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La semana económica divulga el punto de vista gremial sobre la coyuntura económica y financiera internacional y doméstica, las políticas públicas, regulación y supervisión sectorial y sus efectos en la economía, los mercados y el sistema financiero.

Edición 900| ¿Cuál debe ser el rol del Defensor del Consumidor Financiero?

El Defensor del Consumidor Financiero nace hace cerca de 20 años como una iniciativa de autorregulación de los establecimientos bancarios afiliados a Asobancaria en un momento en el que no existían mecanismos eficientes para la protección de los derechos de sus usuarios. Su principal objetivo fue constituirse como una instancia mediadora en los conflictos entre las partes para proveer soluciones ágiles, mejorar la prestación de los servicios e incrementar la confianza. A medida que la oferta de servicios financieros fue creciendo y el número de personas con algún producto financiero fue aumentando, las medidas de protección del consumidor financiero también se fueron incrementando y consolidando. Es así como la figura del Defensor fue reglamentada por la Ley 1328 de 2009 que entre otros temas, estableció que las decisiones adoptadas por él son obligatorias cuando las entidades vigiladas así lo prevean en sus reglamentos. Adicionalmente, el Congreso de la República abrió la posibilidad de que los consumidores pudieran acudir, en busca de protección de sus derechos, a la misma entidad vigilada, a la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, en su calidad de autoridad administrativa o jurisdiccional o a los jueces competentes.

Los mecanismos de defensa del usuario del sistema han ido aumentando con el incremento en los servicios que prestan los bancos a poblaciones crecientes, particularmente a aquellas de menores ingresos. El resultado ha sido que por cada diez mil transacciones sólo 2.3 generan reclamos, que cada vez son menores frente a un número creciente de transacciones.

La banca continua invirtiendo cuantiosos recursos en mejorar la prestación de sus servicios, pues entiende que cada problema con un banco, a nivel personal, genera malestar e insatisfacción.

En la actualidad, la instancia más utilizada por los usuarios de los bancos para interponer quejas o reclamos es la misma entidad (90% de las quejas), seguida por el Defensor del Consumidor (6%) y por la SFC (5%). Es claro entonces que la gran mayoría de las quejas se resuelven por transacción o acuerdo mutuo entre los clientes y los bancos.

Cursa en el Congreso un proyecto de ley que busca volver obligatorias las decisiones del Defensor del Consumidor Financiero sobre las quejas del consumidor. Dicha iniciativa estaría otorgando la función pública de administración de justicia al Defensor sin estar facultado constitucionalmente y, generaría un desequilibrio entre las partes ya que sólo las entidades estarían obligadas a acatar las decisiones del defensor, dificultando la operatividad de dicho vehículo de solución de conflictos, y generando una tendencia a que la única decisión aceptada sea la que favorezca al consumidor y no la que obedezca a razones de justicia o equidad.

 

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Edición 899 | A la cacería de los paraísos fiscales

En los últimos años la disminución de la base de los contribuyentes tributarios ha sido una de las principales preocupaciones del Grupo de los 20. Una de las razones a las que se atribuye dicha disminución es la competencia en materia tributaria entre diferentes jurisdicciones, para atraer los capitales de personas naturales y jurídicas de altos ingresos alrededor del mundo que aprovechan este arbitraje regulatorio, particularmente en temas de secreto bancario y en materia impositiva, especialmente en los paraísos fiscales.

Los defensores de los paraísos fiscales afirman que entre sus funciones se encuentra asegurar la neutralidad tributaria en la mediación de flujos financieros internacionales y proteger a las personas frente a gobiernos inestables. Sus detractores critican su falta de transparencia, que los convierte en el lugar preferido de lavadores de activos y evasores de impuestos.

Sin importar quién tiene la razón, lo cierto del caso es que organizaciones internacionales como la OECD, que marca la pauta en mejores prácticas, consideran que esta competencia tributaría entre países es dañina y abogan por reglas de juego justas y equitativas, que garanticen igualdad de condiciones. Por ello, la OECD ha promovido la suscripción de Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria (TIEA) entre diferentes países, pero aún persisten algunas jurisdicciones que no los han acogido y, por el momento, este intercambio no es automático sino que se requiere solicitud expresa.

