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La semana económica divulga el punto de vista gremial sobre la coyuntura económica y financiera internacional y doméstica, las políticas públicas, regulación y supervisión sectorial y sus efectos en la economía, los mercados y el sistema financiero.

Edición 894 | La promoción del mercado de capitales debe ser una política de Estado

El progreso del sector financiero colombiano en la última década fue notable. Las instituciones y los mercados recuperaron el tamaño y la estabilidad perdidos por causa de la crisis de final del siglo. Su profundidad supera ahora el promedio mundial y el de las economías de ingreso medio alto, aunque todavía está lejos de Chile y de las economías de ingreso alto. En estabilidad el sistema se encuentra a la vanguardia en el mundo. La solvencia de la banca es alta, la calidad de la cartera buena y su cubrimiento holgado. La volatilidad del mercado bursátil colombiano es baja. Además, el riesgo soberano del país está en mínimos y la calificación de su deuda pública recuperó el grado de inversión y se encuentra en la víspera de una mejora. En la actualidad nuestro sector financiero está inclusive incursionando de nuevo con vigor en los mercados externos.

Sin embargo, todavía algunos indicadores sugieren que nuestro sistema financiero continúa rezagado. Su mayor falla es el acceso estrecho, tanto para las personas naturales como para las pequeñas empresas. Para quebrar este cuello de botella, la administración Santos ha tenido dos iniciativas que permitirán profundizar el mercado de capitales. La primera son los bonos de infraestructura, diseñados con el fin de contribuir a la financiación del programa de concesiones de Cuarta Generación. La segunda es la reforma al régimen de los fondos de inversión. Una tercera posibilidad es aumentar la inclusión financiera, involucrando nuevos usuarios y promoviendo los servicios financieros de tipo transaccional. Para ello se debe remover las distorsiones tributarias –el GMF, la retención en la fuente y el ICA– y normativas –los topes a las tasas de interés–, que impiden la expansión de la intermediación y el cubrimiento de los mayores riesgos y costos de proveer créditos de bajos montos. Hay que incentivar además el acercamiento entre los bancos y las empresas informales. Otra oportunidad es repensar la financiación de la vivienda.

Una brecha importante que separa nuestro desarrollo financiero de las economías más avanzadas está en el mercado de valores, tanto en el segmento de acciones como en el de títulos de deuda privada. Los volúmenes transados en estos nichos son bajos y el acceso escaso. Acelerar su progreso requiere un conjunto articulado de estrategias de mediano plazo. Para llenar este vacío el gobierno del Presidente Santos propuso la Hoja de Ruta del Mercado de Capitales. Infortunadamente ésta no ha logrado consolidarse como una política pública. Luego planteó la elaboración de un CONPES del Mercado de Valores. El trabajo que se viene realizando para éste conserva algunos de los elementos que se habían definido en la Hoja de Ruta e introduce otros que, en concepto de los jugadores que interactúan en este mercado, contribuirían a solucionar los principales problemas.

Superados los desequilibrios del sistema financiero colombiano, con un parte de victoria en términos de su estabilidad y solidez, no puede perderse la ocasión de trabajar en busca de su profundización y de la ampliación en el acceso. Por tanto, se requiere una agenda de promoción del mercado de capitales consistente y sostenida, que la eleve al rango de una política de Estado.

 

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Edición 893 | Inclusión financiera: un propósito de todos

En los últimos cuatro años, casi cinco millones de personas, que antes no tenían acceso, se vincularon al sistema financiero, al pasar de 16.8 millones de colombianos con algún producto financiero en diciembre de 2008, a cerca de 22 millones al término de 2012. En términos de aumento de cobertura se resalta la expansión de los corresponsales bancarios, los cuales alcanzaron 33.419 agentes al término del año pasado; la colocación de 35 mil nuevos datáfonos, para un total de 219.907; la instalación de 1.400 nuevos cajeros automáticos para un total de 12.300 disponibles y la apertura de 181 nuevas oficinas bancarias. En términos transaccionales, en el país es cada vez mayor el número de movimientos y transferencias de dinero que se realizan a través de internet y banca móvil.

