Edición 743 | La salud en emergencia

La Constitución de 1991 estableció el derecho a la seguridad social para todos los habitantes. La Ley 100 de 1993definió el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS). El modelo adoptado para implementar ese derecho, a través de este sistema, fue el de aseguramiento. Todos los habitantes deben estar afiliados al sistema, pagando (cotizando por) el seguro o recibiendo un subsidio para acceder a él. El subsidio se financia con recursos fiscales, de solidaridad o de las entidades territoriales. Los cotizantes pertenecen al régimen contributivo y el resto al subsidiado. Los recursos del sistema son administrados por el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga). Todos los afiliados tienen derecho a un plan integral de protección de la salud (POS). Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) afilian a los usuarios y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) administran los hospitales y los centros de salud. La cobertura lograda hasta ahora es alta (89,4% en 2008) y próxima a la meta (100% en 2010). Aunque el SGSS se tornará deficitario entre 2011 y 2016, el problema de desfinanciación no es severo. Sin embargo, podría empeorar por la acelerada dinámica de los pagos que el sistema debe hacer por tratamientos y medicinas no incluidas en el POS y por los fallos de tutelas. El SGSS sufre, además, problemas de diseño, incentivos y operación. El cálculo inicial sobrestimó el número de cotizantes, lo cual implica un creciente esfuerzo fiscal para lograr las metas de cobertura. Los cotizantes no tienen incentivos para aportar de acuerdo con sus verdaderos ingresos. Eventuales cotizantes prefieren mantenerse en el régimen subsidiado. La definición del POS no ha logrado acotar los costos. Las EPS tratan de minimizar sus costos, pero los fallos judiciales, en defensa del derecho a la salud consagrado en la Constitución, lo impiden. De esta manera, no se ha resuelto la contradicción entre ese derecho y la condición según la cual el SGSS debe ser financieramente viable, para poder cumplir cabalmente sus funciones. Por tanto, Colombia requiere una readecuación profunda de su régimen de salud. La declaratoria de la emergencia social para avanzar en esta dirección tiene justificación. Sin embargo, por su sensibilidad y por el gran número de actores y de intereses que involucra, hubiera sido deseable que el tema se debatiera ampliamente en el Congreso de la República. Para contribuir al debate, Asobancaria propone en esta Semana Económica las líneas generales de esa readecuación.

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