La complejidad de los derechos humanos en Colombia exige una gestión preventiva de riesgos e impactos, especialmente en territorios con mayor vulnerabilidad y afectaciones diferenciadas sobre comunidades y liderazgos.
• El SARAS se ha consolidado como el marco para gestionar los riesgos ambientales y sociales en el sector financiero, impulsado por la Superintendencia Financiera mediante la Circular Externa 015 de 2025. Esta refuerza políticas y procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear estos riesgos e incorpora el factor de riesgo social con foco en impactos sobre personas y comunidades.
• El Protocolo Social refleja un compromiso sectorial para priorizar poblaciones históricamente subatendidas, y ha impulsado el desarrollo de herramientas prácticas como la Guía de Gestión de Riesgos Asociados a los Derechos Humanos para apoyar a las entidades en su implementación.
• Las entidades financieras se relacionan con los derechos humanos en dos dimensiones, como empresa deben gestionar riesgos e impactos en su operación y cadena de valor, y como entidad financiera deben aplicar debida diligencia en el ciclo de crédito, desde la evaluación y definición de condiciones hasta el seguimiento y la respuesta cuando se presenten impactos.

