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La semana económica divulga el punto de vista gremial sobre la coyuntura económica y financiera internacional y doméstica, las políticas públicas, regulación y supervisión sectorial y sus efectos en la economía, los mercados y el sistema financiero.

Edición 909| Costos de la represión financiera en Colombia

En el debate público se cuestiona con frecuencia la magnitud del margen de intermediación financiera en Colombia. Con base en ella se argumenta que la banca doméstica es ineficiente y que tiene una estructura industrial caracterizada por la falta de competencia. En realidad, el margen de intermediación de nuestra banca es inferior al promedio regional y al de una gran cantidad de los países latinoamericanos, con excepción de los que tienen vínculos financieros más estrechos con las economías de ingreso alto, como Panamá, Chile y México. Además, la concentración en la industria bancaria colombiana es baja y su rentabilidad está en el promedio latinoamericano, con una clara tendencia a converger a las de los países de ingreso medio alto y alto. Por otra parte, la competencia que tiene lugar en nuestra banca es intensa, comparada con la que impera en el resto del mundo.

Algo que se ignora la mayor parte del tiempo en las discusiones sobre el margen y la eficiencia de nuestros bancos, es el efecto que el exceso de intervención del Estado en los mercados financieros tiene sobre los costos de la intermediación. Aunque bien intencionada en principio, la intervención estatal en los mercados financieros puede tener consecuencias negativas sobre la actividad de intermediación, cuando adopta la forma de la “represión financiera”. A través de ella las autoridades pretenden encausar el ahorro a la financiación de determinados sectores de la producción, estratos sociales particulares o inclusive a sus propias actividades. Al hacerlo ignoran los criterios de optimización aplicados por los agentes privados, que aseguran que la asignación de los recursos sea eficiente. Por el contrario, a través de la represión financiera introducen distorsiones en los mercados que limitan la competencia, alteran la formación de los precios, generan asignaciones ineficientes, ocasionan sobrecostos, encarecen la intermediación financiera y derivan en un desabastecimiento –o en un exceso de demanda– de productos financieros. Los sobrecostos frenan la inclusión y la profundización financiera, de modo que impiden a la economía aumentar su capacidad de crecimiento potencial y a la población mejorar su bienestar.

En Colombia los controles a las tasas de interés, las inversiones forzosas que deben hacer los bancos en títulos de desarrollo agropecuario, el gravamen a las transacciones financieras, los encajes, las provisiones y los requerimientos de capital han sido utilizados en diversas ocasiones como instrumentos de “represión financiera”. Sin tomar en cuenta la motivación inicial que llevó a las autoridades a implementar estrategias de “represión”, la evidencia muestra que éstas han contribuido a generar sobrecostos para la actividad bancaria, a encarecer la intermediación y a originar rigideces en la oferta de servicios financieros formales, que se queda corta para atender un creciente exceso de demanda. Este tiene que acudir a los mercados informales, en los cuales la ilegalidad permite satisfacerla a precios exorbitantes.

Por sus efectos adversos sobre el desarrollo económico, el bienestar y la equidad, es pertinente preguntarse, por tanto, si no habrá llegado el momento de disminuir la “represión financiera” en nuestra economía, en lugar de pretender aumentarla mediante iniciativas populistas, que no favorecen la inclusión y la profundización financiera, sino que por el contrario conducen al desabastecimiento.

 

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Edición 908| La lucha contra el lavado de activos requiere la participación de diversos actores

En el discurso de instalación del XIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la Presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, se refirió al sistema ideal para prevenirlo, con la participación de diversos actores, en los siguientes términos.

De tiempo atrás, el mundo viene enfrentando múltiples amenazas asociadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La criminalidad vinculada a estas conductas resulta compleja y dinámica. Además, ha encontrado en la cooperación y la articulación altos niveles de rentabilidad. Por estos motivos, en la actualidad el mundo enfrenta complicadas estructuras delincuenciales transfronterizas.

