La publicación más importante de nuestra Asociación

La semana económica divulga el punto de vista gremial sobre la coyuntura económica y financiera internacional y doméstica, las políticas públicas, regulación y supervisión sectorial y sus efectos en la economía, los mercados y el sistema financiero.

Edición 917 | Recordando nuestra historia: el episodio del GMF

La crisis secular del agro colombiano obligó al Gobierno Nacional a incrementar el gasto público dirigido a este sector. Para financiar el aumento, las autoridades prefirieron allegar ingresos adicionales a partir de 2014, que incumplir la regla fiscal y acrecentar la deuda pública. Por eso proponen posponer por un año el cronograma de eliminación progresiva del GMF, aprobado en la mini reforma tributaria de 2010.

En el debate público se ha justificado la idea argumentando que, como en el pasado este impuesto se usó para rescatar a la banca, con mayor razón puede utilizarse ahora para financiar las necesidades del campo. Aunque el propósito es encomiable, el argumento es impreciso. Los fallos de la Corte Constitucional sobre las medidas tomadas en la emergencia económica de 1998 establecieron que el apoyo al sector financiero se limitara a la banca pública, a las cooperativas financieras y a los alivios para los deudores del sistema UPAC. Con ello se excluyó a la banca privada. Con base en esas sentencias, la destinación inicial de los recursos provistos por el GMF fue un 10% para la capitalización de la banca pública, un 30% para la de la banca cooperativa y un 60% para los alivios a los deudores hipotecarios. Por tanto, el GMF no se usó nunca para rescatar la banca privada.

La capitalización de la banca privada tuvieron que hacerla sus accionistas, con recursos propios (20%) y con créditos de FOGAFIN (80%), a tasas de mercado y respaldados por el patrimonio de los accionistas, en caso de incumplimiento. Los recursos de las líneas de crédito se debían utilizar para capitalizar las entidades financieras. Estas debían recibir títulos de deuda de FOGAFIN. En consecuencia, la capitalización de la banca privada se hizo con bonos de deuda pública que tocaba vender, en caso de necesidades de liquidez, con un descuento. Así, tanto los accionistas como las entidades financieras privadas pagaron unos costos financieros por el “rescate”. En ningún caso se gastaron recursos públicos con este propósito. Además, los recursos y las reservas que tenía FOGAFIN se habían constituido con el seguro de depósito que aportaron los bancos, como un porcentaje de sus captaciones. Los establecimientos privados capitalizados por este mecanismo sortearon la crisis. Sus accionistas cumplieron a cabalidad sus obligaciones con FOGAFIN. En contraste, la banca pública se capitalizó en una gran medida con bonos gubernamentales de vigencias futuras y luego se privatizó con utilidades. De esta manera, el rescate de los bancos en esa oportunidad fue ejecutado en realidad por sus dueños: los públicos por el Estado y los privados por sus accionistas.

El retraso en la eliminación del GMF es una mala noticia para los colombianos que hacen sus transacciones financieras dentro de la formalidad. Perjudica además los esfuerzos de inclusión y profundización financiera. Sin embargo, Asobancaria respalda los apoyos que se están diseñando para el agro colombiano, porque en el campo se concentran los problemas de pobreza, informalidad, baja productividad y falta de oportunidades de progreso social, que con frecuencia alimentan la ilegalidad, el narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo y la violencia. Asobancaria comprende la necesidad de recurrir otra vez a la prolongación por un año más del GMF. No obstante, espera que después de 2014 las autoridades persistan en la eliminación de este impuesto, que es anti-técnico y perjudicial.

 

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Edición 916 | La protección de los datos personales y el derecho a la información

Con la expedición de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” se buscaba, entre otros, que Colombia se pusiera al mismo nivel de la regulación internacional en materia de protección de la información que sobre las personas se guardan en las diferentes bases que recogen sus datos personales.

Su ámbito de aplicación es amplio por tratarse de una Ley General. Sin embargo, expresamente establece que a excepción de sus principios, no tendrá aplicación a las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008, es decir, a la información contenida en bases de datos financiera, crediticia, comercial y de servicios.

En ese sentido, es claro que las bases de datos que manejan las entidades financieras con información de sus clientes por cualquiera de sus productos, tanto del activo como del pasivo, se rigen exclusivamente por la Ley 1266 citada, teniendo como supervisor exclusivo a la Superintendencia Financiera.

