mayo 2010

El próximo Gobierno tendrá que ser muy activo en la política fiscal. En la discusión reciente se ha logrado consenso sobre la necesidad de abordar dos temas: la regla fiscal y la reforma tributaria. Llama la atención que el gasto público no sea considerado. Su magnitud y composición son decisiones no solo de Gobierno, sino de Estado. La pregunta inicial debe ser qué quiere hacer el Estado. Y el segundo interrogante cómo va a acopiar los recursos para ello. Una discusión integral sobre la política fiscal tiene que incluir tanto los temas de ingresos como los de gastos. Después de ocho años de la administración Uribe, el país debería replantearse la forma como ejecuta su gasto público.

En el debate se ha consensuado que Colombia requiere una regla fiscal. Sin embargo, no hay claridad sobre cuál sería su naturaleza. Una interpretación es que la regla es un mecanismo de ahorro de ingresos minero-energéticos extraordinarios. Esta definición corresponde a la de un fondo de estabilización. Otra interpretación es que la regla es un mecanismo que obliga al Gobierno a ajustar su déficit según la etapa del ciclo económico. Una regla fiscal o un fondo de estabilización son una señal de responsabilidad fiscal. Es imposible oponerse a ellos. No obstante, Colombia tiene que decidir con claridad cuál es el propósito de la regla: asegurar la sostenibilidad fiscal y salvaguardar la solvencia pública, permitiendo el ejercicio de posturas contra-cíclicas; o mitigar las consecuencias del auge minero energético sobre la estructura de la economía.

El problema de garantizar la responsabilidad fiscal trasciende el de fijar unas metas cuantitativas. Incluye, además, establecer unos objetivos claros para los formuladores de la política. En ausencia de esos propósitos, la moda intelectual es imponerles reglas cuantitativas. Quizás deberíamos precisar también cuáles objetivos debe perseguir la política fiscal. Y de acuerdo con ellos, darles libertad instrumental a las autoridades para alcanzarlos.

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El Banco de la República, la Bolsa de Valores de Colombia y la Asobancaria, con el importante apoyo de Corficolombiana, llevaron a cabo el XXII Simposio sobre el Mercado de Capitales en la ciudad de Medellín, los días 20 y 21 de mayo. De las diferentes intervenciones, a cargo de destacados conferencistas nacionales e internacionales, de nuestras autoridades reguladoras y supervisoras, del emisor y de importantes intermediarios, puede concluirse que la profundidad del mercado de capitales colombiano es insuficiente para apalancar el desarrollo económico. Por tanto, llegó el momento de ponerle atención a este mercado. Para promoverlo, es imprescindible contar con una visión de Estado, que incluya una hoja de ruta y una agenda consistente y sostenida. Durante los últimos años se lograron avances importantes. Se redujo considerablemente la inflación y se estabilizó en bajas magnitudes. Se creó el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores (SIMEV), las actividades de compensación y liquidación, las cámaras de riesgo central de contraparte y la autorregulación. Se reglamentaron los derivados, los sistemas de administración de riesgos y la introducción de valores extranjeros. Se permitió la creación de fondos de capital privado. Se concentró la supervisión en la Superintendencia Financiera. Se avanzó en la protección del consumidor. Se permitió el leasing en los establecimientos bancarios. Se dio una naturaleza diferente a las casas de cambio. Se promocionaron las micro-finanzas. Se expidió un novedoso régimen para los fondos de pensiones obligatorias y cesantías. Además, la agenda regulatoria del Gobierno incluye la adecuada valoración del riesgo y la transparencia de los mercados, el fortalecimiento de su infraestructura, la supervisión y la cooperación internacional, la protección al consumidor y la medición de la prociclicidad del sistema. No obstante, hay temas pendientes, como la independencia y protección del supervisor, el fortalecimiento y la mayor autonomía del regulador.

La coyuntura económica internacional plantea riesgos y oportunidades. En el mediano plazo continuará un abundante flujo de capital a las economías emergentes. Para aprovecharlo minimizando eventuales perturbaciones de la estabilidad macroeconómica y financiera, contamos con un adecuado régimen de política monetaria, cambiaria y macro-prudencial. Sin embargo, hay consenso en que llegó la hora de modificar y modernizar nuestro régimen de inversión extranjera. No se trata sólo de flexibilizar el vehículo sino de permitir que los inversionistas del exterior sean participantes plenos del mercado de capitales. Esto ayudaría a dinamizar el mercado y hacerlo más competitivo y atractivo. Por otro lado, la adopción de una regla fiscal contribuirá a que el sector público genere menos desahorro, a que el privado pueda captar una mayor proporción del ahorro y a que se fortalezca menos pronunciadamente la moneda.

Modificaciones ulteriores de la regulación y la supervisión deberán basarse en un entendimiento pleno de la naturaleza de los negocios, los productos, los intermediarios y los mercados financieros, para estimular la innovación y la profundización, en lugar de reprimirlas.

Esta Semana Económica reproduce los principales planteamientos de la Presidenta de la Asobancaria en el Simposio.

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En la Semana Económica 749 iniciamos nuestros análisis de las propuestas regulatorias de Basilea para los bancos, tratando temas como el cálculo de capital regulatorio, provisiones y riesgo de contraparte, entre otros. En esta Semana continuamos con el ejercicio, refiriéndonos a las propuestas que han surgido en torno a la administración de los riesgos de liquidez y de mercado.

