Febrero 2010

En la coyuntura actual surge un dilema de política monetaria. Las fuentes de demanda lucen más débiles que lo previsto. Para fortalecerlas e incentivar el crecimiento se requiere, en consecuencia, una postura más estimulante. Sin embargo, el efecto combinado del fenómeno del niño sobre los precios de los alimentos y de la recuperación mundial sobre los regulados, constituirá un choque adverso de oferta. Éste generará presiones inflacionarias durante el primer semestre, que amenazarán desviar las expectativas respecto de las metas de variación de los precios. Para mantenerlas ancladas puede resultar necesario preservar la postura actual e inclusive endurecerla. Además, con un ablandamiento adicional se corre el riesgo de incentivar la inversión financiera e inflar los precios de los activos. En consecuencia, para minimizar los riesgos de desestabilizar las expectativas inflacionarias y los mercados financieros, pero al mismo tiempo para no retardar la reactivación, Asobancaria aboga por una prolongación de la postura actual el máximo tiempo posible.

Paradójicamente, una reducción adicional de las tasas de interés, en lugar de estimular el consumo, puede deprimirlo, por los efectos que su estructura tiene sobre las tasas de usura. Por la forma como se define la tasa de usura en Colombia −1,5 veces el interés bancario corriente−, es imposible para la banca asumir créditos riesgosos cuando las tasas de interés están demasiado bajas. En tales circunstancias, bajar artificialmente las tasas aumenta la demanda de crédito, pero reduce la oferta. Así, el equilibrio del mercado se restablece con un menor suministro de recursos. Los créditos que son más riesgosos y más costosos de administrar deben tener unas tasas de interés más altas. En caso contrario, no serán voluntariamente provistos. Las definiciones de tasa de usura que se aplica en Colombia son particularmente restrictivas. Por tanto, no es posible esperar una recuperación del crecimiento de la cartera, o un mayor acceso al crédito en segmentos de la población usualmente excluidos. Las tasas de interés en cada segmento del mercado deben corresponder a sus condiciones particulares de riesgo y de costos. Una tasa de usura más alta permitiría un acceso más amplio al mercado formal, aumentaría la oferta y reduciría el costo para los segmentos de mayor riesgo.

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El debate por los incrementos de las comisiones bancarias es recurrente. Con frecuencia se da con información insuficiente, lo cual conduce a conclusiones equivocadas. Gracias al énfasis –compartido por la industria bancaria− que la última reforma financiera hizo en la importancia de una mayor claridad y transparencia en la información, es posible contribuir al debate por los incrementos de las comisiones con otro punto de vista. Con este motivo, Asobancaria construyó un índice de precios de los productos y servicios financieros (IPPF). El IPPF contabiliza los costos no financieros de los servicios asociados con tres productos −las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes y las tarjetas de crédito−, excluyendo los de origen tributario –como el GMF (o 4×1000) − y los intereses.

La evolución del IPPF permite las siguientes observaciones. Desde 2007 −fecha a partir de la cual hay datos− y sobre todo en 2009, el IPPF no tiene un comportamiento radicalmente distinto del IPC del DANE. La similitud con la evolución del IPC de no transables es notable. La diferencia fundamental radica en el aumento del IPPF entre finales de 2008 y principios de 2009. Durante 2008 la inflación financiera anual según el IPPF no fue sustancialmente diferente de la total al consumidor reportada por el DANE. Sin embargo, a lo largo de 2009 la primera (7,9% anual en noviembre) fue sistemáticamente mayor que la segunda (2,0% anual en diciembre). Esto se debió a la caída pronunciada de la inflación al consumidor el año pasado, como consecuencia de una fuerte reducción de la correspondiente a los alimentos y a los bienes con precios regulados. La inflación financiera según el IPPF no fue excesivamente alta en 2009, comparada con otras pertinentes, como la de bienes no transables (4,4% anual).

El ejercicio tuvo en cuenta las tarifas máximas reportadas para los servicios financieros. No obstante, las máximas no coinciden necesariamente con las aplicadas en la mayoría de los casos por cada banco. Existe una amplia dispersión de tarifas para cada servicio y unos beneficios particulares otorgados por los bancos a sus clientes. Los servicios que regularmente exhiben mayores aumentos de precio son los que los bancos quieren desestimular –como las transacciones por ventanilla−, para ofrecer alternativas más eficientes y menos costosas –como las transacciones por cajero automático e internet−. Por tanto, los usuarios tienen la posibilidad de explotar los beneficios otorgados y la competencia entre los bancos. Con un mínimo de investigación pueden obtener un máximo de beneficios, seleccionando una canasta de mínimo costo y utilizando los servicios y los bancos más económicos.

De esta forma, un reporte y un análisis cuidadoso de las cifras del sector financiero llevan a conclusiones más moderadas que las usualmente lanzadas a la opinión pública. Con frecuencia éstas son inexactas y pueden conducir a la adopción de políticas públicas inadecuadas.