Hasta la fecha el único Decreto reglamentario de la Ley de Datos Personales es el 1377 de 2013. En esta normativa se incluyó un procedimiento que respeta los derechos de los titulares, y que legitima los datos recolectados con anterioridad a su expedición, en aras de brindar un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho al habeas data, que es el que tiene cualquier persona que figura en un registro o banco de datos de acceder a tal registro para conocer qué información sobre él o ella existe, y de solicitar su corrección o eliminación si le causara algún perjuicio. Este procedimiento resulta a todas luces necesario para evitar tener que eliminar información de gran importancia para todos los sectores del país.

Se encuentran pendiente de reglamentación algunos importantes aspectos, especialmente todo lo relacionado con el registro, lo cual aunado a la adecuación de la SIC para lograr una vigilancia efectiva, constituyen el talón de Aquiles de la implementación de la nueva Ley, y que resultando equilibrada, permitirá hacerla efectiva en beneficio de los titulares de la información.

Si bien la Ley 1581 constituye un avance para Colombia por ajustarse a estándares internacionales de seguridad en el tratamiento de información, implica para las empresas y la SIC la adopción de acciones para un adecuado manejo de los datos personales y su supervisión, las cuales en muchos casos resultarán engorrosas y costosas, pero que se espera redunden en una protección efectiva de la información personal.

 

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Edición 915 | Activos libres de riesgo: un concepto en revisión

A raíz del deterioro sufrido por los balances y la solvencia pública de las economías avanzadas más grandes –Estados Unidos, Japón y los miembros de la Unión Europea– durante la crisis financiera y la gran recesión desde 2008, las agencias calificadoras y los inversionistas internacionales adoptaron una posición más acida frente a su riesgo de crédito. Como consecuencia de ello, algunas de esas economías sufrieron una degradación en su calificación como emisores, los mercados depreciaron sus obligaciones vigentes y exigieron mayores rendimientos para las emisiones posteriores. Hasta entonces sus títulos de deuda eran considerados libres de riesgo. El concepto tradicional para definir los activos libres de riesgo propone que la deuda pública es el de menor peligro, porque considera que los gobiernos son emisores que tienen una probabilidad de incumplimiento mínima. Sin embargo, esos acontecimientos cuestionaron la existencia de ese tipo de activos, porque la probabilidad de incumplimiento de los gobiernos de esas economías aumentó, debido a la expansión fiscal sin precedentes que se vieron forzados a acometer para evitar una depresión.

Para que los tenedores de la deuda pública estén en capacidad de enfrentar esas eventualidades, Basilea considera que se debe contar con mecanismos para cubrir los peligros que entrañan los “activos libres de riesgo”. En principio, el BIS quiere incluir dentro de sus estándares la posibilidad de que todas las inversiones que realicen las entidades financieras sean provisionadas, con el fin de proteger la estructura del capital y los recursos que tienen las entidades. Este mecanismo se consideró dentro del acuerdo de capital de Basilea II. Ahora el BIS sugiere que es necesario acelerar la adopción de ese tipo de instrumentos, con el fin de evitar o aminorar las pérdidas que puede traer la volatilidad de su deuda soberana.

En Colombia el uso de los activos libres de riesgo ha estado relacionado con la deuda pública –los TES–, siguiendo la experiencia internacional. El beneficio que le otorga la regulación local a los TES genera que la tenencia de este tipo de activos dentro del portafolio de las entidades financieras sea alta. Sin embargo, la eficiencia de sus sistemas de administración de riesgos y sus modelos internos de gestión, hacen que el negocio bancario en Colombia sea menos vulnerable a escenarios de inestabilidad de los mercados financieros que en las economías avanzadas. La discusión sobre los activos libres de riesgo –sobre todo en el caso de la deuda pública– es necesaria para evitar la inestabilidad que sufrieron los bancos en Europa y Estados Unidos. Pero debe complementarse con la mejora de los procesos de supervisión prudencial y de administración de los riesgos a los que se expone la actividad bancaria.

 

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Edición 914 | Internacionalización y competitividad financiera – Discurso de instalación del XII Congreso de Derecho Financiero

En los últimos años nuestra banca ha tenido desarrollos destacables. Se ha fortalecido internamente, ha reducido los márgenes de intermediación y los costos de los servicios y ha hecho considerables inversiones y avances en inclusión financiera. Se ha internacionalizado, gracias al renovado interés de bancos extranjeros de entrar a nuestro país y a la toma de posiciones importantes en otros mercados por parte de bancos colombianos.

