La publicación más importante de nuestra Asociación

La semana económica divulga el punto de vista gremial sobre la coyuntura económica y financiera internacional y doméstica, las políticas públicas, regulación y supervisión sectorial y sus efectos en la economía, los mercados y el sistema financiero.

Edición 822 | ¿Cómo debería ser la regulación bancaria con una banca heterogénea?

El sistema bancario juega un papel fundamental en la economía. Sus contribuciones al país se dan por diversos canales, como por ejemplo, la importancia de la intermediación financiera en la asignación de capital; como eslabón fundamental en la tarea de transmisión de la política monetaria y crediticia; en la innovación que ha traído al día a día de la gente, haciéndole la vida más fácil; y por último como contribuyente y generador de empleo.

Esta clase de contribuciones se han logrado gracias a un desarrollo natural y sólido del sector bancario. Es así como se ha llegado a que en este momento Colombia cuente con un sector lleno de divergencias entre las actividades que desarrolla cada entidad, es decir, un sistema diversificado que puede responder fácilmente a las necesidades de todos los consumidores financieros. Esto se debe a que la estrategia comercial responde a las necesidades específicas de cada entidad y a su know-how.

Así las cosas, es importante mencionar que las políticas dirigidas hacia el sector bancario deben estar orientadas a buscar mayor eficiencia, profundidad y estabilidad. Sin embargo, los encargados de esta materia deben tener en cuenta que cada entidad es diferente tanto en su estructura como en su estrategia de negocio, por lo que una regulación que trate de estandarizar las características del mercado desconoce completamente la heterogeneidad del sector, impidiendo que las entidades inviertan su capital, conocimiento y experiencia en actividades para las cuales son más eficientes.

En nuestra opinión, existen políticas públicas en curso y algunas nuevas propuestas que van en contra de lo que debe buscar la regulación. No reconocer diferencias en los distintos mercados atendidos puede producir efectos diversos sobre cada entidad o resultados no esperados, que afectarían la capacidad de desarrollar la estrategia de negocio de algunas instituciones; limitarían la creatividad e innovación en la oferta de servicios financieros a determinados segmentos de la población o actividades productivas; se pierden grados de libertad, pero más importante muchos grados de competencia; se restringe la habilidad de potencializar las ventajas comparativas de cada entidad; o generarían impactos igualmente negativos en materia de márgenes, rentabilidad del negocio o solvencia de las instituciones.

 

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Edición 821 | El gobierno corporativo, un asunto clave para la estabilidad del sistema financiero y el desarrollo sostenible

La crisis internacional que inició en 2007 puso en evidencia nuevamente la existencia de debilidades en el sistema financiero. Esta crisis, la mayor desde la Gran Depresión, activó alertas en los diferentes sectores, que vieron con preocupación cómo colapsaban instituciones financieras, mercados y empresas, poniendo en peligro años de avance en la lucha contra la pobreza. Según entidades como el Banco Mundial y la OIT, como consecuencia de la crisis se calcula que entre 18 y 30 millones de mujeres y hombres podrían haberse sumado a las filas del desempleo mundial y que más de 60 millones de personas podrían haber caído en la extrema pobreza.

Los analistas sugieren que entre las causas que desencadenaron la recesión económica aún latente, se encuentran limitaciones en los ámbitos de la regulación y de la supervisión prudencial, así como cuestiones relacionadas con problemas de orden ético y con el deficiente gobierno corporativo de las entidades, esto es, con la manera como la junta directiva y la alta gerencia dirigieron las actividades y negocios. Los riesgos excesivos asumidos por las entidades evidenciaron que la junta directiva falló en su función de revisar y orientar la política de riesgos, ser transparentes y contar con una estrategia sostenible para el desarrollo del negocio.

