La publicación más importante de nuestra Asociación

La semana económica divulga el punto de vista gremial sobre la coyuntura económica y financiera internacional y doméstica, las políticas públicas, regulación y supervisión sectorial y sus efectos en la economía, los mercados y el sistema financiero.

Edición 980 | Señales de nuestro Indicador de Alerta Bancaria (IAB) en 2015: riesgos financieros serán bajos pese a desaceleración.

  • Colombia se enfrentará en 2015 a un escenario complejo en medio de riesgos externos y locales que podrían exacerbar la incertidumbre. La nueva realidad de los precios del petróleo, de la mano con la mayor devaluación del tipo de cambio y la normalización del ciclo monetario en EE.UU., sumado a la mayor incertidumbre tributaria, implicará riesgos en las finanzas públicas y una mayor volatilidad en los mercados financieros.
  • A pesar de los riesgos, la solidez de la banca permitirá afrontar los choques sin mayores perjuicios para la estabilidad del sistema. La sólida estructura patrimonial, la generación de utilidades y los adecuados indicadores de liquidez hacen que la banca pueda resistir los choques que puedan venir tanto del entorno internacional como del local.
  • La senda actual de los ritmos de expansión de la cartera no solo se muestra saludable sino que están lejos de los niveles registrados en los períodos previos a las crisis financieras (1998-1999 y 2009), señal de que la banca se muestra resistente a los coletazos del panorama externo.

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Edición 979| Crecimiento por debajo de 4%: una nueva realidad económica para Colombia en 2015

• Pese a que los resultados en materia de crecimiento en 2014 dan cuenta de una sólida demanda interna (soportada en el consumo y la inversión), en 2015 la economía enfrenta riesgos bajistas debido a la incertidumbre mundial y a la descolgada de los precios del petróleo.

• La economía colombiana es altamente dependiente a la cotización del crudo: cerca del 55% de la exportaciones provienen de las ventas de petróleo, el 35% de la Inversión Extranjera Directa (IED) total se dirige al sector minero-petrolero y cerca del 19% de los ingresos fiscales de la nación provienen del sector petróleo (Ecopetrol).

• Producto de la nueva realidad petrolera el Gobierno y el mercado han procedido a corregir a la baja su previsión de crecimiento para 2015 hacia el rango 4.2%-4.3%. Sin embargo, el nuevo Programa de Equilibrio General de Asobancaria (PEGASO 2.0), alimentado con diversos escenarios de precios del petróleo para 2015 y con los nuevos supuestos macroeconómicos, nos permite señalar que la economía difícilmente crecerá por encima del 4.0%. Los efectos colaterales de los menores precios del crudo en 2015, los efectos adversos de la Reforma Tributaria sobre la dinámica de la actividad productiva y la menor tracción en el consumo y la inversión, sumado a la lenta velocidad con que responderán los sectores transables en el muy corto plazo al estímulo cambiario nos hablan ahora de un crecimiento hacia el rango 3.5%-4.1%, con un pronóstico central de 3.8%.

• El Gobierno, en este panorama, deberá definir muy bien si las medidas contra cíclicas provendrán de nuevos estímulos fiscales y/o si el Banco de la República (BR) deberá extender por un tiempo prolongado su política monetaria expansiva. La Asociación Bancaria luce optimista sobre el curso de la economía, reconociendo que su expansión se compara de manera favorable frente al mundo emergente y a América Latina. Sin embargo, es prudente en alertar sobre los riesgos que se ciernen sobre la dinámica local y externa.

 

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Edición 978|Información: Aliada en la Profundización Financiera

Durante la última década, Colombia ha presentado importantes avances en temas de inclusión financiera gracias al trabajo conjunto del sector bancario y el Gobierno Nacional. El índice de bancarización, medido como el número de adultos que tienen al menos un producto financiero, ha crecido a tasas superiores al 6% durante los últimos tres años. Lo cual se tradujo en un aumento de dicho indicador en más de diez puntos porcentuales, situándolo en 71.2% a junio de 2014; a esta misma fecha, el 33.4% de la población adulta tenía al menos un crédito; y existe presencia del sistema financiero en el 100% de los municipios del territorio nacional, por medio de oficinas o corresponsales bancarios.

