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La semana económica divulga el punto de vista gremial sobre la coyuntura económica y financiera internacional y doméstica, las políticas públicas, regulación y supervisión sectorial y sus efectos en la economía, los mercados y el sistema financiero.

Edición 800 | Enseñanzas de la crisis para la política económica y la regulación financiera

La magnitud y cobertura de la crisis financiera internacional requirieron la implementación de medidas extremas de política económica, que cuestionaron paradigmas firmemente establecidos en la teoría y en la práctica de las estrategias fiscales y monetarias, así como en la regulación y la supervisión financiera.

En política monetaria la crisis mostró la necesidad de esquemas más compresivos que el de inflación objetivo, que cuenten con un mayor número de instrumentos para alcanzar metas adicionales. Por tanto, en el futuro los bancos centrales estarán seguramente más comprometidos con la salvaguardia de la estabilidad financiera, siguiendo los acontecimientos en los mercados de activos, la evolución del crédito y los agregados monetarios. Se reservarán probablemente también la posibilidad de usar mecanismos expeditos para comprar activos distintos de la deuda pública, si las circunstancias lo exigen.

La crisis desafío la idea según la cual la profundización y la innovación financieras conducen a asignaciones eficientes de los recursos y aseguran la estabilidad. Probó que, en presencia de distorsiones en los mercados, con incentivos perversos y al amparo de una regulación y supervisión inadecuada, los resultados son exactamente al contrario. Sin embargo, para maximizar los beneficios sociales del desarrollo de los mercados financieros, evitando sus peligros latentes, las propuestas de reforma deben tener en cuenta que la crisis no afectó, ni se extendió uniformemente a los sistemas financieros de todos los países con la misma intensidad. En consecuencia, en algunas economías puede requerirse un endurecimiento de la regulación y la supervisión, mientras que en otras quizá lo pertinente sea la combinación de un relajamiento de las normas, con un monitoreo más estrecho de los riesgos sistémicos.

La poscrisis demostró que el estímulo fiscal es una herramienta contracíclica poderosa. Por este motivo, conviene siempre tener suficiente espacio para cuando se requiera implementarlo.

En las economías emergentes, donde los paradigmas en boga cedieron antes y más fácilmente al pragmatismo obligado por las circunstancias, tanto la política económica como la regulación y la supervisión financiera fueron más preventivas. Por eso asimilaron con propiedad el choque externo, minimizando sus consecuencias reales, sin arriesgar su estabilidad financiera.

Ojalá no olvidemos estas lecciones ahora, cuando enfrentamos el cambio climático y somos un imán para la inversión extranjera y el crédito externo.

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Edición 799 | La evolución del Indicador Bancario de Referencia (IBR) y la creación del Overnight Index Swap (OIS)

La creación del Indicador Bancario de Referencia (IBR) nació de la necesidad de una tasa de corto plazo que reflejara adecuadamente las condiciones de oferta y demanda del mercado monetario y las decisiones de política monetaria del Banco de la República.

A pesar de que el IBR es un indicador todavía joven (cuenta con tres años y cuatro meses de funcionamiento), ha logrado atar a su evolución una gran cantidad de recursos. A marzo de 2011, se habían emitido $8.8 billones entre bonos corporativos y CDT. Durante este proceso fue evidente que las empresas emisoras comenzaron a indexar una importante porción de su deuda al IBR, dejando a un lado tasas de referencia tradicionales como el IPC y la DTF, lo cual generó que estos productos comenzaran a tomar mayor fuerza y se posicionarán como una nueva oportunidad de inversión.

Aún cuando su evolución en el mercado de deuda es admirable, la reciente creación de derivados a partir del IBR es aún más relevante. El Overnight Index Swap (OIS) es un swap de tasa de interés en la modalidad tasa fija/tasa flotante, siendo esta última el resultado de un indicador overnight compuesto, en nuestro caso el IBR overnight.

Este proyecto es una iniciativa de los propios agentes del mercado, que nació de la necesidad de buscar nuevos instrumentos financieros que se adecúen a las exigencias del negocio. Actualmente apenas está comenzando a tomar fuerza, no obstante, se espera lograr con éste lo que desde el principio se propuso con el IBR, esto es construir curvas de referencia que puedan servir como indicadores de valoración, cobertura y negociación de productos derivados.