Para el sector financiero, la relevancia del GC radica en que, dado el rol clave que cumplen las entidades en la coordinación y colocación de recursos y en el crecimiento de la economía, cualquier deficiencia en esta materia afecta directamente al mercado y al público en general. No es entonces un secreto que a raíz de la crisis la indignación de los ciudadanos ha ido en aumento. Especialmente en las sociedades de los países más avanzados, hasta ahora los más afectados, se han comenzado a escuchar claras exigencias que implican radicales reformas en los modelos de GC de las entidades y la necesidad de adoptar una visión de sostenibilidad para el negocio.

Estos llamados y la urgencia de encontrar soluciones que permitan evitar una situación como la evidenciada durante la crisis y que sigue afectando a millones de ciudadanos en el mundo entero, hace necesario revisar las lecciones aprendidas durante la crisis y tomar las medidas que permitan adoptar y fortalecer un marco de GC eficiente y acorde con las expectativas e intereses de los distintos grupos de interés.

 

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Edición 820 | Es tiempo de una alianza para la promoción del mercado de valores colombiano

Transcurridos tres años después de la quiebra de Lehman Brothers, uno de los eventos más difíciles de la pasada crisis financiera, todavía resulta complejo interpretar lo ocurrido a partir de ese entonces. Desde la crisis financiera de 2007, la economía estadounidense ha mostrado importantes contradicciones de tipo estructural. Nouriel Roubini señala que, en caso de presentarse una nueva recesión, la liquidez bancaria de Estados Unidos resultaría insuficiente. Algo similar pasa en Europa, en especial países como Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Allí, al lado del tema relacionado con el enorme déficit fiscal, está presente un elemento adicional, el relacionado con los procesos de integración adelantados desde hace más de cincuenta años.

Sin embargo, estas dificultades no han llegado a afectar a los países emergentes completamente. Mientras que en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y España las primas de riesgo se incrementaron en promedio 101 puntos básicos (pb), en los países reunidos por la sigla CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica), exceptuando a Egipto y Vietnam, las primas se redujeron en promedio 28 pb.

Tal y como están las cosas, nos enfrentamos a un mundo donde “el cambio” es la esencia y los “viejos paradigmas” están siendo revaluados. Es por eso que creemos que las oportunidades que brinda la coyuntura actual deben ser aprovechadas.

Es cierto que el mercado financiero colombiano es pequeño, poco profundo y con reducida liquidez. También es un hecho que Colombia está rezagado en temas de profundidad y desarrollo financiero. Sin embargo, se ha demostrado que el sistema financiero colombiano es transparente, organizado, cuenta con la tecnología requerida para el desarrollo de su actividad y su mayor valor agregado está en su goodwill, experiencia y profesionalismo. Es dentro de ese marco, que es posible afirmar que un mercado en proceso de desarrollo es un mercado que está, asimismo, en proceso de construir las bases sobre las cuales se estructurará el sistema hacia adelante.

Como quiera que el momento es propicio por el cambio de paradigma y que es posible sacar provecho de la experiencia de otros países, tal como de hecho viene ocurriendo con la innovación en los servicios bancarios y en intermediación financiera, lo que queda entonces por hacer es promover el mercado de valores. La obtención de grado de inversión del país no es producto del azar ni se obtuvo sin costo. Los capitales que están entrando, lo hacen para quedarse del mediano al largo plazo, por lo que resulta esencial facilitar su intermediación y uso, adicional a lograr que la fuerza que ha tomado Colombia en los mercados externos resulte perdurable.

Por eso que aprovechamos esta publicación para llamar la atención de todos los agentes involucrados al mercado de valores colombiano y apoyar la propuesta de la Bolsa de Valores de Colombia respecto del “Plan de Promoción”.

 

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Edición 819 | El microcrédito: un modelo de negocio especializado con un futuro necesario y promisorio

Son innegables los beneficios que ha traído el desarrollo del microcrédito sobre la población de bajos ingresos en Colombia. Efecto que no solo reconoce el gobierno y los organismos internacionales especializados, sino también el Congreso de la República. En los últimos cuatro años el número de personas con microcrédito ha crecido 89%, al pasar de 629 mil en marzo de 2008 a 1,19 millones en marzo de 2011; la cartera presentó en ese mismo período crecimientos anuales promedio de 30%, y a junio de 2011 alcanza un saldo de $5,3 billones de pesos.

