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La semana económica divulga el punto de vista gremial sobre la coyuntura económica y financiera internacional y doméstica, las políticas públicas, regulación y supervisión sectorial y sus efectos en la economía, los mercados y el sistema financiero.

Edición 891 | Perspectivas de la deuda privada en Colombia

Los mercados de deuda privada promueven el desarrollo económico de un país, porque permiten canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, a través de los bonos emitidos por las empresas para captar recursos con los cuales financian sus actividades. En el caso de Colombia, durante la última década se presentó un importante crecimiento de este mercado, que llevó a la emisión histórica de recursos por COP 14 billones en 2009.

Este desarrollo estuvo acompañado por importantes avances en materia de regulación, infraestructura e innovación financiera que han permitido contar con un mercado de deuda más eficiente. Además, el sector real ha ganado una participación importante en los últimos años.

Recientemente parece que este dinamismo ha venido perdiendo fuerza. Dentro de las razones que explican esta tendencia se encuentran factores desde el lado de la oferta y la demanda. En el primer caso, el incremento en las tasas de interés durante 2011 aumentó los costos por concepto del servicio de la deuda. En términos de la demanda, la existencia de límites prudenciales que desincentivan el apetito por estos instrumentos, sumado a la ausencia de un mercado que incentive la negociación y la liquidez para las emisiones de las empresas, especialmente para las pymes, dificulta aún más este desarrollo.

Internacionalmente se ha promocionado el desarrollo del mercado de deuda privada a través de dos caminos. Por un lado, se ha buscado facilitar el proceso de emisión para las entidades que ya son actores recurrentes en el mercado. Por otro, los esfuerzos se han enfocado en la inclusión de pequeñas y medianas empresas (pymes) en los mercados de valores, así como la constitución de ambientes de negociación dirigidos hacia este tipo de títulos e inversionistas.

Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ha propuesto generar una nueva agenda que promueva el desarrollo del mercado de deuda privada, la cual pretende redefinir el papel de algunos intermediarios, facilitar los procesos de originación y fortalecer la negociación de los instrumentos emitidos por las entidades. Consideramos que estos esfuerzos están encaminados en la dirección correcta y deben ser una prioridad durante los próximos años.

 

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Edición 890 | OCDE: urgente reforma laboral y educación de mejor calidad en Colombia

En Colombia la pobreza disminuyó de una manera notable durante la última década, gracias al dinámico crecimiento y a la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, en contraste con lo ocurrido en la mayor parte de América Latina, la equidad no mejoró de modo sustancial en nuestro país en este período. Varios estudios coinciden en diagnosticar que hay tres obstáculos estructurales que impiden mejorar la equidad y dificultan reducir la pobreza. En primer lugar, el mal funcionamiento del mercado laboral, que mantiene alto el desempleo y genera informalidad. En segundo lugar, el estrecho acceso a la educación en los niveles superiores, que crea una prima elevada en la remuneración de los trabajadores más educados. Y en tercer lugar, el papel redistributivo nulo de la política fiscal en Colombia.

En consecuencia, con el propósito de mejorar la eficiencia del mercado laboral los especialistas recomiendan perseverar en la disminución de los costos laborales no salariales y flexibilizar el salario mínimo legal (SML). Con ello se lograría abaratar el trabajo formal y aumentar su demanda, de manera que se ampliaría el tamaño de este mercado, con lo cual se reducirían el desempleo y la informalidad. Unos costos laborales más flexibles ayudarían también a reducir los costos domésticos, para compensar el deterior de la competitividad de la producción nacional causado por la apreciación de la tasa de cambio.

Con el fin de disminuir la prima que obtienen en sus salarios los más educados, los analistas domésticos y las entidades multilaterales proponen aumentar el acervo de capital humano, por medio de la ampliación del acceso a una educación y formación vocacional de mejor calidad en todos los niveles, que consulte el perfil de la demanda de trabajo. En su concepto, la mejora de la calidad de la educación pública debe basarse en un proceso de formación, selección y promoción de los profesores más exigente, que introduzca incentivos que premien los resultados y lleven a los mejores maestros a las escuelas de las áreas más deprimidas.

