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La semana económica divulga el punto de vista gremial sobre la coyuntura económica y financiera internacional y doméstica, las políticas públicas, regulación y supervisión sectorial y sus efectos en la economía, los mercados y el sistema financiero.

Edición 813 | El lavado de activos y la financiación del terrorismo: más que un problema de narcotráfico exclusivo del sector financiero

Cuando se habla de lavado de activos y financiación del terrorismo aparecen dos concepciones alejadas de su realidad. La primera se refiere a que estos fenómenos están relacionados exclusivamente con el narcotráfico. Se requiere avanzar en la desmitificación de esta percepción, pues muchos son los delitos fuente tipificados en las normas internacionales. Tal es el caso de la vinculación entre las actuaciones en contra de la administración pública y el lavado de activos. Por ejemplo, en Colombia ante los recientes escándalos de corrupción se ha puesto en evidencia la relevancia del vínculo legal existente entre estos hechos y el lavado de activos.

La segunda está relacionada con la concepción de que la prevención del lavado de activos es una responsabilidad exclusiva del sector financiero. Lo que sucede en realidad es que la dinámica del lavado de activos y la financiación del terrorismo ha implicado la participación de otros sectores, progresivamente utilizados para permear recursos producto de actividades ilícitas, o destinados para la financiación de actividades terroristas. Por esto la gestión de riesgos sobre los asuntos en referencia debe constituirse en parte de las buenas prácticas de la administración, del buen gobierno corporativo y de la responsabilidad social empresarial de todas las organizaciones, independientemente del sector al que pertenezcan.

Es necesario llamar la atención sobre los retos que en estos asuntos imponen los objetivos de inclusión financiera de los gobiernos de la región. Estas iniciativas, que son compartidas y apoyadas por el sector financiero, generan importantes retos para la banca, en razón a que los productos y servicios que debe ofrecer, deben ser concordantes con el objetivo de mayor cobertura, sin descuidar los deberes propios de la prestación del servicio bancario como es, por ejemplo, la debida diligencia, la protección de los recursos y la administración de los diferentes riesgos —entre ellos, el relacionado con el lavado de activos y la financiación del terrorismo—. El gran desafío para los actores institucionales involucrados en la prevención, identificación y detección de tales riesgos está en su capacidad para alinearse y adaptarse a las nuevas tendencias, mediante el establecimiento de reglamentos, medidas y procedimientos que logren, dentro de lo posible, una menor exposición.

Finalmente, es necesario volver con el aspecto relacionado con el uso del efectivo como medio de pago. A nivel internacional, con frecuencia el mayor uso del efectivo se identifica con corrupción, evasión de impuestos y lavado de activos. Colombia es un país en el que la circulación relativa del efectivo frente a las cuentas corrientes es muy elevada. En la actualidad dicha relación se asemeja a la que se tenía el país en 1940. Dicho comportamiento deriva de distintas disposiciones legales, en particular el GMF y la vinculación del cobro de impuestos a la realización de transacciones financieras. El problema en especial con el 4 por mil no solo está en las implicaciones negativas que tienen sobre el tamaño y profundidad del sector financiero, sino también en que resulta contraproducente para efectos de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

 

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Edición 812 | Las metas de la prosperidad para todos

Con el propósito de alcanzar la prosperidad para todos, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se fijó tres objetivos: generar empleo, disminuir la pobreza y consolidar la seguridad. Para lograrlos, la principal meta que estableció es un crecimiento potencial cercano a 6%, con base en la expansión sostenida de cinco sectores líderes: el minero-energético, la vivienda, la infraestructura, el agropecuario y la innovación.

Alcanzar esa meta colocaría a Colombia entre las economías con un crecimiento medio alto en el contexto mundial y alto en el regional. También le permitiría incrementar notablemente su ingreso per cápita (25% en 4 años) y, con una adecuada política redistributiva, disminuir la pobreza y atenuar la desigualdad.