No obstante, están en discusión dos asuntos que centran la atención de la banca en este tema: de un lado, cursa un proyecto de ley que obligaría a las entidades financieras a colocar un porcentaje de su cartera en microcrédito; y de otro, la Superfinanciera está evaluando los beneficios en la flexibilización de la tasa de usura en esta modalidad.

En cuanto al proyecto de ley se concluye que no observa la dinámica, ni las características propias del microcrédito, además que pareciera desconocer lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. En contraposición, iniciativas como la flexibilización de la tasa de usura para microcrédito ha generado resultados altamente positivos: (i) incremento en el número de desembolsos, (ii) aumento de los saldos de cartera, (iii) vinculación de nuevos clientes al sistema financiero, (iv) manejo prudente de la tasa de interés por parte de las entidades financieras.

Por último, se dejan planteadas algunas de las condiciones que consideramos fundamentales para que el mercado desarrolle estas actividades de manera sostenible, tales como: (i) Asegurar una estabilidad normativa a la comisión mipyme y a la tasa de interés y eliminar la tasa de usura de una vez por todas, asumiendo el costo político que esta decisión conlleva, pero privilegiando la inclusión financiera; (ii) Dejar en total libertad a los establecimientos de crédito para que decidan si entran o no a este modelo de negocio especializado; (iii) Cumplir con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo en relación con: la revisión del régimen de garantías mobiliarias y no mobiliarias; la expedición de normas que favorezcan el poblamiento de las bases de datos de las centrales de riesgo de crédito con información positiva y negativa proveniente de todas las entidades que ofrecen algún tipo de servicio de crédito, como instituciones microfinancieras (IMF), cooperativas y empresas del sector real; y la generación de un entorno regulatorio y de supervisión que recoja las particularidades que las tecnologías especializadas de microcrédito utilizan como mitigantes del riesgo, en la medida en que éstas resulten efectivas.

 

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Edición 818 | ¿Vamos hacia otra crisis internacional?

La falta de demanda en las economías industrializadas más grandes amenaza con conducirlas nuevamente a una recesión, que tarde o temprano contagiaría también a las economías emergentes y en desarrollo. Por eso se requiere que las posturas monetaria y fiscal en esas economías permanezcan relajadas. Sin embargo, el espacio para prolongar la laxitud es más estrecho y la tolerancia de los mercados mucho menor que antes de la recesión de 2007-2009. En esas condiciones, el impacto de otra ronda de estímulos será menos potente que el de la anterior. Es posible que se logre implementar una segunda ronda de estímulos globalmente coordinados, que mitigue el riesgo de una doble la recesión. Pero para que su impulso sea más prolongado, es menester reducir el valor de las deudas de los hogares y los gobiernos de esas economías. Las más pequeñas de la periferia europea seguramente podrán reestructurar de manera ordenada sus obligaciones. Sin embargo, la restructuración de las que son sistémicamente más importantes no parece fácil. Tampoco lo es llevar a cabo alivios de las deudas hipotecarias. Además, la implementación de estrategias inflacionarias para reducir el valor de las deudas no luce viable. Por tanto, lo más probable es que tengamos que ver una recuperación lenta, muy por debajo del crecimiento potencial y con un desempleo alto y persistente en las economías avanzadas, mientras tiene lugar el largo proceso de desapalancamiento que sigue a las crisis financieras originadas por desbordamientos de crédito, auges hipotecarios y estallidos de burbujas en los mercados de activos.