Por último, para que la política fiscal tenga un impacto redistributivo, además de introducir una mayor progresividad en la estructura de los impuestos, como intentó el Gobierno con la pasada reforma tributaria; los expertos sugieren hacer el gasto más progresivo. Para tal fin aconsejan disminuir la regresividad del sistema público de pensiones y focalizar mejor los subsidios y las transferencias directas, de manera que lleguen a los más pobres y vulnerables.

 

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Edición 889 | Llegó el momento de promover el acceso a la banca

En días pasados se conocieron dos informes del FMI y uno de la OCDE sobre la economía colombiana. Los informes coinciden en la necesidad de reforzar la sostenibilidad del crecimiento, por medio de la disminución del desempleo, la informalidad, la desigualdad y la dependencia de la producción de materias primas. Insisten en que para este propósito se debe aumentar la productividad de la economía y la competitividad de la producción nacional, diversificar sus exportaciones e incrementar el ahorro doméstico. Con el fin de aumentar la productividad, aconsejan promover la inversión en infraestructura y en capital humano, mediante un acceso más amplio a una educación de mejor calidad. Para reducir el desempleo y la informalidad sugieren perseverar en la eliminación de los costos laborales no salariales y flexibilizar el salario mínimo, para que se alinee con la productividad. Para aumentar la productividad y la competitividad también enfatizan la necesidad de ampliar el acceso y la profundidad de los mercados financieros.

Una lectura conjunta de los informes de la OECD y el FMI sugiere que Colombia ha logrado consolidar una banca sólida, que en los últimos años ha sido una fuente importante de financiación para el país. Sin embargo, en materia de acceso al crédito todavía hay mucho por avanzar. En síntesis, se ha hecho mucho en materia de fortalecimiento de la banca, pero, a pesar de los avances, o quizás debido a ellos, ahora hay que empezar a pensar en ampliar el acceso.

Desde la perspectiva de Asobancaria, lo que describen la OECD y el FMI no es sino un reflejo del proceso de desarrollo que ha tenido el país. Sin lugar a dudas, después de la crisis financiera de 1998, la prioridad era consolidar una banca sana, que no fuera fuente de perturbaciones económicas sino, por el contrario, protección contra ellas. Los reportes de la OECD y el FMI se pueden leer como diciendo que esa tarea se ha cumplido, con lujo de detalles.

Eso abre la puerta para que el país, desde el punto de vista del sector financiero, se empiece a concentrar en otro tipo de objetivos, naturalmente sin echar para atrás en lo que se ha avanzado en materia de solidez y estabilidad. El nuevo desafío es la masificación del acceso a la financiación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Para tal fin, parece necesario que el país se replantee, una vez más, qué entiende por inclusión financiera, para contemplar el mundo del empresariado pequeño e informal.

También parece necesario que el país haga un diagnóstico adecuado de las causas que explican el bajo acceso al sector financiero. Aquí la preocupación de Asobancaria es que se haga énfasis en un diagnóstico inadecuado, que promueva la adopción de medidas que terminen restringiendo y reprimiendo al sector financiero, en vez de darle más espacio para actuar. El hecho mismo de que ahora se esté pidiendo darle más peso al objetivo de masificación del acceso a la financiación puede ayudar a cambiar la mentalidad imperante en la dirección correcta: lo que Colombia y su aparato productivo necesitan es más, no menos, crédito. Asobancaria está segura de que, con este objetivo en mente, y trabajando de la mano con las autoridades del Estado, es posible remover las distorsiones introducidas por la regulación y la tributación y generar los estímulos e incentivos que faciliten el acceso a la actividad financiera.

 

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Edición 888 | Comentarios sobre la propuesta pensional

