noviembre 2010

La administración de riesgos es necesaria para el éxito de cualquier empresa, porque consiste en la toma de decisiones con base en las expectativas de beneficios futuros y ponderando las posibilidades de pérdidas inesperadas. Esto exige la definición de una estrategia de negocio y la aceptación de un conjunto de riesgos, es decir, el establecimiento de un perfil rentabilidad-riesgo. Por lo tanto, el riesgo no es malo per se. El secreto está en saberlo administrar.

Colombia se caracteriza por tener una estructura administrativa sólida para cinco tipos de riesgo diferentes: crediticio, de mercado, operacional, liquidez y lavado de activos. Además cuenta con un sistema de control interno que da cuenta de la gestión adecuada de los distintos tipos de riesgos. No obstante, el índice de desarrollo financiero, publicado por el World Economic Forum, ubica a Colombia como un país de elevados costos regulatorios, ubicándolo dentro de los siete países más onerosos en términos del cumplimiento de los requisitos regulatorios.

Colombia se caracteriza por tener una estructura administrativa sólida para cinco tipos de riesgo diferentes: crediticio, de mercado, operacional, liquidez y lavado de activos. Además cuenta con un sistema de control interno que da cuenta de la gestión adecuada de los distintos tipos de riesgos. No obstante, el índice de desarrollo financiero, publicado por el World Economic Forum, ubica a Colombia como un país de elevados costos regulatorios, ubicándolo dentro de los siete países más onerosos en términos del cumplimiento de los requisitos regulatorios.

Actualmente, se están definiendo internacionalmente políticas económicas que eviten volver a caer en los errores de la crisis. La propuesta del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en cuanto a los requerimientos de capital, resulta considerablemente onerosa en la medida en que afecta negativamente la capacidad de los bancos de generar activos y utilidades. Adicionalmente, las alternativas que enfrentan los bancos para cumplir con ella oscilan entre beneficiar a los consumidores, en perjuicio de la rentabilidad de la entidad, o beneficiar a los accionistas, en perjuicio de los consumidores

Es muy probable, entonces, que los grandes bancos internacionales tengan que disminuir sus niveles de rentabilidad, similares a los de la banca colombiana, o elevar considerablemente los costos de los servicios financieros que prestan. La Asociación está convencida que el sistema financiero colombiano es sólido y que se ha hecho un gran esfuerzo para llegar hasta este punto. Prueba de ello fue el comportamiento del sector durante la última crisis internacional, demostrando que con las características actuales se pueden sortear momentos de tensión.

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En la actualidad cursan dos proyectos de ley con el propósito de regular los servicios financieros. Uno busca regular directamente, por medio de la ley, esas tarifas. Otro, en el contexto general de una ley marco, busca otorgar facultades amplias al gobierno con ese fin. La Asobancaria no ve con buenos ojos ninguno de esos dos intentos.

Existe un conjunto de preconcepciones erradas sobre el tema de las tarifas. La primera es la preconcepción de que, si bajan las tarifas de los servicios financieros, entonces habrá más acceso a ellos. Esta preconcepción es equivocada por la simple razón de que el monto de servicios financieros en el mercado no solo depende de la demanda, sino también de la oferta.

A veces se argumenta que la regulación de las tarifas del sistema financiero se justifica por una de dos razones: (1) porque la banca es monopolista, y cobra unas tarifas que están muy por encima de lo que imperaría en un mercado competitivo, o (2) porque la banca es ineficiente, y pasa los costos de su ineficiencia a sus clientes. Ambas justificaciones también son preconcepciones erradas.

No hay ninguna evidencia seria de que la industria bancaria sea monopolística. Diversos estudios señalan que la banca es medianamente competitiva en el mercado de crédito y altamente competitiva en el mercado de depósitos. De otra parte, las ganancias en eficiencia de la banca han sido considerables y continuadas. Las tarifas que se cobran en Colombia se comparan favorablemente con las de la región.