Los resultados señalados permiten, a diferencia de lo ocurrido en el pasado reciente, dar un parte de victoria, al ser evidente que la banca privada colombiana en la actualidad cuenta con un enorme potencial para convertirse en la mejor aliada del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales en lo que se refiere a pagos, los cuales es previsible que migren progresivamente del efectivo y el cheque a ser realizados por medios electrónicos.

La preferencia por el uso del efectivo impacta de manera negativa el recaudo tributario, facilita la proliferación de actividades ilegales e informales y se constituye en un mecanismo más riesgoso y menos eficiente de pago; de ahí que resulte costoso en grado sumo para la economía. Por lo tanto, la invitación es a construir una política de Estado en contra del efectivo y a favor de los medios de pago electrónicos, que faciliten la mayor transaccionalidad e introduzcan transparencia a la economía. En este sentido, la banca está convencida de que es el mejor aliado del Gobierno y del Congreso, para lograr este objetivo.

Quienes afirman que la inclusión sería mayor, si los costos de los servicios financieros fueran menores, usualmente hacen caso omiso, de manera contradictoria, de los costos que la regulación impone a la intermediación financiera, con ejemplos tan egregios como el 4 x mil o los controles a las tasas de interés, y abogan por medidas que terminan encareciendo aún más esos servicios, ya sea porque hacen más difícil su provisión, o porque, al controlar los precios, limitan la competencia que podría terminar redundando en mejores tarifas para el público. La banca considera que el camino más apropiado es poner en vigencia medidas positivas y no negativas que, en lugar de establecer restricciones, generen incentivos para que el consumidor financiero utilice los medios electrónicos de pago; los establecimientos de crédito continúen generando productos acordes con las necesidades de la población y el comercio los acepte, de manera que se puedan masificar productos diseñados por el sistema financiero en función de un proceso de inclusión más efectivo para el país.

 

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Edición 892 | Reforma a la salud: una propuesta alternativa

En esta semana hacemos un recuento de la evolución del sistema de protección a la salud y de sus problemas, presentamos un resumen de la propuesta del gobierno de reforma a la salud, señalamos algunos inconvenientes de esta y presentamos una alternativa.

Los elementos esenciales de nuestra propuesta alternativa son que se mantenga el aseguramiento en salud; que sea provisto por compañías financieras especializadas en el tema de aseguramiento; que, por lo menos en un componente básico, el seguro sea financiado enteramente por el Estado (lo cual está perfectamente dentro de las posibilidades fiscales de Colombia); que ese componente básico implique que el gasto individual en salud tiene un límite máximo; que el componente básico del aseguramiento se pueda complementar con un seguro adicional, financiado de manera individual y voluntaria, pero que ambos seguros, el básico y el complementario, puedan funcionar como una unidad; que los individuos sean perfectamente libres a la hora de escoger a los proveedores de los servicios de salud; que desaparezca el POS; y que se separen las funciones de aseguramiento financiero y de provisión de servicios médicos.

Con esta propuesta esperamos contribuir al debate público que seguramente se presentará una vez el gobierno presente al Congreso su proyecto de reforma a la salud. Colombia tiene alternativas a la hora de pensar cómo reformar su sistema de salud. Es bueno considerarlas todas en el momento de decidir qué es lo que más nos conviene.

 

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Edición 891 | Perspectivas de la deuda privada en Colombia

Los mercados de deuda privada promueven el desarrollo económico de un país, porque permiten canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, a través de los bonos emitidos por las empresas para captar recursos con los cuales financian sus actividades. En el caso de Colombia, durante la última década se presentó un importante crecimiento de este mercado, que llevó a la emisión histórica de recursos por COP 14 billones en 2009.

Este desarrollo estuvo acompañado por importantes avances en materia de regulación, infraestructura e innovación financiera que han permitido contar con un mercado de deuda más eficiente. Además, el sector real ha ganado una participación importante en los últimos años.

Recientemente parece que este dinamismo ha venido perdiendo fuerza. Dentro de las razones que explican esta tendencia se encuentran factores desde el lado de la oferta y la demanda. En el primer caso, el incremento en las tasas de interés durante 2011 aumentó los costos por concepto del servicio de la deuda. En términos de la demanda, la existencia de límites prudenciales que desincentivan el apetito por estos instrumentos, sumado a la ausencia de un mercado que incentive la negociación y la liquidez para las emisiones de las empresas, especialmente para las pymes, dificulta aún más este desarrollo.