Afortunadamente Colombia luce menos vulnerable que en otras ocasiones a los choques externos. El crecimiento está cerca del potencial y parece sostenible, si las condiciones externas no se deterioran gravemente, porque está balanceado, tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta. Los desbalances macroeconómicos son menos profundos que en anteriores oportunidades y están financiados en mayor proporción por flujos externos más estables. La deuda pública tiene un menor riesgo cambiario y se ha alargado su perfil. El programa de consolidación tiene una senda creíble que hace sostenible la deuda. La liquidez y la solvencia externas son cómodas. Los regímenes monetario y cambiario permiten absorber de una manera flexible los choques externos. La tasa de cambio real está alineada con los fundamentales. La inflación es baja y estable y las expectativas inflacionarias están ancladas. Las autoridades cuentan con un marco sólido y con instrumentos más eficaces para implementar estrategias fiscales contracíclicas. No se han acumulado desbalances financieros protuberantes. Los auges en los mercados de activos se han moderado. El crédito se expande dinámicamente, pero de una manera sostenible. Además, el sistema financiero es sólido: está bien capitalizado y holgadamente provisionado. Sin embargo, las autoridades deben persistir en el tránsito de las posturas fiscal y monetaria a posiciones neutrales. Es deseable que la estrategia fiscal apoye en mayor medida el esfuerzo contra-cíclico, que en la coyuntura actual está recargado en la política monetaria. Solo procediendo de esta manera las autoridades podrán, mediante una mezcla de política mejor balanceada, abrir el espacio que se requerirá en el futuro para la implementación posterior de estrategias estimulantes. Mucho ayudaría a minimizar el impacto de los choques adversos sobre los mercados laboral y financiero, que se removiera definitivamente de ellos las distorsiones que persisten.

 

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Edición 817 | Cuatro años de administración del riesgo operacional en Colombia

La implementación del sistema de administración de riesgo operativo (SARO) en Colombia representa un importante avance en el compromiso de identificación, cuantificación, control y mitigación de los diferentes riesgos financieros. En esa medida, la maduración de este sistema y su adecuada implementación es una importante labor en la cual deben estar comprometidos tanto las empresas y los gremios, como las autoridades.

En esta Semana Económica se muestran algunos resultados obtenidos de una encuesta realizada a las entidades que conforman el Grupo de trabajo de Riesgo Operacional de Asobancaria, mediante la cual se identifican las principales prácticas y preocupaciones a nivel nacional.

Las experiencias de las entidades locales permiten identificar importantes avances en materia de administración del riesgo operativo. En este sentido, es destacable la frecuente utilización de indicadores de medición, la difusión interna, la disponibilidad de datos, la participación de órganos de control y la consolidación de procesos de identificación, entre otros.

Pero también existen ciertas debilidades, especialmente en materia de fortalecimiento de una cultura de riesgo operativo, la definición de diferentes mapas de riesgo y el abordar una serie de riesgos asociados a temas operativos que anteriormente no merecían mayor atención, pero que en la actualidad se consolidan como temas sustanciales del perfil del SARO.

Los resultados se contrastan con una revisión de experiencias internacionales, las cuales permitieron establecer cuáles deben ser los próximos pasos en materia de administración del riesgo operativo. En este orden de ideas, la evolución de diferentes procesos en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica sugiere que Colombia debe avanzar en la disposición a reportar eventos de riesgo operativo, la identificación del impacto de los procesos y las fallas humanas en su perfil de RO, y el refinamiento de los criterios relativos a la integración de los riesgos.

 

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Edición 816 | Beneficios y retos de la innovación y la tecnología en la banca, para una mayor inclusión financiera

La innovación y la tecnología traen grandes beneficios para la industria bancaria, pero también grandes retos. Los beneficios se traducen en mayor eficiencia, menores costos y mejor servicio al cliente.

Los principales retos son cinco. El primero es que la tecnología avanzada es cada vez más costosa y su obsolescencia más rápida. Además, la tecnología introduce rendimientos crecientes a escala. Esto tiene consecuencias sobre la formación de los precios de los productos financieros, que deben ser entendidas por la ciudadanía en general y por las autoridades de regulación en particular. Si bien los costos marginales pueden ser bajos, los costos fijos de implementación de la tecnología son altos y crecientes y no se incurre en ellos por una sola vez. Insistir en que la tarificación se debe basar solo en los costos marginales ignora que la tecnología implica unos costos hundidos muy grandes y que el único modo de generar una innovación financiera dinámica depende de que sea adecuadamente remunerada. Cuando un bien es intensivo en tecnología, su precio, en contra de lo que sugiere la intuición, no tiende a caer. Por eso, para mantener un ritmo dinámico de adopción de tecnología e innovación en la banca, se requiere que no se distorsione la formación de los precios con una regulación muy estrecha.