Numerosos estudios han encontrado que el sistema general de pensiones en Colombia (SGP) tiene tres fallas principales. La primera es su baja cobertura: quienes tienen el beneficio de la pensión son una proporción muy baja (18,5%) de los que deberían tenerlo. Este problema es causado por las fallas del mercado laboral. Debido a su alta informalidad pocos ciudadanos alcanzan a completar los requisitos definidos para lograr una pensión. La segunda falla es que quienes cuentan con el beneficio de la pensión en el régimen de prima media (RPM) que administra el Estado, reciben con fondos públicos unos subsidios injustificables desde el punto de vista de la equidad. Resulta escandaloso que el subsidio sea mayor entre más altas las mesadas que reciben los pensionados en el RPM. Es absurdo que quienes tuvieron la capacidad de generar mayores ingresos durante su vida laboral, y por tanto accedieron a una pensión mayor, reciban un subsidio más alto durante su época de pensionados. La regresividad en las pensiones del RPM es una de las razones que explica por qué Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y por qué la política pública en nuestro caso no contribuye a reducir la desigualdad, sino a exacerbarla. La tercera falla del SGP es la de la sostenibilidad financiera del RPM, que se convirtió de manera paulatina en el problema de la carga fiscal que implica sostenerlo, como consecuencia de su inviabilidad. Si después de varias reformas el RPM devino financiable desde el punto de vista fiscal, es porque dejó por fuera al grueso de la población.

La propuesta de reforma del Ministerio del Trabajo pretende combinar los dos regímenes existentes en Colombia –el RPM y el de ahorro individual (RAIS)− en un ―régimen de pilares‖ (RP). En el nuevo RP los aportes de los trabajadores irían, en una parte, a un fondo común y, en otra parte, a una cuenta de ahorro individual. La propuesta mejoraría la equidad porque todos los pensionados recibirían el mismo subsidio. Al reducir la masa de los subsidios los recursos podrían alcanzar para aumentar la cobertura de la protección social. La propuesta también busca mejorar la cobertura de la protección a la vejez con programas de asistencia social a los adultos mayores, que no pueden acceder a una pensión.

Desde nuestro punto de vista, la propuesta del Ministerio puede tener aspectos inconvenientes, pero es un punto de partida razonable para un debate fructífero sobre cómo superar un statu quo que es inaceptable para el país. Cuando las fuerzas sociales se asientan en un equilibrio, es muy difícil cambiarlo. Pero no se puede perder de vista que el equilibrio pensional en el cual se halla hundida la sociedad colombiana es perverso, y se deben hallar las energías, así sean ingentes, para cambiarlo. Ante todo, hay que valorar la actitud de inconformidad del Mintrabajo con un problema de bulto. Sería una lástima que otra oportunidad más para tratar de avanzar en este tema se perdiera.

 

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Edición 887 | Creadores de mercado: nuevos estándares

En esta Semana se examina el papel de los creadores del mercado de títulos de deuda pública y se describe su funcionamiento en otros países y en Colombia.

La conclusión es que el programa de creadores de mercado ha servido considerablemente para el desarrollo del mercado de capitales, pero que se deben reforzar sus controles y reglas de funcionamiento para incrementar su potencial.

Si bien existen directrices que reglamentan su funcionamiento, es necesario que: se mejore la estructura de gobierno del esquema de creadores de mercado con el fin de revisar las implicaciones que generan los arbitrajes regulatorios entre establecimientos de crédito y sociedades comisionistas de bolsa; se evite que la administración de turno genere cambios circunstanciales sobre las condiciones del esquema; y se continúe promoviendo el trato preferencial en la divulgación de información oficial para el grupo de creadores.

Así mismo, se debe velar para que se cumpla a cabalidad el cronograma para la emisión, la subasta o las operaciones de manejo de deuda, con el fin de mejorar y ayudarle a la nación a administrar su deuda.

Se deben introducir cambios estructurales en el esquema para mantener informados a los participantes del programa sobre las implicaciones y los efectos que tendrán las medidas adoptadas. La experiencia internacional indica que existen países en los cuales la estabilidad del programa se basa en unas reglas claras de funcionamiento, que garantizan su operatividad en el largo plazo.

Si se promueven estas iniciativas se generarían innumerables beneficios para la deuda del gobierno, los cuales se traducirían en: una mayor competencia por parte de las entidades locales por participar en el esquema, lo que mejoraría la profundidad del mercado deuda pública; la obtención de mejores calificaciones crediticias, gracias a mejores estándares de manejo y administración por parte del gobierno; y un mayor apetito por parte de inversionistas internacionales a la deuda local, en respuesta a una mayor estabilidad jurídica.