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Edición 798 | ¿Apuntan las medidas tributarias en la dirección correcta?

El cambio en la estrategia de crecimiento condujo al Gobierno Nacional a ejecutar una reducción arancelaria e implementar una “pequeña” reforma tributaria. Al mismo tiempo, el invierno lo llevó a tomar otras disposiciones de política fiscal, al amparo de la emergencia económica, social y ecológica. En conjunto, estas medidas minimizaron el impacto del mayor gasto en la promoción de los sectores líderes y del costo del invierno, sobre el balance fiscal, sin afectar la solvencia pública ni el riesgo soberano.

Sin embargo, para lograrlo se recurrió a la prolongación e incremento de unos impuestos distorsionantes –patrimonio y GMF– y a la eliminación de un beneficio en el impuesto de renta, que no solamente sustraerán una masa importante de recursos al gasto privado -COP 13 billones, equivalentes a 2,4% del PIB- en los próximos cuatro años, sino que además extenderán sus consecuencias adversas sobre la inversión, la bancarización y la profundización financiera.

Aunque tímida, la reforma arancelaria está bien encaminada. Reduce la protección y la dispersión arancelaria, elimina muchos casos de protección efectiva negativa, baja los costos y mejora la competitividad de la producción nacional. Sin embargo, mantiene el sesgo anti-exportador en el sector agropecuario y preserva una protección alta para los sectores “sensibles”.

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Edición 797 | Acceso a Servicios Financieros, Sistemas y Herramientas de Pago

|La “inclusión financiera” abarca tanto la bancarización —entendida como el número de personas vinculadas al sistema financiero por el lado del ahorro o del crédito— como el acceso eficiente a sistemas y herramientas de pago.

La bancarización medida por la vía del pasivo, esto es por la vía de apertura de cuentas de ahorro, se ha facilitado en Colombia gracias a que la regulación ha venido aligerando los requisitos exigidos para su apertura.

Si nos referimos a la bancarización por la vía del activo, es un hecho que en el país el número de colombianos con acceso al crédito formal, continúa siendo reducido. Este resultado responde a la existencia de múltiples distorsiones que es preciso remover. Entre éstas se destaca, en primer lugar, la informalidad empresarial, tributaria y laboral, que aleja a las personas del acceso al crédito bancario. En segundo lugar, la tasas de usura, que excluyen del acceso al crédito formal a las poblaciones de menores recursos. En tercer lugar, las dificultades para conocer los hábitos de pago de los colombianos. Y por último, la escasa utilización de desarrollos tecnológicos en el otorgamiento de crédito, que se ajusten a los requerimientos propios de las microfinanzas. Todavía existe un amplio espacio para eliminar restricciones que obstaculizan la bancarización en el país por el lado del crédito.

La facilidad en el acceso a sistemas de pago eficientes, no ha estado en el radar de las políticas públicas, ni se ha incluido dentro de los objetivos de la bancarización. Colombia se acostumbró a transar en efectivo y dicha tendencia se acentuó con la introducción del gravamen a las transacciones financieras (GMF). Es desafortunado que, por cuenta de unos beneficios tributarios de corto plazo que obtiene el gobierno, no se desmonte un impuesto que en el largo plazo es altamente nocivo. Un instrumento de enorme utilidad como sustituto del efectivo en el logro de una mayor inclusión financiera es el dinero plástico. Este debería tener una mayor proyección en Colombia. La renuencia por parte del comercio a aceptar las tarjetas de pago y su preferencia por el efectivo deriva de la elevada informalidad tributaria existente en Colombia, en razón a que los pagos realizados con tarjeta de pago están sujetos al cobro de impuestos y retenciones en la fuente, que son fáciles de obviar cuando el pago se recibe en efectivo. Este problema solo se resuelve mediante una decidida política pública que promueva la formalización de los establecimientos de comercio, pero no por la vía de su penalización, sino por la vía de la creación de incentivos.

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Edición 796 | Implicaciones preliminares de Basilea III en Colombia

El Bank for International Settlements (BIS) publicó en diciembre 2010 la versión definitiva de las modificaciones al acuerdo de Basilea. Algunos expertos consideran que este documento no significa que los anteriores tratados, Basilea I (1988) y II (2004), hayan muerto o que los reemplace, sino por el contrario se trata de un complemento a los estándares ya conocidos.