Un segundo tipo de retos tiene que ver con los procesos de atención y vinculación de nuevos clientes. Los cambios tecnológicos, la llegada de nuevos actores, el mayor acceso a la información, la mayor facilidad que tienen los clientes para interactuar con las entidades bancarias y una regulación más estricta de protección al consumidor, han generado nuevos desafíos de servicio a las entidades bancarias. Todo esto lleva a una ruptura permanente de paradigmas con el fin de adecuarse a los constantes cambios que este nuevo mundo tecnológico impone a los servicios bancarios.

En tercer lugar, hay retos en materia de seguridad. Así como se surgen nuevas tecnologías, se van desarrollando métodos para vulnerar la seguridad de las transacciones. En consecuencia, las entidades financieras tienen que gastar considerables recursos para garantizar la seguridad de sus operaciones.

En cuarto lugar, la aplicación de las nuevas tecnologías al mercadeo requiere la combinación de creatividad, diseño y estrategias de comunicación, para que las entidades financieras puedan generar contacto y relaciones con sus clientes y usuarios. Estas herramientas tecnológicas ayudan a segmentar a los clientes, y entregan información que se puede aprovechar para ofrecerles productos apropiados para sus necesidades, y por los canales que más se adecúen a sus preferencias.

El último reto consiste en ampliar la inclusión financiera, llevando el sector financiero a más regiones y personas. Las nuevas herramientas tecnológicas facilitan la tarea de la inclusión financiera.

El entorno institucional puede facilitar o dificultar la absorción tecnológica. En particular, las políticas gubernamentales son determinantes para que el desarrollo tecnológico no sea desperdiciado. En el caso colombiano, dos tentaciones lucen preocupantes. La primera, intervenir los procesos de formación de los precios de modo que se desestimule la innovación necesaria para la inclusión financiera. Y la segunda, aprovechar los desarrollos tecnológicos para, en aras de una competencia mal entendida, permitir que los servicios financieros sean prestados por entidades no financieras. Aquí hay un deber de protección de los ahorros del público. En algunos países, donde se tomó la decisión de desarrollar sistemas de pago sin la participación de entidades financieras, se ha empezado a ver la inconveniencia de esa decisión, y se ha comenzado a reversar. Esa es una lección de la cual Colombia debería tomar nota.

 

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Edición 815 | ¿Estamos en un auge del crédito?

La posibilidad de una segunda recesión en Estados Unidos y en Europa, causada por el deterioro de su solvencia fiscal, por la pesada carga financiera de sus hogares y por la debilidad y la exposición de sus sistemas financieros a estos eventos, ha generado una incertidumbre creciente en los mercados internacionales, que ha aumentado su volatilidad. Con este entorno internacional más riesgoso, es pertinente preguntarse si la economía colombiana está en un auge del crédito, que la haga vulnerable a ese tipo de choques. Con frecuencia los desbordamientos del endeudamiento durante la fase ascendente del ciclo han precedido a las crisis financieras y a contracciones de la producción y el empleo. Además, una expansión insostenible del endeudamiento privado alimenta generalmente desbalances que pueden perturbar la estabilidad macroeconómica y financiera, tornando la economía más propensa a crisis bancarias o cambiarias.

Afortunadamente la mayoría de los indicadores macroeconómicos cuya evolución durante las expansiones de la actividad económica pueden acompañar auges insostenibles del crédito –la demanda interna, el PIB, la cuenta corriente, la tasa de cambio, los precios de los activos domésticos y de los bienes no transables, la producción de este tipo de bienes, los flujos de capital, los activos y pasivos bancarios−, no exhibe un comportamiento alarmante en Colombia. Quizá la única inquietud está en el incremento del consumo privado, que en el futuro podría conducir a un endeudamiento excesivo de los hogares. Por tanto, la actual expansión del crédito no solamente no constituye un auge, sino que es macroeconómicamente sostenible.

