la actividad agropecuaria y la población rural, como la infraestructura física (distritos de riego y vías de comunicación) y social (instituciones educativas y hospitalarias). La protección sesgó la asignación de los factores en favor de la producción de bienes poco competitivos e impidió que la competencia internacional acelerara el progreso tecnológico y la productividad del sector. Las inversiones forzosas, las tasas de interés fijadas por las autoridades y los alivios a los pequeños productores con dificultades financieras, concentraron el crédito formal en los grandes productores y generaron un racionamiento de él hacia los pequeños, que tuvieron que buscarlo en el costoso mercado informal.
El modelo no solo fracasó en el propósito de convertir al sector en un motor de crecimiento de la economía, sino que además no satisfizo las expectativas de mejora de las condiciones de vida de la población rural. Las distorsiones que introdujo en el sector agropecuario y en los mercados financieros, condujeron a una asignación ineficiente de los recursos, que lesionó su productividad y su competitividad en los mercados internacionales e inclusive en el doméstico.
Por estas razones urge replantear el modelo de desarrollo del sector agropecuario. El nuevo no debe mantener las distorsiones del anterior, ni la represión financiera. Por el contrario, debe crear en las zonas rurales un entorno institucional en el cual surjan incentivos para que la libre iniciativa privada encuentre rentable invertir en la actividad agropecuaria. De tal manera, una asignación libre de los recursos en esta rama debe apurar el progreso tecnológico y la innovación, acelerar la acumulación de los factores productivos y elevar su productividad, para que con base en ella se pueda aumentar su remuneración y mejorar las condiciones de vida de la población rural. Sobre estas premisas, el nuevo modelo debe conducir a la inserción sostenible del sector agropecuario en los mercados externos, con base en la expansión y diversificación de sus exportaciones.
Para plantear un nuevo modelo, el Gobierno Nacional integró una Misión Rural. Es urgente que en su interior se abra un espacio para el análisis de la financiación de la banca privada al sector. El costo de oportunidad de ésta, estimado por lo que produciría el saldo de sus inversiones forzosas en TDA ($7,9 billones), colocado como crédito a una tasa de interés de 12%, bordea los $948 mil millones, equivalentes al 43% de la inversión pública en esta rama el año pasado.