Es interesante preguntarse qué se necesita para continuar avanzando en esa dirección. A nuestro juicio, la regulación juega un papel fundamental para promover o inhibir el desarrollo del sistema financiero. No puede ser casual que Londres, Nueva York, Hong Kong y Singapur, los cuatro principales centros financieros del mundo según The Global Financial Services Index, sean herederos de una tradición regulatoria anglosajona y favorable al libre mercado. El caso de Londres es probablemente el más interesante. ¿Cómo hace esta ciudad para mantenerse en el tope de la clasificación cuando ya no está a la cabeza de la economía más grande del planeta ni en el centro del comercio internacional? La respuesta parece ser una activa gestión regulatoria para garantizar y promover su competitividad como centro financiero.

En Colombia, en cambio, pocos piensan que el sistema financiero debe ser promovido. Sin lugar a dudas, para aumentar la competitividad de nuestro país es necesario promover la industria financiera. Para este fin, los sectores público y privado necesitan trabajar de manera concertada, para consolidar los avances regulatorios y conjurar las amenazas de grandes retrocesos.

Entre estos avances regulatorios se encuentran el fortalecimiento de las normas que promueven la competencia en los mercados, la aproximación que viene dándose de la tasa de interés bancaria corriente a la tasa de mercado para efectos del cálculo de la tasa de usura, la entrada en vigencia del nuevo cálculo de solvencia, el desmonte gradual del 4 x mil (GMF) desde enero de 2014 y la expedición de la Ley 1676 de 2013 sobre garantías mobiliarias.

Dentro de las amenazas se resaltan el proyecto de ley que elimina el cobro de la cuota de manejo y de las seis primeras transacciones en las cuentas de ahorro de quienes tengan ingresos iguales o inferiores a 3 SMLMV y el que impone porcentajes obligatorios de colocación de microcrédito. Estos proyectos vulneran el derecho a la libertad de empresa y a la libre competencia y desincentivan la inversión en el sector financiero y la llegada de nuevos jugadores internacionales, afectando en últimas a quien pretende proteger: al consumidor financiero.

Por tanto, creemos en la importancia de enviar señales de confianza a los mercados y adecuar la normatividad económica al logro de una economía más competitiva. Para ello esperamos que el legislador y el gobierno tomen decisiones basadas en el modelo económico que Colombia ha decidido seguir desde la Constitución de 1991.

 

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Edición 913 | ¿Es sostenible la cuenta corriente?

Como consecuencia de un exceso de demanda interna, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de Colombia se profundizó durante la última década. El desbalance se pudo financiar con un influjo de pasivos externos, sobre todo de inversión extranjera directa. Esta llegó con preponderancia al sector minero y de hidrocarburos. El superávit de este sector fue una importante fuente de financiación del déficit del resto de la economía en este período. La acumulación de pasivos fue de tal magnitud que incluso permitió acopiar un acervo de activos externos, incluyendo un abundante saldo de reservas internacionales. Su monto actual, complementado por el acceso inmediato a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, luce suficiente para atender la demanda por divisas originada por un choque externo muy fuerte.

En el último lustro también aumentó el valor de los flujos de inversión extranjera de portafolio. La mayor proporción de estos recursos de corto plazo y del superávit minero y de hidrocarburos en la financiación del déficit en la cuenta corriente pueden constituir, de manera eventual, riesgos para la estabilidad macroeconómica en la coyuntura actual, por la fragilidad del entorno internacional. Aunque la brecha de sostenibilidad entre el déficit en la cuenta corriente observado y el óptimo no es amplia, en estas circunstancias puede incrementarse de manera repentina. Por una parte, una desaceleración mundial prolongada entraña el peligro de ocasionar un descenso en los precios de las materias primas y de reducir el superávit de ese sector. Por otra parte, una rápida normalización de la postura monetaria en los Estados Unidos, una ruptura del consenso sobre la política fiscal en ese país o un recrudecimiento de la crisis fiscal y financiera en Europa, plantean la amenaza de generar una fuga de capital. En ambos casos, el ajuste del déficit a la financiación externa disponible puede requerir una reducción de la demanda interna, que amenace desacelerar el crecimiento. Por fortuna las autoridades cuentan con un régimen de tasa de cambio flexible y con un cuantioso saldo de reservas internacionales para suavizar el ajuste originado por choques externos de esta naturaleza, lo cual les permitirá minimizar sus efectos perturbadores sobre la actividad económica y el empleo.

