Edición 782 | Evaluación de la política de vivienda

Los principales indicadores de la construcción y financiación de vivienda indican que el 2010 ha sido otro año positivo para el sector hipotecario. El resultado es producto de la combinación de diversos factores: tasas de interés reducidas, subsidios a la tasa de interés de los créditos otorgados a partir de abril del 2009, montos de crédito superiores al pasado y, también, mayores aportes del mercado de capitales a su financiamiento.

En la mayoría de los países del mundo la tenencia de vivienda es considerada de gran importancia por ser, este activo, el principal al que accede la población, en especial la de menores ingresos. A causa de ello y por las implicaciones que tiene sobre la equidad social y el crecimiento económico, es que su adquisición tiene acceso a subsidios en la mayoría de países del mundo.

Las modalidades más conocidas de estructuración de subsidio para la adquisición de vivienda están asociadas al otorgamiento de aportes directos a su adquisición, complementarios al ahorro y al crédito; a descuentos tributarios y a incentivos a la captación de recursos de largo plazo para su financiamiento, como es el caso de la titularización de cartera hipotecaria.

Colombia ha ensayado y combinado diferentes modalidades de estos estímulos, pero el país está lejos de haber diseñado una política de vivienda adecuada para la solución del déficit de vivienda. Teniendo esto en cuenta y dado el impulso que el Presidente Santos pretende introducirle a la construcción de vivienda, es preciso definir el papel a ser asumido por cada uno de los agentes involucrados en la provisión de vivienda, a fin de alcanzar la meta del millón de viviendas a ser construidas en los próximos cuatro años.

La meta implica un aumento del 80% en la actividad constructora y de 123% en el caso de la vivienda VIS, donde se tiene prevista la entrega de 650 mil unidades habitacionales. Los incrementos señalados no solo precisan del aumento en la capacidad productiva de toda la cadena sectorial, sino también de una mayor capacidad de ejecución de recursos financieros.

La inversión total requerida para la construcción del millón de unidades de vivienda es de $78 billones. De este total, el 13% ($10 billones) corresponde a recursos de los gobiernos nacional y territorial. De ahí que cobre particular relevancia la activa participación privada en ahorro de las familias y financiación por parte del sistema financiero.

El reto es enorme, ya que implica duplicar en la práctica la capacidad productiva del sector hipotecario y la demanda por vivienda. Es evidente, en consecuencia, que el logro de los objetivos previstos con la política de vivienda del Presidente Santos estará en función de que se preserven los estímulos vigentes a los distintos actores que participan en el proceso o que, alternativamente, éstos se sustituyan por otros con una potencia equivalente o mayor y de que el Estado finalmente estructure mecanismos adecuados de financiación de vivienda para los hogares de menores ingresos, tal como lo señala la Carta Política.

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