La experiencia muestra que, para contrarrestar las organizaciones delincuenciales dedicadas a realizar estas conductas, se requiere un entramado institucional de gran envergadura. Un sistema anti-lavado y contra la financiación del terrorismo ideal requiere la participación del gobierno, los hogares, las empresas y el sector externo.

De parte del gobierno es importante el desarrollo de un marco normativo adecuado que contribuya de manera eficiente al sistema anti-lavado y contra la financiación del terrorismo. Además, se requiere de mayor articulación interinstitucional. Por el lado de los hogares la participación en el sistema anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia es casi nula y por tanto hay que seguir trabajando frente a la cultura en este sentido.Por el lado de las empresas, es necesario diferenciar el sector financiero del real en cuanto al desarrollo de acciones relacionadas con la lucha contra el LAFT porque, sin lugar a dudas, el primero ha sido mucho más avanzado que el segundo. En el ámbito global se hace necesario que la cooperación internacional sea cada vez más estrecha y capaz de evolucionar junto con las modalidades de LAFT.

Un sistema anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo ideal no solo requiere de la participación diferentes actores, sino que también demanda que todos cumplan a cabalidad con sus tareas y funciones. Los resultados serán insuficientes, si solo una parte de las instituciones realizan adecuadamente sus labores, al tiempo que en otros sectores los desarrollos son limitados.

Este tipo de sistemas deben ser dinámicos a fin de que puedan adaptarse a las realidades propias de cada sociedad. Por ejemplo, en el caso colombiano deberá hacer frente a asuntos particulares en relación con la gestión del sistema anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo tales como el contrabando, el sector inmobiliario, la propiedad de la tierra y la inclusión financiera.

 

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Edición 907| La rentabilidad ajustada por riesgo de la banca colombiana

En nuestro país se han hecho observaciones y comentarios sobre la banca basados en percepciones según las cuales su rentabilidad es muy alta. Esas observaciones y comentarios con frecuencia se basan en datos errados sobre la rentabilidad bancaria, o son incapaces de interpretar de manera adecuada el significado de los indicadores de rentabilidad. Para comenzar, en Colombia es usual hablar de las utilidades absolutas de la banca, sin compararlas con los niveles de patrimonio o de activos que hay comprometidos en la industria. Y en segundo lugar, cuando se habla de las utilidades en relación con el patrimonio o los activos, se falla en percibir los niveles de riesgo a que está sometida la banca colombiana.

En esta Semana Económica mostramos que, cuando se involucran las consideraciones de riesgo, primero, los indicadores de rentabilidad, aunque siguen saludables, no son tan altos como lo percibe la opinión pública; y segundo, los niveles de riesgo que enfrenta la banca colombiana son considerables. Dada la relación que existe entre riesgo y retorno, la rentabilidad que se observa es consistente con una industria que opera de forma saludable en un entorno incierto.

 

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Edición 906| ¿Para dónde va el crecimiento?

El lento ritmo de la actividad económica en Colombia en el primer trimestre de 2013, hizo evidente otra vez la inconveniencia del patrón de crecimiento que sigue la economía colombiana. Este se basa en la expansión de los sectores minero energético y el de bienes no transables, junto con un exceso pronunciado de la demanda interna, financiado con abundantes flujos externos. El crecimiento de esos sectores se produjo en detrimento de la industria y la agricultura. La competitividad de estas ramas productoras de bienes transables se deterioró por la apreciación real causada por el boom minero, de manera que son incapaces de sostener su expansión cuando la competencia con productos de economías más productivas se intensifica, como consecuencia de un incremento menos dinámico de la demanda.

