Con el propósito de alcanzar la prosperidad para todos, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se fijó tres objetivos: generar empleo, disminuir la pobreza y consolidar la seguridad. Para lograrlos, la principal meta que estableció es un crecimiento potencial cercano a 6%, con base en la expansión sostenida de cinco sectores líderes: el minero-energético, la vivienda, la infraestructura, el agropecuario y la innovación.
Alcanzar esa meta colocaría a Colombia entre las economías con un crecimiento medio alto en el contexto mundial y alto en el regional. También le permitiría incrementar notablemente su ingreso per cápita (25% en 4 años) y, con una adecuada política redistributiva, disminuir la pobreza y atenuar la desigualdad.
El logro sostenido de esa meta de crecimiento es exigente comparado con los resultados de la historia reciente de la economía colombiana. Requiere un esfuerzo notable para aumentar la productividad (1,6%), disminuir el desempleo (a 9%) y mantener una alta tasa de inversión (30% del PIB). En particular, parece difícil bajar la tasa de desempleo estructural debajo de 10%, sin remover las rigideces del mercado laboral: los altos costos laborales no salariales y la inflexibilidad de los salarios reales a la baja. Tampoco parece fácil preservar una tasa de inversión de esa magnitud, sin eliminar las distorsiones en los mercados financieros, que impiden la profundización y la inclusión: los topes a las tasas de interés y el gravamen a los movimientos financieros (GMF).
La restricción presupuestal que enfrenta el sector público y el compromiso de las autoridades con la disciplina fiscal, así como la magnitud de las necesidades de inversión que requieren los sectores líderes y la provisión eficiente y oportuna de los bienes públicos, vuelven imprescindible el aporte del capital privado. Por tanto, para lograr la mayoría de las metas -en particular el crecimiento potencial de 6%- se requiere atraerlo, mediante una adecuada gestión y coordinación pública, tanto nacional como regional y local, basada en la transparencia y la rendición de cuentas, con el propósito de erradicar la corrupción, la dilapidación y el despilfarro.
No parece fácil tampoco profundizar la apertura sin disminuir la protección, que genera un sesgo anti-exportador, dificulta la diversificación de la oferta exportable e impide la transformación del sector agropecuario. Lamentablemente, el PND no se fija metas en términos de reducción del arancel ni de disminución de la dispersión tarifaria.
Si alcanza la meta de crecimiento, quizá el Gobierno podrá lograr las de reducción de la pobreza y la desigualdad, sin acometer las reformas mencionadas. Sin embargo, si las realizara podría inclusive sobrepasar muchas de las metas más fácilmente y empleando menores recursos. Este es el caso de las correspondientes al crecimiento, el empleo, la formalización, la pobreza, la equidad, la productividad, la competitividad y la internacionalización.
Quizá convenga insistir en que, por una parte, realizar las reformas es menos doloroso en las etapas de auge. Y por otra, en que su efecto benéfico amortigua el sufrimiento de la población y el deterioro de los indicadores sociales en la parte baja del ciclo.