En los últimos ocho años, el gobierno hizo enormes esfuerzos por ampliar la bancarización de la población más pobre del país. Las lecciones de este proceso deben ser aprendidas. La experiencia muestra que el mayor obstáculo a la bancarización no son los costos de los servicios financieros, sino el bajo ingreso de buena parte de los colombianos.

Un aspecto tremendamente injusto de la discusión es que los costos de los servicios financieros no son imputables únicamente a las entidades financieras. Uno de los principales costos es el gravamen a los movimientos financieros, que, con los bajos niveles de las tasas de interés de la actualidad, se ha vuelto expropiatorio, pero el gobierno no ha dado señales de querer desmontarlo rápidamente.

Los servicios financieros han aumentado enormemente en los últimos 20 años, proveyendo comodidad y seguridad a los usuarios. Además, bien manejados, no son en realidad costosos. Por eso el Estado debe confiar en que la mejor forma de mantener bajo control las tarifas financieras no es la regulación estatal, sino la competencia. La banca no se opone a medidas que aumenten la competencia dentro del sistema. Por eso la banca propone medidas que aumenten no solo la información de que disponen los usuarios del sistema financiero, sino su capacidad para procesar adecuadamente esa información. La necesidad de la educación financiera se ha vuelto patente en el país.

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En este momento atraviesa el sistema financiero en el mundo, pero especialmente en Colombia, por una importante coyuntura que genera la necesidad de hacer un alto en el camino para analizar los grandes retos que actualmente se le presentan, y de los cuales depende su desarrollo y desempeño, así como el mayor o menor impulso que pueda imprimir en el progreso sostenido del país, siempre bajo el supuesto de lograr una real inclusión social.

En primer lugar, llama la atención el gran deseo de todos los sectores, ya sean públicos o privados, pero en especial del mismo sistema financiero y de la banca en particular, de lograr la bancarización, especialmente de los sectores menos favorecidos. Son significativos los resultados que se han obtenido, muchos de ellos generados a raíz del programa de la Banca de las Oportunidades, con lo cual se ha demostrado que es necesario permitir la libre competencia, antes que intervenir la actividad financiera, restringiendo la libertad de empresa.

Para lograr el crecimiento sostenido de la economía colombiana en el largo plazo resulta importante impulsar una alianza entre todos los actores económicos participantes, para buscar una mayor bancarización y profundización de los servicios financieros.

Ahora bien, el costo de los créditos es un elemento que tiene una relativa incidencia en el proceso de bancarización y profundización financiera, y que puede verse afectado por el desempeño de la justicia. La agilidad o demora en el trámite de los procesos de recuperación de los dineros prestados y de la ejecución de las garantías afecta dicho costo. Como una de las principales debilidades del estado actual del poder judicial en Colombia es su congestión, un reto que plantea la reforma a la justicia particularmente lo constituye la dificultad y demora de los procesos y la imposibilidad de ejecutar las garantías de los acreedores, para evitar que finalmente termine incrementando el costo de los créditos. Por ello es necesario contar con recursos suficientes para poner en marcha las leyes ya aprobadas, como la de descongestión judicial, y en general para la implementación de la oralidad en el sistema.

En materia de tecnologías que permitan lograr la bancarización, también se requiere eliminar barreras, así como lograr una alianza entre el sector de las TICs, el comercio, el gobierno y el sector financiero para dinamizar los sectores industrial y comercial. Con esto se permitirá masificar la prestación de los servicios financieros. La alianza entre telecomunicaciones y la banca es una realidad a nivel mundial que el país no puede desconocer ni pasar por alto.

Otro desafío que es importante tomar en cuenta, pero ya en el plano internacional, es el del proyecto liderado por el sector privado en cabeza de las bolsas de valores y de los depósitos centralizados de valores, que busca la integración de las bolsas de Perú, Chile y Colombia. Con esta integración se consolidará un mercado de 564 emisores, superando al de Brasil y México, quienes cuentan con 386 y 406 emisores, respectivamente.

Finalmente, es también el momento de enfrentar la importante relación entre sector financiero y medio ambiente, en la medida en la que los proyectos financiados deben contar con viabilidad ambiental y porque algunos de los proyectos que buscan su protección, requieren de soporte financiero en aspectos crediticios y de apalancamiento.