Como es previsible un lento crecimiento de la economía mundial en los próximos años, es probable que el auge minero energético aminore. Al mismo tiempo, el retiro del relajamiento cuantitativo (QE) y la posterior normalización de la política monetaria en Estados Unidos y otras economías avanzadas, encarecerán la financiación externa y reducirán su magnitud. Por estos motivos el crecimiento de la economía colombiana debe re-balancear sus fuentes. Para lograrlo se requiere, por una parte, aumentar la productividad para mejorar la competitividad de la industria y de la agricultura, de manera que pueden convertirse en motores de la actividad económica y la generación de empleo. Y por otra parte, remover las trabas institucionales para la inversión privada.

Los indicadores líderes de la producción y la demanda presagian una aceleración del crecimiento doméstico a partir del segundo trimestre de 2013, mientras que las mejores perspectivas de expansión de la economía mundial y el comercio internacional en 2014 sugieren la posibilidad de un retorno de la economía colombiana a su tasa de crecimiento potencial. Sin embargo, estas previsiones pueden frustrarse por un encarecimiento prematuro de la financiación doméstica de largo plazo, como consecuencia de la alta volatilidad generada en los mercados internacionales por las advertencias de la Fed sobre el desvanecimiento paulatino del QE.

Para prevenirlo, las autoridades pueden contribuir a disipar la incertidumbre y a reforzar la confianza de los inversionistas domésticos, mediante algunas medidas. En primer lugar, pueden detener la acumulación de reservas internacionales, que no luce necesaria en la coyuntura actual, cuando la salida de flujos de portafolio devalúa la tasa de cambio. En segundo lugar, pueden suministrar la liquidez permanente mediante la compra de TES en el mercado secundario, con lo cual amortiguarían su desvalorización, al proveer una demanda adicional. En tercer lugar, como insinuó el Ministro de Hacienda, pueden re-balancear las fuentes de financiación del Gobierno Nacional, para evitar una mayor emisión de TES, optando por el crédito con las instituciones financieras domésticas, con preferencia sobre los préstamos de las multilaterales, que presionarían la tasa de cambia a la baja. Por último, pueden permitir una reclasificación de los TES en las cuentas de las entidades financieras, para reducir sus pérdidas, que podrían deteriorar su relación de solvencia y reducir su capacidad de otorgar crédito.

 

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Edición 905| La crisis de los TES y las implicaciones de la normalización monetaria en Estados Unidos

Las mejores perspectivas económicas de los Estados Unidos (EU) motivaron a la Reserva Federal (Fed) a preparar a los mercados para un cambio en su estrategia monetaria. Los últimos pronunciamientos de sus miembros generaron en los mercados las expectativas de una disminución inminente del relajamiento cuantitativo (QE) implementado desde 2008. La proximidad de su retiro paulatino, que fue interpretado como un drenaje de la liquidez en USD en los mercados internacionales, originó una recomposición global en los portafolios de los inversionistas. El cambio desvalorizó la renta fija y la variable alrededor del mundo, fortaleció el USD y desmejoró el riesgo emergente. Un retorno de los flujos de portafolio hacia los EU –y otras economías avanzadas–, motivado por las expectativas sobre el desvanecimiento del QE, puede deteriorar las perspectivas de crecimiento de las economías emergentes.

En Colombia el remezón financiero se ha sentido de manera intensa en los mercados de activos durante los dos últimos meses. Durante este período la tasa de interés en el mercado secundario de los TES con vencimiento en 2024 aumentó 202 puntos básicos, la TRM se depreció 6,1% y el IGBC disminuyó 4,6%. Hasta el momento el efecto más preocupante son las cuantiosas pérdidas del sistema financiero, que pueden ascender a COP 11 billones (equivalentes a 1,6% del PIB), dentro de las cuales las mayores corresponden a los fondos de pensiones (COP 3,1 billones), a los bancos (COP 2,4 billones), a las fiducias públicas (COP 1,9 billones) y a otras entidades públicas (COP 0,82 billones).

