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La semana económica divulga el punto de vista gremial sobre la coyuntura económica y financiera internacional y doméstica, las políticas públicas, regulación y supervisión sectorial y sus efectos en la economía, los mercados y el sistema financiero.

Edición 1022 | DISCURSO DE APERTURA: IV ENCUENTRO TRIBUTARIO

Entre las causas o falencias del sistema tributario colombiano identificadas por la OCDE y ratificadas en el Informe presentado al Gobierno por la “Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria”, se encuentra que este “castiga la eficiencia económica, la formalidad laboral y la competitividad empresarial”.

En Colombia, la mayor carga impositiva recae de manera drástica sobre las empresas, lo que deriva en enormes y adversos efectos en la dinámica de la inversión. En efecto, impuestos como el de la riqueza e ICA encarecen la acumulación de capital, al tiempo que la alta tasa del impuesto sobre la renta, que aumentó en 2015 por la sobretasa al CREE del 34% al 39% y alcanzaría el 43% en 2018, ha convertido a Colombia en uno de los países con mayores tasas de tributación efectiva.

Las tarifas de retención en la fuente del sector financiero son altas. En 2014 las autorretenciones por concepto de intereses de cartera del sector presentaron un saldo a favor de $41.000 millones y por concepto de comisiones de $112.000 millones. Por su parte, las autorretenciones en los derivados han llegado a representar, en algunos años, más del 400% de las utilidades de estos contratos y durante 2013 y 2014, a pesar de que se generaron pérdidas en su operación, el monto de autorretención ascendió a $ 147.000 y $322.000 millones, respectivamente.

Aunque la carga impositiva en Colombia ha aumentado, los ingresos por este concepto continúan siendo bajos, en buena parte como consecuencia de la alta tasa de evasión. Una herramienta importante para combatirla es el “Plan contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios” –BEPS de la OCDE, cuyo estándar de aplicación mínimo fue presentado en octubre. Este estándar mínimo adopta medidas tendientes a buscar transparencia, prevenir el “treaty shopping” o abuso de los tratados, reforzar las disposiciones de precios de transferencia y crear mecanismos efectivos de solución de conflictos.

La formalización de las empresas se constituye como una de las mejores herramientas contra la evasión fiscal y de allí la importancia de adoptar medidas tributarias que no solo brinden claridad al micro y pequeño empresario, sino que incentiven además la formalización. La implementación de un Régimen de Transición Tributario (RTT) permitirá, en este contexto, simplificar las obligaciones tributarias formales de las empresas más pequeñas, lo que hará más amigable el tránsito hacia la formalidad para aquellas empresas que aún ven en el esquema tributario una de las principales talanqueras en ese proceso.

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Edición 1021 | ¿CÓMO VAN LAS 4G?

En el país persiste un importante rezago en materia de competitividad. Por ejemplo, el Índice de Desempeño Logístico de Colombia ha presentado retrocesos en los últimos años en el componente de infraestructura relacionada con el transporte. Por su parte, el Índice Global de Competitividad también indica que el país no ha mejorado en la calidad de sus carreteras y, aunque no debe desconocerse que otra serie de elementos obstaculizan los avances en competitividad, el tema vial es uno de los principales cuellos de botella. De allí la importancia de los programas de construcción, reparación y adecuación de infraestructura vial que apunten a disminuir tales brechas permitiendo la interconexión eficiente del país.

El programa de concesiones de cuarta generación (4G) se constituye como el más importante en la historia reciente del país. A la fecha, el valor más probable de inversiones de este plan en su componente vial asciende a 36,7 billones de pesos. Este valor es 2,7 veces superior a los recursos invertidos en la primera, segunda y tercera generación de manera conjunta. Los estimativos realizados por Asobancaria indican que la totalidad del programa le aportará, en promedio, 0,4% al crecimiento económico durante el periodo 2015-2022. El mayor aporte al crecimiento se realizaría en 2018 (0,8%) y se espera que a partir de allí tome una senda decreciente hasta 2022 (0,61%). En ese sentido, es importante formular desde ya la hoja de ruta de largo plazo en materia de desarrollo de infraestructura, un paso que esperamos se materialice a través del diseño e implementación del Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI).

En materia de financiamiento se ha conocido que seis proyectos de la primera ola han obtenido aprobaciones en firme de recursos por parte de entidades financieras para generar los cierres contractuales ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aunque todavía quedan pendientes los cierres totales que deberían generarse en los próximos meses. Con este paso se aproximan las primeras obras físicas del programa 4G.