También es financieramente viable. La banca está bien capitalizada, mantiene una relación de solvencia cómodamente arriba del requerimiento del regulador, el cubrimiento de la cartera en todas las modalidades es holgado y su calidad ha mejorado, lo cual implica un adecuado manejo del riesgo de crédito. Por último, para prevenir un excesivo endeudamiento y un deterioro de la calidad de la cartera, los bancos han comenzado a ser más cautos al prestar, exigiendo mayores requisitos a sus clientes

En contraste con el auge del crédito que precedió a la recesión de 1998-1999, el BR cuenta ahora con un esquema de política monetaria más adecuado, que incluye un régimen de tasa de cambio flexible. Por otro lado, tanto la regulación como la supervisión financieras son más fuertes. Las autoridades tienen actualmente un mayor arsenal de instrumentos macroprudenciales –como la posición propia−, con el cual pueden evitar el surgimiento de descalces cambiarios en el sistema financiero.

El Gobierno procura mantener la disciplina fiscal, para limitar la expansión de la demanda interna, contribuyendo a evitar la formación de desbalances macroeconómicos pronunciados. Cuenta, además, con nuevos instrumentos que le permitirán en el futuro implementar con mayor propiedad estrategias contra-cíclicas −el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la regla fiscal y el Fondo de Ahorro y Establización del Sistema Nacional de Regalías−, para prevenir esos desequilibrios. Complementariamente, el BR está retirando oportunamente el estímulo monetario, mediante el tránsito hacia una postura neutral de la política monetaria.

Por el entorno internacional incierto y por la mayor probabilidad de enfrentar choques externos de gran magnitud, es conveniente que el Gobierno se empeñe en reglamentar lo más pronto posible el funcionamiento de esos nuevos instrumentos, para poder comenzar a utilizarlos.

 

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Edición 814 | Hacia una tasa de usura que refleje mejor las tendencias del mercado

Al comenzar el Gobierno Santos, la banca le presentó algunas propuestas para promover la inclusión financiera. Una de ellas fue la eliminación de la tasa de interés de usura o, como alternativa, la revisión de su metodología de cálculo, para que refleje las tendencias del mercado de crédito y no constituya, como en el pasado, un instrumento de control de las tasas de interés. Por su mayor viabilidad política, el Gobierno acogió la alternativa de revisar la metodología. Para ello decidió llevar a cabo un “experimento controlado”, implementando por un período determinado una nueva forma de cálculo del interés bancario corriente (IBC) que certifica la Superintendencia Financiera (SFC), propuesta por Asobancaria. La nueva metodología consiste, por un lado, en calcular el IBC para las modalidades de crédito de consumo y ordinario, como el promedio simple de la tasa promedio ponderada de los desembolsos reportados por los bancos en las doce (12) semanas previas a la certificación. Y por otro, en descongelar el IBC para el microcrédito y en calcularlo como el promedio ponderado de las tasas de interés promedio ponderadas por los montos de los desembolsos realizados en las cincuenta y dos (52) semanas anteriores a la certificación.

El año fijado para el experimento está próximo a cumplirse, con excelentes resultados. Las tasas de interés no se han disparado y la bancarización, medida por el número de créditos y la evolución de los saldos, marcha muy bien. En consecuencia, es hora de consolidar las medidas, de modo que se le dé seguridad normativa al mercado. El logro de este propósito, sin lugar a dudas, atraerá a otros actores a la actividad microcrediticia. Hay que tener en cuenta que, para algunas entidades, la decisión de entrar en ese mercado no se toma de un momento para otro. Para incentivarla se requiere que las normas para el desarrollo del mercado sean estables en el largo plazo.