Uno de los factores determinantes en la efectividad de las políticas de inclusión ha sido la reducción en las asimetrías de la información. Este se ha manifestado a través del acceso a los servicios financieros, la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad en el país. La naturaleza de la actividad bancaria depende significativamente de un adecuado conocimiento del cliente financiero y en la medida que se tenga información de calidad, se garantiza una mejor administración del riesgo de crédito; lo cual incentiva la colocación de cartera y la reducción de exigencias como colaterales o codeudores para el otorgamiento de préstamos.

En la actualidad, existen varios Proyectos de Ley que están cursando su trámite legislativo en el Congreso y tienen como objetivo modificar el manejo de la información financiera y crediticia. En particular, se destaca el Proyecto de Ley N°90 de la Cámara que busca modificar la Ley Estatutaria 1266 de 2008, en relación con el Hábeas Data, en el cual se propone reducir del término de permanencia de la información en los bancos de datos, eliminar de las centrales de riesgo a los deudores morosos cuyas obligaciones sean inferiores a un salario mínimo y establecer un régimen de amnistía para los titulares de la información reportada, entre otras disposiciones.

Si bien este tipo de normativas se soportan en el mejoramiento del derecho de Habeas Data, se debe tener en cuenta que la información disponible y el tiempo de permanencia en las Centrales de Información permiten mejorar los modelos de riesgo en las entidades, incentivando la inclusión financiera y no obstaculizándola. De hecho, varias de estas disposiciones podrían tener efectos adversos sobre la economía e irían en contravía de las metas del Gobierno Nacional en tanto que (i) se aumentarían las tasas de interés frente a una mayor incertidumbre por el desconocimiento del comportamiento crediticio del cliente y existirían mayores costos asociados a su seguimiento; (ii) se generarían problemas en la estabilidad del sistema financiero debido a los deterioros en la cartera de crédito; (iii) se desmejoraría el clima de los negocios reduciendo los niveles de inversión extranjera; entre otros.

 

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Edición 977|Bien por la inclusión financiera, aunque quedan tareas pendientes

Al finalizar este año se recibieron varias noticias positivas que reflejan los importantes avances logrados por la banca en los últimos años. Colombia obtuvo el puesto 34 entre 189 economías en el índice Doing Business 2015, elaborado por el Banco Mundial para medir la facilidad para realizar negocios, ocupando el mejor lugar entre los países de América Latina y el Caribe. Esto representa un ascenso de 19 posiciones respecto de 2014, alcanzado en virtud de la mejora en el acceso al crédito con la expedición de la Ley de Garantías Mobiliarias. Por su parte, el Microscopio Global 2014, elaborado por The Economist Intelligence Unit, clasificó a Colombia en el segundo puesto en materia de favorabilidad del entorno para la inclusión financiera entre 55 economías emergentes, superado solo por Perú.

Si bien los distintos indicadores lucen alentadores, el país está lejos de acatar las recomendaciones mencionadas en la Hoja de Ruta de Colombia para el ingreso a la OECD en torno a alcanzar este objetivo, tales como la eliminación de los controles a las tasas de interés, del impuesto del cuatro por mil y de la obligación impuesta a la banca privada de financiar a FINAGRO.

No obstante, en vez de avanzar hacia el logro de estas recomendaciones, la reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República va en contravía de los esfuerzos alcanzados e incluso de la misma estrategia nacional de inclusión financiera. En efecto, tres de sus artículos además de constituir un duro golpe a la bancarización en Colombia, estimulan la marcada preferencia por el efectivo imperante en el país, lo cual genera altos costos para la sociedad al favorecer las actividades delictivas, la evasión tributaria y la expansión de la economía subterránea.