Debe reconocerse que existen algunos elementos sobre los cuales se debe avanzar para lograr el financiamiento de las obras, puntos que se han ido identificando y poniendo en conocimiento de las autoridades competentes. Entre estos puntos se cuentan: el porcentaje de endeudamiento de los concesionarios, la participación de la ANI en los contratos de Alianzas público privadas, los alcances de la Ley de Garantías Mobiliarias, la toma de posesión ante eventuales incumplimientos, las fechas exactas de los desembolsos y el licenciamiento ambiental.

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Edición 1020 | MI CASA YA: FUNCIONAMIENTO, DESEMPEÑO INICIAL E IMPACTO SOCIAL

El programa Mi Casa Ya se reglamentó con la expedición, en marzo de 2015, del Decreto 428 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de facilitar la adquisición de vivienda por parte de aquellos hogares que, a pesar de contar con capacidad de endeudamiento, necesitan de un Subsidio Familiar de Vivienda –SFV– para adquirir una solución habitacional acorde con sus necesidades.

Mi Casa Ya comprende un SFV directo y un subsidio a la tasa de interés. El monto del SFV depende del rango de ingresos del hogar. El primer rango es para los hogares con ingresos mayores a dos e inferiores o iguales a tres SMMLV y el segundo, para los de ingresos mayores a tres y de hasta cuatro SMMLV. En el caso del subsidio a la tasa de interés, en ambos rangos se contempla el otorgamiento de cuatro puntos porcentuales sobre la tasa de interés pactada en el crédito hipotecario.

El segmento de Vivienda de Interés Social –VIS– experimentó una moderación en su ritmo de crecimiento entre 2013 y 2014, a pesar de mantenerse en niveles altos en la mayoría de sus indicadores de actividad. Estos comportamientos han comenzado a revertirse en los primeros meses de 2015 con el efecto del programa Mi Casa Ya sobre la construcción y el mercado de viviendas de interés social.

Mi Casa Ya responde a necesidades específicas de un segmento de población que a pesar de contar con capacidad de endeudamiento, requiere de subsidios directos y a la tasa de interés para lograr el cierre financiero. Esta población enfrenta barreras importantes para acceder a soluciones adecuadas de vivienda propia puesto que no cuenta con patrimonio de vivienda al momento de la compra, posee baja capacidad de ahorro y experimenta dificultades para obtener financiamiento hipotecario formal dados sus altos niveles de informalidad laboral, además de las limitaciones impuestas por la regulación actual. A pesar del positivo impacto social de esta medida, el desarrollo futuro de este tipo de mecanismos debe encaminarse hacia la inclusión de la población con ingresos laborales de origen informal cuyas características impiden su acceso al financiamiento hipotecario formal.

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Edición 1019 | DISCURSO DE APERTURA: IX CONGRESO DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y SEGURIDAD

Los constantes y rápidos avances tecnológicos, además de contribuir en los países en sus actividades sociales y económicas, traen consigo nuevas y crecientes amenazas. Los asuntos relacionados con ciberdefensa, ciberseguridad, ciberdelito, cibercriminales y ciberviolencia, han tomado recientemente especial relevancia, por lo que la sociedad ha empezado a abordar estas problemáticas tratando de encontrar la mejor forma de prevenirlas y atacarlas.

En Colombia, el Gobierno viene trabajando desde hace algunos años en el fortalecimiento del marco institucional que le permita enfrentar los riesgos cibernéticos. Es así como en el año 2011 se expidió el Conpes 3701, que definió los lineamientos de política para la Ciberseguridad y Ciberdefensa. A su vez, se espera que en los próximos meses un nuevo documento sobre esta misma materia establezca un ecosistema integral capaz de fortalecer adecuadamente sus competencias para dar respuestas asertivas a los retos planteados.

El sector financiero cuenta con infraestructuras robustas e invierte cuantiosos recursos para proteger sus sistemas de información. Sin embargo, es importante que todas las industrias comprendan que el riesgo informático está tocando a sus puertas y que hay que tomar medidas. De acuerdo con los resultados de la encuesta que publicó la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2015, los sectores de gobierno y energía son las dos principales industrias que sufren ataques destructivos por amenazas, seguidos por los de comunicaciones y de banca y finanzas.

Según el reporte del Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, los tipos de víctimas más afectados son las personas naturales con más del 70% del total de las denuncias. Se observa también que con los ataques se pretende acceder a datos personales o financieros o a cualquier información de utilidad para cometer sus crímenes sin violar sus sistemas informáticos.