El acuerdo conocido como Basilea III (BIII) persigue tres objetivos, en primer lugar, incrementar la capacidad del sector bancario de absorber choques; en segundo lugar, mejorar la gestión de riesgos y el gobierno corporativo; y finalmente, introducir elementos macro-prudenciales en la regulación que ayuden a contener los riesgos sistémicos sobre la economía.

Para alcanzar estos objetivos, BIII plantea medidas en cuanto a capital y liquidez. Frente al primero, el Comité de Basilea busca aumentar la calidad y cantidad del capital regulatorio, así como mejorar la cobertura de los riesgos financieros y limitar el excesivo apalancamiento de las entidades. Con el tema de liquidez, se busca fortalecer las mejores prácticas en la administración de su riesgo, introduciendo coeficientes de medición y supervisión.

En Colombia los estándares regulatorios están ubicados en un intermedio entre Basilea I y II, es decir, en términos de medición y seguimiento, las normas locales están basadas en Basilea I con algunos elementos de BII, pero en términos de gobierno corporativo, administración y gestión de los riesgos la regulación está fundamentada en los pilares de Basilea II.

Sin embargo, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está Colombia de cumplir con los nuevos estándares de BIII? Todo parece indicar que bastante cerca. Luego de realizar un ejercicio de impacto aplicado al sector bancario colombiano, en el que con datos locales se replican los nuevos requerimientos de capital, liquidez y apalancamiento, se demuestra que localmente se cuenta con altos niveles de capital, de estructura simple y por lo tanto robusta. En apalancamiento, los resultados arrojan que la industria no se encuentra altamente apalanca, por lo que cuenta todavía con un margen de maniobra para alcanzar el límite propuesto. Por último, en liquidez los resultados no son tan alentadores, la mayoría de las entidades solo alcanza a cubrir en promedio el 50% de las salidas de su flujo de caja, por lo que no estarían completamente preparadas para hacer frente a un periodo de estrés financiero.

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Edición 795 | Reforma a las regalías: ¿hacia una menor disparidad regional?

Por sus defectos institucionales, el actual régimen de regalías resultó ineficaz en la administración e ineficiente en la asignación de los recursos. La mala gestión generó corrupción y ésta, a su vez, condujo al despilfarro de cuantiosos fondos. En un país donde las necesidades de la población son apremiantes, los recursos para satisfacerlas escasos y la desigualdad social y regional inmensa, las asignaciones ineficientes y el despilfarro tienen unos costos muy altos en términos del progreso social y el bienestar de la población. Por eso, con el propósito de enmendar los errores, la Administración Santos diseñó y presentó al Congreso un proyecto de reforma a ese régimen.

La reforma pretende, en primer lugar, mejorar la equidad en la distribución de las regalías, para que lleguen a una mayor proporción de la población. En segundo lugar, persigue invertirlas de manera tal que aumenten la competitividad de las regiones, para que financien su desarrollo de una manera más eficaz que hasta ahora. En tercer lugar, busca ahorrar una parte de ellas para suavizar intertemporalmente la inversión de las ET y amortiguar la volatilidad de la tasa de cambio. Y por último, trata de lograr una asignación más eficiente de estos recursos, que evite su malversación y despilfarro.

En general, la reforma va en la dirección correcta, pero en su versión actual no es óptima. En aras de asegurar su aprobación, mantuvo las regalías directas, establecidas por el régimen vigente. Con ello sacrificó la posibilidad de lograr una menor disparidad regional en la distribución de estos recursos. Además, durante su trámite en el Congreso introdujo demasiadas rigideces en la distribución de las regalías, que si se aprueban, quedarán en la Constitución.

El recurso a un acto legislativo para empotrar el nuevo régimen en la Constitución quizá sea motivado por el deseo de lograr el compromiso de las administraciones siguientes con él, para prevenir su desmonte expedito, como ocurrió en el pasado con el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. No obstante, si el nuevo esquema resulta ineficaz o ineficiente, tal inflexibilidad constituirá una camisa de fuerza para reformarlo posteriormente.