El primero es la prolongación del gravamen a los movimientos financieros por cuatro años más, impuesto que es anti técnico y tiene un efecto perverso sobre la economía formal. El segundo es la postergación de la entrada en vigencia hasta 2019 de la norma que busca limitar el reconocimiento fiscal de los pagos que realicen los contribuyentes (costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables), a aquellos que se efectúen con medios de pago diferentes del efectivo. El tercero es la eliminación de la devolución de los dos puntos de IVA para los pagos con tarjetas de crédito y débito o por medio de la banca móvil, una medida que ha sido un referente mundial, en particular en Latinoamérica, y que beneficia a millones de personas.

Así las cosas, si bien la industria financiera ha logrado grandes avances en los últimos años, los cuales son ampliamente reconocidos por expertos nacionales e internacionales en la materia, es preciso que los esfuerzos en este sentido se hagan en la dirección correcta. Es todavía largo el camino por recorrer para sentarnos en la mesa en igualdad de condiciones con los países de la OECD.

De ahí que se precise de un entorno regulatorio que incentive y promueva el acceso a servicios financieros, en el que se incluyan medidas que desestimulen la realización de los pagos en efectivo y favorezcan la utilización de los medios de pago electrónicos y no todo lo contrario. Si logramos avanzar de manera decidida en esta dirección los resultados se verán reflejados en el desarrollo económico y social del país y en la disminución de la ilegalidad, la evasión tributaria y la elevada informalidad.

 

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Edición 976|La reforma tributaria es una talanquera para la inclusión financiera

La inclusión financiera se ha convertido en una estrategia fundamental de la política pública, por los beneficios que traen un mayor acceso y uso de los servicios financieros sobre la distribución del ingreso, la lucha contra la pobreza, el bienestar de la población y el crecimiento económico. En Colombia, el esfuerzo mancomunado del Gobierno Nacional y de los intermediarios financieros formales ha logrado importantes avances en la inclusión de una proporción cada vez mayor de la población a estos servicios. En efecto, el índice de bancarización en Colombia está en 71,2% (22,6 millones de adultos tienen al menos un producto financiero); 33,4% de los adultos en el país tienen al menos un crédito; existe presencia del sistema financiero en el 100% de los municipios en Colombia, por medio de oficinas o corresponsales bancarios, cuyo número es cada vez mayor (70.582 a julio de este año); el crecimiento del uso de nuevos canales transaccionales como el internet y la banca móvil ha sido exponencial; y el nivel de innovación y desarrollo en el país son notorios. Esto para la banca ha significado un cambio radical de su estrategia tecnológica y comercial, al pasar de atender una población reducida pero de elevados ingresos a prestar sus servicios a la gran mayoría con transacciones de reducido valor. Ello ha implicado una atención más eficiente al público, una mayor recolección de información, una mayor seguridad y la ampliación de la infraestructura física y tecnológica.

Sin embargo, la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional y que actualmente hace curso en el Congreso de la República, va en contravía de estos esfuerzos e incluso de la misma estrategia nacional de inclusión financiera. Aún cuando es comprensible que las presiones fiscales que enfrenta el país sean relevantes y deban ser resueltas, no se justifica que para ello se utilicen impuestos que van en contra de la ampliación del acceso y uso de productos financieros formales por parte de la población.