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En la coyuntura actual la fuerte apreciación del peso (COP) es una de las principales preocupaciones de la política económica. Al respecto, los analistas se agrupan en dos bandos. Uno afirma que la fortaleza del COP es estructural porque se debe a la debilidad internacional del USD y a los sólidos fundamentales de la economía colombiana. Por eso resultaría incontenible. Y en consecuencia, la solución sería adaptarse rápidamente a la nueva situación. El otro bando exige, en cambio, un mayor compromiso de las autoridades para combatirla.

La Asobancaria considera que una apreciación exagerada es un problema grave que, aunque no es de fácil solución, requiere máxima atención. Por eso resulta conveniente reexaminar los vehículos a través de los cuales se ha canalizado la abundante financiación externa, que contribuye a fortalecer el COP.

Las cuentas externas muestran claramente que la abundancia de moneda extranjera proviene de los movimientos de capital. La fuente más importante es la inversión extranjera directa (IED), que provee ¾ partes del superávit de capital y corre por cuenta del sector privado. Sin embargo, los agentes privados compensan parcialmente esta entrada de recursos externos con una expatriación de capitales, por la vía de los egresos de sus cuentas de compensación y la venta de saldos de sus cuentas libres en el mercado cambiario. Después de esta compensación, el canal más importante de financiación externa es el superávit en los movimientos de capital del sector público. Interpretado de esta manera, el problema de la apreciación no es solo de “éxito” inversionista, sino también de excesiva financiación oficial.

La economía se ha adaptado a la abundante financiación externa con un persistente déficit en su cuenta corriente. Pero en el largo plazo esta tendencia incrementa la vulnerabilidad de la economía a los choques externos. Por eso quizá sea más prudente generar ahorro, sobre todo público, en lugar de estimular el exceso de gasto privado. El sector público debe, por tanto, ajustar su déficit y comenzar a desendeudarse en moneda extranjera, para empezar a eliminar la abundancia de financiación externa en su verdadera fuente.

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Ampliar el acceso a productos financieros a toda la población es un objetivo de política de varios países. Puesto que, existe una relación positiva entre la inclusión financiera, la erradicación de la pobreza y el desarrollo económico de un país.

Colombia, a través del programa Banca de las Oportunidades ha impulsado la inclusión financiera mediante tres pilares principales: (i) la ampliación de cobertura, (ii) el acceso al crédito y, (iii) el incentivo al ahorro. Dentro de este marco el Gobierno realizó importantes cambios normativos que aceleraron el proceso de bancarización en nuestro país.

De acuerdo con las cifras de Asobancaria, a junio de 2010, el 60% de los adultos tenía al menos un producto financiero. Este porcentaje refleja un crecimiento de más de 4.9 millones de adultos respecto a julio de 2006 y de más de 1.3 millones respecto al segundo semestre de 2009.

Sin embargo, los efectos de estas medidas se están agotando y para lograr el acceso de toda la población es necesario efectuar ajustes de fondo, como es la eliminación de la tasa de usura y la oferta de nuevos modelos que puedan llegar a toda la población.

Se reitera la propuesta de Asobancaria según la cual el contacto inicial a la población sin previo acceso a servicios financieros formales debe efectuarse a través de productos simples que faciliten la realización de transacciones. Así, una vez los nuevos consumidores se familiarizan con el sistema financiero, y tras un acompañamiento en educación financiera, las instituciones les podrán ofrecer productos más elaborados y adecuados a la demanda específica de estos segmentos.

Ahora, el desafío es buscar los mecanismos para bancarizar el 40% restante de los adultos colombianos. El celular es el canal adecuado para acercarse de una manera eficiente a la población sin acceso financiero. Sin embargo, este reto es un trabajo conjunto que requiere de la alineación de todos los actores involucrados, las instituciones financieras, las compañías de telefonía celular, las redes de bajo valor y los comercios; para encontrar los mecanismos que les permita aunar esfuerzos en beneficio del desarrollo y masificación de este canal.

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