 

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Edición 886 | Necesitamos detener la apreciación cambiaria

Colombia enfrenta una mayor probabilidad de un crecimiento lento, debido a que la industria y la agricultura no pueden convertirse en motores de la actividad económica. Su incapacidad radica en que su competitividad se deterioró en el mediano plazo por la apreciación de la tasa de cambio real, sin que haya sido posible mejorarla mediante una disminución eficaz de los costos de la producción nacional o un aumento de la productividad. Por eso se requiere frenar la revaluación y bajar los costos.

Una desalineación persistente de la tasa de cambio respecto de sus determinantes fundamentales conduce a desequilibrios macroeconómicos y financieros que desestabilizan la economía, y arriesgan su estabilidad financiera si sobreviene un choque externo fuerte.

Las autoridades deben incorporar más la situación cambiaria dentro de sus objetivos, y reaccionar más atentamente a la coyuntura actual. En los últimos días han dado pasos, pero habrá que ver si ellos son suficientes, y si van en la dirección correcta. Mediante un mayor monto de compras de divisas el BR busca disminuir la volatilidad de la tasa de cambio, al tiempo que el Gobierno reducirá su flujo neto de financiación externa y Ecopetrol hará algo similar. De otra parte, se anunciaron medidas comerciales para aumentar la protección de dos sectores la economía. Con ello y con el anuncio implícito de metas cambiarias el Gobierno busca disminuir las expectativas de apreciación. Estas medidas no parecen suficientes para un período extenso. Resulta sobre todo difícil sostener una compra de divisas al mismo ritmo al cual ingresan los capitales del exterior, por los costos para el emisor y los riesgos que implica para la estabilidad macroeconómica y financiera una expansión monetaria persistente.

El Gobierno está demorado en adoptar una estrategia adecuada para enfrentar la apreciación en el largo plazo. Para frenarla, la economía debe generar ahorro doméstico. Lo ideal es que el esfuerzo de ahorrar recaiga en el sector público. No obstante, la senda de ajuste del Gobierno Nacional Central (GNC) contempla déficits en el balance público hasta 2023. Un reto difícil que tienen las autoridades es una calibración fina de las estrategias para combatir la revaluación, con las que se requiere para evitar que se pronuncie la desaceleración de la actividad económica, porque luchar contra la apreciación requiere ahorrar, mientras que frenar la desaceleración exige mejorar la eficiencia del gasto público.

Para incrementar la competitividad de la economía en el mediano plazo se precisa, además, aumentar su productividad y mejorar su entorno institucional, con el propósito de acelerar la acumulación de factores productivos, de manera disminuya la tasa desempleo natural y los costos de la producción nacional.

 

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Edición 885 | Reforma tributaria: el impacto para las personas naturales

La entrada en vigencia de la reforma tributaria para el año gravable 2013, traerá grandes cambios para los contribuyentes. En el caso de las personas naturales, el más importante es la aplicación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional -IMAN-, un nuevo sistema para calcular el impuesto sobre la renta que los empleados (una nueva categoría de personas naturales para efectos tributarios) con ingresos superiores a $3.8 millones mensuales, deben comparar con el sistema impositivo ordinario a fin de pagar el impuesto que resulte mayor.

Una estimación sobre el universo de personas que deberán aplicar el IMAN indica que se trata de 500 mil declarantes que aportan cerca del 3% de los impuestos del país. El recaudo adicional que se espera por cuenta del IMAN ($3.2 billones) implica duplicar la tributación de este grupo de contribuyentes. De ahí la importancia de tener claridad sobre quiénes quedaron clasificados como empleados, lo que no es evidente. Es claro que en la definición quedan incluidos dos tipos de trabajadores: los asalariados y quienes trabajan por honorarios para un solo empleador (v.g. quienes trabajan para el Estado con contratos de prestación de servicios). Lo que no es tan obvio es si otros profesionales independientes –abogados, economistas, médicos, odontólogos, por ejemplo– quedan también cubiertos por la definición. La falta de claridad en la determinación de lo que se considere como empleados, seguramente va a ser fuente de múltiples discusiones, que pueden terminar en largas controversias judiciales.