Se llama la atención sobre tres artículos de la reforma tributaria que de ser aprobados, aumentarán la preferencia por el efectivo y en consecuencia generarán un efecto adverso sobre la inclusión financiera. El primero es la prolongación del gravamen a los movimientos financieros (GMF) por cuatro años más, impuesto que es anti técnico y tiene un efecto perverso sobre la economía formal. A medida que nuestro país ha tenido una reducción en sus niveles de inflación y de tasas de interés, el impacto del GMF sobre la rentabilidad de los depósitos bancarios se vuelve confiscatorio. El segundo es la postergación de la entrada en vigencia hasta el 2019 del artículo 771-5 del Estatuto Tributario que busca limitar el reconocimiento fiscal de los pagos que realicen los contribuyentes, tales como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, a aquellos que se realicen con medios de pago diferentes del efectivo. El tercero es la eliminación de la devolución de los dos puntos de IVA para los pagos hechos con tarjetas de crédito y débito o por medio de la banca móvil, una medida que ha sido un referente mundial, particularmente en Latinoamérica, a través del cual se benefician millones de personas por el simple hecho de hacer sus transacciones por estos medios.

Adicionalmente, la extensión del impuesto al patrimonio y la imposición de la sobre tasa para los contribuyentes del CREE hasta 2018, que incluye la reforma tributaria, incidirá sobre el crecimiento económico y estará afectando el potencial de inclusión financiera del país.

 

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Edición 975|Retos de la banca en América Latina

Las tendencias de consolidación del sistema financiero en América Latina dan cuenta de unas entidades bancarias de creciente presencia transnacional, aunque con una marcada vocación regional. Por este motivo, los desafíos del sistema financiero en nuestras naciones son cada vez menos individuales y adquieren una dimensión regional. Esta situación nos permite sacar un mayor provecho de las experiencias de cada país, identificando las mejores prácticas ante los problemas comunes.

Algunos de los retos comunes de la banca en América Latina son una mayor inclusión financiera, un desarrollo más acelerado de los medios de pago electrónicos para disminuir el uso del dinero en efectivo, una mayor competitividad y unos menores riesgos operacionales y de seguridad informática. El avance en estos propósitos será fundamental para aumentar el bienestar económico de la población en la región.

A pesar del progreso considerable de la inclusión financiera en los países latinoamericanos en la última década, persisten trabas para brindar un mayor acceso a los servicios financieros en la base de la pirámide. Por eso la región todavía mantiene una brecha relevante respecto a las economías más desarrolladas.

La banca latinoamericana necesita aumentar su competitividad para contribuir al desarrollo de nuestros países de una manera más activa. De forma general, la competitividad de la banca suele estar asociada a mayores niveles de competencia, al coexistir un número más amplio de actores dentro de un mercado, lo cual favorece la eficiencia, reduce los costos y promueve el acceso a los servicios financieros. Pese a la percepción general, la región ostenta niveles de competencia por encima del promedio mundial, incluso supera a los países de alto ingreso. Esto se ve reflejado en la rentabilidad de la banca latinoamericana, que se encuentra muy cerca del promedio de los países de similar desarrollo.

A la par de la administración de los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez, la gestión de los riesgos operacionales y la seguridad informática serán uno de los focos de trabajo para la banca latinoamericana en el futuro próximo, en procura de la continuidad del negocio.

Sin duda estos desafíos son algunos de los más apremiantes, pero no los únicos. La responsabilidad socio ambiental, la satisfacción del consumidor financiero, el fortalecimiento del crédito hacia la micro y pequeña empresa, el aumento de la eficiencia, la autorregulación y el control interno son otros temas que tendremos que enfrentar con presteza y dedicación.

En el actual contexto de mayor integración financiera, la existencia de una agremiación como la Federación Latinoamericana de Bancos –FELABAN– se convierte en una necesidad. Esta Federación tendrá en sus manos la provisión oportuna de información acerca de la evolución del negocio a nivel regional y de sus mejores prácticas, la correcta convergencia regulatoria, la estandarización de protocolos, el análisis económico comparado, la creación de conocimiento respecto al papel del sistema financiero en la región y la convocatoria de los actores para participar en espacios de reflexión, análisis y negocios.