Internacionalmente se ha promocionado el desarrollo del mercado de deuda privada a través de dos caminos. Por un lado, se ha buscado facilitar el proceso de emisión para las entidades que ya son actores recurrentes en el mercado. Por otro, los esfuerzos se han enfocado en la inclusión de pequeñas y medianas empresas (pymes) en los mercados de valores, así como la constitución de ambientes de negociación dirigidos hacia este tipo de títulos e inversionistas.

Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ha propuesto generar una nueva agenda que promueva el desarrollo del mercado de deuda privada, la cual pretende redefinir el papel de algunos intermediarios, facilitar los procesos de originación y fortalecer la negociación de los instrumentos emitidos por las entidades. Consideramos que estos esfuerzos están encaminados en la dirección correcta y deben ser una prioridad durante los próximos años.

 

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Edición 890 | OCDE: urgente reforma laboral y educación de mejor calidad en Colombia

En Colombia la pobreza disminuyó de una manera notable durante la última década, gracias al dinámico crecimiento y a la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, en contraste con lo ocurrido en la mayor parte de América Latina, la equidad no mejoró de modo sustancial en nuestro país en este período. Varios estudios coinciden en diagnosticar que hay tres obstáculos estructurales que impiden mejorar la equidad y dificultan reducir la pobreza. En primer lugar, el mal funcionamiento del mercado laboral, que mantiene alto el desempleo y genera informalidad. En segundo lugar, el estrecho acceso a la educación en los niveles superiores, que crea una prima elevada en la remuneración de los trabajadores más educados. Y en tercer lugar, el papel redistributivo nulo de la política fiscal en Colombia.

En consecuencia, con el propósito de mejorar la eficiencia del mercado laboral los especialistas recomiendan perseverar en la disminución de los costos laborales no salariales y flexibilizar el salario mínimo legal (SML). Con ello se lograría abaratar el trabajo formal y aumentar su demanda, de manera que se ampliaría el tamaño de este mercado, con lo cual se reducirían el desempleo y la informalidad. Unos costos laborales más flexibles ayudarían también a reducir los costos domésticos, para compensar el deterior de la competitividad de la producción nacional causado por la apreciación de la tasa de cambio.

Con el fin de disminuir la prima que obtienen en sus salarios los más educados, los analistas domésticos y las entidades multilaterales proponen aumentar el acervo de capital humano, por medio de la ampliación del acceso a una educación y formación vocacional de mejor calidad en todos los niveles, que consulte el perfil de la demanda de trabajo. En su concepto, la mejora de la calidad de la educación pública debe basarse en un proceso de formación, selección y promoción de los profesores más exigente, que introduzca incentivos que premien los resultados y lleven a los mejores maestros a las escuelas de las áreas más deprimidas.

Por último, para que la política fiscal tenga un impacto redistributivo, además de introducir una mayor progresividad en la estructura de los impuestos, como intentó el Gobierno con la pasada reforma tributaria; los expertos sugieren hacer el gasto más progresivo. Para tal fin aconsejan disminuir la regresividad del sistema público de pensiones y focalizar mejor los subsidios y las transferencias directas, de manera que lleguen a los más pobres y vulnerables.

 

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Edición 889 | Llegó el momento de promover el acceso a la banca

En días pasados se conocieron dos informes del FMI y uno de la OCDE sobre la economía colombiana. Los informes coinciden en la necesidad de reforzar la sostenibilidad del crecimiento, por medio de la disminución del desempleo, la informalidad, la desigualdad y la dependencia de la producción de materias primas. Insisten en que para este propósito se debe aumentar la productividad de la economía y la competitividad de la producción nacional, diversificar sus exportaciones e incrementar el ahorro doméstico. Con el fin de aumentar la productividad, aconsejan promover la inversión en infraestructura y en capital humano, mediante un acceso más amplio a una educación de mejor calidad. Para reducir el desempleo y la informalidad sugieren perseverar en la eliminación de los costos laborales no salariales y flexibilizar el salario mínimo, para que se alinee con la productividad. Para aumentar la productividad y la competitividad también enfatizan la necesidad de ampliar el acceso y la profundidad de los mercados financieros.