Asobancaria señala la importancia de fortalecer los procesos de investigación y judicialización de los delitos informáticos en el país. La mayor parte de estas denuncias están dispersas en oficinas que tienen una enorme carga procesal y no cuentan con un conocimiento especializado. Asimismo, si bien cada vez más los jueces comprenden mejor los delitos informáticos, la evidencia digital difiere de otro tipo de pruebas físicas y, en ocasiones, se requiere del conocimiento de terminología técnica para comprender el accionar de los delincuentes. La tarea no es sencilla pero sí es primordial avanzar con mayor celeridad en estos frentes.

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Edición 1018 | CRECIMIENTO VERDE EN COLOMBIA Y EL ROL DEL SECTOR FINANCIERO

Dentro del contexto del impacto ambiental se relaciona la actividad humana y el desarrollo industrial como uno de los principales factores que han incidido en el deterioro del medio ambiente y han profundizado los efectos del cambio climático. Como consecuencia de esto se han cruzado los “límites planetarios”, concepto dado por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, según el cual el bienestar y la sostenibilidad del planeta están seriamente comprometidos.

El aumento de la temperatura promedio terrestre, que durante los últimos cincuenta años casi ha duplicado los registros de los últimos cien años, tendría un incremento de 4 grados centígrados en el año 2050, lo que derivaría, entre otros aspectos, a la extinción de algunas de las formas de vida actual. Surgen, en este contexto, serias preocupaciones asociadas a (i) el aumento en el nivel y la temperatura del mar; (ii) el aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y (iii) la sobrepoblación de las zonas urbanas como consecuencia de la migración desde el campo, entre otras. Estas, precisamente, son algunas de las realidades que enfrenta el planeta, mencionadas el Centro de Resiliencia de Estocolmo, y que nos obligan a pensar en un desarrollo económico medido en términos sociales y ambientales que garantice no solo su sostenibilidad económica sino también su propia existencia.

Para el caso de Colombia, según cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país perdería cerca de un 0,5% de crecimiento económico de forma sostenida, equivalente a $1.3 billones de pesos por año, si no toma medidas de adaptación frente a los efectos generados por el cambio climático. El fenómeno de la niña presentado en el 2010, que trajo consecuencias nefastas en términos sociales y económicos, le costó al país alrededor de $3,8 billones de pesos.

Una de las iniciativas más importantes que ha tomado la banca colombiana, para hacer frente al cambio climático y a la necesidad de promover el desarrollo sostenible, hace referencia a la implementación de un sistema de evaluación de riesgos sociales y ambientales. Este sistema debe ser parte integral del análisis de crédito y riesgo de los grandes proyectos en Colombia y su falta de consideración podría acarrear un impacto de reputación y financiero significativo para quienes hagan parte de ellos.

La banca en Colombia, a través del Protocolo Verde, ha tomado la delantera en la implementación de medidas que fomenten el desarrollo sostenible del país. Este acuerdo público/privado, bajo el cual se quiere incidir en la promulgación de las bases para lograr un crecimiento sostenible en el país, cuenta actualmente con la adhesión de 18 entidades financieras de las 36 asociadas a Asobancaria. Comprometidos con este proceso, la Asociación está segura de que el mayor reto que afronta el crecimiento verde es que este no sea visto como una amenaza al desarrollo industrial sino como un elemento fundamental para lograr no solo negocios que sean rentables y atractivos, sino que tengan garantía de sostenibilidad en el tiempo.

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Edición 1017 | ELECCIONES REGIONALES: RETOS EN MATERIA DE GOBERNANZA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La descentralización en Colombia genera desafíos importantes en materia de gobernanza para las administraciones regionales, esto con miras a superar los importantes desafíos en materia económica y social que se platean para los próximos años. La gobernanza pública es un factor fundamental y de la mayor importancia para la consecución de las metas que se ha trazado el país en el largo plazo, más aún ante el escenario de posconflicto que se avecina.

Las métricas en materia de Transparencia y de Desempeño Integral muestran que a mayor nivel de descentralización las capacidades institucionales y la gobernanza de las administraciones regionales presentan debilidades y vulnerabilidades superiores a las registradas en el gobierno nacional central. Este fenómeno genera un importante obstáculo para fortalecer el tejido institucional y alcanzar mayores niveles de desarrollo.

La evidencia empírica señala que para alcanzar niveles de eficacia satisfactorios o sobresalientes, calificaciones que se requieren para cerrar positivamente las brechas regionales, es imperativo alcanzar niveles muy altos de capacidad administrativa. Los resultados y análisis también sugieren que, tanto a nivel departamental como municipal, aún son numerosas las entidades territoriales que deben mejorar su capacidad de gestión administrativa y fiscal si quieren garantizar que los planes de desarrollo de cada región se cumplan a cabalidad. La convergencia a altos estándares de eficacia solo será posible si las autoridades del gobierno regional trabajan con responsabilidad y compromiso en la articulación de sus trámites internos.