Lo que no debe hacerse es obligar a todas las entidades a otorgar microcrédito. No todos los bancos son iguales ni se comportan de idéntica manera, porque sus estructuras de negocio son distintas y, por tanto, sus estrategias comerciales difieren. A algunos les interesa más que a otros estar en determinados segmentos del mercado, concediendo con mayor énfasis ciertas modalidades de crédito. Por estos motivos, ciertas entidades prefieren especializarse en microcrédito y otras solo incursionar paulatinamente en este nicho, cuyas peculiaridades al comienzo desconocen. En otros casos, algunas entidades pueden preferir fondear a las que se especializan en este segmento, antes que entrar directamente en él.

Por último, conviene recordar que el conocimiento de los demandantes de microcrédito no se logra inmediatamente, ni éstos en la mayoría de los casos están en condiciones de ofrecer unas buenas garantías. Por tanto, conocer sus hábitos de pago es crucial. Mucho ayudaría para lograr a este propósito, por una parte, que el pago de los servicios públicos figure en cabeza de quien lo realiza, en lugar de quedar únicamente referenciado por la dirección del predio. Y por otra, que la banca tuviera acceso a la información sobre los historiales de pago de los servicios públicos de los demandantes de crédito.

 

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Edición 813 | El lavado de activos y la financiación del terrorismo: más que un problema de narcotráfico exclusivo del sector financiero

Cuando se habla de lavado de activos y financiación del terrorismo aparecen dos concepciones alejadas de su realidad. La primera se refiere a que estos fenómenos están relacionados exclusivamente con el narcotráfico. Se requiere avanzar en la desmitificación de esta percepción, pues muchos son los delitos fuente tipificados en las normas internacionales. Tal es el caso de la vinculación entre las actuaciones en contra de la administración pública y el lavado de activos. Por ejemplo, en Colombia ante los recientes escándalos de corrupción se ha puesto en evidencia la relevancia del vínculo legal existente entre estos hechos y el lavado de activos.

La segunda está relacionada con la concepción de que la prevención del lavado de activos es una responsabilidad exclusiva del sector financiero. Lo que sucede en realidad es que la dinámica del lavado de activos y la financiación del terrorismo ha implicado la participación de otros sectores, progresivamente utilizados para permear recursos producto de actividades ilícitas, o destinados para la financiación de actividades terroristas. Por esto la gestión de riesgos sobre los asuntos en referencia debe constituirse en parte de las buenas prácticas de la administración, del buen gobierno corporativo y de la responsabilidad social empresarial de todas las organizaciones, independientemente del sector al que pertenezcan.

Es necesario llamar la atención sobre los retos que en estos asuntos imponen los objetivos de inclusión financiera de los gobiernos de la región. Estas iniciativas, que son compartidas y apoyadas por el sector financiero, generan importantes retos para la banca, en razón a que los productos y servicios que debe ofrecer, deben ser concordantes con el objetivo de mayor cobertura, sin descuidar los deberes propios de la prestación del servicio bancario como es, por ejemplo, la debida diligencia, la protección de los recursos y la administración de los diferentes riesgos —entre ellos, el relacionado con el lavado de activos y la financiación del terrorismo—. El gran desafío para los actores institucionales involucrados en la prevención, identificación y detección de tales riesgos está en su capacidad para alinearse y adaptarse a las nuevas tendencias, mediante el establecimiento de reglamentos, medidas y procedimientos que logren, dentro de lo posible, una menor exposición.

Finalmente, es necesario volver con el aspecto relacionado con el uso del efectivo como medio de pago. A nivel internacional, con frecuencia el mayor uso del efectivo se identifica con corrupción, evasión de impuestos y lavado de activos. Colombia es un país en el que la circulación relativa del efectivo frente a las cuentas corrientes es muy elevada. En la actualidad dicha relación se asemeja a la que se tenía el país en 1940. Dicho comportamiento deriva de distintas disposiciones legales, en particular el GMF y la vinculación del cobro de impuestos a la realización de transacciones financieras. El problema en especial con el 4 por mil no solo está en las implicaciones negativas que tienen sobre el tamaño y profundidad del sector financiero, sino también en que resulta contraproducente para efectos de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

 

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