Una lectura conjunta de los informes de la OECD y el FMI sugiere que Colombia ha logrado consolidar una banca sólida, que en los últimos años ha sido una fuente importante de financiación para el país. Sin embargo, en materia de acceso al crédito todavía hay mucho por avanzar. En síntesis, se ha hecho mucho en materia de fortalecimiento de la banca, pero, a pesar de los avances, o quizás debido a ellos, ahora hay que empezar a pensar en ampliar el acceso.

Desde la perspectiva de Asobancaria, lo que describen la OECD y el FMI no es sino un reflejo del proceso de desarrollo que ha tenido el país. Sin lugar a dudas, después de la crisis financiera de 1998, la prioridad era consolidar una banca sana, que no fuera fuente de perturbaciones económicas sino, por el contrario, protección contra ellas. Los reportes de la OECD y el FMI se pueden leer como diciendo que esa tarea se ha cumplido, con lujo de detalles.

Eso abre la puerta para que el país, desde el punto de vista del sector financiero, se empiece a concentrar en otro tipo de objetivos, naturalmente sin echar para atrás en lo que se ha avanzado en materia de solidez y estabilidad. El nuevo desafío es la masificación del acceso a la financiación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Para tal fin, parece necesario que el país se replantee, una vez más, qué entiende por inclusión financiera, para contemplar el mundo del empresariado pequeño e informal.

También parece necesario que el país haga un diagnóstico adecuado de las causas que explican el bajo acceso al sector financiero. Aquí la preocupación de Asobancaria es que se haga énfasis en un diagnóstico inadecuado, que promueva la adopción de medidas que terminen restringiendo y reprimiendo al sector financiero, en vez de darle más espacio para actuar. El hecho mismo de que ahora se esté pidiendo darle más peso al objetivo de masificación del acceso a la financiación puede ayudar a cambiar la mentalidad imperante en la dirección correcta: lo que Colombia y su aparato productivo necesitan es más, no menos, crédito. Asobancaria está segura de que, con este objetivo en mente, y trabajando de la mano con las autoridades del Estado, es posible remover las distorsiones introducidas por la regulación y la tributación y generar los estímulos e incentivos que faciliten el acceso a la actividad financiera.

 

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Edición 888 | Comentarios sobre la propuesta pensional

Numerosos estudios han encontrado que el sistema general de pensiones en Colombia (SGP) tiene tres fallas principales. La primera es su baja cobertura: quienes tienen el beneficio de la pensión son una proporción muy baja (18,5%) de los que deberían tenerlo. Este problema es causado por las fallas del mercado laboral. Debido a su alta informalidad pocos ciudadanos alcanzan a completar los requisitos definidos para lograr una pensión. La segunda falla es que quienes cuentan con el beneficio de la pensión en el régimen de prima media (RPM) que administra el Estado, reciben con fondos públicos unos subsidios injustificables desde el punto de vista de la equidad. Resulta escandaloso que el subsidio sea mayor entre más altas las mesadas que reciben los pensionados en el RPM. Es absurdo que quienes tuvieron la capacidad de generar mayores ingresos durante su vida laboral, y por tanto accedieron a una pensión mayor, reciban un subsidio más alto durante su época de pensionados. La regresividad en las pensiones del RPM es una de las razones que explica por qué Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y por qué la política pública en nuestro caso no contribuye a reducir la desigualdad, sino a exacerbarla. La tercera falla del SGP es la de la sostenibilidad financiera del RPM, que se convirtió de manera paulatina en el problema de la carga fiscal que implica sostenerlo, como consecuencia de su inviabilidad. Si después de varias reformas el RPM devino financiable desde el punto de vista fiscal, es porque dejó por fuera al grueso de la población.

La propuesta de reforma del Ministerio del Trabajo pretende combinar los dos regímenes existentes en Colombia –el RPM y el de ahorro individual (RAIS)− en un ―régimen de pilares‖ (RP). En el nuevo RP los aportes de los trabajadores irían, en una parte, a un fondo común y, en otra parte, a una cuenta de ahorro individual. La propuesta mejoraría la equidad porque todos los pensionados recibirían el mismo subsidio. Al reducir la masa de los subsidios los recursos podrían alcanzar para aumentar la cobertura de la protección social. La propuesta también busca mejorar la cobertura de la protección a la vejez con programas de asistencia social a los adultos mayores, que no pueden acceder a una pensión.