Estados Unidos decidió no esperar a contar con la colaboración voluntaria de todos los países y, con el propósito de obtener información de sus nacionales, su Congreso expidió la Ley FATCA, la cual impone la obligación a entidades financieras de todo el mundo de suministrarle, de manera automática, información tributaria a la autoridad fiscal estadounidense de las personas obligadas a tributarle, bajo la amenaza de una fuerte sanción financiera en caso contrario.

Por su parte, Colombia también está tomando medidas para combatir la evasión y elusión fiscal, en especial en lo relacionado con los precios de transferencia entre sociedades vinculadas domiciliadas en paraísos fiscales. La legislación colombiana se actualizó y concretó para evitar la manipulación de estos precios, estando pendiente a la fecha la reglamentación gubernamental para su cabal funcionamiento. Se espera que esta disposición, junto con las normas anti-abuso y las de saneamiento patrimonial mejoren el recaudo fiscal.

Adicionalmente, con el fin de facilitar el intercambio de información tributaria, el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República un TIEA con Estados Unidos, el cual tiene mensaje de urgencia. Se espera que este TIEA sea aprobado en esta legislatura, de tal forma que sirva como base para suscribir también un Acuerdo Intergubernamental con Estados Unidos que permita el cumplimiento de FATCA en nuestro país.

 

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Edición 898 | Administración de riesgos financieros: hacia un sistema integral

Un establecimiento de crédito puede ser descrito como una entidad especializada en la gestión de riesgo, cuyo negocio es asumir no solo el riesgo propio sino también compartir el de terceros. Es por ello que en el caso de estas entidades el manejo del riesgo se ha venido sofisticando, de la mano de la regulación y la supervisión, de suerte que en la actualidad es imprescindible que dispongan de sistemas de manejo de riesgo de diversos tipos: el de crédito, el de liquidez, el de mercado y el operativo. Si bien la tradición ha sido que se adopte un sistema de administración y manejo para cada uno de ellos, la tendencia hacia adelante es hacia el logro de un sistema de manejo integral de todos los riesgos.

Al respecto, la industria ve con buenos ojos la iniciativa planteada por la Superintendencia Financiera de implementar un Sistema de Administración de Riesgos Financieros (SARF), el cual puede constituirse en una herramienta valiosa para avanzar en el proceso de la gestión integral de todos los riesgos. De acuerdo con lo anunciado por el Supervisor en foros recientes, este sistema propenderá por eliminar arbitrajes regulatorios; identificar la interacción existente entre los cuatro riesgos; reconocer sus nuevas fuentes y ofrecer una mayor flexibilidad que facilite su ajuste a la evolución de los mercados y a la aparición de nuevos productos.

Ahora bien, el reto de manejar el riesgo de forma integral no solo comprende las interacciones que existen entre los cuatro tipos de riesgo hoy estudiados, sino también las interacciones que existen entre la gestión del riesgo y la gestión comercial de las entidades.

Lo anterior, implica al interior de cada institución un compromiso profundo de toda la organización con la identificación, gestión y mitigación del riesgo, y, desde el punto de vista de la regulación y la supervisión, una coordinación más efectiva y una concepción menos conservadora, que pase de la prohibición o minimización del riesgo al estímulo de su adecuada gestión. El progreso financiero consiste en que las entidades puedan definir más libremente su apetito de riesgo, y encuentren mecanismos idóneos para gestionarlo de manera adecuada, de acuerdo con sus fortalezas competitivas.

 

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Edición 897 | ¿Hay competencia en la banca colombiana?