El logro sostenido de esa meta de crecimiento es exigente comparado con los resultados de la historia reciente de la economía colombiana. Requiere un esfuerzo notable para aumentar la productividad (1,6%), disminuir el desempleo (a 9%) y mantener una alta tasa de inversión (30% del PIB). En particular, parece difícil bajar la tasa de desempleo estructural debajo de 10%, sin remover las rigideces del mercado laboral: los altos costos laborales no salariales y la inflexibilidad de los salarios reales a la baja. Tampoco parece fácil preservar una tasa de inversión de esa magnitud, sin eliminar las distorsiones en los mercados financieros, que impiden la profundización y la inclusión: los topes a las tasas de interés y el gravamen a los movimientos financieros (GMF).

La restricción presupuestal que enfrenta el sector público y el compromiso de las autoridades con la disciplina fiscal, así como la magnitud de las necesidades de inversión que requieren los sectores líderes y la provisión eficiente y oportuna de los bienes públicos, vuelven imprescindible el aporte del capital privado. Por tanto, para lograr la mayoría de las metas -en particular el crecimiento potencial de 6%- se requiere atraerlo, mediante una adecuada gestión y coordinación pública, tanto nacional como regional y local, basada en la transparencia y la rendición de cuentas, con el propósito de erradicar la corrupción, la dilapidación y el despilfarro.

No parece fácil tampoco profundizar la apertura sin disminuir la protección, que genera un sesgo anti-exportador, dificulta la diversificación de la oferta exportable e impide la transformación del sector agropecuario. Lamentablemente, el PND no se fija metas en términos de reducción del arancel ni de disminución de la dispersión tarifaria.

Si alcanza la meta de crecimiento, quizá el Gobierno podrá lograr las de reducción de la pobreza y la desigualdad, sin acometer las reformas mencionadas. Sin embargo, si las realizara podría inclusive sobrepasar muchas de las metas más fácilmente y empleando menores recursos. Este es el caso de las correspondientes al crecimiento, el empleo, la formalización, la pobreza, la equidad, la productividad, la competitividad y la internacionalización.

Quizá convenga insistir en que, por una parte, realizar las reformas es menos doloroso en las etapas de auge. Y por otra, en que su efecto benéfico amortigua el sufrimiento de la población y el deterioro de los indicadores sociales en la parte baja del ciclo.

 

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Edición 811 | Los TDA: otra inversión forzosa inconveniente

La financiación del sector agropecuario en Colombia puede dividirse en dos grandes períodos: antes y después de Ley 16 de 1990, que creó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA). En el primer periodo prevaleció el manejo de políticas de fomento sectorial, diseñadas por el Banco Central −que administraba fondos estatales con ese propósito, a través del Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) −, los bancos de fomento y la banca comercial. El FFAP se fondeaba mediante las inversiones forzosas que debían constituir las entidades financieras. La Caja Agraria, la Federación de Cafeteros, el Incora, los Fondos Ganaderos y las cooperativas de ahorro y crédito se fondeaban con recursos propios, ahorro de los particulares y recursos del estado.

Durante el segundo periodo, con la creación del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA), nacieron el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario de Colombia (Finagro), el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y el Banco Agrario, que tienen como fin ayudar a fomentar y definir las políticas de financiación al sector agrícola. El SNCA está configurado, en primer lugar, para que Finagro canalice sus recursos a través de líneas de redescuento a bancos de primer piso, públicos o privados. Y en segundo lugar, para que el Banco Agrario promueva un mayor acceso al crédito para los productores agropecuarios, con sus recursos o los de Finagro.

Finagro cuenta, además de los aportes del sector público, con los ingresos provenientes de la emisión de Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), que constituye 98,8% de sus pasivos. Los TDA deben ser suscritos de manera obligatoria por los intermediarios financieros, siendo sus montos y tasas determinados por el Banco de la República.

En la actualidad, un porcentaje considerable de la cartera agrícola (el 35%) no es redescontada en Finagro. Esto sugiere que la capacidad del sistema financiero para canalizar recursos al agro sin el soporte de ese fondo es considerable. Además, el principal usuario de Finagro es el Banco Agrario, que canaliza el 78% de los recursos redescontados en ese fondo. El Banco Agrario podría atender la totalidad de sus colocaciones con los recursos que capta del público. Esto indica que los recursos de Finagro para la colocación de cartera en el agro no son necesarios. De esta manera, las inversiones forzosas sirven, no para garantizar que los recursos del crédito lleguen al sector agropecuario, sino para obligar al sector financiero a pagar los costos de los subsidios al crédito agrícola, que deberían ser asumidos por el Estado.