Con el propósito de afirmar la sostenibilidad de la cuenta corriente en el mediano plazo es deseable que los sectores deficitarios reduzcan su desbalance o que algunos generen superávit. Para lograrlo se requiere mejorar su competitividad. Con este propósito es menester eliminar el rezago en infraestructura, mejorar la calidad de la educación, remover las trabas institucionales para la inversión privada –el incumplimiento de los contratos, la corrupción y el exceso de trámites– y las distorsiones regulatorias y normativas en los mercados de bienes y de factores. En el mercado laboral es imprescindible continuar desmontando los costos laborales no salariales. Con ello se puede reducir el costo del trabajo, lo cual genera una devaluación de la tasa de cambio real. En el mercado de servicios financieros todavía se necesita quitar los topes a las tasas de interés y desistir de la tentación de imponer controles de precios, que en lugar de ampliar la oferta generan desabastecimiento, excesos de demanda y exclusión.

La mayor competitividad de los sectores transables no se logra renunciando a ampliar el acceso a los mercados externos, al suspender la firma de tratados de libre comercio, sino aumentando la productividad de la economía.

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Edición 912 | La banca colombiana en 2013: un ejemplo de solidez y eficiencia

Debido a un entorno internacional adverso, que implicó un aumento del riesgo financiero para Colombia y una desvalorización de los activos financieros, especialmente la deuda pública, los resultados para la banca en términos de utilidades han perdido dinamismo. A pesar de ello, la banca sigue cumpliendo con su función de adecuada irrigación de crédito a toda la economía, la solvencia se mantiene sólida en presencia de nuevos requerimientos de capital y los riesgos lucen contenidos.

La actividad crediticia ha compensado en parte la desvalorización de las inversiones, por lo que los indicadores de rentabilidad se mantienen positivos y estables, (ROA -1,96%- y ROE -14,93%-), por lo que no se espera que esto se revierta en los próximos periodos.

La fortaleza de la banca recae sobre su capacidad para continuar desarrollando su actividad en un ambiente de costos cada vez más bajos, no solo de operación sino también en los relacionados con la prestación de sus servicios, tarea que se ha venido realizando adecuadamente y que se traduce en un indicador de eficiencia cada vez más bajo. Esta tendencia se mantendrá en el segundo semestre de 2013, pues no se esperan deterioros en las condiciones de la actividad bancaria o de la economía.

El crecimiento de la cartera en lo corrido del año se encuentra siguiendo su tendencia de largo plazo y no se observan señales de un desbordamiento exagerado en el crédito que pueda afectar la estabilidad del sistema, lo que podría servir para establecer que el desempeño actual de la cartera puede interpretarse como una mayor profundización financiera. Bajo este escenario, Asobancaria estima que el crecimiento de la cartera para el cierre del 2013 se estabilice cerca al 15%.

El sistema bancario se ha fortalecido patrimonialmente gracias a la actual coyuntura en el mercado de crédito y los nuevos estándares propuestos por la regulación local. El patrimonio técnico (PT), el cual mide la fortaleza patrimonial, creció 23% en términos reales anuales, lo que implica un esfuerzo de capitalización cercano a los $10 billones. Lo anterior, es un indicio de que la banca cuenta con la suficiente solidez, no solo para continuar desarrollando su actividad sino también para contribuir a la estabilidad de todo el sistema.

Por todo ello, a pesar de que la tasa de crecimiento de las utilidades se ha reducido fuertemente, se puede considerar que el desempeño de la banca sigue siendo saludable, demostrado cómo su solidez le permite sobreaguar circunstancias difíciles sin transmitir las perturbaciones financieras al resto de la economía.

 

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Edición 911 | Competencia en la banca y beneficios para el país

En los últimos años la banca ha vivido una serie de cambios en su estructura, los cuales han sido promovidos por las condiciones del mercado, por los actores involucrados en el negocio, y por la regulación que ha venido delimitando el actuar de estas entidades.

En este sentido, la dinámica que ha vivido la banca en años recientes ha estado promovida por diferentes fenómenos que se han desarrollado de forma paralela, y que han sido determinantes para su estructura actual. Entre estos, se pueden distinguir: (i) la consolidación de la banca tradicional, (ii) la entrada de nuevos jugadores locales al mercado bancario, (iii) la llegada de entidades internacionales y (iv) la internacionalización de la banca local.