Un análisis de los indicadores sobre concentración, eficiencia y competencia de la base de datos utilizada en el Reporte de Desarrollo Financiero Global de 2013, del Banco Mundial, lleva a Asobancaria a concluir que la concentración en la industria bancaria colombiana es baja y que sus márgenes de intermediación y su rentabilidad están en el promedio latinoamericano, con una clara tendencia a converger a los de los países de ingreso medio alto y alto. Una mirada retrospectiva nos permite establecer que en el preludio de la última crisis financiera internacional, los márgenes y la rentabilidad de nuestros bancos estaban en los promedios de las economías de ingreso medio alto y, en el caso del ROE, inclusive en la media de los países de ingreso alto. En nuestra opinión, como efecto de esa crisis, la rentabilidad en esas economías disminuyó más rápido que en Colombia, de manera que en una comparación reciente la de la banca nacional resulta más alta. Sin embargo, creemos que en lugar de constituir una evidencia de su falta de competencia, esa rentabilidad es un síntoma de la fortaleza y resiliencia de los bancos colombianos, que les permitieron sortear esa crisis sin traumatismos mayúsculos. Gracias a esa solidez, el crédito no se congeló y pudo financiar la dinámica reactivación de la actividad económica doméstica en la post crisis.

Con base en el estudio de esos indicadores se puede afirmar que la competencia que tiene lugar en la industria bancaria nacional es intensa, comparada con la que impera en el resto del mundo. Por este motivo, en nuestro criterio, en el mediano plazo la rentabilidad y los márgenes de intermediación de nuestra banca tienen tendencias decrecientes, mientras que su eficiencia mejora y converge hacia los estándares internacionales más exigentes. El descenso en la rentabilidad y la mejora de la eficiencia, logradas gracias a la intensificación de la competencia, aumentan el bienestar de nuestro consumidor financiero.

La percepción de que la rentabilidad de la banca colombiana es alta como consecuencia de su elevada concentración, de la falta de competencia y de su ineficiencia es infundada. Se basa en una imprecisión del Fondo Monetario Internacional, en su evaluación de la estabilidad del sistema financiero colombiano. En ella el FMI comenta que el ROE en Colombia ha fluctuado alrededor de 26% desde 2005. Esa opinión no es exacta. Cálculos de Asobancaria, basados en las cifras de la Superintendencia Financiera (SFC), muestran que el ROE fluctuó alrededor de 26% apenas durante seis meses en 2005. A partir de ahí cayó 1000 puntos básicos, para descender a 15,2% en marzo de 2013.

Si el ROE se hubiera quedado en 26%, con el patrimonio actual del sistema bancario (COP 41,9 billones en marzo de 2013) sus utilidades anuales serían COP 10,9 billones, en lugar de COP 6,3 billones, que corresponden al valor actual de 15% de ese indicador. La diferencia (COP 4,6 billones) constituye una mejora en el bienestar de los usuarios de la banca colombiana, lograda gracias a la intensificación de la competencia.

 

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Edición 896 | El Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, PIPE

El Gobierno acaba de presentar su Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE). Es un plan que reconoce que la economía no está marchando como debiera, y por lo tanto trata de tomar medidas correctivas. El plan incluye un conjunto de medidas transversales y sectoriales, y un déficit adicional por cinco billones de pesos, que resulta financiable por el abaratamiento de los intereses de la deuda pública. Con el plan el gobierno espera que el crecimiento retorne a cifras del 4.8 por ciento, y que se generen entre 300 y 350 mil empleos.

Dentro de las medidas transversales se destacan las destinadas a combatir la apreciación del peso, especialmente reorientando la inversión de los ahorros mantenidos en los fondos de pensiones. Dentro de las medidas sectoriales se destacan las orientadas a estimular la vivienda, especialmente por medio del subsidio a la tasa de interés para las viviendas de estratos medios (viviendas con valor entre 80 y 200 millones de pesos). Para este tipo de viviendas, la tasa de interés quedaría en siete por ciento, debido a un subsidio de 2.5 puntos porcentuales por parte del gobierno, y a una reducción de otros 2.5 puntos porcentuales por parte de las entidades bancarias.

