La publicación más importante de nuestra Asociación

Banca & economía divulga el punto de vista gremial sobre la coyuntura económica y financiera internacional y doméstica, las políticas públicas, regulación y supervisión sectorial y sus efectos en la economía, los mercados y el sistema financiero.

Edición 951 | El factoring: una herramienta financiera que crece con la industria.

El factoring es una herramienta financiera con grandes perspectivas y potencial de crecimiento en el mercado latinoamericano. En el caso particular de Colombia, y en especial a partir de la expedición de la Ley 1231 de 2008, la industria del Factoring ha tenido un crecimiento constante, evidenciando cada vez más su importancia dentro del desarrollo de una economía abierta a la globalización y a la inversión extranjera.

Para el Banco Mundial uno de los mecanismos para mejorar el acceso al financiamiento y promover el crecimiento y la inversión en las empresas es precisamente el factoring, pues estima que es una alternativa de financiamiento orientada primordialmente al apoyo de la micro, pequeña y mediana empresa. Si bien de manera tradicional se ha asociado el factoring a un asunto de liquidez, puesto que las empresas pueden solucionar el desfase que tienen entre los días de pago a sus proveedores y el tiempo de cobro de cartera a sus clientes, sus beneficios van mucho más allá de la simple obtención de dinero inmediato, por cuanto se convierte en una herramienta financiera que otorga ventajas adicionales como la inclusión financiera, el ingreso al mercado internacional y la asesoría y manejo de la cartera.

No obstante, para que en Colombia se incremente el uso del factoring, y se logre que genere una efectiva inclusión y profundización financiera facilitando la liquidez y el flujo de caja que las Mipyme requieren, y que además se constituya en una herramienta efectiva para el manejo de su cartera, se evidencian algunos inconvenientes que resulta necesario superar. Entre estos se cuenta la necesidad de reglamentar la factura electrónica como título valor, y contar con un sistema público centralizado de información sobre las operaciones de factoring, que contenga la trazabilidad de los títulos, lo cual facilitará el manejo operativo, disminuirá el riesgo y los fraudes. De otra parte, sería conveniente que se implemente un mecanismo que permita impulsar la circulación real de la factura, como por ejemplo la creación de una copia negociable con la calidad de título valor para su circulación, y que se precise su naturaleza, para evitar equívocos frente a la Ley de Garantías Mobiliarias, es decir, para que quede claro que no se trata de una garantía que deba registrarse en Confecámaras. Adicionalmente, que se pueda contar con un marco regulatorio que permita impulsar la actividad de factoring, evitando controversias y discusiones con el supervisor en aspectos de tanta importancia como el control de límites de crédito frente al deudor del título objeto del factoraje, y frente a quien lo transfiere, y en el que se precise el manejo que se dará a las comisiones y al descuento en relación con la tasa de usura y las provisiones.

Por último, resulta necesario realizar un esfuerzo por parte de todos los partícipes, para que el factoraje se conozca en su verdadera dimensión y se eliminen del imaginario empresarial aspectos que no corresponden con la realidad. Resulta de la mayor importancia que todos los gremios de industriales y de comerciantes se interesen en educar a sus agremiados en estas materias financieras, lo cual redundará en un amplio beneficio para ellos.

 

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Edición 950 | ¿Qué factores considerar en la metodología de rentabilidad mínima para los Fondos de Pensiones?

Los cambios en la estructura del mercado de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP), derivados de fusiones y adquisiciones, redujeron el número de participantes y motivaron al Gobierno Nacional a revisar la metodología de cálculo de rentabilidad mínima actual, cuyo principal componente es el promedio ponderado de las rentabilidades de sus pares.

Con este fin, en mayo de 2013, el Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de Decreto que establecía una nueva metodología de cálculo. En esta propuesta se definieron portafolios de referencia, que incluían cinco clases de activos. Adicionalmente, se establecieron para cada tipo de fondo (Conservador, Moderado y Mayor Riesgo) límites máximos y mínimos de participación por clase de activo. Este modelo podría implicar una recomposición de los portafolios de los fondos para seguir de forma precisa esta estructura y asegurar la rentabilidad mínima que establece la Ley.