Los retos que se avecinan en las próximas elecciones regionales no son menores. Solucionar gran parte de las debilidades, ineficiencias y vulnerabilidades puede ser posible en los próximos años, pero requerirá desde ya un esfuerzo decidido por parte de la administración pública y de la ciudadanía en general. En el marco de las próximas elecciones, los planes de gobierno deberán entonces reconocer y ajustarse a las necesidades y exigencias de la población, con el firme propósito de consolidar con la mayor rapidez, un desarrollo productivo y social más sostenible.

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Edición 1016 | LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES REGIONALES

El PIB de Colombia es uno de los más descentralizados en la región, después de México. Mientras las 5 regiones más grandes del país aportan el 61% del PIB nacional, en Brasil aportan el 64,9%, en Ecuador cerca del 67,5% y en Chile el 86,6%. Si bien Colombia es un país de regiones, las disparidades entre los departamentos son marcadas. Mientras el ingreso medio de los habitantes de Bogotá es similar al de Chile o Hungría, un habitante promedio del Chocó percibe un ingreso similar al de Bolivia o el Congo. Asimismo, mientras que ciudades como Bucaramanga tienen niveles de pobreza relativamente bajos (8,4%), casi la mitad de los habitantes de Quibdó o Riohacha se encuentran en niveles altos de pobreza.

En materia de profundización financiera, acceso al crédito e inclusión existen notorias brechas a nivel regional. Los primeros cinco departamentos más grandes concentran casi el 80% del valor agregado del sector de servicios financieros, lo que les permite sacar provecho de los beneficios del desarrollo de este sector para acelerar su crecimiento, apalancar su actividad económica e imprimirle una mayor dinámica de empuje. A nivel sectorial, una de las ramas que ostenta mayores diferencias en su desempeño regional es el sector vivienda, con particular notoriedad en materia de financiación hipotecaria en medio de grandes brechas en materia de ahorro e informalidad. Esto, sin duda, impone grandes desafíos para los gobiernos locales de cara a los próximos años.

Si bien la administración central ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de las regiones y el cierre de brechas entre las mismas, las autoridades locales se han configurado como el eje central de políticas focalizadas que responden a las necesidades específicas de cada región, departamento o municipio. Al respecto, se ha observado que los municipios con menor participación de los ciudadanos en el proceso electoral no solo tienden a tener mayores índices de pobreza multidimensional, sino que su población en condiciones de pobreza tiende a ser aun más pobre que en los municipios con mayor participación política.

Las elecciones locales de 2015 se plantean como una nueva oportunidad para trabajar más arduamente contra las desigualdades sociales y económicas dentro del país. Para ello, sin embargo, es necesario que la población asuma de manera responsable su rol como agente de cambio, en línea con las transformaciones que Colombia tanto requiere. De igual forma, además de la necesidad de que los representantes de las administraciones locales conozcan a profundidad las condiciones y necesidades de su población, es indispensable que cuenten con la capacidad de direccionar el rumbo de las políticas publicas hacia niveles de crecimiento y desarrollo sostenibles que permitan continuar avanzando, con la celeridad adecuada, hacia los estándares del primer mundo.

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Edición 1015 | LA BANCA COLOMBIANA: DE LAS MENOS VULNERABLES CON RESPECTO A SUS PARES REGIONALES

Existen diversos mecanismos de transmisión a través de los cuales los choques provenientes de la economía internacional pueden generar inestabilidades sobre el sector real. En muchas ocasiones, estos efectos se transmiten a través del sistema bancario, por lo que mantener en constante monitoreo su dinámica y fortaleza luce indispensable para identificar choques adversos sobre el sector real. En América Latina, si bien el sistema bancario no es tan grande como en otras latitudes, sí ha sido una fuente constante de inestabilidad económica a lo largo de la historia. En efecto, la participación de los depósitos y el crédito en el PIB regional se encuentra lejos de los países de ingreso alto y medio alto.

El análisis de la banca en América Latina encuentra un sistema con bajos niveles de riesgo. Sin embargo, existen diferencias que evidencian falencias en ciertos países de la región. México, por ejemplo, posee el mayor deterioro de la cartera morosa y no cuenta con un cubrimiento por encima del promedio en la región. En el otro extremo se encuentra el sistema financiero argentino, pues posee una de las carteras con mayor calidad y con un alto aprovisionamiento. Sin embargo, el riesgo para el país austral no proviene de su dinámica local, sino de la exposición a las fluctuaciones de sus pasivos netos denominados en dólares.

