Noviembre 2009

La Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) redujo 50 puntos básicos (pb), a 3,50%, su tasa mínima para las operaciones repo de expansión.

La Asobancaria interpreta esa medida como un reconocimiento, por parte del banco central, de las condiciones de debilidad de la demanda agregada, que se manifiestan en fenómenos tales como un decrecimiento del gasto, un descenso de las exportaciones, una baja inflación y un estancamiento del crédito.

A pesar de este desempeño, las expectativas de los analistas siguen siendo relativamente optimistas para el próximo año.

La medida del Banco nos recuerda que los riesgos económicos para el próximo año están más cargados hacia una débil recuperación que hacia un resurgimiento de la inflación.

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La Asobancaria defiende el libre mercado y los regímenes competitivos. Por esta razón, acata la reciente adecuación de la normatividad vigente sobre protección de la competencia, mediante la Ley 1340 de 2009, que concentró en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) estas funciones. En su momento, a la Asociación le pareció inconveniente que se aumentara el número de supervisores del sistema financiero, en primer lugar, por los conflictos de competencia entre la SIC y la Superfinanciera (SFC). En segundo lugar, porque la industria financiera tiene complejidades específicas, que son mejor entendidas por un supervisor especializado, como la SFC. En tercer lugar, porque ésta cuenta ya con unos recursos importantes y un personal altamente calificado en temas financieros. Y finalmente, porque la SIC no tendrá poder alguno sobre la competencia desleal que surge de la operación ilegal de las entidades no vigiladas por la SFC.

A pesar de estos reparos, Asobancaria ofrece su apoyo y colaboración para el buen éxito de la SIC en sus nuevas labores. Por eso, con ánimo constructivo, ofrecemos algunas reflexiones sobre la promoción de la competencia en el mundo real. Ésta es deseable porque produce “eficiencia” (mayor bienestar). No obstante, no todas las soluciones eficientes surgen de la competencia. En consecuencia, el fin de la regulación no debe ser la competencia, sino la eficiencia. La visión estándar sobre promoción de la competencia se basa en modelos en los cuales se supone que ésta es perfecta. Estos modelos adoptan rendimientos constantes a escala e información simétrica. En la realidad, tales supuestos son una excepción, no la regla. Por tanto, algunas de las prescripciones regulatorias que surgen de tales modelos no son adecuadas. Además, ciertos criterios tradicionales de eficiencia -como el número de firmas, la igualdad entre los precios y los costos marginales o la ausencia de cooperación entre los competidores- devienen obsoletos. En estas circunstancias, el supervisor tiene que afinar el juicio en cada industria, para definir dónde traza la línea divisoria entre una firma “buena”, que aumenta su eficiencia con su tamaño, y una “mala”, que es demasiado grande y abusa de su posición dominante. El regulador, con el ánimo proteger el interés general, puede establecer barreras de entrada en una industria, que conduzcan a estructuras de mercado no competitivas. En estos casos, intervenir los precios puede resultar catastrófico porque desestimula la oferta.

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La innovación tecnológica permite una mejor atención a los clientes financieros, pero también abre canales para formas novedosas de fraude. Los bancos están desarrollando permanentemente planes y programas para la mitigación del riesgo de fraude.

La tecnificación está haciendo que los canales tradicionales de atención al cliente pierdan importancia. Así mismo, ha habido un aumento de la seguridad, disponibilidad de información y transparencia para los clientes financieros.

Diversas medidas se han tomado para mitigar el riesgo de fraude. Una medida de especial importancia para proveer mayor seguridad a los clientes es la migración de tarjetas débito o crédito con banda magnética a tarjetas con chip. Esta migración implica importantes retos para la industria y sus usuarios.

Es indispensable reconocer que en el tema de la seguridad financiera hay una corresponsabilidad por parte de las entidades financieras, el Estado y los mismos usuarios. Los usuarios deben reconocer los riesgos que hay en el manejo de su información, y el Estado se debe adecuar a la lucha contra las nuevas modalidades de delito que surgen cuando hay innovación tecnológica.

Sin embargo, una modalidad preocupante de delito es el fleteo, que no involucra desarrollos tecnológicos. En la lucha contra este delito es particularmente importante la colaboración entre las entidades financieras, el Estado y los particulares.