Las inversiones forzosas permiten que el Banco Agrario utilice sus captaciones, no para prestarle al sector, sino para mantener unas cuantiosas inversiones en instrumentos financieros que no se compadecen con su función de banco sectorial. ¿No sería racional desmontar esa inversión forzosa, que ha sobrevivido mucho más de lo que era razonable?

 

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Edición 810 | El programa Familias en Acción y la inclusión financiera

Desde finales de la década de los 90, las transferencias condicionadas de dinero se han convertido en uno de los principales instrumentos de política pública para la superación de la pobreza. En Colombia, el programa más importante en este género es Familias en Acción, que entrega un subsidio en dinero condicionado a la asistencia de los niños a la institución educativa y a controles de crecimiento y desarrollo.

En lo que tiene relación con el uso de servicios financieros, en 2009 se inicia la dispersión de los subsidios a través de cuentas de ahorro, donde se le deposita a la madre o cabeza de hogar el valor correspondiente a la transferencia condicionada. De acuerdo con cifras de Acción Social, a diciembre de 2010 al 90% de las familias beneficiarias se les entrega el subsidio a través del sistema financiero.

Ahora bien, al contrastar los resultados del Informe de inclusión financiera 2006- 2010 realizado por la Asobancaria y el número de beneficiarios bancarizados por el programa de Familias en Acción en ese periodo, se hace evidente el efecto significativo que tiene este componente frente a los indicadores nacionales, donde de los 4 millones de nuevas personas con cuenta de ahorro, 2,3 millones corresponde a las cuentas abiertas por cuenta del programa.

En el análisis por departamento es interesante observar el grado de incidencia que tiene Familias en Acción sobre el total de adultos bancarizados. En el caso de Córdoba, por citar solo un ejemplo, casi la mitad de la población que tiene cuenta de ahorro se explica porque recibe un subsidio del gobierno nacional. De conformidad con la información registrada, los cinco departamentos que tienen un mayor efecto del programa sobre la proporción de adultos con cuenta de ahorro son Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Chocó. Esto permite concluir que tanto para el gobierno como para la banca estas iniciativas son importantes y representan una ventana de oportunidad para introducir inclusión social y eficiencias en el manejo de los recursos públicos.

Hoy es posible afirmar que tanto el éxito del componente de bancarización del programa como la disposición del gobierno por involucrar el desarrollo de nuevas tecnologías como banca móvil, confirman que los avances en inclusión financiera son posibles si existe una decidida coordinación y sinergias entre el Gobierno y el sistema financiero.

 

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Edición 809 | La responsabilidad social de la banca

Desde hace ya varios años se ha venido desarrollando una tendencia a nivel global que demanda de las empresas privadas mayores responsabilidades, en lo que tiene que ver con temas sociales, ambientales y de gobierno corporativo.

Conceptos como Responsabilidad Social Empresarial, Responsabilidad SocialAmbiental y Sostenibilidad han adquirido particular relevancia. Se podría decir que a nivel mundial el concepto de responsabilidad social gira en torno al objetivo de construir un mundo más habitable. El nuevo discurso que se impone en las principales economías vincula el tema a una sostenibilidad más amplia, de la cual depende la existencia misma del negocio.

Para la banca colombiana, este concepto ha evolucionado hacia un compromiso integral que exige “ejercer bien la actividad bancaria” y contribuir al bienestar de sus grupos de interés: clientes, empleados, accionistas, proveedores y la sociedad en general. Esto implica encontrar soluciones in novadoras para desarrollar productos y servicios ajustados a las necesidades de los consumidores financieros; promover la calidad en la atención y servicio al público, la educación financiera, el cuidado del medio ambiente, la generación de empleo en condiciones laborales dignas y la inversión social.