 

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Edición 974| Una mirada al crédito agropecuario

La baja productividad del sector agropecuario es uno de los determinantes de los magros ingresos de la población rural. El rezago en dicha productividad se debe en buena parte a la adopción de medidas de protección y al atraso en la provisión de bienes públicos. Un suministro adecuado de crédito para financiar la inversión podría ayudar a incrementar la productividad y los ingresos de la población rural. Desafortunadamente, el diseño del actual sistema de financiación no lo facilita.

La existencia de fallas de mercado en el otorgamiento de crédito al sector agropecuario, es el argumento por el cual el Estado mantiene la canalización forzosa de recursos de los establecimientos de crédito privados –con un alto costo de oportunidad- hacia Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA en Finagro. Esta entidad, como banca de segundo piso, canaliza esos fondos a través de líneas de redescuento, para otorgar créditos agrícolas a tasas de interés fijadas por las autoridades. Los establecimientos bancarios pueden reducir los requerimientos de inversión obligatoria en TDAs por medio de la validación de cartera sustitutiva ante Finagro. La cartera sustitutiva es otorgada por los bancos con sus propios recursos, aunque debe mantener las condiciones de tasa de interés y plazo establecidas por Finagro para el crédito redescontado.

En el caso de la financiación de los pequeños productores, la tasa de interés fijada a la fecha (11%) no cubre los costos ni los riesgos asociados a los desembolsos. El tope de 14% para los créditos a los medianos y grandes productores, se ubica por encima de las tasas de interés vigentes en el mercado, lo que implica que en promedio no habría problema con el acceso al crédito para dichos segmentos. Sin embargo, productores con riesgo mayor quedan excluidos del acceso al crédito formal.

A pesar de las distorsiones del esquema de crédito vigente, el crédito agropecuario ha aumentado considerablemente en la última década: la proporción de productores agropecuarios con crédito aumentó de 11% a 40% y la profundidad de la cartera de 10% al 32% del PIB del sector.

La cartera total agropecuaria registrada en Finagro asciende en la actualidad a $13.5 billones. Si se le añade el crédito destinado a cubrir otras necesidades de las familias como la compra y el mejoramiento de la vivienda, muebles y electrodomésticos y educación, el dato total de crédito formal se estima en más de $21 billones, equivalentes al 53% del PIB sectorial, que está incluso por encima del promedio nacional, ya que el indicador de cartera total sobre el PIB del país asciende a 40%. No obstante, es preciso profundizar el financiamiento para lo cual se requiere superar las limitaciones para acceder a crédito formal.

Por el lado de la demanda, dichas limitaciones se relacionan principalmente con las garantías (inexistencia o temor de perderlas) y requisitos y papeleos que se estiman elevados. Por el lado de la oferta, sería de la mayor conveniencia el diseño de una política que, al tiempo que desarrolle o rediseñe mecanismos eficientes (hoy existen varios, pero su uso es muy bajo) de reducción de riesgos, permita que el sector financiero cobre tasas de interés de mercado, así se establezcan por otro lado subsidios directos a las que se aplican para los pequeños productores, como se implementó con éxito para la vivienda.

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Edición 973| Características del acceso al crédito en las zonas urbanas de Colombia

Existe una relación directa estrecha entre el crédito, el desarrollo económico y la equidad. Por medio del crédito las personas y las empresas pueden transferir inter temporalmente su ahorro, para adquirir activos cuyos retornos aumentan sus ingresos. Con base en él, se pueden obtener fondos para acumular capital humano, a través de la educación; o para llevar a cabo sus proyectos, mediante la creación de empresas. Estas, a su vez, pueden acumular capital físico, por medio de la compra de edificios, maquinaria y equipo. En ambos casos, como consecuencia de la acumulación de capital financiada con crédito, se aumenta su productividad, de manera que los trabajadores pueden recibir mayores salarios y los propietarios mejores utilidades. Los hogares también pueden adquirir con él bienes de consumo durable para mejorar su bienestar. El crédito les permite además afrontar eventos inesperados de disminución de sus ingresos o de aumento de gasto como el caso de una emergencia, sin deteriorar en el corto plazo su patrimonio. De este modo, el crédito es una herramienta eficaz para promover el desarrollo, combatir la pobreza y reducir la inequidad. Por esto, el acceso al crédito ocupa un lugar central en los esfuerzos por aumentar la inclusión financiera.