Las medidas específicas pueden ser sometidas a distintos tipos de comentarios. Por ejemplo, no está claro cómo se va a implementar la medida del ahorro previsional en el exterior. El país viene hablando de reducción de costos de la energía desde hace bastante tiempo. Las medidas contra el contrabando seguramente tomarán algún tiempo en ser efectivas. Las medidas anunciadas específicamente para la industria se limitan a un paquete de créditos. La chatarrización de vehículos de carga antiguos es probablemente insuficiente para la reducción de costos de transporte y logística que requiere el país. En vivienda las medidas están concentradas en el estímulo a la demanda, y existe la preocupación de que eso termine estimulando más los precios que la oferta. Sin embargo, el conjunto del plan es ambicioso, está bien orientado y ataca algunos de los principales problemas de la economía, aunque pone de presente que la economía colombiana todavía tiene muchas barreras estructurales para el crecimiento.

 

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Edición 895 | Efectos extraterritoriales de la Ley Dodd-Frank

Debido a la última crisis financiera internacional se generaron una serie modificaciones regulatorias a nivel mundial. Entre estas, se destaca la Ley DoddFrank en Estados Unidos y la EMIR en Europa. El común denominador de estas iniciativas es que se enfocan principalmente en los derivados, como consecuencia del papel que jugaron estos instrumentos en la desestabilización de los mercados.

El alto nivel de interconexión de los mercados financieros en la actualidad y, especialmente, el proceso de internacionalización en el que se encuentra el sector financiero colombiano, hace relevante analizar la forma como pueden interactuar las nuevas normas provenientes del extranjero con las que actualmente existen en Colombia, con el fin de dimensionar los posibles efectos que se podrían presentar sobre el mercado financiero local.

La Ley Dodd-Frank estableció que para las entidades ubicadas fuera de Estados Unidos con una relación directa y significativa con los mercados estadounidenses de derivados, pueden aplicarse los requerimientos allí estipulados. En el caso de Europa, el alcance extraterritorial de la EMIR no parece ser tan significativo para el mercado local.

El regulador estadounidense del mercado de derivados estableció que las entidades financieras no estadounidenses pueden satisfacer los requerimientos establecidos en la Ley Dodd-Frank a través del cumplimiento de las normas locales, cuando se determinen que estas son homologables.

Adicionalmente, el organismo multilateral ISDA ha diseñado una herramienta alternativa para facilitar a la industria el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos bajo la Ley Dodd-Frank. Esta iniciativa es optativa ya que las partes pueden decidir libremente modificar y/o adicionar sus contratos existentes conforme a las exigencias de la regulación.

Se ha encontrado que es posible que en un futuro cercano el alcance de la Ley Dodd-Frank incluya a entidades financieras colombianas. Por este motivo, las entidades y las autoridades deben empezar a trabajar para asegurar su cumplimiento, con el fin de continuar operando en los mercados internacionales de derivados, específicamente de swaps.

 

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Edición 894 | La promoción del mercado de capitales debe ser una política de Estado

El progreso del sector financiero colombiano en la última década fue notable. Las instituciones y los mercados recuperaron el tamaño y la estabilidad perdidos por causa de la crisis de final del siglo. Su profundidad supera ahora el promedio mundial y el de las economías de ingreso medio alto, aunque todavía está lejos de Chile y de las economías de ingreso alto. En estabilidad el sistema se encuentra a la vanguardia en el mundo. La solvencia de la banca es alta, la calidad de la cartera buena y su cubrimiento holgado. La volatilidad del mercado bursátil colombiano es baja. Además, el riesgo soberano del país está en mínimos y la calificación de su deuda pública recuperó el grado de inversión y se encuentra en la víspera de una mejora. En la actualidad nuestro sector financiero está inclusive incursionando de nuevo con vigor en los mercados externos.