Cuatro cosas llaman la atención en este tema. La primera consiste en que los impuestos se incrementan considerablemente para los empleados por cuenta de que en la depuración del ingreso para calcular el IMAN no es posible restar las principales deducciones y exenciones que se tienen para el sistema ordinario ni los gastos en que se incurren para generar el ingreso para los independientes. La segunda, que el texto original de la reforma incluía en la aplicación del IMAN a todas las personas naturales (empleados, trabajadores por cuenta propia y rentistas de capital), y al final solo quedaron los empleados. El resto continuarán tributando bajo el régimen ordinario, al que también se le introdujeron algunas modificaciones que pueden dar como resultado un incremento de los impuestos a pagar aunque en menor cuantía que con la aplicación del IMAN. La tercera, que los trabajadores por cuenta propia (por ejemplo los comerciantes) con ingresos anuales hasta de $725 millones pueden usar otro sistema de depuración -el Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS)- que resulta sustancialmente más favorable que el sistema ordinario. Por último, se resalta que dada la considerable diferencia en impuestos entre uno y otro sistema es probable que se genere un incentivo para generar al menos un 20% de los ingresos por otras actividades diferentes a las laborales como arrendamientos, dividendos, intereses, entre otros; de esta forma el empleado dejaría de ser considerado como tal y pasaría a tributar bajo el régimen ordinario, lo que implicaría pagar menos impuestos.

 

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Edición 884 | ¿Podría el BR ser proveedor de liquidez de la Cámara de Compensación de Divisas?

A principios de 2012 el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés) recomendaron que las Infraestructuras del Mercado Financiero (FMI, por sus siglas en inglés) deberían acceder a las líneas de liquidez que ofrecen los bancos centrales, con el fin de que estas instituciones cuenten con los suficientes recursos para mitigar los riesgos en situaciones de estrés y se asegure la operatividad del sistema de pagos.

Esta propuesta nace en respuesta a las inquietudes que se generaron después de la crisis financiera que comenzó en 2008, debido a que el mercado no contaba con la suficiente claridad sobre los mecanismos que podían utilizarse para asegurar el suministro adecuado y rápido de liquidez en situaciones de estrés financiero.

En la actualidad las recomendaciones realizadas por el BIS y IOSCO comienzan a ser aplicadas en distintos países, entre los cuales se destaca la Unión Europea (UE). Esta incorporó dentro de su reforma financiera la posibilidad de que los sistemas de compensación y liquidación de pagos tengan acceso a los recursos del banco central, convirtiendo a este último en un proveedor liquidez para ellos.

A pesar de su relevancia, esta iniciativa no se ha discutido el ámbito local, donde su implementación sería de gran utilidad. En Colombia se cuenta con reglas que obligan a los intermediarios financieros a enviar las operaciones que se realizan a través de los sistemas transaccionales en divisas y derivados a las cámaras de compensación y liquidación. También se obliga a las cámaras a contar con proveedores de liquidez de recursos en pesos y en dólares. La integración del Banco de la República (BR) como proveedor directo de liquidez de última instancia a este sistema, aseguraría su plena operatividad en coyunturas de estrés financiero.

Este tipo de recomendaciones pueden ser acogidas teniendo en cuenta que actualmente los sistemas de compensación y liquidación, en especial para el caso de las divisas, le permiten a los intermediarios del mercado cambiario (IMC) mitigar los riesgos derivados de las operaciones de cambios celebradas en los sistemas de negociación. Adicionalmente, la posibilidad de contar con una mayor cantidad de proveedores de liquidez le permitiría al mercado mejorar sus tiempos de respuesta y disminuir sus costos, lo cual se traduciría en un incremento en eficiencia y transparencia.

Adoptar este tipo de estándares podría convertir al sistema financiero colombiano en un referente para la región y en un ejemplo para la administración integral de riesgos.

 

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Edición 883 | ¿Continuará la desaceleración económica?

El resultado inesperado de la economía colombiana en el tercer trimestre de 2012, cuando creció al 2,1% anual, plantea inquietud sobre su trayectoria futura. Problemas institucionales y choques adversos de oferta llevaron a un descenso sorpresivo de la inversión, de la construcción y de la producción minera y de hidrocarburos, que condujo a una desaceleración del PIB más allá de lo previsto. Como es posible que el consumo privado no haya aumentado el ritmo en el último trimestre, la dinámica de la demanda interna y del crecimiento en éste y en los períodos siguientes dependerá sobre todo de la inversión.