En el caso de la administración del riesgo del liquidez Basilea publicó los documentos Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision e International Framework forLliquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring con el objetivo de brindar herramientas cualitativas y cuantitativas para la administración y la gestión del riesgo de liquidez de las entidades. Entre las principales recomendaciones se destacan: que la gestión integral del riesgo de liquidez es responsabilidad de los bancos, por lo que deben garantizar un esquema robusto de seguimiento y administración. Como complemento a esa idea proponen un esquema de buen gobierno para la gestión del riesgo. Adicionalmente, se establecen unas recomendaciones en cuanto a la difusión de información e iniciativas que deberán ser desarrolladas por los reguladores, con el fin de asegurar una administración integral del riesgo de liquidez. Se resaltan además el uso de estándares regulatorios y herramientas de monitoreo, con el fin brindar una primera aproximación cuantitativa para la administración y gestión del riesgo de liquidez.

Por su parte las recomendaciones en cuanto a riesgo de mercado se centran en la introducción de nuevos factores en la medición del modelo estándar e interno de las entidades, con el fin de capturar riesgos residuales como el de incumplimiento, migración y comprensivo, entre otros. Sin embargo, hay que destacar que las modificaciones más importantes se aplican al Value at Risk con base en las múltiples falencias demostradas durante la crisis financiera internacional.

Finalmente, se analiza cada una de las propuestas del Comité de Basilea, teniendo en cuenta su nivel de aplicación en el caso colombiano y el marco normativo aplicable.

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El BR redujo sorpresivamente su tasa mínima para las subastas de expansión 50 puntos básicos (pb), dejándola en 3%, a final de abril. El recorte se justificó con base en los menores riesgos inflacionarios, el adecuado anclaje de las expectativas y la persistencia de una brecha del producto. Dada la lentitud de la reactivación doméstica, la persistencia del desempleo, la imposibilidad de aumentar el estímulo fiscal y la mayor volatilidad en los mercados internacionales –consecuencia de la incertidumbre sobre la solvencia fiscal de las economías PIIGS en la Eurozona–, la baja en la tasa luce conveniente. Si se transmite en buena parte a las tasas activas, como ocurrió con los recortes anteriores, disminuirá el costo del crédito, incentivará su demanda, aliviará la carga financiera de los hogares y estimulará el gasto del sector privado, por lo menos en el corto plazo. Además, disminuirá la rentabilidad de los activos domésticos, desincentivando los flujos de capital de portafolio. Y por este camino, contribuirá también a aliviar la presión apreciadora sobre la tasa de cambio.

Sin embargo, considerando la pronunciada tendencia al alza de los precios de los activos domésticos en el mediano plazo, con la reducción de la tasa el BR corre el riesgo de contribuir a inflar una burbuja. Y ésta, a su vez, podría perturbar la estabilidad financiera más adelante, cuando la economía retorne al crecimiento potencial. Por ahora la reactivación apenas incipiente del crédito y la pausa en el auge de los mercados financieros domésticos, motivada por la incertidumbre en torno de la sostenibilidad de la deuda soberana de los PIIGS, permiten la mayor laxitud de la política monetaria doméstica. El desafío para la autoridad monetaria será comenzar oportunamente el tránsito hacia una postura neutral. El reto para el próximo gobierno consiste en reforzar la viabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo y la sostenibilidad de la deuda, para facilitar que la baja en las tasas de corto plazo se transmita a las de largo. Solo de esta manera el mayor estímulo monetario tendrá el efecto deseado sobre la demanda de crédito de mediano plazo y largo plazo, sobre el gasto de los hogares en bienes de consumo durable y sobre la inversión privada.

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En lo corrido de 2010 las perspectivas de la recuperación mundial han mejorado. La actividad económica se aceleró globalmente por encima de lo esperado, la confianza de los consumidores y los inversionistas se afirmó de manera generalizada, el comercio internacional se reactivó, subieron los precios de las materias primas y se reanudaron decididamente los flujos de capital hacia las economías emergentes. Hasta hace poco la incertidumbre en los mercados financieros había cedido, la tolerancia al riesgo aumentado, las bolsas prolongaban una pronunciada tendencia alcista desde el año anterior y la mayoría de las monedas se fortalecían frente al USD.

Sin embargo, recientemente surgió un temor creciente sobre la solvencia fiscal de algunas economías europeas –Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España–, que amenaza la calma en los mercados. Si alguna de ellas incurre en una moratoria de su deuda pública, , por la elevada exposición de los bancos europeos, perturbará la estabilidad financiera en Europa y frenará su lenta recuperación. Si ocurre un contagio extendido al resto del mundo, puede precipitarse otra crisis financiera que, en caso extremo, trocaría la recuperación mundial en una recesión de doble caída, a la manera de una “W”.

En cualquier caso, mientras se estabilizan esas economías y disminuye el riesgo de contagio, habrá una mayor volatilidad en los mercados internacionales. Por eso, para prevenir desvalorizaciones de los activos domésticos, aumentos imprevistos del riesgo soberano, depreciaciones abruptas de las tasas de cambio y fugas indeseables de capital, conviene que las economías emergentes preserven la disciplina fiscal. Colombia ha sido previsiva en este sentido, evitando una profundización imprudente de su déficit fiscal, que cuestionaría la sostenibilidad de su deuda pública. Sin embargo, en el mediano plazo requiere reformas estructurales –pensional, laboral, tributaria y al régimen de salud público– para blindar nuestra economía a estos choques externos, desencadenados por la insolvencia fiscal de otras naciones. Esas serán tareas primordiales para el próximo gobierno.

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