Esta propuesta regulatoria coincidió con la coyuntura de los mercados internacionales derivada de los anuncios de normalización monetaria de EEUU, y contribuyeron a aumentar los niveles de nerviosismo e incertidumbre en los agentes del mercado, que temían desvalorizaciones adicionales a las generadas por la diminución de liquidez, como consecuencia de la posible recomposición de los portafolios de pensiones. Para disminuir el nerviosismo de los agentes del mercado el Ministerio de Hacienda decidió aplazar la expedición de la norma. Posteriormente, mediante el Decreto 2837 de 2013, se creó una mesa de trabajo con la participación de expertos para la discusión y revisión de la metodología para el cálculo de la rentabilidad mínima, liderado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con el fin de contribuir al análisis que han emprendido los entes reguladores para la creación de un esquema de rentabilidad ajustado a la estructura del mercado, sería relevante analizar algunos de los siguientes aspectos: (i) el esquema de incentivos, (ii) evitar los estímulos para que se presente un “efecto rebaño”, (iii) evaluar la conveniencia de ampliar el plazo de medición de la rentabilidad mínima, y (iv) procurar que exista diversificación de los portafolios con activos diferentes a los emitidos por el Gobierno Nacional.

 

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Edición 949 | El 4G constituye una oportunidad para acelerar el desarrollo financiero del país

El rezago de Colombia en la infraestructura vial y la brecha en el desarrollo de sus mercados financieros, respecto de los países de ingreso alto y algunos de ingreso medio alto, lesiona su competitividad. Por su magnitud, la construcción, operación y financiación de las obras a través del nuevo esquema de concesiones 4G, es una oportunidad para avanzar en ambos pilares de la competitividad, con el fin de mejorar la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo.

Desde la óptica de los eventuales concesionarios, una dificultad para llevar a cabo con éxito el 4G puede ser una apretada rentabilidad de los proyectos, que se debe tal vez a la valoración de ciertos riesgos no mitigados del todo, que se les transfieren. Como en el 4G el Estado optó por trasladarlos al sector privado, la forma más eficaz de garantizar su viabilidad es ofrecer una remuneración suficiente para cubrirlos. Quizá la poca participación de los proponentes lograda hasta ahora en las licitaciones, se debe a estos motivos. Por tanto, es probable que para mejorar los retornos se requiera disminuir la transferencia de los riesgos, para reducir los costos financieros, y elevar los ingresos. El problema estriba en que la forma más eficaz de aumentar la remuneración es la apropiación de unas mayores vigencias futuras, que implica unas erogaciones más elevadas para el Estado y los contribuyentes. Pero el esfuerzo vale la pena, porque una alta rentabilidad garantiza una intensa competencia en las ofertas, que conduzca a la selección de aquellas que propongan la construcción y operación de una infraestructura vial de óptima calidad.

De un modo amigable con el mercado, los productos ofrecidos por Financiera de Desarrollo Nacional –los créditos senior y subordinados, junto con las garantías de liquidez– tienen el propósito de disminuir los riesgos financieros, tanto en la construcción como en la operación y el mantenimiento. Sin embargo, otros riesgos – como los inconvenientes causados por las consultas con las comunidades, las demoras en el licenciamiento ambiental y la inestabilidad jurídica y tributaria– permanecen. Estas eventualidades hacen que el riesgo de crédito sea alto y que las tasas de interés de la financiación sean elevadas. Para contrarrestarlas, el Gobierno recurrió a asignar un crédito para la financiar el 4G a menores tasas de interés que las viables para los intermediarios privados, utilizando para ello los recursos del Banco Agrario. Esta decisión puede ser conveniente para ese establecimiento porque, como argumentan las autoridades, le permite diversificar sus activos. Además, ayudará a financiar la infraestructura que contribuirá a reducir los costos de transporte para la producción agrícola. Es probable que esa nueva actividad le reporte al Banco mayores utilidades que la inversión en títulos de deuda pública. Sin embargo, las menores tasas se logran en últimas por medio de las inversiones forzosas que hace la banca privada en títulos de desarrollo agropecuario, para fondear a Finagro. A través de ese mecanismo el Banco Agrario obtiene los fondos redescontados para satisfacer la demanda por crédito del sector agropecuario. Al mismo tiempo, eso le permite acumular los excesos de liquidez que invierte en TES. Pero, como en la mayoría de los esquemas de asignación administrada del crédito, se corre el peligro de que las tasas de interés fijadas por las autoridades para la financiación de la infraestructura a través del Banco Agrario, generen un racionamiento de la oferta proveniente de la banca privada para ese sector, que deje sin atender la demanda de los proyectos menos rentables o de los más riesgosos.