Sin embargo, todavía algunos indicadores sugieren que nuestro sistema financiero continúa rezagado. Su mayor falla es el acceso estrecho, tanto para las personas naturales como para las pequeñas empresas. Para quebrar este cuello de botella, la administración Santos ha tenido dos iniciativas que permitirán profundizar el mercado de capitales. La primera son los bonos de infraestructura, diseñados con el fin de contribuir a la financiación del programa de concesiones de Cuarta Generación. La segunda es la reforma al régimen de los fondos de inversión. Una tercera posibilidad es aumentar la inclusión financiera, involucrando nuevos usuarios y promoviendo los servicios financieros de tipo transaccional. Para ello se debe remover las distorsiones tributarias –el GMF, la retención en la fuente y el ICA– y normativas –los topes a las tasas de interés–, que impiden la expansión de la intermediación y el cubrimiento de los mayores riesgos y costos de proveer créditos de bajos montos. Hay que incentivar además el acercamiento entre los bancos y las empresas informales. Otra oportunidad es repensar la financiación de la vivienda.

Una brecha importante que separa nuestro desarrollo financiero de las economías más avanzadas está en el mercado de valores, tanto en el segmento de acciones como en el de títulos de deuda privada. Los volúmenes transados en estos nichos son bajos y el acceso escaso. Acelerar su progreso requiere un conjunto articulado de estrategias de mediano plazo. Para llenar este vacío el gobierno del Presidente Santos propuso la Hoja de Ruta del Mercado de Capitales. Infortunadamente ésta no ha logrado consolidarse como una política pública. Luego planteó la elaboración de un CONPES del Mercado de Valores. El trabajo que se viene realizando para éste conserva algunos de los elementos que se habían definido en la Hoja de Ruta e introduce otros que, en concepto de los jugadores que interactúan en este mercado, contribuirían a solucionar los principales problemas.

Superados los desequilibrios del sistema financiero colombiano, con un parte de victoria en términos de su estabilidad y solidez, no puede perderse la ocasión de trabajar en busca de su profundización y de la ampliación en el acceso. Por tanto, se requiere una agenda de promoción del mercado de capitales consistente y sostenida, que la eleve al rango de una política de Estado.

 

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Edición 893 | Inclusión financiera: un propósito de todos

En los últimos cuatro años, casi cinco millones de personas, que antes no tenían acceso, se vincularon al sistema financiero, al pasar de 16.8 millones de colombianos con algún producto financiero en diciembre de 2008, a cerca de 22 millones al término de 2012. En términos de aumento de cobertura se resalta la expansión de los corresponsales bancarios, los cuales alcanzaron 33.419 agentes al término del año pasado; la colocación de 35 mil nuevos datáfonos, para un total de 219.907; la instalación de 1.400 nuevos cajeros automáticos para un total de 12.300 disponibles y la apertura de 181 nuevas oficinas bancarias. En términos transaccionales, en el país es cada vez mayor el número de movimientos y transferencias de dinero que se realizan a través de internet y banca móvil.

Los resultados señalados permiten, a diferencia de lo ocurrido en el pasado reciente, dar un parte de victoria, al ser evidente que la banca privada colombiana en la actualidad cuenta con un enorme potencial para convertirse en la mejor aliada del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales en lo que se refiere a pagos, los cuales es previsible que migren progresivamente del efectivo y el cheque a ser realizados por medios electrónicos.

La preferencia por el uso del efectivo impacta de manera negativa el recaudo tributario, facilita la proliferación de actividades ilegales e informales y se constituye en un mecanismo más riesgoso y menos eficiente de pago; de ahí que resulte costoso en grado sumo para la economía. Por lo tanto, la invitación es a construir una política de Estado en contra del efectivo y a favor de los medios de pago electrónicos, que faciliten la mayor transaccionalidad e introduzcan transparencia a la economía. En este sentido, la banca está convencida de que es el mejor aliado del Gobierno y del Congreso, para lograr este objetivo.

