Las libranzas más allá de Estraval

Fuente: La República

El pasado mes de junio, la Superintendencia de Sociedades inició el proceso de liquidación judicial de Estraval luego de ser intervenida y multada por no revelar detalles de su ejercicio. A esta firma, cuya actividad comercial incorporaba subyacentes de créditos de libranza, se le atribuyeron gestiones indebidas con los recursos a su cargo que la llevaron al incumplimiento de sus obligaciones y desataron el actual escándalo financiero. Este hecho comenzó a alimentar algunas dudas sobre el modelo de libranzas y de los negocios que giran a su alrededor, especialmente en lo referente a la gestión de riesgos por parte de las entidades no vigiladas y también sobre el rol que deben jugar los organismos de control y regulación.

La libranza, un instrumento financiero exitoso, no es una herramienta nueva en el mercado de crédito colombiano, pues su uso se puede remontar al Código Sustantivo del Trabajo a mediados del siglo pasado. Es una herramienta financiera con un reducido riesgo de crédito en la medida en que cuenta con la garantía de los flujos de pagos de los trabajadores, un hecho que permite aminorar el impacto de la administración del riesgo crediticio en el costo de la financiación. Sin embargo, los riesgos operacionales, de contraparte y de reputación, que aún se mantienen, suelen exacerbarse cuando los originadores de libranzas que no cuentan con la regulación adecuada entran al negocio.

Por cuenta de lo anterior, se han promulgado leyes que han buscado reglamentar esta figura y propender por la estabilidad del mercado y la protección al consumidor financiero. Recientemente, con la Ley 1527 de 2012, se estableció el marco general regulatorio de las libranzas, lo que le permitió al sistema financiero ajustarse a las necesidades de la población y facilitó el otorgamiento de crédito a sectores que por sus niveles de riesgo habían estado desatendidos. Además, esta Ley ha permitido, en parte, que en los últimos años la libranza haya crecido de manera sostenida y dinámica y que el mercado sea más competido.

En efecto, según datos de la Superintendencia Financiera, la cartera de libranzas otorgada por las entidades vigiladas ha venido creciendo a una tasa anual promedio de 17,7% y, al corte de primer trimestre del año, totalizó cerca de $36,4 billones. Un monto importante si se tiene en cuenta que representa más de tres veces la cartera de microcrédito y cerca de 90% de la de vivienda.

Si bien entre cooperativas, fondos de empleados y empresas comerciales, la cartera de libranza de las entidades no vigiladas ha ascendido a cerca de $10 billones, han sido precisamente estas entidades las que han estado en el ojo del huracán debido al abuso de esta figura, lo que ha deteriorado su imagen y minado la seguridad y la confianza de los consumidores e inversionistas.

La indebida gestión en la originación, la venta de los créditos respaldados con libranzas por parte de entidades comerciales no vigiladas (el caso de Estraval) y la falta de vigilancia y control, se han constituido como los principales factores que han afectado notablemente este instrumento.

En línea con lo anterior, la estructuración de libranzas con horizontes temporales muy altos ha tenido como consecuencia un gran desequilibrio en la liquidez de las entidades no vigiladas, teniendo en cuenta que las operaciones de captación suelen ser de corto plazo y que se han encarecido en los últimos meses como resultado de unas mayores tasas de intervención, lo que ha terminado incrementando de manera importante el riesgo sobre dichas instituciones.

En síntesis, luce imperativo proteger la figura de la libranza como mecanismo de profundización del crédito en Colombia. Es necesario, en este contexto, crear los incentivos regulatorios suficientes para que el mercado, particularmente el no vigilado, se comporte bajo una debida diligencia y se gestionen los riesgos implícitos en estas operaciones sin que esto interfiera con el desarrollo del mercado ni atente contra el apetito inversionista en este tipo de figuras.

Banca y Economía

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    Carlos Alberto Ruiz Martínez

    Vicepresidente de Asuntos Corporativos

    Es economista de la Universidad Nacional graduado con honores, con Maestrías en Administración Pública de la Universidad de Columbia, Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Banca y Mercados Financieros de Universidad Carlos III de Madrid y Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona.