Desde nuestro punto de vista, la propuesta del Ministerio puede tener aspectos inconvenientes, pero es un punto de partida razonable para un debate fructífero sobre cómo superar un statu quo que es inaceptable para el país. Cuando las fuerzas sociales se asientan en un equilibrio, es muy difícil cambiarlo. Pero no se puede perder de vista que el equilibrio pensional en el cual se halla hundida la sociedad colombiana es perverso, y se deben hallar las energías, así sean ingentes, para cambiarlo. Ante todo, hay que valorar la actitud de inconformidad del Mintrabajo con un problema de bulto. Sería una lástima que otra oportunidad más para tratar de avanzar en este tema se perdiera.

 

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Edición 887 | Creadores de mercado: nuevos estándares

En esta Semana se examina el papel de los creadores del mercado de títulos de deuda pública y se describe su funcionamiento en otros países y en Colombia.

La conclusión es que el programa de creadores de mercado ha servido considerablemente para el desarrollo del mercado de capitales, pero que se deben reforzar sus controles y reglas de funcionamiento para incrementar su potencial.

Si bien existen directrices que reglamentan su funcionamiento, es necesario que: se mejore la estructura de gobierno del esquema de creadores de mercado con el fin de revisar las implicaciones que generan los arbitrajes regulatorios entre establecimientos de crédito y sociedades comisionistas de bolsa; se evite que la administración de turno genere cambios circunstanciales sobre las condiciones del esquema; y se continúe promoviendo el trato preferencial en la divulgación de información oficial para el grupo de creadores.

Así mismo, se debe velar para que se cumpla a cabalidad el cronograma para la emisión, la subasta o las operaciones de manejo de deuda, con el fin de mejorar y ayudarle a la nación a administrar su deuda.

Se deben introducir cambios estructurales en el esquema para mantener informados a los participantes del programa sobre las implicaciones y los efectos que tendrán las medidas adoptadas. La experiencia internacional indica que existen países en los cuales la estabilidad del programa se basa en unas reglas claras de funcionamiento, que garantizan su operatividad en el largo plazo.

Si se promueven estas iniciativas se generarían innumerables beneficios para la deuda del gobierno, los cuales se traducirían en: una mayor competencia por parte de las entidades locales por participar en el esquema, lo que mejoraría la profundidad del mercado deuda pública; la obtención de mejores calificaciones crediticias, gracias a mejores estándares de manejo y administración por parte del gobierno; y un mayor apetito por parte de inversionistas internacionales a la deuda local, en respuesta a una mayor estabilidad jurídica.

 

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Edición 886 | Necesitamos detener la apreciación cambiaria

Colombia enfrenta una mayor probabilidad de un crecimiento lento, debido a que la industria y la agricultura no pueden convertirse en motores de la actividad económica. Su incapacidad radica en que su competitividad se deterioró en el mediano plazo por la apreciación de la tasa de cambio real, sin que haya sido posible mejorarla mediante una disminución eficaz de los costos de la producción nacional o un aumento de la productividad. Por eso se requiere frenar la revaluación y bajar los costos.

Una desalineación persistente de la tasa de cambio respecto de sus determinantes fundamentales conduce a desequilibrios macroeconómicos y financieros que desestabilizan la economía, y arriesgan su estabilidad financiera si sobreviene un choque externo fuerte.

Las autoridades deben incorporar más la situación cambiaria dentro de sus objetivos, y reaccionar más atentamente a la coyuntura actual. En los últimos días han dado pasos, pero habrá que ver si ellos son suficientes, y si van en la dirección correcta. Mediante un mayor monto de compras de divisas el BR busca disminuir la volatilidad de la tasa de cambio, al tiempo que el Gobierno reducirá su flujo neto de financiación externa y Ecopetrol hará algo similar. De otra parte, se anunciaron medidas comerciales para aumentar la protección de dos sectores la economía. Con ello y con el anuncio implícito de metas cambiarias el Gobierno busca disminuir las expectativas de apreciación. Estas medidas no parecen suficientes para un período extenso. Resulta sobre todo difícil sostener una compra de divisas al mismo ritmo al cual ingresan los capitales del exterior, por los costos para el emisor y los riesgos que implica para la estabilidad macroeconómica y financiera una expansión monetaria persistente.