En el caso particular del sistema bancario colombiano se encuentra que, en la mayoría de los casos, sus indicadores se encuentran cerca del promedio regional. El balance que arrojan los indicadores de desempeño, calidad y gestión del riesgo luce positivo y sin mayores rezagos frente al promedio latinoamericano. En algunos casos, como lo es en materia de solvencia y provisiones, la banca en Colombia se destaca a nivel regional.

La dinámica de la banca regional aquí expuesta se muestra acorde con las observaciones más recientes hechas por diversas entidades multilaterales sobre el desempeño de la economía latinoamericana, en las que se resalta la fortaleza y resiliencia que ha adquirido la región ante los choques externos gracias, entre otros factores, a las buenas prácticas del sector financiero. En particular para la banca colombiana, la cautelosa regulación financiera y la adecuada gestión del riesgo se constituyen como las mayores fortalezas del sector y como uno de los activos más importantes con los que cuenta el país en el marco de las políticas macro prudenciales.

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Edición 1014 | Discurso de apertura: XIV Congreso de Derecho Financiero

• Nuestro país ha sido referente para la región en materia de regulación financiera por su carácter innovador y por la adopción permanente de altos estándares internacionales, incluso de manera anticipada a lo programado por quienes los expiden.

• El sistema financiero colombiano no solo se está adaptando al nuevo paradigma regulatorio, sino también a las nuevas tendencias tecnológicas que ayudan a profundizar el acceso a servicios financieros y a fortalecer los medios de pago. La banca es consciente que para competir exitosamente debe transformarse y adoptar las mejores herramientas que proporciona la tecnología, con el fin de aumentar la eficiencia y beneficiar a los consumidores financieros.

• Para garantizar la competencia en igualdad de condiciones, también se requiere nivelar las cargas y evitar arbitrajes regulatorios entre actividades similares. La regulación es una herramienta que facilita la adopción de nuevas tendencias y garantiza reglas de juego claras y equitativas para todos los competidores, así como la estabilidad del sistema y la protección de los derechos de los consumidores financieros, quienes al final del día son los grandes beneficiados, ya que la tecnología los acerca más a las entidades, al facilitar la realización de sus transacciones financieras diarias.

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Edición 1013 | Peajes electrónicos: un hito en materia de innovación e impulso a la competitividad en Colombia

• A pesar del significativo progreso que han presentado los principales indicadores económicos durante los últimos años, la mejora en materia de competitividad es una de las grandes tareas pendientes en la agenda pública y privada. Si bien se han realizado numerosos esfuerzos para garantizar un tránsito exitoso hacia una economía integrada al comercio internacional de manera eficiente y productiva, el escaso avance de la infraestructura y el débil desempeño logístico en materia de transporte mantienen el rezago del país en esta materia.

• La adopción de modernas plataformas tecnológicas como estrategia para superar estos obstáculos se abre como una posibilidad a la hora de reducir los tiempos y costos de desplazamiento. En particular, los peajes electrónicos constituyen una poderosa herramienta para transitar de forma más eficaz sobre las vías del país, contribuyendo con la reducción del consumo de combustible y el aumento de la velocidad promedio en los tramos con peaje.

• Otros países en el mundo ya han implementado de manera exitosa mecanismos de pago electrónico en peajes que, además de crear eficiencias y modernizar la infraestructura vial, han reducido los costos de operación a través del uso de la tecnología.

• El modelo de IP/REV (interoperabilidad de peajes/recaudo electrónico vehicular) propuesto por el Ministerio de Transporte evitará que cada concesionario u operador de peaje desarrolle su propia solución tecnológica fragmentando el mercado y afectando al usuario. Adicional a ello, logrará la consolidación de la información sobre los pasos y vehículos que transitan por las carreteras del país.

• La implementación de este modelo derivará en un sinnúmero de beneficios económicos y sociales. Será también un canal importante para la reducción del uso del efectivo, pues el dispositivo que se instalará en los vehículos podrá ser usado para realizar otro tipo de pagos, lo que contribuirá a la creación de un ecosistema de pagos electrónicos que le permitirá a los consumidores contar con instrumentos de pago más eficientes y seguros. Asobancaria celebra esta iniciativa, cuya correcta materialización permitirá avanzar en términos de competitividad y reducir las brechas que, frente a estándares internacionales, ha venido exhibiendo el país en las últimas décadas.

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