En suma, en su estado actual el nuevo régimen estaría en capacidad eliminar la prociclicidad del anterior y brindaría inclusive la posibilidad de implementar estrategias fiscales contracíclicas. Podría también conducir a una distribución más equitativa y a una asignación más eficiente de las regalías. Y contribuiría a fondear el pasivo pensional de las regiones, mejorando la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, para lograr estos propósitos haría más rígida la regulación que en el ordenamiento legal vigente.

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Edición 794 | Medios electrónicos de pago: alternativa para promover la formalización y la inclusión financiera

Los medios electrónicos de pago son un elemento fundamental para el desarrollo del sistema financiero de un país, permitiendo la realización de pagos seguros y eficientes, reduciendo los costos y riesgos implícitos en las transferencias de recursos, beneficiando el comercio y facilitando la labor del Estado en la ejecución de las políticas monetaria y tributaria. Es por esto que la banca colombiana ha dedicado grandes volúmenes de recursos e importantes esfuerzos al desarrollo y modernización de los sistemas de pago en Colombia, promoviendo la migración hacia medios electrónicos.

No obstante, este proceso ha encontrado obstáculos regulatorios, como el gravamen a los movimientos financieros, y otros de carácter estructural, como la alta informalidad de la economía, que mantienen la preferencia por el dinero en efectivo en varios sectores de la población. Este sesgo hacia el efectivo en la economía colombiana tiene efectos negativos sobre el desarrollo y crecimiento económico, impacta el recaudo tributario y facilita la proliferación de actividades ilegales e informales, entre otras.

En este sentido se propone la creación de mecanismos que incentiven el uso y aceptación de los medios electrónicos de pago. Varios países han tomado una serie de medidas en esta dirección con diferentes niveles de éxito, como la devolución de IVA para comercios y deducciones de impuestos asociadas con las transacciones realizadas con medios electrónicos de pago, entre otras. Este tipo de políticas y estímulos fiscales para los comercios, pequeñas y medianas empresas ayudaría a masificar los medios electrónicos de pago, contribuyendo con ello a la formalización económica de estas unidades productivas, abriéndoles posibilidades de expansión y crecimiento.

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Edición 793 | El aumento del salario mínimo induce informalidad laboral

La alta magnitud estructural del desempleo en Colombia resulta de las peculiaridades institucionales del mercado laboral, que incluyen unos elevados costos laborales no salariales –aportes a salud y pensiones y contribuciones parafiscales– y una fuerte inflexibilidad a la baja del salario real. Estas rigideces lo han segmentado de un modo tajante, en un mercado formal y otro informal.

En este contexto, fijar un salario mínimo (SM) muy alto respecto de la inflación o de la productividad, contribuye a mantener las distorsiones del mercado laboral. Sin embargo, un argumento esgrimido recientemente en el debate público es que los aumentos altos del salario mínimo tienen efectos positivos sobre la economía, tanto sobre la demanda agregada como sobre la distribución del ingreso. Un caso que se cita frecuentemente para sustentar esta última hipótesis es el brasileño, donde el activismo salarial de la administración Lula parece haber tenido los efectos positivos prometidos.

En esta Semana Económica nos preguntamos si incrementos altos del SM, en relación con la inflación o con la productividad, tienen efectos positivos sobre la demanda agregada o la distribución del ingreso, o negativos, al mantener un desempleo persistente y frenar el crecimiento potencial.

La respuesta depende, por supuesto, de la importancia del SM como precio de referencia, de su influencia en la formación de las expectativas, de su cobertura sobre la población más pobre, de la naturaleza y grado de segmentación del mercado laboral y de la apertura de la economía.

Por las características particulares de la economía colombiana, la evidencia sugiere que los incrementos del SM persistentemente desalineados respecto de las variaciones de la inflación y de la productividad, constituirían una práctica nociva por sus efectos inflacionarios, por sus consecuencias adversas sobre el crecimiento, porque inducen la informalidad laboral, porque aumentan la disparidad salarial y porque, en esas condiciones, deterioran la distribución del ingreso.

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Edición 792 | Las implicaciones de los límites a las posiciones en moneda extranjera

El mercado cambiario es una parte fundamental en la actividad económica y financiera del país, debido a que es el mercado mediante el cual se canalizan los flujos hacia dentro y fuera del país, y por ende se constituye en el punto de encuentro de oferentes y demandantes de recursos en moneda extranjera.