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El funcionamiento de los mercados, los intermediarios y los productos financieros es complejo, y tiende a complicarse a medida que progresa la innovación, se profundiza el desarrollo y se integran globalmente las economías. Además, la posición financiera de los diferentes agentes se ve cada vez más afectada por los cambios en la macroeconomía, los mercados financieros y el entorno internacional. La última crisis financiera global hizo evidente la importancia que para el adecuado funcionamiento de los mercados y la toma de decisiones óptimas tienen, por una parte, la revelación de información transparente y oportuna por parte de los intermediarios y, por otra, una adecuada protección a los consumidores financieros. Sin embargo, estos dos elementos no producirían ningún efecto significativo sin una formación económica y financiera competente de los ciudadanos.

Consciente de estas necesidades, el Congreso, en la reciente reforma financiera, se esforzó por garantizar acceso a la información, la protección y el asesoramiento adecuado de los consumidores financieros. Sin embargo, Colombia carece de una política de Estado que promueva la educación económica y financiera de la población. Aquí el país puede aprender de los esfuerzos realizados por otras naciones y por los organismos multilaterales y de integración.

Algunos de los principios básicos puestos en práctica por ellos, que Asobancaria considera útiles en la definición de una política al respecto, son los siguientes: la educación económica y financiera deber ser un propósito nacional, compartido tanto por el sector público como por el privado; los esfuerzos educativos en estas materias deben iniciarse a temprana edad en los colegios; la enseñanza de estos temas deber orientarse a propósitos y preocupaciones prácticos, comenzando con los problemas más simples de la vida cotidiana, para después ganar complejidad; debe insistirse en los principios éticos, las buenas prácticas y los hábitos que mejoran en el largo plazo la posición financiera de los diferentes agentes; y es necesario familiarizar a los agentes con los diferentes productos y transacciones financieras, siempre procediendo de lo simple a lo complejo.

Sin duda, agentes bien informados toman decisiones óptimas que fomentan la competencia y la innovación en los mercados. De esta manera, en el largo plazo, una mejor educación económica y financiera amplía la bancarización, mejora la asignación de los recursos, promueve la estabilidad y el crecimiento, estimula el desarrollo y mejora el bienestar de la población.

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Por los beneficios que tiene sobre el crecimiento de la economía, el desarrollo del país y el bienestar de la población, la bancarización es un propósito nacional. El Gobierno y el Congreso han tratado de estimularla recientemente de diversas maneras. El Ejecutivo lo ha intentado mediante la universalización de instrumentos de ahorro, creando primero las cuentas de ahorro de bajo monto y, posteriormente, las de ahorro electrónico. El Legislativo, a su vez, está debatiendo proyectos de ley para crear unas cuentas de ahorro social, para regular la metodología del cálculo de la tasa de usura y las comisiones bancarias, y para considerar discriminatoria la negación del crédito en razón de la posición económica. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, los vehículos escogidos por uno y otro no son adecuados.

Siendo un producto relativamente sofisticado, las cuentas de ahorro no constituyen el mejor instrumento para masificar el acceso al sistema bancario. Sus costos administrativos no permiten ofrecerlas a precios asequibles para todos los niveles de ingreso, sin requerir un subsidio. Pretender que el subsidio corra por cuenta de los intermediarios restringe la oferta y limita la libertad de empresa y la iniciativa privada. Minimizar los requisitos exigidos a los titulares de las cuentas, de acuerdo con sus niveles de ingreso, genera en primer lugar el problema de la verificación de las condiciones. Y en segundo lugar, establece un estímulo perverso para que quienes no tienen las calidades que les permiten acceder a ese producto subsidiado, intenten engañar a quienes lo ofrecen. Esto aumenta los costos de supervisión y, por tanto, los de provisión del instrumento. Además, la población de los niveles de ingreso mas bajo tiene escasa o nula capacidad de ahorro. Los medios de pago electrónicos, en cambio, son un instrumento idóneo para promover la bancarización porque sus costos son bajos. Para no encarecerlos, su tratamiento debe asimilarse al del efectivo. En particular, no deben ser objeto de gravamen alguno.

Fijar los precios de los servicios bancarios por debajo de su nivel de equilibrio -como ocurre con los proyectos de ley sobre la tasa de usura o las comisiones bancarias- en lugar de ampliar el acceso, lo restringe porque reduce la oferta y genera un exceso de demanda, que se resuelve únicamente mediante el racionamiento.

Considerar discriminatoria la negación del crédito en razón de la posición económica es una amenaza seria contra el sistema financiero. Eleva el riesgo en la industria y, por tanto, desestimula la inversión y la asignación de recursos a este sector.

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