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Las crisis financieras revelan deficiencias en la regulación y en la supervisión. Por tal motivo, provocan un endurecimiento de la normas. Estas se van debilitando luego, porque la innovación financiera la desactualiza y/o porque el regulador las relaja. La última crisis desató una oleada de activismo normativo. Las propuestas han tratado sobre el fortalecimiento, la cooperación y la unidad de las autoridades regulatorias y supervisoras; los requerimientos de capital y las provisiones contracíclicas; el monitoreo y prevención del riesgo sistémico; la fijación de límites al apalancamiento; la introducción de reglas para los vehículos de inversión fuera del balance; el establecimiento de normas más exigentes para prevención y supervisión del riesgo de liquidez; la supervisión de la estructura de gobierno corporativo y manejo de conflictos de interés de las calificadoras de riesgo; la reducción de la dependencia de las calificaciones para reglas prudenciales; la elevación de los estándares de originación de cartera hipotecaria; el alineamiento de la remuneración de los ejecutivos con los intereses de largo plazo de las firmas; la eficiencia de los sistemas de control interno; el reforzamiento de las juntas directivas de los intermediarios financieros; la necesidad de reglas claras sobre la contabilidad y valoración de productos estructurados y derivados de crédito; la revisión de la aplicación del principio mark to market para activos líquidos y su prociclicidad; el registro y liquidación de las operaciones de derivados en sistemas autorizados y a través de cámaras de contrapartida central; y la necesidad de una entidad encargada de recibir y analizar toda la información relevante para la estabilidad financiera.

Los principales puntos de la reforma de Obama son elevar los requerimientos de capital y liquidez; monitorear y prevenir los riesgos sistémicos; fortalecer la regulación para las instituciones sistémicamente importantes; establecer una autoridad de resolución para los intermediarios en problemas; introducir nuevas reglas para las titularizaciones y los derivados; proteger al consumidor; y lograr una mayor coordinación internacional. El enfoque norteamericano trata de evitar que la sobrerregulación le haga daño a una operación eficiente o a la innovación financiera. Los críticos sostienen que la propuesta no altera el balance entre supervisión y autorregulación. Por el contrario, mantiene el papel de la disciplina de mercado. Se ha cuestionado también la labor de super-regulador que tendría la Fed. Sus funciones como banco central podrían chocar con las de supervisor de las firmas demasiado grandes, e incentivar conductas de riesgo moral. Recientemente, el Presidente Obama adicionó la reforma. Primero, propuso que las entidades bancarias no puedan, para su propio beneficio, poseer, invertir o patrocinar fondos de cobertura, fondos privados de inversión u operaciones de trading no relacionadas con la atención a sus clientes. Luego, planteó extender el techo de un máximo de concentración del 10% de los depósitos en una sola institución, que ya existe para los bancos, a todos los intermediarios, para prevenir una consolidación adicional del sistema financiero. Y finalmente, instó a cobrar una tarifa a las grandes firmas para pagar el rescate del sistema financiero. A pesar de los dramáticos efectos de esta crisis, en Estados Unidos no se ha perdido la fe en la capacidad de innovación y de regulación de los mercados. Esa es una lección que deberíamos tener en cuenta en Colombia.

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La tasa de desempleo en Colombia (11,3 nacional y 12,3% urbana) es alta en el contexto internacional, tanto en términos absolutos como en comparación con el producto per cápita. La explicación de su magnitud desproporcionada radica en causas tanto coyunturales como estructurales. Dentro de las primeras, la principal es la pronunciada desaceleración de la actividad económica desde 2008, que ralentizó la generación de empleo y deterioró el ingreso de los hogares. A pesar que se ha recuperado la creación de plazas de trabajo, la mayor participación laboral mantiene alto el desempleo. Entre las estructurales sobresalen la inflexibilidad a la baja de los salarios reales, los elevados costos laborales no salariales (CLNS) y el sesgo tributario a favor del capital. La inflexibilidad del salario real fue introducida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Los altos CLNS surgieron de una inadecuada manera de financiar gran parte del gasto social. Estas “imperfecciones” del mercado laboral elevan, por una parte, la tasa de desempleo “natural”. Y por otra, magnifican el impacto de la desaceleración de la producción sobre el desempleo, en la parte baja del ciclo. Las gabelas tributarias a favor del capital –exención a la reinversión de utilidades, zonas francas y contratos de estabilidad tributaria-, a su vez, reduciendo el costo de uso del capital, encarecieron relativamente el trabajo. Las rigideces salariales y los sobre costos del trabajo por la inadecuada financiación del gasto social generan, además, una segmentación en el mercado laboral. Creando incentivos perversos, estimulan la participación de los empleadores y de los trabajadores en un creciente mercado de trabajo informal. La informalización de este mercado ocasiona mayores dificultades de financiación para el gasto público social. Una proporción cada vez menor de trabajadores y empleadores formales soportan la salud y la seguridad social de una población creciente que no aporta. Para que el desempleo y la informalidad dejen de contarse entre nuestros problemas económicos más apremiantes se requieren, por tanto, una reforma tributaria y otra laboral.

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