Esta refleja una estructura sólida, fomentada por la competencia, la cual, analizada desde cada uno de los componentes del balance, permite identificar una serie de beneficios para la sociedad en su conjunto. Por el lado del activo, se evidencia una mayor y mejor oferta productos y servicios; la reducción de costos reflejados en las tasas de colocación; el apoyo constante a las iniciativas del gobierno en temas de vivienda; la continua financiación desde la banca a la producción nacional y su contribución al mayor dinamismo y profundidad del mercado de capitales.

Desde el pasivo, los beneficios redundan principalmente en inclusión financiera, a través de: la oferta de productos innovadores como los monederos electrónicos; la promoción de nuevos canales no presenciales como la banca móvil; la reducción de cobros asociados a los servicios ofrecidos, e incluso la gratuidad de algunos de estos y la cobertura de casi la totalidad del país.

Esta dinámica ha generado un sector sólido, capaz de financiar de forma responsable el desarrollo del país. Esto se refleja en los altos niveles de solvencia de la banca, los cuales están por encima de los requerimientos legales, en los márgenes de intermediación y en la rentabilidad del sector, que, comparados con otros países de la región, revelan que aun en esto, la banca colombiana es altamente competitiva.

 

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Edición 910 | El microcrédito en el centro del debate

El microcrédito, definido desde la Ley 590 de 2000 y sus decretos reglamentarios, es un esquema diseñado para financiar “micro” empresas, que impulsa y promueve la inclusión financiera y tiene consecuencias positivas en el desarrollo del país y en el empleo. Está dirigido a unidades productivas ya constituidas y no para propósitos de emprendimiento o conformación de un capital semilla. El tal sentido, aunque el emprendimiento sea altamente deseable, su naturaleza de alto riesgo hace que los establecimientos de crédito estén llamados a financiar una etapa más avanzada de ese proceso, de cara al fortalecimiento y expansión de las empresas y no en su etapa inicial.

La evolución del microcrédito ha sido altamente positiva. En efecto, el número de personas adultas con microcrédito se ha triplicado desde 2006 llegando a 1,7 millones de personas en 2012. Los desembolsos en lo corrido del año ya suman más de $1,8 billones de pesos y el saldo de cartera del microcrédito registró un máximo histórico de $7,6 billones a junio de 2013. En tal sentido, se confirma que el microcrédito es motor de la inclusión financiera puesto que entre 2006 y 2012 para 1,5 millones de personas fue su primer producto en el activo. Es decir, fue la puerta de entrada de muchos colombianos al sistema financiero.

No obstante, a pesar de los notables avances de esta modalidad de crédito, los indicadores de calidad de la cartera por mora se han deteriorado gradualmente desde 2011. En efecto, a junio de 2013 la tasa de mora llegó a 5,88%, convirtiéndose en la cartera con el indicador más elevado.

Por los beneficios cuantificables que en materia de inclusión financiera y democratización del crédito que tiene el microcrédito, resulta fundamental que las iniciativas legislativas que buscan profundizar este acceso tomen en cuenta las condiciones reales y actuales de esta modalidad de financiamiento. No pareciera razonable introducir una cuota de colocación de crédito obligatoria para las entidades financieras, en momentos en los que existe una amplia oferta de mercado y adicionalmente hay un crecimiento acelerado de la cartera vencida. Una medida como esa implicaría mayor presión al mercado ocasionando un efecto contrario al esperado.

De otro lado, la Superfinanciera tiene al microcrédito en el centro del debate. Por una parte, descarta la creación de una nueva licencia con menores requerimientos de capital para atender las actividades microfinancieras, y por otra comienza a plantear cambios en el corto plazo sobre todo en el modelo de gestión de esta cartera, donde el organismo de control ve claras ventajas en agregar a la definición el criterio de utilizar metodologías especializadas para atender a esta población.

 

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Edición 909| Costos de la represión financiera en Colombia

En el debate público se cuestiona con frecuencia la magnitud del margen de intermediación financiera en Colombia. Con base en ella se argumenta que la banca doméstica es ineficiente y que tiene una estructura industrial caracterizada por la falta de competencia. En realidad, el margen de intermediación de nuestra banca es inferior al promedio regional y al de una gran cantidad de los países latinoamericanos, con excepción de los que tienen vínculos financieros más estrechos con las economías de ingreso alto, como Panamá, Chile y México. Además, la concentración en la industria bancaria colombiana es baja y su rentabilidad está en el promedio latinoamericano, con una clara tendencia a converger a las de los países de ingreso medio alto y alto. Por otra parte, la competencia que tiene lugar en nuestra banca es intensa, comparada con la que impera en el resto del mundo.