 

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Edición 948 | Retención en la fuente a través de entidades financieras: ¿Eficiencia o carga adicional?

El Gobierno Nacional, a través de la administración tributaria, ha expresado en múltiples ocasiones la necesidad de ejercer un mayor control y efectividad sobre el sistema de retenciones en la fuente. Bajo esa motivación, se incorporó en la Ley 1430 de 2010 el artículo 376-1 al ordenamiento tributario que contempla un mecanismo para que los pagos sujetos a retención en la fuente sean realizados a través de las entidades financieras y particularmente, desde cuentas de ahorro y corrientes “marcadas” para tal fin.

Por medio del Decreto 1159 de 2011 se reglamentó esa disposición dando claridad acerca de la operatividad de los pagos, la cual tiene impactos importantes no sólo para las entidades financieras sino también para los agentes de retención. El plazo para adaptarse a este nuevo mecanismo vence el próximo 1 de junio. Si bien este esquema presenta ventajas relevantes (mayor control por parte del fisco, certificados de retención centralizados en la DIAN, causación de la retención en el momento del pago y no del reconocimiento del gasto, entre otras) también trae consigo diferentes retos (extinción de obligaciones por mecanismos diferentes al pago a través de entidades financieras, operativización entre los pagadores y los bancos, posibles aumentos en costos financieros por tener que contar con varias cuentas bancarias, entre otros).

El punto fundamental está en si una estructura de pagos como la contemplada en el artículo 376-1 realmente permite tener la eficiencia y la vigilancia que busca el Estado sobre las retenciones o si terminará siendo en una carga adicional para los agentes económicos que declaran y pagan de manera estricta y que consideran que ya tienen múltiples responsabilidades con las que contribuyen al recaudo y control sobre los impuestos nacionales.

Al respecto, el Gobierno Nacional está próximo a expedir una modificación regulatoria que amplía el plazo para cumplir con lo establecido en el Decreto 1159 hasta tanto no se verifique y evalúe si operativamente es viable su operación. Es de buen recibo el proyecto de regulación, pues se considera que lo más adecuado es que el mecanismo contemplado se revise con mayor profundidad con todos los agentes involucrados (agentes de retención, sujetos pasivos, entidades financieras, DIAN) para asegurarse que el esfuerzo para implementar los procedimientos establecidos en la norma sea el adecuado en aras de lograr los fines que persigue el Estado en materia fiscal.

 

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Edición 947 | ¿Es necesaria una nueva reforma tributaria? – Discurso de la Presidente de Asobancaria en el XXVI Simposio del Mercado de Capitales