El Balance Social es un ejercicio voluntario que Asobancaria ha desarrollado desde principios de los noventa con el fin de medir y reportar al público el impacto social y económico de las actividades del sector, así como los avances y retos que año tras año se identifican para mejorar las relaciones con sus diferentes grupos de interés. Desde 2005, el contenido del Balance surge de una encuesta que el gremio aplica a sus afiliadas con el fin de poder presentar una visión comprehensiva de los aportes de la actividad bancaria.

Para 2010, se cuenta con información reportada por 20 de las 23 entidades miembro y se presenta de manera sucinta los principales aportes que realiza el sector en los ámbitos económicos, sociales y medioambientales y su desempeño durante 2010, haciendo énfasis en que a futuro el reto del sector es seguir creciendo de forma responsable y concentrar esfuerzos en su tarea de ser un motor del desarrollo sostenible en Colombia.

 

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Edición 808 | Una alianza para la inclusión financiera

Recuperemos la propuesta realizada por el Señor Presidente hace diez meses en la Convención Bancaria de 2010: el Gobierno se encarga de relajar algunas restricciones que impiden la bancarización y las entidades financieras se ocupan de acelerar el otorgamiento de crédito y sirven como instrumento de formalización tributaria.

La industria bancaria acogió con entusiasmo estas ideas. Sin embargo, el uso de la banca con el propósito de proveer información relevante para la autoridad tributaria, o forzar el pago significativo de impuestos, puede terminar alejando a los individuos del sistema financiero. Por eso Asobancaria considera que la utilización de la inclusión financiera con propósitos fiscales debe estar aparejada de incentivos al mayor uso del sistema financiero. Para semejante propósito se requiere, de una parte, ausencia de discriminación tributaria en contra del uso del sistema financiero y, de otra, niveles razonables de tributación.

La reforma tributaria del año pasado estableció que, para ser reconocidos como deducibles los costos, pasivos e impuestos descontables, deben ser realizados por los contribuyentes a través del sistema financiero. No se sabe cuándo va a entrar en vigencia esta norma, pero esperamos que las autoridades la desarrollen pronto. El artículo 62 de la reforma ordena al Gobierno Nacional expedir normas sobre la formación de tarifas o precios de las entidades financieras, e intervenirlos cuando se establezca que no existe suficiente competencia en el mercado. Confiamos en que dichas facultades se estarán utilizando para proteger la competencia y la libre empresa en el sector financiero y no para interferir con la operatividad de la misma, lo cual claramente le prestaría un flaco servicio a la inclusión financiera.

Las tarifas y tasas de interés que la banca cobra por sus servicios son determinantes a la hora de ofrecerlos a la población. Asobancaria ha insistido en la importancia de relajar la tasa de usura para dinamizar el otorgamiento de crédito y en especial del microcrédito. Con la modificación que se ha realizado en la fórmula de cálculo del interés bancario corriente, se ha venido liberando la tasa de usura. A pesar de que esa liberación ha sido gradual, ya existen claras de que el microcrédito viene reaccionando de forma positiva, al haber registrado entre septiembre de 2010 y abril de 2011 un incremento de 24,6% que, en términos anualizados, equivale a más de 42%.

El país está a la expectativa de una nueva propuesta de reforma tributaria. Es de esperar que dicha propuesta de reforma no tenga como propósito aumentar las tarifas impositivas. Por el contrario, la reforma debe tener como propósito racionalizar la estructura tributaria. La banca tiene particular interés en que el Gobierno considere la posibilidad de introducir estímulos para la inclusión financiera, la formalización de las transacciones en los comercios y la expansión de los medios de pago electrónicos.

La banca considera que un pacto de la naturaleza propuesta el año pasado por el Gobierno es más relevante que nunca.

 

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Edición 807 | La apertura veinte años después

A comienzos de la década de 1990 Colombia hizo un intento para abrir su economía, con el fin de aumentar su productividad, acelerar el crecimiento, estimular la generación de empleo, disminuir la pobreza y mejorar el bienestar de la población. Dos décadas después la economía colombiana tiene el mismo grado de apertura que entonces. El intento no fructificó en parte por la excesiva protección que mantuvo la estructura arancelaria. Esta estructura, con regímenes especiales de protección para algunos sectores privilegiados y con demasiadas y muy dispersas tarifas, generó un sesgo anti-exportador y numerosos casos de protección efectiva negativa, que no favorecieron la diversificación de la oferta exportable. La poca diversificación, a su vez, impidió aprovechar plenamente el acceso preferencial a los mercados donde se obtuvo y conquistar otros nuevos de manera persistente.