Quienes afirman que la inclusión sería mayor, si los costos de los servicios financieros fueran menores, usualmente hacen caso omiso, de manera contradictoria, de los costos que la regulación impone a la intermediación financiera, con ejemplos tan egregios como el 4 x mil o los controles a las tasas de interés, y abogan por medidas que terminan encareciendo aún más esos servicios, ya sea porque hacen más difícil su provisión, o porque, al controlar los precios, limitan la competencia que podría terminar redundando en mejores tarifas para el público. La banca considera que el camino más apropiado es poner en vigencia medidas positivas y no negativas que, en lugar de establecer restricciones, generen incentivos para que el consumidor financiero utilice los medios electrónicos de pago; los establecimientos de crédito continúen generando productos acordes con las necesidades de la población y el comercio los acepte, de manera que se puedan masificar productos diseñados por el sistema financiero en función de un proceso de inclusión más efectivo para el país.

 

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Edición 892 | Reforma a la salud: una propuesta alternativa

En esta semana hacemos un recuento de la evolución del sistema de protección a la salud y de sus problemas, presentamos un resumen de la propuesta del gobierno de reforma a la salud, señalamos algunos inconvenientes de esta y presentamos una alternativa.

Los elementos esenciales de nuestra propuesta alternativa son que se mantenga el aseguramiento en salud; que sea provisto por compañías financieras especializadas en el tema de aseguramiento; que, por lo menos en un componente básico, el seguro sea financiado enteramente por el Estado (lo cual está perfectamente dentro de las posibilidades fiscales de Colombia); que ese componente básico implique que el gasto individual en salud tiene un límite máximo; que el componente básico del aseguramiento se pueda complementar con un seguro adicional, financiado de manera individual y voluntaria, pero que ambos seguros, el básico y el complementario, puedan funcionar como una unidad; que los individuos sean perfectamente libres a la hora de escoger a los proveedores de los servicios de salud; que desaparezca el POS; y que se separen las funciones de aseguramiento financiero y de provisión de servicios médicos.

Con esta propuesta esperamos contribuir al debate público que seguramente se presentará una vez el gobierno presente al Congreso su proyecto de reforma a la salud. Colombia tiene alternativas a la hora de pensar cómo reformar su sistema de salud. Es bueno considerarlas todas en el momento de decidir qué es lo que más nos conviene.

 

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Edición 891 | Perspectivas de la deuda privada en Colombia

Los mercados de deuda privada promueven el desarrollo económico de un país, porque permiten canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, a través de los bonos emitidos por las empresas para captar recursos con los cuales financian sus actividades. En el caso de Colombia, durante la última década se presentó un importante crecimiento de este mercado, que llevó a la emisión histórica de recursos por COP 14 billones en 2009.

Este desarrollo estuvo acompañado por importantes avances en materia de regulación, infraestructura e innovación financiera que han permitido contar con un mercado de deuda más eficiente. Además, el sector real ha ganado una participación importante en los últimos años.

Recientemente parece que este dinamismo ha venido perdiendo fuerza. Dentro de las razones que explican esta tendencia se encuentran factores desde el lado de la oferta y la demanda. En el primer caso, el incremento en las tasas de interés durante 2011 aumentó los costos por concepto del servicio de la deuda. En términos de la demanda, la existencia de límites prudenciales que desincentivan el apetito por estos instrumentos, sumado a la ausencia de un mercado que incentive la negociación y la liquidez para las emisiones de las empresas, especialmente para las pymes, dificulta aún más este desarrollo.

Internacionalmente se ha promocionado el desarrollo del mercado de deuda privada a través de dos caminos. Por un lado, se ha buscado facilitar el proceso de emisión para las entidades que ya son actores recurrentes en el mercado. Por otro, los esfuerzos se han enfocado en la inclusión de pequeñas y medianas empresas (pymes) en los mercados de valores, así como la constitución de ambientes de negociación dirigidos hacia este tipo de títulos e inversionistas.

Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ha propuesto generar una nueva agenda que promueva el desarrollo del mercado de deuda privada, la cual pretende redefinir el papel de algunos intermediarios, facilitar los procesos de originación y fortalecer la negociación de los instrumentos emitidos por las entidades. Consideramos que estos esfuerzos están encaminados en la dirección correcta y deben ser una prioridad durante los próximos años.

 

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