A pesar de la afirmación de la actividad económica en las economías avanzadas, el entorno internacional todavía genera incertidumbre, por la frágil recuperación de la Unión Europea, la desaceleración de China y otros emergentes, la disputa territorial en Ucrania y el tránsito a la normalización de la postura monetaria en los Estados Unidos. Frente a esa incertidumbre, la economía colombiana y su sistema financiero cuentan con grandes fortalezas. La principal es la estabilidad política del país. Otro baluarte es la disciplina de las finanzas públicas, respaldada por la regla fiscal. Además, la economía cuenta con un alto nivel de reservas internacionales que, complementado con el acceso a la línea de crédito flexible del FMI, proveen recursos externos para hacerle frente a una parada súbita en los flujos de capital. Una fortaleza sobresaliente de Colombia es la estabilidad de sus mercados e intermediarios financieros, reconocida en diversos análisis de los organismos multilaterales. En virtud de esa estabilidad política, macroeconómica y financiera del país, los inversionistas internacionales han reducido las primas de riesgo a la deuda colombiana, las agencias calificadoras le devolvieron el grado de inversión y los estructuradores de portafolios recomiendan una mayor exposición en ella. La mayor inversión extranjera motivada por estas razones valoriza la deuda pública, abarata la financiación del Gobierno y aprecia la moneda, en contraste con lo ocurrido en otros países emergentes, que han experimentado mayor riesgo soberano, fugas de capital y devaluaciones inflacionarias.

Frente a estas ventajas comparativas de Colombia, resulta curiosa la posición de algunos analistas nacionales, quienes desestiman la capacidad del Gobierno de imprimirle un adecuado manejo a la economía y señalan, aún sin incorporar el posible costo que derive de una potencial firma del acuerdo de paz con las FARC, que existe un faltante de ingresos fiscales del orden de 2% del PIB. Para concluir de esa manera, recurren a un análisis particular de las fuentes de ingreso, frente a un nivel hipotético de gasto que supera con creces el previsto por el Ministerio de Hacienda.

El interrogante es entonces dónde están surgiendo los problemas. ¿Acaso en que no se tuvieron en cuenta las necesidades de gasto y la disponibilidad de recursos cuando se planteó la última reforma tributaria en 2012? O ¿no se estarán recaudando los recursos previstos en dicha reforma? O ¿no se tuvo en cuenta que el impuesto al patrimonio y el cuatro por mil iban a desaparecer cuando se estructuró esa reforma, a pesar de que ello se sabía de antemano? O ¿es que se está desbordando el gasto en “mermelada”? Cualquiera de esas posibilidades resulta poco aceptable.

La reforma de la que se viene hablando sería la quinta en lo corrido de la administración Santos, después de que en el gobierno del Presidente Uribe se presentaron otras cuatro. Si hay algo desestabilizador para una economía es que no se conozcan las reglas de juego en materia fiscal. Cada una de esas reformas ha implicado grandes modificaciones que llevan a que para los inversionistas sea prácticamente imposible establecer con antelación la rentabilidad de cualquier negocio o empleo. Afectaría menos la economía, antes de pensar en otros cambios, permitir que el sector productivo y los trabajadores digirieran los introducidos en la reforma tributaria de 2012.

 

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Edición 946 | La banca, un aliado en la descongestión judicial

La existencia de mecanismos jurídicos que permitan una adecuada resolución de conflictos constituye un factor crítico para el eficiente funcionamiento de todo sistema económico. El Estado ha entregado a la Rama Judicial el deber de velar por una pronta y adecuada prestación del servicio al cual todas las personas puedan tener acceso.

Desafortunadamente la aspiración de una justicia pronta, cumplida y accesible no se ha logrado. Su ejercicio se ha vuelto insuficiente debido a que las partes afrontan una rama jurisdiccional congestionada y lenta en exceso. El problema se centra principalmente en la falta de recursos de inversión del aparato judicial y en su incapacidad para administrarlos, frente a la demanda existente.

La jurisdicción civil no ha sido la excepción, y buena parte de los asuntos que en ésta se llevan, padecen del mismo problema. La banca no ha sido ajena a dicha problemática ya que la ejecución de las obligaciones incumplidas se realiza tradicionalmente a través del aparato jurisdiccional del Estado.

Ante esta situación, el Estado y la banca han emprendido una búsqueda de soluciones alternativas de conflictos, para reducir los costos que implican la congestión judicial y el detrimento de la relación con los clientes.

El Estado ha creado mecanismos tales como la conciliación (Ley 640 de 2001); el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia Financiera (Ley 1480 de 2011), para resolver controversias de los consumidores frente a los comercios y las entidades financieras, de forma gratuita y ágil; mecanismos especiales de ejecución de la garantía mobiliaria sin intervención judicial y en plazos cortos, con el fin de posicionar dichas garantías como respaldo eficaz de las obligaciones (Ley 1676 de 2013).