La volatilidad de los precios de los activos en el corto plazo es indeseable porque puede ocasionar cuantiosas pérdidas a sus propietarios, con efectos adversos sobre la demanda. Sin duda ésta persistirá, alimentada por las decisiones y los pronunciamientos de la Fed, así como por las noticias sobre el comportamiento de la economía de EU y de otras de importancia sistémica, como la Unión Europea y los BRICS. La volatilidad podría en alguna medida dificultar la aceleración de la actividad económica que se predice para el segundo semestre del año en curso. Las mayores tasas de interés de la deuda pública en el mercado secundario encarecen la financiación del Gobierno en el primario. También pueden tener el efecto de obstaculizar el flujo deseado de crédito para vivienda y de encarecerlo. Esto entorpecería la buena marcha de los programas gubernamentales en este sector, disminuyendo su efecto multiplicador sobre la actividad y el empleo. Además, la volatilidad puede minar la confianza de los agentes y generar incertidumbre. Los fundamentales fiscales y macroeconómicos de Colombia lucen fuertes en las proyecciones, pero son vulnerables al deterioro del entorno internacional y de la actividad doméstica. Las instituciones económicas que tenemos permiten evitar su deterioro, porque proveen los instrumentos adecuados y el marco apropiado para diseñar las políticas pertinentes. De la disciplina de las autoridades depende entonces que no se debiliten.

Con unos flujos externos menos caudalosos en el futuro, la estrategia de crecimiento tendrá que basarse en la mejora permanente de la productividad y la competitividad de la economía, como ha recalcado en nuestros foros el Gerente del Banco de la República.

 

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Edición 904| La responsabilidad social de la banca

En el discurso de instalación de la XLVIII Convención Bancaria, la Presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, se refirió a la responsabilidad social de la banca colombiana en los siguientes términos. Colombia tiene una banca sólida que financia de manera responsable el desarrollo nacional y lo apoya a través de una serie de acciones de responsabilidad social. Uno de sus retos más importantes a este respecto es la inclusión financiera. Aquí la banca está migrando su principal objetivo de la prestación de servicios a las grandes corporaciones y a la población de mayores ingresos, hacia la provisión de ellos a la base de la pirámide, en lugares recónditos y apartados, a costos reducidos. Este proceso se complementa con el desarrollo de la banca móvil. Como fruto de estos esfuerzos, Colombia en un corto tiempo logró el tercer sistema transaccional de banca móvil con mayor número de usuarios en el mundo. Esta evolución contribuye a aumentar la productividad y el bienestar de sus usuarios, porque reduce la pérdida de tiempo y de recursos en largos desplazamientos, en trámites y en colas en las oficinas.

Un segundo tipo de labores de responsabilidad social que realiza la banca es la colaboración con las autoridades. Dentro de ella sobresalen las acciones encaminadas a aumentar la seguridad, a combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, al recaudo de impuestos y a la dispersión de los recursos públicos de salud, subsidios y regalías. Para estos propósitos, la banca le brinda al Estado, de manera confiable y eficiente, una infraestructura operativa de apoyo, difícil de sustituir. Esa colaboración genera a la banca una serie de costos, no reconocidos por las autoridades, los medios y la opinión pública. El sistema para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que en Colombia descansa en los bancos, les genera no solo elevados costos directos, sino además una exposición a riesgos legales y judiciales no despreciables. El recaudo tributario también les ocasiona costos tanto operativos como de pérdida de imagen, porque una gran parte del público confunde esos cobros con tarifas bancarias que benefician al sector.

La participación de la banca también ha sido clave para poner en marcha la política de vivienda. En el programa de viviendas gratuitas asume el riesgo de incumplimiento del constructor, porque para iniciarlas se requiere la financiación mediante crédito, en razón a que el Gobierno las paga contra la entrega a los beneficiarios. En el programa de subsidio a la tasa de interés verifica los requisitos de los solicitantes y lo gestiona y lo cobra cada mes en el Banco de la República. Otro desafío en responsabilidad social para la banca es la educación financiera. El empeño en este campo comienza a dar resultados tangibles con la firma de un convenio con el Ministerio de Educación, para promover un programa de educación económica y financiera, que se pondrá en vigencia en marzo de 2014. Además, Colombia recibió el premio al país más destacado, entre ochenta, por llevar la cultura del ahorro a niños y jóvenes, de parte de Child and Youth Finance. Gracias a todo esto se puede afirmar que hoy la banca es el sector que, por su solidez, crecimiento, financiación, formalidad y responsabilidad social, más contribuye al desarrollo nacional.