Algo que se ignora la mayor parte del tiempo en las discusiones sobre el margen y la eficiencia de nuestros bancos, es el efecto que el exceso de intervención del Estado en los mercados financieros tiene sobre los costos de la intermediación. Aunque bien intencionada en principio, la intervención estatal en los mercados financieros puede tener consecuencias negativas sobre la actividad de intermediación, cuando adopta la forma de la “represión financiera”. A través de ella las autoridades pretenden encausar el ahorro a la financiación de determinados sectores de la producción, estratos sociales particulares o inclusive a sus propias actividades. Al hacerlo ignoran los criterios de optimización aplicados por los agentes privados, que aseguran que la asignación de los recursos sea eficiente. Por el contrario, a través de la represión financiera introducen distorsiones en los mercados que limitan la competencia, alteran la formación de los precios, generan asignaciones ineficientes, ocasionan sobrecostos, encarecen la intermediación financiera y derivan en un desabastecimiento –o en un exceso de demanda– de productos financieros. Los sobrecostos frenan la inclusión y la profundización financiera, de modo que impiden a la economía aumentar su capacidad de crecimiento potencial y a la población mejorar su bienestar.

En Colombia los controles a las tasas de interés, las inversiones forzosas que deben hacer los bancos en títulos de desarrollo agropecuario, el gravamen a las transacciones financieras, los encajes, las provisiones y los requerimientos de capital han sido utilizados en diversas ocasiones como instrumentos de “represión financiera”. Sin tomar en cuenta la motivación inicial que llevó a las autoridades a implementar estrategias de “represión”, la evidencia muestra que éstas han contribuido a generar sobrecostos para la actividad bancaria, a encarecer la intermediación y a originar rigideces en la oferta de servicios financieros formales, que se queda corta para atender un creciente exceso de demanda. Este tiene que acudir a los mercados informales, en los cuales la ilegalidad permite satisfacerla a precios exorbitantes.

Por sus efectos adversos sobre el desarrollo económico, el bienestar y la equidad, es pertinente preguntarse, por tanto, si no habrá llegado el momento de disminuir la “represión financiera” en nuestra economía, en lugar de pretender aumentarla mediante iniciativas populistas, que no favorecen la inclusión y la profundización financiera, sino que por el contrario conducen al desabastecimiento.

 

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Edición 908| La lucha contra el lavado de activos requiere la participación de diversos actores

En el discurso de instalación del XIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la Presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, se refirió al sistema ideal para prevenirlo, con la participación de diversos actores, en los siguientes términos.

De tiempo atrás, el mundo viene enfrentando múltiples amenazas asociadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La criminalidad vinculada a estas conductas resulta compleja y dinámica. Además, ha encontrado en la cooperación y la articulación altos niveles de rentabilidad. Por estos motivos, en la actualidad el mundo enfrenta complicadas estructuras delincuenciales transfronterizas.

La experiencia muestra que, para contrarrestar las organizaciones delincuenciales dedicadas a realizar estas conductas, se requiere un entramado institucional de gran envergadura. Un sistema anti-lavado y contra la financiación del terrorismo ideal requiere la participación del gobierno, los hogares, las empresas y el sector externo.

De parte del gobierno es importante el desarrollo de un marco normativo adecuado que contribuya de manera eficiente al sistema anti-lavado y contra la financiación del terrorismo. Además, se requiere de mayor articulación interinstitucional. Por el lado de los hogares la participación en el sistema anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia es casi nula y por tanto hay que seguir trabajando frente a la cultura en este sentido.Por el lado de las empresas, es necesario diferenciar el sector financiero del real en cuanto al desarrollo de acciones relacionadas con la lucha contra el LAFT porque, sin lugar a dudas, el primero ha sido mucho más avanzado que el segundo. En el ámbito global se hace necesario que la cooperación internacional sea cada vez más estrecha y capaz de evolucionar junto con las modalidades de LAFT.

Un sistema anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo ideal no solo requiere de la participación diferentes actores, sino que también demanda que todos cumplan a cabalidad con sus tareas y funciones. Los resultados serán insuficientes, si solo una parte de las instituciones realizan adecuadamente sus labores, al tiempo que en otros sectores los desarrollos son limitados.

Este tipo de sistemas deben ser dinámicos a fin de que puedan adaptarse a las realidades propias de cada sociedad. Por ejemplo, en el caso colombiano deberá hacer frente a asuntos particulares en relación con la gestión del sistema anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo tales como el contrabando, el sector inmobiliario, la propiedad de la tierra y la inclusión financiera.

 

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