El sector productivo, y particularmente los bancos, han optado por replantear sus esquemas de cobranza disminuyendo sustancialmente la demanda por soluciones judiciales. En el evento en que se haga uso de la rama, los bancos buscan terminar la mayoría de sus procesos por normalización llegando a un acuerdo con los deudores. En el nuevo modelo, la cobranza pasó de ser un mecanismo de simple recuperación de un activo a ser un instrumento de acompañamiento y conciliación comercial entre las partes, que busca recuperar no solo los recursos de ahorradores e inversionistas sino la capacidad patrimonial del deudor.

Como efecto, el inventario de procesos en la jurisdicción civil ha disminuido de cerca de 1.5 millones en 2008 a 600 mil en 2013, debido principalmente a la menor entrada de demandas por parte de los acreedores. De estos procesos, 450 mil son ejecutivos, y de éstos, cerca de 200 mil han sido interpuestos por los bancos y vienen descendiendo en proporción similar. Por lo demás, esta cifra se compara favorablemente con los más de 20 millones de préstamos otorgados en tarjetas de crédito, créditos comerciales, de consumo, microcrédito y vivienda. Es decir, menos del 1% de los créditos conferidos por la banca acaban en el aparato judicial.

Se resalta que en la actualidad los procesos ejecutivos con garantía hipotecaria ascienden a 19 mil mientras que a principios de este siglo llegaron a ser 123 mil como consecuencia de la crisis económica de 1998. De éstos, el 94% termina por acuerdo entre las partes y el 6% termina por remate.

 

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Edición 945 | ¿Está preparada Colombia para enfrentar turbulencias financieras?

A pesar que las amenazas sobre la actividad económica mundial han disminuido, el balance de los riesgos sigue inclinado a la baja por la fragilidad financiera y el peligro de una deflación en Europa, por la posibilidad de una crisis financiera en China y por la eventualidad de un tránsito demasiado rápido hacia la normalidad monetaria en los Estados Unidos. Por estas contingencias la probabilidad de que las economías emergentes sufran choques externos no es despreciable. Si no se materializa ninguno de ellos, de todas maneras es previsible que siga encareciéndose la financiación externa para las economías emergentes y estrechándose su acceso a los mercados internacionales de capital, por el retiro de los estímulos monetarios no convencionales en los Estados Unidos.

En ese entorno externo menos favorable, los inversionistas internacionales se han vuelto más adversos al riesgo de los países emergentes. Por eso, para minimizar las pérdidas de recursos externos y las desvalorizaciones de activos en episodios de alta volatilidad, así como para conservar el acceso a los mercados financieros internacionales, las economías emergentes deben mantener la confianza de los inversionistas en su estabilidad política, macroeconómica y financiera.

Por fortuna Colombia tiene muchas ventajas comparativas, que le permiten diferenciarse de otros países emergentes en épocas de incertidumbre en los mercados financieros. La primera es su estabilidad política, macroeconómica y financiera. La segunda es la credibilidad de sus políticas monetaria y fiscal, cuya adecuada combinación logró una baja inflación, un crecimiento sostenido y la consolidación fiscal. Gracias a estas fortalezas, el país recuperó el grado de inversión para su deuda pública y los estrategas de inversión recomiendan una mayor exposición de los portafolios a las obligaciones del gobierno colombiano.

Sin embargo, tiene algunas debilidades que debe mejorar, para convertirlas en otras ventajas comparativas con base en las cuales puede reforzar la confianza en épocas de alta volatilidad financiera. Quizá la más urgente sea aumentar su tasa de crecimiento potencial y lograr un patrón de expansión mejor balanceado entre las distintas ramas de la producción. Para lograrlo, el país debe mejorar su competitividad en pilares como las instituciones, la infraestructura, la educación, la innovación y el progreso tecnológico, que son aquellos en los cuales acumula los rezagos más amplios con las economías más avanzadas. También requiere unas políticas eficaces de transformación productiva para la industria y la agricultura, para que estén en capacidad de contribuir a las exportaciones con una oferta diversificada, que les sirva conquistar los mercados externos.