 

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Edición 903| Palabras del Presidente Santos en la XLVIII Convención Bancaria

En esta Semana Económica reproducimos las palabras del Presidente Juan Manuel Santos, junto con algunos apartes de la intervención del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en la XLVIII Convención Bancaria celebrada en Cartagena, los días 5 y 6 de junio. En este resumen extraemos algunas de las afirmaciones del Presidente. El texto completo de su mensaje y los apartes de la intervención del Ministro de Hacienda se hallan en el cuerpo de esta Semana.

“Hay quienes dicen que cuando a los bancos les va bien sólo les va bien a los banqueros. Se equivocan. Cuando a la banca le va bien, al país le va bien. La banca ha sido un factor de estabilidad para nuestra economía, durante la última crisis internacional y la lenta recuperación posterior. Ha sido también uno de los sectores que ha sostenido el crecimiento económico en los últimos años y lo ha financiado sin restricciones. Además es uno de los sectores que genera empleo ciento por ciento formal y es un pilar de la formalización de la economía”.

“La gente no conoce bien qué hace la banca colombiana, su papel en asuntos como el recaudo de impuestos, en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en el manejo de los recursos del régimen de salud, en la distribución de los subsidios de los programas sociales del Estado o en el manejo de los recursos de las regalías, entre muchas otras actividades. La banca ha sido y será fundamental en la financiación de los programas de infraestructura involucrados en la cuarta generación de concesiones, que representa la apuesta más ambiciosa por modernizar la infraestructura de transporte de nuestra nación”.

“La inclusión financiera es un campo donde los bancos han avanzado muchísimo. El camino de la inclusión financiera conduce a la formalización de millones de colombianos, a su acceso a bienes y servicios, e inclusive a una mejora en sus condiciones de seguridad personal. Desde 2007 la banca ha pasado de tener presencia en menos de 400 municipios a tenerla en 1.088, que equivalen a un 99 por ciento del total. Ese esfuerzo ha costado mucho y no siempre es tan rentable como una operación empresarial lo amerita. Pero el crecimiento notable de nuestra clase media, al salir millones de colombianos de la pobreza, es el futuro de nuestra economía. En este gobierno 1,7 millones de colombianos han superado la pobreza. En ese mismo tiempo la banca han bancarizado a 2 millones 300 mil colombianos. Vamos bien en la construcción de un país más justo. Es evidente que queda mucho por hacer. Sólo el 67 por ciento de los adultos colombianos están hoy bancarizados. Esto debe mejorarse”.

“Hay quienes opinan que los bancos sólo se mueven a punta de regulación, de amenazas, de castigos y de leyes. Esa teoría se ha abierto paso en algunos círculos políticos. El Presidente hace un llamado a trabajar armónicamente con la banca, con el sector financiero, no a trabajar a golpes de ley. Hay que entender que una banca fuerte hace a cualquier país más fuerte”.

“Un país seguro no es uno que necesita soldados en todas sus esquinas, sino otro que construye escuelas y ofrece educación gratuita a todos. Es un país que no tiene conflicto armado porque ha logrado, a través del diálogo, que quienes tomaron las armas las abandonen. Un país justo, moderno y seguro es uno con empleo y con igualdad de oportunidades para todos. Esa tarea la ha asumido la banca con entereza. Agradezco el apoyo que ha dado, como el mejor socio, completando el esfuerzo del Gobierno, a los programas de subsidio a la tasa para la compra de vivienda. Es un buen negocio para la banca, la gente y el país”.