La desaceleración insinúa que la producción comienza a caer por debajo de la potencial y que la tasa de crecimiento es mucho menor que la de largo plazo. La tendencia decreciente que exhibe la actividad económica es preocupante porque el entorno internacional podría desmejorar en cualquier momento, por los desacuerdos sobre la política fiscal en los Estados Unidos o por un desarrollo desafortunado de la crisis europea. Si estos riesgos se materializaran, la menor demanda externa, la perturbación de los mercados financieros y la debilidad de la demanda interna aumentarían la probabilidad de una recesión doméstica.

Para prevenirla hay que considerar la conveniencia de relajar las estrategias monetaria y financiera que adoptaron con excesivo rigor las autoridades, para evitar un recalentamiento de la economía y un desborde del crédito. Como advirtió Asobancaria oportunamente, extremar las medidas prudenciales para contener lo que parecía un incremento excesivo del crédito, entrañaba el riesgo de asfixiar la economía, si la coyuntura cambiaba de manera repentina. Sobre todo cuando la expansión crediticia era parcialmente el resultado de una profundización de los mercados y una mayor inclusión financiera, en las cuales el país tiene un rezago estructural respecto de las que corresponden a su desarrollo económico y social. Por fortuna el BR ha relajado su postura monetaria y cuenta con un espacio amplio para continuar.

Hay que tener en cuenta también que la reforma tributaria podría pronunciar la desaceleración de la actividad económica, a menos que sea compensada por una expansión eficiente del gasto público. Para conseguirla y para lograr el repunte requerido de la formación bruta de capital en obras civiles, edificaciones y minería, es apremiante superar los cuellos de botella que resultaron de la puesta en marcha de los nuevos esquemas institucionales para la administración y ejecución de las regalías, para la planeación y la realización de las obras públicas y las concesiones, para la minería y para la preservación del medio ambiente. Aquí hay una demora que entorpece el flujo de la inversión en esos sectores. Si no se quiebran esos cuellos de botella, no solo se resentirá la actividad económica en el corto plazo, sino que además no mejorará la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo.

Minimizar el riesgo de que se prolongue la desaceleración de la actividad económica doméstica requiere, por una parte, superar los obstáculos institucionales que frenan la inversión. Y por otra, que las políticas monetaria y financiera promuevan un flujo de crédito abundante y barato al sector privado.

 

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Edición 882 | La banca en 2012

2012 fue un año moderadamente bueno para la banca. Fue un año de consolidación de su actividad, en medio de un fortalecimiento de su posición patrimonial y provisional. Como resultado, se ha obtenido una banca más robusta, e igualmente rentable.

Las utilidades acumuladas de la banca a octubre crecieron a una tasa real de 6,3%, debido principalmente a los ingresos por intereses netos, los cuales fueron compensados principalmente por las provisiones netas. Las utilidades se desaceleraron respecto al mismo periodo de 2011, lo cual significa que la banca ha hecho una contribución en términos de utilidades para tener una banca más sólida y segura.

En efecto, durante 2012 una preocupación de las autoridades, tanto de la política monetaria como de la regulación macroprudencial, fue contener el crecimiento excesivo del crédito, en particular el de consumo, y de la cartera vencida. Al finalizar el año, se puede decir que esa tarea, a grandes rasgos, ha sido cumplida. Como resultado, el crédito crece a una tasa acorde con la expansión de la economía, y los bancos se encuentran rentables, capitalizados y provisionados: en una palabra, sólidos.

El monitoreo de los riesgos debe continuar de forma permanente, para evitar efectos negativos tanto en el sistema financiero como en el sector productivo nacional. El rumbo más reciente de la política monetaria ya muestra que el balance de los riesgos está moviéndose hacia una desaceleración de la economía, de modo que habrá que estar atentos al momento en que ya no tenga que frenarse el crédito, sino estimularlo.

En este contexto, la banca continuó siendo una animadora importante del mercado de valores local, y siguió incursionado con fuerza en el internacional. De otra parte, continuó el proceso de internacionalización de la banca, con mayor presencia de la banca colombiana en el exterior y de la banca extranjera en Colombia.

Así mismo, la banca mostró progresos en los temas sociales que atañen a la banca, como la inclusión financiera, la educación financiera y la preservación del medio ambiente. En síntesis, la banca puede sentirse satisfecha de su contribución al desarrollo durante 2012. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo para todos.

 

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