septiembre 2010

En torno a las utilidades y los costos bancarios hay un gran debate en Colombia y en el mundo. El debate internacional se origina por el último comunicado del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) en el que anuncia los nuevos niveles de capital frente a otros activos, que deben constituir los bancos para hacer frente a posibles pérdidas.

Aunque estas modificaciones parecen ser loables al buscar mayor seguridad en la actividad bancaria, el aumento del capital requerido restringe la capacidad de los bancos de generar cartera y por ende afecta el crecimiento y la generación de empleo. Es por ello que está previsto que el ajuste tome diez años. Aun así, ello tendrá consecuencias sobre las tarifas de los servicios financieros y la remuneración a los depósitos, a fin de recuperar la capacidad de generar las utilidades requeridas para atraer inversionistas a la actividad financiera.

Dentro de las alternativas que tienen los bancos para ajustarse a los nuevos requerimientos de capital, sin dejar de ser rentables, se contemplan medidas como reducir los activos ponderados por riesgo, mayor democratización de los bancos, esto es emitir acciones, generación de fuentes alternas de ingresos y mayor retención de utilidades. No obstante, todas estas posibilidades deben ser analizadas detenidamente dado sus altos costos sociales y económicos.

En Colombia, la crítica a la banca deriva de las utilidades y los costos de los servicios financieros. La argumentación ignora la rentabilidad respecto del capital invertido. Si ésta se incorpora se hace evidente que el país tiene un nivel de apalancamiento similar al que ahora se busca en el exterior y que las utilidades son sustancialmente inferiores a las que allí se obtienen y que se verán afectadas con los nuevos requerimientos de capital.

Hay que reconocer que el sector bancario local ha alcanzado un equilibrio entre un capital fuerte, con capacidad de absorber situaciones de estrés como las vividas en 2007 – 2009 y un negocio rentable al que puede acceder toda la población, mediante la compra de acciones en las bolsas de valores. Por lo tanto, contamos con un sector bancario eficiente, con un régimen regulatorio conservador, que se encuentra un paso adelante de las discusiones internacionales.

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El World Economic Forum ubica el desarrollo financiero de Colombia en el lamentable puesto 46 entre 55 países. Dentro de las variables que nos llevaron a ese lugar se destacan la falta de profundización e innovación financiera, como consecuencia de los bajos volúmenes de negociación y la falta de desarrollo de algunos mercados; la iliquidez de los mercados distintos a los de deuda pública; la segmentación del mercado monetario; el poco desarrollo del mercado de deuda privada; las complejidades del marco normativo y tributario; las deficiencias en las metodologías de valoración; y la ausencia de sistemas de información eficientes.

A pesar de esta larga lista, en Colombia se ha buscado mejorar la institucionalidad del mercado de valores a través del fortalecimiento de entidades como la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, la Cámara de Compensación de Divisas, y el Autorregulador del Mercado de Valores, entre otras. A su vez, la regulación ha propendido por fortalecer los regímenes de protección para los inversionistas y el consumidor, incentivar el uso de esquemas voluntarios de regulación y permitir la negociación de valores extranjeros.

La integración de las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú augura mejorías en la competitividad de los mercados. La iniciativa, liderada por el sector privado y acompañada por el Gobierno Nacional, indudablemente traerá muchos beneficios en los tres mercados, al integrar los sistemas de negociación; concentrar un mayor número de emisores, inversionistas e intermediarios; optimizar la infraestructura tecnológica; y adecuar los mecanismos, procedimientos y reglas de los mercados bursátiles

Si bien estos esfuerzos han mejorado la competitividad del mercado de valores en Colombia, es necesario continuar trabajando para que la regulación y el desarrollo del mercado se den de manera complementaria, de suerte que aquellas barreras que hasta la fecha han impedido su profundización y la mayor competitividad, tanto en el marco externo como en el interno, desaparezcan.

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La gran recesión que sufrió Estados Unidos en 2008 y 2009 dejó como secuela un incremento en su tasa de desempleo natural. Por este motivo, la población cesante se mantendrá arriba de las proporciones alcanzadas antes de la crisis, inclusive después de que la actividad económica regrese a su nivel potencial. Esta economía enfrenta, por tanto, una recuperación sin generación de empleo.