Por último, para reforzar su estabilidad macroeconómica y financiera, debe evitar un mayor déficit en la cuenta corriente y asegurar que en su financiación no ganen protagonismo los flujos de inversión de portafolio.

 

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Edición 944 | Sí, tenemos una banca más competitiva

El proceso de internacionalización, que ha experimentado durante los últimos siete años la industria bancaria colombiana, ha generado una recomposición del mercado local por la transformación de instituciones no bancarias en bancos y por el arribo de bancos del extranjero.

El innegable reordenamiento del sector bancario local, derivado de estrategias heterogéneas que dan cuenta no solo del apetito de riesgo de cada entidad sino del nicho de mercado que desea atender, y que es evidente en el número de participantes en el mercado, ha desencadenado una mayor oferta de productos y servicios y menores costos en las tasas de interés de colocación de la cartera. Por supuesto, esta transformación ha estado acompañada de ingentes esfuerzos en materia de innovación tecnológica que han garantizado la mayor presencia y cobertura a un mayor número de ciudadanos en el territorio nacional.

Aunque la cartera comercial sigue representando la mayor participación dentro de la cartera total, se observa que entre 2008 y 2013, se han presentado incrementos en las participaciones de la cartera de vivienda y la de microcrédito. La búsqueda de nuevos nichos de mercado ha propiciado que actualmente más entidades ofrezcan todas las modalidades de crédito, y que incluso, sean expertas en el otorgamiento de algunas en particular. Por ejemplo, WWB y Bancamía se han especializado en microcrédito mientras que Banco Falabella lo ha hecho en el otorgamiento de tarjetas de crédito.

La diversificación descrita con antelación ha estado acompañada de la implementación de diferentes canales de prestación de servicio. Esta ha generado mayor cobertura en el territorio del país. De hecho, a la fecha Santa Rosa (en el Cauca), González (en el departamento del Cesar), Roberto Payán, Imúes, Santacruz, La Tola y Mosquera (en Nariño) y Jordán (en Santander) son los únicos municipios que no cuentan con cobertura.

Con el fin de tipificar con mayor detalle la estructura heterogénea del sistema bancario que tenemos, en esta Semana Económica se analiza la composición de sus estados financieros. Esta aproximación pone en evidencia que el sector está constituido por entidades que generan estrategias comerciales diferentes que buscan responder a las necesidades de todos los consumidores financieros y al riesgo que desean asumir.

 

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Edición 943 | Es urgente cambiar el modelo de desarrollo del agro y su financiación

El estancamiento del sector agropecuario colombiano en la última década y su incapacidad para internacionalizarse de una manera sostenible en ese período, cuando los mercados internacionales de esos productos estuvieron en un auge prolongado, cuestionan su modelo de desarrollo. Este combinó una política sectorial basada en el otorgamiento de apoyos directos (subsidios), una estrategia comercial con alta protección a los bienes importables y un sistema de financiación basado en el crédito de fomento y en la represión financiera sobre la banca privada.

La asignación ineficiente de los recursos públicos a subsidios y otros apoyos directos disminuyó los fondos para proveer bienes públicos generadores de economías externas para la actividad agropecuaria y la población rural, como la infraestructura física (distritos de riego y vías de comunicación) y social (instituciones educativas y hospitalarias). La protección sesgó la asignación de los factores en favor de la producción de bienes poco competitivos e impidió que la competencia internacional acelerara el progreso tecnológico y la productividad del sector. Las inversiones forzosas, las tasas de interés fijadas por las autoridades y los alivios a los pequeños productores con dificultades financieras, concentraron el crédito formal en los grandes productores y generaron un racionamiento de él hacia los pequeños, que tuvieron que buscarlo en el costoso mercado informal.