Gracias a la colaboración entre las autoridades y la banca, el acceso al crédito en Colombia se ha ampliado significativamente. Los datos de CIFIN a junio de 2014 muestran, por el lado de la oferta total (urbano y rural), que el número de adultos con al menos un producto de crédito se incrementó en 3,3 millones de personas en cuatro años, con lo cual ascendió a 10,6 millones, que equivalen a cerca de una tercera parte de este segmento poblacional. Sin embargo, los datos desde la oferta no incorporan los créditos informales como los que se obtienen con almacenes de cadena o familiares con los cuales esta proporción puede ser aún mayor.

Por el lado de la demanda la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes –ELCA– revela que para las zonas urbanas, en donde más se concentra el otorgamiento de créditos, los hogares con al menos un crédito aumentaron de 54% a 63% entre 2010 y 2013 y las entidades financieras fueron la fuente más importante de crédito formal tanto en 2010 (32,9%) como en 2013 (41,2%). Por sus características de monto, plazo y valor de las cuotas, el crédito formal mejora las posibilidades de consumo e inversión en los hogares. Sin embargo, la periodicidad de las cuotas restringe su capacidad de competir con las fuentes informales de crédito.

La ELCA establece que los hogares de los estratos socioeconómicos más altos y las personas con mayor educación tienen un mayor acceso al crédito que las personas en condiciones menos favorables. Además, pone en evidencia importantes diferencias regionales. La región central y Bogotá tienen el mayor acceso al crédito total, formal y bancario. La ELCA señala que las principales razones invocadas para no solicitar un crédito fueron: demasiados requisitos y mucho papeleo (25,3%), temor por no poder pagar o perder la garantía (15,8%) y tasas de interés altas (14,4%).

Asobancaria ha identificado otros temas claves para la ampliación del acceso en Colombia, tales como la eliminación de los topes a las tasas de interés establecidos por las autoridades, la adecuada reglamentación de la Ley de Garantías Mobiliarias, mejorar la información crediticia y transaccional de las personas, llevar a cabo una política de formalización de las Pymes y establecer la obligatoriedad de reportar a las centrales de riesgos para todas las empresas que realicen operaciones de crédito.

 

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Edición 972| ¿PUEDE LA INDUSTRIA CONVERTIRSE EN UN MOTOR DE CRECIMIENTO?

La economía colombiana lleva cuatro décadas de desindustrialización. Sin embargo, en la última de ellas mantuvo altas tasas de crecimiento, a pesar de no lograr incrementos sostenidos de la productividad ni mejoras sustanciales de la competitividad. Esto fue posible gracias a unos altos términos de intercambio, que contribuyeron a elevar el ingreso nacional; junto con una abundante inversión extranjera, que valorizó los activos domésticos y financió parte de la expansión de la demanda interna.

En la coyuntura actual la bonanza externa se extingue, por el final del superciclo de las materias primas y la normalización de la postura monetaria en los Estados Unidos, de manera que la economía no contará con el impulso externo de los últimos años. Por tanto, requiere nuevas locomotoras. En las condiciones actuales, la industria manufacturera, el sector agropecuario y los servicios no están en capacidad de convertirse en motores del crecimiento, porque no generan rendimientos crecientes a escala, ni contribuyen a elevar de una manera significativa la productividad total de los factores.