 

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Edición 902| ¿Es viable el esquema de concesiones de cuarta generación?

Con base en el marco jurídico provisto por la Ley de alianzas públicoprivadas (APP), el nuevo esquema de concesiones de cuarta generación (4G) busca atraer el capital privado para financiar la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura vial, con el propósito de superar la escasez de fondos públicos para ampliarla, modernizarla y conservarla.

Comparado con el anterior esquema, el 4G establece requisitos patrimoniales exigentes para asegurar la solvencia de los participantes, distribuye de una manera más eficiente los riesgos entre los diferentes agentes, establece una novedosa modalidad de pago por segmento de obra terminada, e introduce una retribución según el volumen y la calidad de los servicios prestados.

El 4G se esfuerza en transferir la mayor parte de los riesgos de las etapas de construcción y operación a la de pre-construcción. Con ello disminuirá los riesgos en las etapas posteriores, pero prolongará la pre-construcción. Lo ideal hubiera sido otorgar las concesiones después de realizar las consultas con las comunidades, conseguir las licencias ambientales y adquirir la totalidad de los predios, de manera que se liberara a los concesionarios, a los constructores y a los financiadores de los riesgos inherentes a los tropiezos de esos procesos. Estos riesgos no se asignaron de manera óptima a las autoridades, que están mejor facultadas para gestionarlos. En consecuencia, aunque disminuyó su capacidad perturbadora, continuarán siendo uno de los principales cuellos de botella para la buena marcha de los proyectos. Ojalá las autoridades puedan relajarlos mediante las leyes pertinentes que tienen la intención de sacar adelante en el Congreso.

Como la magnitud de la inversión estimada es elevada comparada con el tamaño de las instituciones financieras domésticas, el 4G introduce un novedoso esquema de financiación que combina el crédito bancario y el multilateral, con la participación del mercado de valores. Para atraer a los inversionistas planea introducir un nuevo instrumento, los bonos de infraestructura, que satisfaga los requerimientos de los menos tolerantes al riesgo, entre ellos los inversionistas institucionales y sobre todo los fondos de pensiones, cuya participación resulta crucial por el tamaño de sus portafolios. Para facilitar una dinámica rotación del crédito bancario, contempla también recurrir a la titularización de la cartera.

Esta estructura de financiación es viable, pero su implementación requiere la estandarización de los bonos, que riñe con la heterogeneidad de los proyectos. Por esta razón es necesario que se implemente una operación de credit enhancement, mediante la cual unas compañías de seguros de excelente calificación garanticen el pago de estos papeles. Eso les permitirá tener un bajo riesgo.

Las autoridades hacen bien en tomar la precaución de diseñar un esquema de financiación que vincula varias fuentes y mecanismos e instrumentos que le provean suficiente liquidez, para asegurar una rápida rotación de los recursos. La dinámica expansión de los mercados en la última década permite pensar que es viable financiar el programa en los próximos seis años, con base en esa estructura, sin arriesgar la estabilidad financiera de la economía.

 

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Edición 901| Desarrollo y perspectivas del mercado cambiario local

Gracias a la mayor integración comercial y financiera de Colombia con el resto del mundo, el mercado cambiario local se profundizó y ganó liquidez durante la última década. Este progreso se basó primero en la expansión del segmento de operaciones al contado y luego en la evolución del segmento de operaciones con derivados.

El crecimiento del mercado requirió y al mismo tiempo resultó estimulado por las mejoras que tuvieron lugar en su infraestructura institucional, que permitieron la profesionalización de los operadores y la llegada de nuevos participantes extranjeros.

Sin embargo, el mercado de divisas en Colombia es menos profundo que en el promedio de los países latinoamericanos y en los emergentes, aunque su liquidez es ligeramente mayor, sobre todo en el de contado.