El Gobierno está demorado en adoptar una estrategia adecuada para enfrentar la apreciación en el largo plazo. Para frenarla, la economía debe generar ahorro doméstico. Lo ideal es que el esfuerzo de ahorrar recaiga en el sector público. No obstante, la senda de ajuste del Gobierno Nacional Central (GNC) contempla déficits en el balance público hasta 2023. Un reto difícil que tienen las autoridades es una calibración fina de las estrategias para combatir la revaluación, con las que se requiere para evitar que se pronuncie la desaceleración de la actividad económica, porque luchar contra la apreciación requiere ahorrar, mientras que frenar la desaceleración exige mejorar la eficiencia del gasto público.

Para incrementar la competitividad de la economía en el mediano plazo se precisa, además, aumentar su productividad y mejorar su entorno institucional, con el propósito de acelerar la acumulación de factores productivos, de manera disminuya la tasa desempleo natural y los costos de la producción nacional.

 

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Edición 885 | Reforma tributaria: el impacto para las personas naturales

La entrada en vigencia de la reforma tributaria para el año gravable 2013, traerá grandes cambios para los contribuyentes. En el caso de las personas naturales, el más importante es la aplicación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional -IMAN-, un nuevo sistema para calcular el impuesto sobre la renta que los empleados (una nueva categoría de personas naturales para efectos tributarios) con ingresos superiores a $3.8 millones mensuales, deben comparar con el sistema impositivo ordinario a fin de pagar el impuesto que resulte mayor.

Una estimación sobre el universo de personas que deberán aplicar el IMAN indica que se trata de 500 mil declarantes que aportan cerca del 3% de los impuestos del país. El recaudo adicional que se espera por cuenta del IMAN ($3.2 billones) implica duplicar la tributación de este grupo de contribuyentes. De ahí la importancia de tener claridad sobre quiénes quedaron clasificados como empleados, lo que no es evidente. Es claro que en la definición quedan incluidos dos tipos de trabajadores: los asalariados y quienes trabajan por honorarios para un solo empleador (v.g. quienes trabajan para el Estado con contratos de prestación de servicios). Lo que no es tan obvio es si otros profesionales independientes –abogados, economistas, médicos, odontólogos, por ejemplo– quedan también cubiertos por la definición. La falta de claridad en la determinación de lo que se considere como empleados, seguramente va a ser fuente de múltiples discusiones, que pueden terminar en largas controversias judiciales.

Cuatro cosas llaman la atención en este tema. La primera consiste en que los impuestos se incrementan considerablemente para los empleados por cuenta de que en la depuración del ingreso para calcular el IMAN no es posible restar las principales deducciones y exenciones que se tienen para el sistema ordinario ni los gastos en que se incurren para generar el ingreso para los independientes. La segunda, que el texto original de la reforma incluía en la aplicación del IMAN a todas las personas naturales (empleados, trabajadores por cuenta propia y rentistas de capital), y al final solo quedaron los empleados. El resto continuarán tributando bajo el régimen ordinario, al que también se le introdujeron algunas modificaciones que pueden dar como resultado un incremento de los impuestos a pagar aunque en menor cuantía que con la aplicación del IMAN. La tercera, que los trabajadores por cuenta propia (por ejemplo los comerciantes) con ingresos anuales hasta de $725 millones pueden usar otro sistema de depuración -el Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS)- que resulta sustancialmente más favorable que el sistema ordinario. Por último, se resalta que dada la considerable diferencia en impuestos entre uno y otro sistema es probable que se genere un incentivo para generar al menos un 20% de los ingresos por otras actividades diferentes a las laborales como arrendamientos, dividendos, intereses, entre otros; de esta forma el empleado dejaría de ser considerado como tal y pasaría a tributar bajo el régimen ordinario, lo que implicaría pagar menos impuestos.

 

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