    Antes de ser vicepresidente en Asobancaria, fue viceministro de Vivienda en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jefe de Estudios Económicos de Asobancaria, Analista Económico de Fedesarrollo, y profesor de macroeconomía de la Universidad Nacional, entre otros.

    Monica Gomez

    Mónica María Gómez Villafañe

    Vicepresidenta Administrativa y Financiera

    Es abogada de la Universidad de San Buenaventura de Cali, con estudios de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes, con Especialización en Derecho Notarial y Derecho de Registro de la Universidad Externado de Colombia y Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

    Entre otros cargos, se ha desempeñado como Directora Jurídica y Secretaria de la Junta Directiva en la Asociación Colombiana de Laboratorios de Investigación y Desarrollo AFIDRO, Secretaria General de la Aeronáutica Civil de Colombia y actualmente es la Vicepresidente Administrativa y Financiera de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA, responsable además de la gestión administrativa y financiera, de los eventos de la asociación y desarrollo de nuevos negocios.

    Jose Manuel gomez

    José Manuel Gómez Sarmiento

    Vicepresidente Jurídico

    Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con Especialización en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialización en Banca de la Universidad de los Andes, Especialización en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y aspirante el título de Doctor en Docencia de la Universidad de la Salle de Costa Rica.

    Entre otros, se desempeñó como Gerente Jurídico y Secretario General de Leasing de Occidente, Secretario General y Primer Suplente del Presidente del Fondo para el Financiamiento para el Sector Agropecuario FINAGRO, Profesor en pregrado y posgrado de varias Universidades, entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es el Vicepresidente Jurídico de la Asociación.

    Alejandro Vera

    Alejandro Vera

    Vicepresidente Técnico

    Es economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes, con estudios complementarios en Finanzas. Posee además un Master en Administración y Políticas Públicas de la London School of Economics (LSE), que obtuvo gracias a una beca otorgada por Colfuturo en 2007.

    A nivel profesional, inició su carrera como Asistente de la Oficina de Asesores del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Durante su estadía en Londres, para cursar estudios de maestría, trabajó como consultor de la International Budget Partnership (IBP), ONG basada en Washington D.C. También fue Investigador, Jefe de Investigaciones Económicas y, posteriormente, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). En este último cargo estuvo por ocho años.

    A nivel académico ha sido profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en pregrado y posgrado, de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana y de la Facultad de economía de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente, se desempeña como Vicepresidente Técnico de Asobancaria.

    En los periodos 2019-2020 y 2020-2021 fue presidente del Consejo de Ministros y Máximas Autoridades en Vivienda y Desarrollo Urbano de Latinoamérica y el Caribe, MINURVI. También ha ejercido como miembro de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías, la Unión Latinoamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI), la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), el Servicio Geológico Colombiano, el Club de Banqueros y Empresarios y la Liga de Lucha Contra el Cáncer en Bogotá.

    Ha sido profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colomba, Universidad de los Andes y del CESA.

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    Jonathan Malagón González

    Presidente

    Jonathan Malagón González nació en Riohacha, La Guajira, el 10 de agosto de 1984. Es economista graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia y administrador (Bachelor of Science in Management) de la University of London. Cuenta con una Maestría en Administración Pública de Columbia University, un Master en Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona y un PhD en Economía de Tilburg University.

    En enero de 2023, fue designado como presidente ejecutivo de ASOBANCARIA. Previamente, ha ejercido el cargo de ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia entre 2018 y 2022, vicepresidente de ASOBANCARIA, director de Análisis Macroeconómico y Sectorial de FEDESARROLLO, gerente del programa COMPARTEL del Ministerio de las TIC, gerente de Control de Gestión, asistente del CEO y jefe de Estudios Económicos de TELEFÓNICA COLOMBIA e investigador de ANIF.

    Ha sido profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colomba, Universidad de los Andes y del CESA.