Por tanto, es probable que la profundización de nuestro mercado cambiario haya resultado obstaculizada por la excesiva rigidez de los controles a las operaciones con moneda extranjera. Por este motivo, quizá convenga revisar las normas que dificultan su correcta operatividad. Entre ellas requieren un examen, en primer lugar, las que estrechan el espacio para las operaciones con moneda extranjera, al limitar las posiciones en divisas de los intermediarios del mercado cambiario (IMC). Estos límites distorsionan los precios e impiden a los IMC ofrecer en cantidades adecuadas sus productos. Y en segundo lugar, las que entorpecen el eficiente funcionamiento de la Cámara Compensación de Divisas de Colombia (CCDC).Las más incómodas de éstas son el bajo tamaño de los cupos intra-día, que restringe el monto de las operaciones de los IMC; la ausencia de un proveedor de liquidez en moneda extranjera de última instancia y la imposibilidad de acceder a la liquidez del Banco de la República en moneda nacional. Las dos últimas dificultan a la CCDC mitigar de una manera más extensa los correspondientes riesgos de liquidez. Quizá convenga también aceptar la liquidación bilateral de las operaciones en divisas entre los IMC, para permitir que los que no participan de manera directa en la CCDC puedan realizarlas con menores riesgos.

 

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Edición 900| ¿Cuál debe ser el rol del Defensor del Consumidor Financiero?

El Defensor del Consumidor Financiero nace hace cerca de 20 años como una iniciativa de autorregulación de los establecimientos bancarios afiliados a Asobancaria en un momento en el que no existían mecanismos eficientes para la protección de los derechos de sus usuarios. Su principal objetivo fue constituirse como una instancia mediadora en los conflictos entre las partes para proveer soluciones ágiles, mejorar la prestación de los servicios e incrementar la confianza. A medida que la oferta de servicios financieros fue creciendo y el número de personas con algún producto financiero fue aumentando, las medidas de protección del consumidor financiero también se fueron incrementando y consolidando. Es así como la figura del Defensor fue reglamentada por la Ley 1328 de 2009 que entre otros temas, estableció que las decisiones adoptadas por él son obligatorias cuando las entidades vigiladas así lo prevean en sus reglamentos. Adicionalmente, el Congreso de la República abrió la posibilidad de que los consumidores pudieran acudir, en busca de protección de sus derechos, a la misma entidad vigilada, a la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, en su calidad de autoridad administrativa o jurisdiccional o a los jueces competentes.

Los mecanismos de defensa del usuario del sistema han ido aumentando con el incremento en los servicios que prestan los bancos a poblaciones crecientes, particularmente a aquellas de menores ingresos. El resultado ha sido que por cada diez mil transacciones sólo 2.3 generan reclamos, que cada vez son menores frente a un número creciente de transacciones.

La banca continua invirtiendo cuantiosos recursos en mejorar la prestación de sus servicios, pues entiende que cada problema con un banco, a nivel personal, genera malestar e insatisfacción.

En la actualidad, la instancia más utilizada por los usuarios de los bancos para interponer quejas o reclamos es la misma entidad (90% de las quejas), seguida por el Defensor del Consumidor (6%) y por la SFC (5%). Es claro entonces que la gran mayoría de las quejas se resuelven por transacción o acuerdo mutuo entre los clientes y los bancos.

Cursa en el Congreso un proyecto de ley que busca volver obligatorias las decisiones del Defensor del Consumidor Financiero sobre las quejas del consumidor. Dicha iniciativa estaría otorgando la función pública de administración de justicia al Defensor sin estar facultado constitucionalmente y, generaría un desequilibrio entre las partes ya que sólo las entidades estarían obligadas a acatar las decisiones del defensor, dificultando la operatividad de dicho vehículo de solución de conflictos, y generando una tendencia a que la única decisión aceptada sea la que favorezca al consumidor y no la que obedezca a razones de justicia o equidad.

 

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