 

La oferta exportable de Colombia está todavía concentrada en exceso en productos primarios. Adicionalmente, una gran parte de ella se dirige a unos pocos mercados y una proporción minúscula se coloca en los mercados asiáticos, que son la fuente del crecimiento mundial. Por eso la economía colombiana no aumentó significativamente su participación en el comercio internacional en este período.

En consecuencia, para acelerar la inserción de Colombia en la economía mundial conviene, en primer lugar, continuar aumentando el acceso preferencial a otros mercados externos. En segundo lugar, se requiere mejorar su competitividad. Y en tercer lugar, es necesario incrementar la productividad de la producción nacional, sometiendo todos los sectores a una mayor competencia.

Con estos propósitos, recientemente el Gobierno Nacional llevó a cabo una reforma arancelaria y se trazó una ambiciosa agenda comercial. La reforma redujo el arancel nominal promedio de 12,2% a 8,3% y cobijó 55% de las posiciones arancelarias. De esta manera, llevó tímidamente el arancel al promedio latinoamericano, que es intermedio en el contexto mundial. Sin embargo, mantuvo una excesiva protección para los sectores “sensibles”, que continúa siendo una fuente de dispersión tarifaria. La agenda comercial incluye 20 nuevas economías −9 de ellas asiáticas, con dinámico crecimiento−.

Para que mejore la inserción de Colombia en la economía mundial hay que adelantar esfuerzos complementarios en otros frentes. Es indispensable mejorar la infraestructura vial. Se necesita una política agropecuaria que se concentre en promover el uso eficiente del suelo, en proveer bienes públicos y en brindar asistencia técnica y empresarial a los productores. Se requiere que las autoridades adopten estrategias fiscales contra-cíclicas, para morigerar la volatilidad de la tasa de cambio. Es menester una reforma tributaria estructural, que amplíe la base y reduzca las tarifas a los estándares internacionales. Finalmente, urge una reforma que remueva las distorsiones más protuberantes en el mercado laboral.

 

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Edición 806 | La inclusión financiera en los últimos cinco años y los desafíos de la coyuntura

Los avances de Colombia en materia de inclusión financiera en los últimos años son innegables y demuestran que un sector financiero sólido, junto con unas iniciativas gubernamentales orientadas a facilitar el acceso de toda la población a productos de ahorro y crédito, resultan ser una buena combinación. Sin embargo, es claro que los retos por venir representan desafíos importantes en materia de innovación y modernización, tanto desde el punto de vista de los productos y servicios ofrecidos por los bancos, como del marco institucional y normativo que regula al sector.

El indicador de bancarización, medido como la relación entre el número de personas mayores de edad con al menos un producto financiero sobre el total de la población adulta, creció de manera sostenida en los últimos 5 años y en términos de cobertura de la infraestructura financiera los avances también han sido importantes. Se resalta la figura de Corresponsales No Bancarios que permitió llevar servicios financieros a 270 municipios del país, que hasta 2006 no contaban con presencia bancaria.

No obstante, Colombia se encuentra lejos de alcanzar los resultados de las economías desarrolladas e incluso presenta indicadores por debajo de economías de similar nivel de ingreso. Como lo muestran experiencias exitosas en otros países, la masificación, uso y aceptación generalizada de instrumentos de pago, requiere además de un esfuerzo de la banca, de iniciativas públicas, en general de trabajo conjunto entre los diferentes actores involucrados.

Los retos de coyuntura que presenta el proceso de inclusión financiera se pueden resumir en cuatro grandes grupos: fortalecimiento de los sistemas de pago electrónicos, formalización, desarrollo de la banca móvil y acceso a la información.

 

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Edición 805 | ¿Cómo va la convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad (Ley 1314 de 2009)?

