septiembre 2009

La dinámica en el mercado de crédito se ha visto afectada por el entorno económico actual que está caracterizado por una menor actividad productiva y una rápida desaceleración del consumo de los hogares.

El crédito de consumo es la modalidad que más ha sufrido el choque negativo sobre la economía. Gran parte de este comportamiento se puede explicar por los menores ingresos de los hogares que los obliga a replantear sus planes de consumo y reducir su demanda de crédito. Las cifras revelan que el consumo de los hogares pasó de crecer 6,3% en marzo de 2008 a 1% en marzo de 2009, lo cual se refleja en una contracción anual de 1,3% en el crédito de consumo para el cierre del segundo semestre de este año.

Sin embargo, los establecimientos de crédito han sabido responder a la política expansionista del Banco de la República. En el caso particular del crédito de consumo, la reducción en la tasa de interés promedio, entre diciembre de 2008 y septiembre de este año, ha sido de 406 puntos básicos (pb). Lo anterior representa un 74% del recorte acumulado de 550 pb en la tasa repo, a pesar de las restricciones presentes en esta modalidad de cartera.

En cuanto al panorama económico de 2009 y 2010, se espera que de llegarse a dar una recuperación rápida en el crecimiento del PIB, el crédito de consumo crezca 7% hacia finales de 2010 y se acerque a su tasa de largo plazo (7,4%).

En esta Semana Económica se muestran los principales factores que explican la contracción en la demanda de crédito por parte de los hogares y se expone por qué la reducción en las tasas de interés no es homogénea. Adicionalmente, se presentan las proyecciones sobre el crecimiento del crédito de consumo según el escenario macro estimado.

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El impacto de las crisis en el mercado de trabajo depende, por una parte, de la magnitud en la cual se resiente la actividad económica y, por otra, del funcionamiento y características de su entorno institucional. Las instituciones pueden mitigar o amplificar las consecuencias adversas de la desaceleración de la producción sobre el empleo. En el segundo caso, si las instituciones dificultan un ajuste rápido del mercado laboral, una recesión leve puede tener mayores costos que los esperados sobre el empleo y, por esta vía, sobre la demanda. Estos sobrecostos pueden, en caso extremo, constituir una amenaza seria para la recuperación.

Por tal motivo, esta Semana Económica analiza el impacto de la recesión actual en el mercado laboral en Colombia, para determinar si entraña un riesgo para la reactivación. Los resultados sugieren que las consecuencias adversas de la actual crisis son moderadas, comparadas con las que tuvo la de final del siglo pasado. Sin embargo, los cambios institucionales introducidos en las últimas décadas –la doctrina de la Corte Constitucional sobre el salario mínimo y los costos laborales no salariales-, que encarecen el trabajo formal, tienden a magnificarlas. Por tanto, constituyen un obstáculo no despreciable del todo para la recuperación en el corto plazo. La disminución esperada en la demanda por cuenta del mayor desempleo puede significar, por ejemplo, la diferencia entre tener un crecimiento ligeramente positivo o negativo en 2009.

El análisis concluye, en consecuencia, que al reafirmarse la actividad económica convendría estudiar seriamente la necesidad de modificar la financiación de los regímenes de salud, de pensiones y de buena parte del gasto social, para fondearlos con impuestos generales y no con contribuciones sobre las nóminas a cargo de los empleadores. Se requiere también reformar las instituciones laborales, para flexibilizar el salario mínimo real y permitir ajustes más rápidos en el mercado, que minimicen la pérdida de empleo en la parte baja del ciclo. Una reforma institucional orientada en esta dirección permitiría, adicionamente, que el progreso tecnológico contribuyera a reducir la tasa de desempleo natural, acelerando el crecimiento potencial en el largo plazo.

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La crisis financiera internacional ha tenido un impacto significativo sobre el desempeño económico en Colombia. Los estímulos fiscales y monetarios son, quizás, las principales herramientas de política anti-cíclica para conducir la economía hacia su senda de crecimiento de largo plazo (entre 4,0% y 5,0% anual). No obstante, una política complementaria para estimular el empleo y contribuir al crecimiento económico tanto de corto como de largo plazo, es a través de la generación de incentivos adecuados a la inversión privada y de la canalización del flujo de capitales externos hacia la construcción de infraestructura, área en la cual el atraso del país resulta evidente.

La semana pasada Asobancaria convocó, en el marco del XII Congreso de Tesorería, a expertos nacionales e internacionales a estudiar los mecanismos con los que cuenta la banca, y el sector financiero en general, para financiar las diversas obras de infraestructura que planea ejecutar el gobierno. También, se analizaron los ajustes que requiere nuestra normatividad para garantizar una canalización eficiente y efectiva de los recursos hacia dichas obras.

Una de las principales conclusiones de este evento es que los participantes del mercado precisan de medios de financiamiento para el desarrollo de infraestructura y tanto la banca como el mercado de capitales están en capacidad de proveerlos. Por lo tanto, resulta conveniente que el país explote las ventajas y fortalezas de su mercado interno, al igual que el acceso a los recursos de los organismos multilaterales, mediante un trabajo conjunto entre el sector privado y el gobierno con el propósito de financiar y ejecutar de manera expedita y eficiente las obras. Bajo este enfoque, es de vital importancia que dentro de la agenda del gobierno y del banco central se encuentre la adopción de una política estable de inversión extranjera, tanto directa como de portafolio, que haga aún más atractiva, sostenible y equitativa la inversión en Colombia.

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Las autoridades y los analistas coinciden en que la reactivación económica mundial está en curso. El disenso surge ahora sobre la sostenibilidad y los riesgos que enfrenta. El escenario más probable es el de una recuperación global lenta (en forma de “U”). Esta modalidad se impondrá probablemente en las economías avanzadas más grandes, donde el estallido de la burbuja inmobiliaria ocasionó pronunciadas pérdidas de riqueza, una descapitalización del sistema financiero, una contracción del crédito y un deterioro de su capacidad de crecimiento, que obstaculizan todavía un repunte sostenido de la producción y el empleo.

En las economías emergentes la recuperación puede resultar más rápida y firme (en “V”) porque la recesión se transmitió por contagio, a través de la pérdida de confianza y de un descenso en los ingresos externos, sin comprometer la solvencia de sus sistemas financieros. Sin embargo, la solidez de la reactivación en este caso dependerá de la prolongación de los estímulos fiscal y monetario, del efecto que tengan sobre las tasas de interés de largo plazo y de la posición financiera de sus agentes.

En Colombia, según las previsiones de los organismos multilaterales, las autoridades y el consenso de los analistas, las dimensiones de la crisis favorecen la posibilidad de una reactivación rápida, en razón a que la capacidad de crecimiento de la economía no desmejoró, se implementó una acertada respuesta contra-cíclica y el sistema financiero no resultó afectado por la recesión. Sin embargo, como el estímulo fiscal ha sido mínimo, la recuperación está en función de la prolongación del impulso monetario, de la generación de incentivos adecuados para la canalización de la inversión privada hacia la construcción de infraestructura y de la captación de un dinámico flujo de inversión extranjera.

Cualquiera que sea su forma inicial, existe el riesgo para la mayoría de las economías de que la reactivación se diluya en una recesión de caída doble. Esta puede ocurrir por tres causas: una nueva burbuja en los mercados de materias primas, un retiro prematuro de los estímulos fiscal y monetario o un empinamiento excesivo de la curva de rendimientos, que desplace el gasto privado. Colombia no es inmune a este desarrollo indeseable. Prevenirlo constituye un desafío para las autoridades.

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