Con el fin de evitar un deterioro ulterior del sector manufacturero y fortalecerlo para que se convierta en un generador de actividad económica y en una fuente de ingresos por exportaciones, es necesario aumentar la productividad de la economía y cambiar la política sectorial. Para lograr lo primero, en el mediano plazo se debe mejorar la competitividad del país, comenzando por sus instituciones, la calidad de la educación y la infraestructura, la eficiencia de los mercados de factores y el ritmo de la innovación y del progreso tecnológico, como sugieren los indicadores del Foro Económico Mundial. Una clave para mejorar la política industrial es insistir en abrir la economía. El intento de apertura de comienzos de la década de 1990 redujo el arancel, desmontó la prohibición de las importaciones y eliminó las licencias para llevarlas a cabo. Sin embargo, la política industrial posterior se apoyó de una manera implícita en la protección del sector mediante instrumentos no arancelarios –la definición de estándares y reglamentos técnicos, la aplicación de salvaguardias y el uso frecuente de mecanismos anti dumping–. La utilización recurrente de éstos impidió una mayor apertura. Por este motivo, la suma del comercio total de bienes y servicios de Colombia ha permanecido entre el 15 y el 18% del PIB desde 1994, mientras que en 1991 excedió el 20%. En contraste, en países donde la industria es motor de crecimiento la apertura de la economía supera el 30%, como en México, el sudeste asiático y los de ingreso alto.

El lento progreso de la apertura favoreció a los subsectores industriales que producen bienes de consumo poco elaborados. Al mismo tiempo, en otros subsectores productores de bienes intermedios y de capital, la protección efectiva resultó negativa, porque los insumos tuvieron mayores aranceles que el producto terminado. Además, la protección frenó el progreso tecnológico y la innovación en el sector manufacturero, porque lo aisló de la competencia internacional. Por eso, en muchos casos la política industrial basada en la protección para arancelaria incentivó unos subsectores poco competitivos e inhibió el desarrollo de otros que podrían madurar, innovar y generar ventajas competitivas, con base en las cuales originar exportaciones, que incursionaran con éxito en los mercados internacionales. Es probable que un sector manufacturero que floreciera en estas condiciones fuera un motor de crecimiento y de transformación estructural de la economía colombiana, como ocurrió en algunos de los países asiáticos, donde el desarrollo de la industria orientado a las exportaciones condujo a mejorar el bienestar de la población de manera sostenida durante un largo período. Por este motivo, como han sostenido en días recientes destacados economistas nacionales, la política industrial requiere prescindir de la protección para arancelaria y eliminar la protección efectiva negativa.

 

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Edición 971 | LOS APORTES DE LA BANCA A UNA COLOMBIA SOSTENIBLE

El pasado martes se realizó con éxito en Bogotá el VII Congreso Internacional de Medio Ambiente, liderado por el CEID, en el que se revisaron los principales desafíos del país en materia ambiental y el rol del sector real y financiero en la promoción de iniciativas de desarrollo sostenible. Uno de los grandes ejes de discusión fue el aporte de la banca a la sostenibilidad, del cual cabe destacar los siguientes elementos.

En primer lugar, el sistema financiero colombiano ha desarrollado programas de sostenibilidad de distinto alcance. Con el fin de estandarizar algunos de esos procesos y avanzar de manera coordinada en el logro de objetivos colectivos como industria, en 2012 se suscribió, de la mano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el “Protocolo Verde”. Esta iniciativa contempla cuatro frentes de trabajo: eco-eficiencia, desarrollo de productos verdes, medición de riesgos ambientales y reporte y divulgación de los avances.

Cualquier empresa puede intentar hacer sus procesos internos más compasivos con el Medio Ambiente. De esta forma, la eco-eficiencia es la más sencilla y difundida de las maneras de contribuir al desarrollo sostenible, por lo que existen multiplicidad de estándares internacionales, mejores prácticas y rutas de trabajo ya establecidas acerca de cómo abordar estos aspectos. Al respecto, la banca colombiana ha avanzado en suscribir acuerdos de construcción sostenible, un modelo de compras y selección de proveedores que privilegia el medio ambiente, el desarrollo de guías con la normatividad ambiental nacional aplicable al sistema financiero y un esquema de trabajo para la medición y certificación de su huella de carbono.

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