El estancamiento de la actividad económica en Colombia cortó un lustro de mejora continua en las finanzas públicas, sacando nuevamente a la luz sus fallas estructurales. La escasa magnitud del estímulo fiscal durante la recesión y el deterioro del balance y de la deuda pública en Colombia −en aras de apoyar el gasto doméstico−, llaman la atención sobre dos hechos. El primero es la imposibilidad de tener una política fiscal contra-cíclica. Como el sector público es incapaz de ahorrar durante los auges, tampoco puede gastar durante las recesiones. El segundo hecho es la inflexibilidad del gasto. El Gobierno debe honrar demasiados compromisos –servicio de la deuda, pensiones−, algunos de ellos ordenados por la Constitución –transferencias a las entidades territoriales− o la Ley. Además, debe enfrentar un sinnúmero de gastos contingentes, originados en los fallos judiciales −tutelas−, que hacen cumplir lo estipulado en la Constitución y las leyes. En estas circunstancias, primero se toman las decisiones de gasto y luego se busca cómo financiarlos. Como es prácticamente imposible reducir las erogaciones sin modificaciones legales profundas o sin incurrir en mora, para preservar la viabilidad fiscal es imperativo recortar la inversión, o aumentar periódicamente los ingresos, recurriendo a reformas tributarias. Forjada al apremio de la coyuntura, la actual estructura tributaria es ineficiente, distorsionante e inequitativa. La política de endeudamiento ha sido prudente, pero no óptima. No se han presentado episodios críticos de insostenibilidad, pero tampoco se ha asegurado decididamente la solvencia pública. No se ha implementado consistentemente una política de desendeudamiento. Una estrategia para asegurar la solvencia fiscal en el largo plazo requiere una flexibilización de los gastos y alguna regla de ahorro. La posibilidad de tener en el futuro una política fiscal verdaderamente contra-cíclica depende del cuidadoso diseño de esa estrategia. Para corregir las fallas estructurales de las finanzas públicas se requiere, por tanto, una profunda reforma fiscal, que optimice la estructura tributaria, fondee el gasto público enteramente con impuestos generales e introduzca una regla fiscal.
- 1 marzo, 2010
- Comunicaciones