El modelo no solo fracasó en el propósito de convertir al sector en un motor de crecimiento de la economía, sino que además no satisfizo las expectativas de mejora de las condiciones de vida de la población rural. Las distorsiones que introdujo en el sector agropecuario y en los mercados financieros, condujeron a una asignación ineficiente de los recursos, que lesionó su productividad y su competitividad en los mercados internacionales e inclusive en el doméstico.

Por estas razones urge replantear el modelo de desarrollo del sector agropecuario. El nuevo no debe mantener las distorsiones del anterior, ni la represión financiera. Por el contrario, debe crear en las zonas rurales un entorno institucional en el cual surjan incentivos para que la libre iniciativa privada encuentre rentable invertir en la actividad agropecuaria. De tal manera, una asignación libre de los recursos en esta rama debe apurar el progreso tecnológico y la innovación, acelerar la acumulación de los factores productivos y elevar su productividad, para que con base en ella se pueda aumentar su remuneración y mejorar las condiciones de vida de la población rural. Sobre estas premisas, el nuevo modelo debe conducir a la inserción sostenible del sector agropecuario en los mercados externos, con base en la expansión y diversificación de sus exportaciones.

Para plantear un nuevo modelo, el Gobierno Nacional integró una Misión Rural. Es urgente que en su interior se abra un espacio para el análisis de la financiación de la banca privada al sector. El costo de oportunidad de ésta, estimado por lo que produciría el saldo de sus inversiones forzosas en TDA ($7,9 billones), colocado como crédito a una tasa de interés de 12%, bordea los $948 mil millones, equivalentes al 43% de la inversión pública en esta rama el año pasado.

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Edición 942 | Intercambio de Información: FATCA y más allá

Ya comenzó la cuenta regresiva para la entrada en vigencia de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero –FATCA. En poco menos de tres meses la polémica Ley de Estados Unidos empezará a generar obligaciones para las entidades financieras constituidas por fuera de este país, entre ellas, por supuesto, las colombianas.

El propósito final de FATCA es prevenir que las personas obligadas a pagar impuestos en Estados Unidos utilicen vehículos financieros (cuentas bancarias, fondos de inversión) fuera de ese país para evadir sus obligaciones con el fisco. Para lograrlo, utiliza a las Entidades Financieras del Exterior (FFI) como medio para obtener información financiera de los contribuyentes norteamericanos.

A pesar de las críticas que ha generado desde su expedición en 2010, esta Ley parece no tener vuelta atrás y con el paso del tiempo más jurisdicciones se han unido a esta tendencia para poner en marcha su propio FATCA. En un entorno de negocios global cada vez más competitivo, el lugar dónde las personas, tanto naturales como jurídicas, cumplen con sus obligaciones fiscales importa y mucho. Está en juego la principal fuente de financiación de los estados.

Debido a ello, la iniciativa se ha extendido bajo la sombrilla del Foro Mundial sobre Transparencia Fiscal liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE. El propósito último es establecer mecanismos para el intercambio automático de información tributaria entre países, sin que sea necesario presentar solicitud alguna. Precisamente, Colombia, junto con otros 39 países, se comprometió a adoptar de manera anticipada este estándar de reporte automático en la última reunión de este Foro realizada en noviembre del año pasado en Yakarta.

Adicionalmente, nuestro país suscribió la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal –Convención de Estrasburgo, que permite de manera general el intercambio de información entre los Estados firmantes, y un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria con Estados Unidos, el cual además sería utilizado por la DIAN para facilitar a las entidades financieras colombianas el cumplimiento de las obligaciones impuestas por FATCA.

Y para completar el cerco, el año pasado el Gobierno expidió el Decreto 2193 de 2013 en el que se señalan las jurisdicciones que Colombia considera como paraísos fiscales y que, por ende, tienen que cumplir con un régimen estricto de precios de transferencia y ser objeto de retenciones más altas. Panamá, uno de nuestros mayores socios comerciales, quedó en el limbo con esta norma. Se le dio un plazo de un año para suscribir un acuerdo de intercambio de información tributaria so pena de quedar incluido en la “lista negra”.

 

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