Sin embargo, existe la preocupación que algunas medidas de índole macro prudencial, como son los límites a las posiciones en moneda extranjera, han creado distorsiones en el mercado. A pesar de que éstos límites, en un principio, sirvieron para proteger la economía de una excesiva acumulación de divisas, actualmente, se han puesto en contra del mercado, generando anomalías que perjudican la eficiente formación de precios, alejando las sinergias que mueven los tres mercados: el de contado, el de derivados estandarizados y el del mercado mostrador.

Es importante resaltar que más allá de las implicaciones que tienen estas restricciones sobre el balance de los IMC y por ende en la tasa de cambio, las distorsiones en la formación de precios son tan significativas que perjudican en gran medida al sector real, al no poder ofrecerles un mercado eficiente de coberturas.

La experiencia internacional demuestra que es necesario guardar un equilibrio entre los límites inferiores y superiores a las posiciones en moneda extranjera, con el fin de asegurar un margen de maniobra suficientemente grande, que permita un balance entre las políticas de inversiones de las entidades y las normas de supervisión del mercado.

Tratar de mantener las medidas de posición propia es un hecho que va en contravía de los últimos cambios regulatorios, enfocados en modernizar el régimen de inversiones y cambios internacionales, como parte del proceso de modernización que ha emprendido el mercado de valores colombiano. Tal vez la respuesta no está en abandonar completamente el control cambiario, pero si es necesario analizar una alternativa más flexible, para compaginar de forma perfecta la mayor movilidad de flujos de capital con el importante rol de los IMC como canalizadores de éstos hacia dentro y fuera del país.

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Edición 791 | Los “PEP” no es una estigmatización negativa, sino un ejercicio de debida diligencia

El ejercicio de la lucha contra la corrupción ha llevado a los estados a ejercer una mayor vigilancia de la gestión y actuación de personas con funciones públicas prominentes –jefes de estado, políticos y altos funcionarios del gobierno, la rama judicial, las fuerzas militares, empresas estatales o partidos políticos–. Casos como los de Abacha en Nigeria, Pinochet en Chile y Duvalier en Haití revelan la gravedad de los problemas y las amenazas de la corrupción para la estabilidad mundial y la seguridad de las sociedades, al permear las instituciones y perforar los valores de la democracia, la ética y la justicia.

Como consecuencia del daño a la reputación que el caso Abacha generó al sistema financiero suizo hacia 2000, en un Foro de la Comisión Federal de Bancos Suizos se definió el concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y se dio relevancia al riesgo de reputación que implica establecer relaciones de negocios con los denominados PEP o miembros de sus familias. El objetivo no era prohibir relaciones comerciales con estos, sino incorporarlos como una categoría generadora de un riesgo considerable que debía ser correctamente administrado. Este concepto cobró rápida aceptación internacional y los PEP fueron incluidos como categoría de alto riesgo por el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria (CBSB). Posteriormente otros organismos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo Wolfsberg, la Unión Europea y la Ley Patriótica, entre otros, emitieron regulación al respecto, aunque con algunas diferencias. En Colombia, la Superintendencia Financiera (SFC) emitió la primera normatividad, pero con un cambio estructural, ya que no solo hace referencia a la exposición política sino a la exposición pública, y los denomina como Personas Públicamente Expuestas.

Atendiendo las recomendaciones del GAFI y la regulación de la SFC, las entidades financieras en Colombia, desde el año 2004, vienen implementando una serie de controles y medidas que les permite efectuar una Debida Diligencia al momento de vincular una persona que por su perfil se clasifique como un PEP. Con el proyecto de ley denominado “Estatuto Anticorrupción”, que el gobierno Santos presentó al Congreso al inicio de su mandato, se pretende incorporar la figura de las personas políticamente expuestas a la normatividad en el nivel legal. Sin embargo, esta figura no coincide exactamente con la que venía manejando la SFC. Es de vital importancia que se unifiquen criterios al respecto, ya que de su definición depende el análisis de riesgo y las políticas de vinculación de este tipo de clientes. El objetivo no debe ser catalogar a los PEP como clientes de alto riesgo, con más probabilidad de estar vinculados a actividades ilícitas, sino como clientes que, por su visibilidad, deben admitir una mayor transparencia y requerir una debida diligencia mejorada sobre el origen de sus recursos.

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