La economía colombiana afronta desde la recuperación posterior a la recesión de finales del siglo pasado un fenómeno similar. En nuestro caso, gran parte de él se debió a la introducción de rigideces estructurales en el mercado laboral, mediante la regulación y las disposiciones constitucionales y legales. Estos cambios institucionales aumentaron la tasa de desempleo natural y generaron una creciente informalidad laboral. Por eso, el desempleo no cayó persistentemente debajo del 10% ni siquiera en el punto más alto del auge que precedió a la última recesión. Al mismo tiempo, la informalidad permaneció alta. Quizá por esa razón, si no se reforma radicalmente el entorno institucional del mercado laboral, tampoco en la actual recuperación la aceleración de la actividad económica conducirá a un descenso duradero del desempleo a tasas menores de dos dígitos y a una informalidad menor del 50%.

Hasta ahora, para combatir el desempleo y la informalidad, el gobierno ha diseñado y comenzado a implementar dos estrategias. Por un lado, se ha concentrado en acelerar el crecimiento, asignando mayores recursos a los sectores con base en los cuales espera halar el resto de la economía: el agropecuario, la vivienda, la infraestructura, la educación y la innovación. Por otro lado, ha presentado al Congreso un proyecto de Ley de Formalización y del Primer Empleo, con el cual intenta aminorar algunas de las rigideces estructurales del mercado laboral. Y por último, ha anunciado una reducción de aranceles y eliminación de la sobretasa del 20% al cobro de energía

Consideradas en conjunto, las propuestas de formalización parecen apuntar en la dirección correcta. El interrogante es si responden en las dimensiones requeridas dados la magnitud de los problemas y el apremio de las soluciones. El foco del gobierno parece puesto más en los determinantes coyunturales del desempleo y la informalidad, que en los estructurales. Cabría preguntarse si este no resulta el momento propicio, dado el capital político de Presidente Santos, para adelantar una reforma que elimine de raíz los sesgos estructurales en contra de la generación de empleo formal.

 

Para una economía la transición de un régimen de alta inflación a otro de baja tiene consecuencias importantes. Cuando la transición ocurre es probable que surjan distorsiones, debidas a la continuidad de medidas pensadas para una economía con alta inflación, que no son desmontadas cuando ésta se vuelve baja y estable. Dos de estas distorsiones en Colombia, que nos parecen importantes, tienen que ver con la remuneración a las cesantías y con el gravamen a los movimientos financieros (GMF).

En nuestro país, por cada año de trabajo el empleador debe pagar al empleado, fuera del salario y de otras prestaciones, 1,12 salarios adicionales por concepto de cesantías: 1 como tal y 0,12 como interés sobre ella. Fuera de los problemas causados por tener una tasa de interés fija de remuneración, cuando la inflación ha disminuido drásticamente en un período de tiempo prolongado, su método de liquidación es inconveniente. Como la cesantía se causa mensualmente, su saldo en el transcurso del año es inferior al que alcanza cuando éste culmina, de manera que el promedio es menor que el monto final. Remunerar el saldo final equivale a otorgar una rentabilidad alta al promedio. Con la tasa de interés que la ley ordena remunerar la cesantía de cada año (12% anual), la rentabilidad del saldo promedio equivale al doble (24%). Esa rentabilidad era adecuada cuando la inflación promedio era alta, como en 1974 y 1975 (24,6% y 23,3% anual, respectivamente), cuando se estableció la medida. Sin embargo, con una inflación entre 2% y 4% anual, como la actual, luce desmesurada. Además, puede significar una carga muy pesada tanto para los empleadores como para los desempleados, en la medida en que encarece la generación de empleo formal. Algo similar ocurre con el GMF. Su tasa (4×1000) constituye una proporción baja de la rentabilidad nominal de los depósitos bancarios cuando la inflación y las tasas de interés son altas. No obstante, a medida que éstas disminuyen su impacto adverso sobre ella aumenta. Una inflación y unas tasas de interés bajas y estables, por tanto, magnifican las consecuencias perniciosas de este impuesto distorsionante y anti-técnico. El problema es más grave cuando aumenta la periodicidad de las transacciones financieras. Por tanto, en la medida en que baja la inflación y aumenta el número de transacciones en la economía, el GMF se vuelve confiscatorio.Estos dos casos ilustran cómo unas instituciones diseñadas para una economía inflacionaria pueden resultar inadecuadas para otra con una inflación baja y estable. Así como en el pasado se hicieron ajustes en materia tributaria y de crédito hipotecario para adaptarse a una situación inflacionaria, e incluso con las cesantías se hizo lo mismo al eliminar la retroactividad, ahora es necesario hacer los ajustes del caso en los dos ejemplos señalados, para evitar las distorsiones que se presentan cuando hemos vuelto a un régimen de baja inflación.

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