En aproximadamente un mes se cumplen dos años de haberse expedido la Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. En palabras más simples, lo que dicta la Ley es que la contabilidad local deje de ser “hecha a la medida” (a beneficio de diferentes autoridades) y adopte estándares de alta calidad, comprensibles, aplicables y aceptados globalmente como son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Con la expedición de la Ley se fijó 31 de diciembre de 2014 como la fecha en la que hacia adelante se deben aplicar completamente los principios internacionales de contabilidad. Eso lo que significa es que a Colombia le quedan tres años y medio, sin contar con la transición que comienza el 1º de enero de 2013, para estar lista reglamentaria y operativamente.

¿Qué se ha hecho durante los últimos dos años? Los esfuerzos normativos se centraron en avanzar en la conformación, estructura y definición de la forma orgánica del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Igualmente, se han conformado comités técnicos ad-honorem uno para el sector financiero, otro para el real y uno para temas tributarios, cuya tarea se enfoca en la realización de recomendaciones del proceso de convergencia. Dentro de la industria, una encuesta de diagnóstico realizada al sector bancario, demuestra falencias en aspectos como capacitaciones, cálculos de impactos y una gran preocupación por los sistemas de información, ya que posiblemente sean el elemento que tome más tiempo en modificarse. Adicionalmente, se identifican cinco elementos críticos, dadas las diferencias existentes entre la normatividad local y las NIIF, estos son: presentación de estados financieros, cargos diferidos, impuestos, cartera de créditos, propiedad, planta y equipo, ingresos y gastos y aspectos técnicos y operativos.

En general, uno de los desafíos más importante en este proceso es concientizar a los reguladores y a las mismas compañías de la importancia de la convergencia, de forma que se publiquen los decretos reglamentarios que terminen de darle forma al proceso y que las empresas involucradas puedan llevar a cabo las modificaciones a las que haya lugar para la efectiva implementación de los nuevos estándares.

 

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Edición 804 | La inflación bancaria, las tarifas y la inclusión financiera

La inflación financiera y los precios de los servicios bancarios en Colombia son objeto de un debate recurrente en los medios de información. Estos concluyen precipitadamente que la primera es muy alta y los segundos exagerados. Por estos motivos, conviene hacer algunas precisiones.

En primer lugar, las comparaciones internacionales muestran que las tarifas de la mayoría de los servicios bancarios en Colombia son de las más bajas en América Latina, o se aproximan al promedio regional.

En segundo lugar, en la coyuntura actual las tarifas bancarias en Colombia no son inflacionarias. Si se calcula la inflación bancaria con base en canastas que incluyen un amplio número de servicios −como la del índice de productos financieros de Asobancaria (IPPF)−, la inflación de éstos resulta menor que la de la canasta total del consumidor del DANE. Además, la inflación de servicios bancarios medida por el IPPF, tiende a seguir con rezago a la del consumidor. Esto indica que la inflación bancaria tiene un importante componente de costos. Una manera de corroborarlo es la estrecha relación que existe entre la inflación bancaria, la salarial y la del productor.

En tercer lugar, los incrementos de las tarifas de los servicios bancarios no parecen un factor de exclusión financiera para los trabajadores formales que devengan el salario mínimo, porque la inflación salarial y la bancaria tienen una relación contemporánea y directa muy estrecha. Gracias a esta relación, los salarios tienden a conservar su poder adquisitivo en términos de los servicios bancarios.

En cuarto lugar, la evidencia global sugiere que los servicios bancarios tradicionales, prestados por los intermediarios formales, no siempre son el mejor medio para lograr la inclusión de los más pobres, por causa de sus costos intrínsecos. En consecuencia, la inclusión debe basarse en el desarrollo y la innovación de vehículos menos costosos, como los que utilizan la telefonía móvil y los últimos desarrollos en la tecnología de la información y las comunicaciones.

Finalmente, los esfuerzos de inclusión financiera no deben apoyarse en intervenciones gubernamentales que introduzcan distorsiones en la formación de los precios de los servicios tradicionales, porque éstas conducen a flujos de inversión no óptimos y a excesos de demanda que no pueden satisfacerse. De esta manera, semejantes distorsiones obstaculizarían la profundización financiera, la innovación e inclusive la extensión de las redes y los canales que los nuevos productos podrían utilizar. Con ello las autoridades frenarían justamente lo que tratan de promover.

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