Una gran apuesta

FUENTE: LA REPÚBLICA

El Dane dio a conocer el viernes pasado la cifra de crecimiento de la economía colombiana durante el tercer trimestre de este año, dato que sorprendió debido a su baja magnitud, siendo la cifra más baja desde 2009. Una dinámica que ratifica el proceso de desaceleración por el cual viene atravesando la actividad productiva local, que pareciera validar los estimativos de crecimiento cercanos a 2% real para el consolidado de 2016.

Aunque este comportamiento guarda varias aristas sujetas de análisis, un aspecto sobre el que vale la pena hacer énfasis se relaciona con la forma en la que las empresas y personas adecuan sus decisiones de inversión y consumo ante esta realidad. Allí, el manejo de las finanzas empresariales y personales resulta ser de capital importancia, en la medida que estas pueden propiciar de manera más asertiva el redireccionamiento de las decisiones agregadas de inversión y consumo, para poder así afrontar con mayor éxito los procesos de desaceleración económica. En este sentido, la educación financiera se convierte en una poderosa herramienta para el adecuado manejo de las finanzas.

A pesar de las conocidas bondades de la educación financiera, Colombia, y en general América Latina, tienen un espacio importante para mejorar. De hecho, según un estudio realizado por la CAF para la región, por ejemplo, más de la mitad de la población no comprende conceptos básicos como la inflación o la tasa de interés. Dicha falencia aumenta la probabilidad que ciertos segmentos de la población lleguen a tomar decisiones económicas y financieras erradas, que a su vez dificultan la correcta inclusión financiera, desperdiciando así su potencial transformador para reducir la pobreza y la desigualdad.

No debe desconocerse que en el país se han hecho esfuerzos por capacitar a la población sobre temas relacionados con la economía y las finanzas. De hecho, la Ley 1328 de 2009 obliga a todas las entidades financieras vigiladas y a los organismos de autorregulación a procurar una adecuada educación de los consumidores frente a los productos y servicios ofrecidos por la entidad, y les da vía libre para implementar las estrategias y programas que consideren convenientes.

Así las cosas, la mayoría de las entidades bancarias han implementado o están en el proceso de implementación de estrategias y programas de educación financiera, con el fin de que las personas elijan los productos que más se adecuen a sus necesidades y capacidades. Esto es importante pues los bajos niveles de educación financiera sumados a la gran variedad de productos y servicios que ofrecen las entidades pueden conducir a elecciones desinformadas, que pueden generar sobrecostos para el consumidor o decepciones frente a la experiencia de producto.

Sin embargo, además de educar financieramente a los adultos, estos programas deben complementarse con estrategias enfocadas en la infancia, y acá el llamado es contundente para atender esta necesidad de manera efectiva, allí hay un campo de mejora significativo. Sin lugar a dudas, esta es una gran apuesta que el país debe realizar. Se ha demostrado que la educación financiera desde temprana edad otorga habilidades que posteriormente redundan en un consumo más regular y sostenible, en la elección y el uso apropiado de productos y servicios financieros, y en un mayor nivel de inclusión financiera. En este sentido, se deben seguir desarrollando iniciativas como el Proyecto de Ley que cursa trámite actualmente en el Congreso de la República para incluir dentro de los currículos escolares espacios en los que se introduzcan conceptos básicos de finanzas.

Es fundamental seguir insistiendo en la necesidad de incluir el tema de educación financiera dentro de las prioridades de la agenda pública nacional. Que este sea el espacio para hacer un llamado al Gobierno Nacional, para que a través del Ministerio de Educación y de las demás instituciones involucradas en estos temas, diseñe e implemente una política pública clara y concisa sobre educación financiera, la cual resulta vital para el desarrollo de una economía sostenible, responsable e informada.

Y hablando de aporte fiscal

FUENTE: LA REPÚBLICA

Como ningún otro, el trámite de la Reforma Tributaria es el tema protagónico de la agenda económica del país en este último tramo de 2016. Sin lugar a dudas, buena parte de las esperanzas de materializar una reforma que por fin tenga el carácter de estructural están depositadas en el Proyecto de Ley que se está tramitando actualmente en el Congreso de la República y que se presenta como una oportunidad para lograr la modernización de la estructura tributaria del país, basada en criterios de progresividad, eficiencia, simplicidad y equidad.

Precisamente, los ajustes que requiere nuestra estructura tributaria lucen cada vez más imperativos en la medida que siguen siendo notorios los efectos negativos de las excesivas cargas tributarias sobre la competitividad empresarial. Situación que se vuelve particularmente álgida en una coyuntura como la actual, en la que requerimos de empresas más competitivas que ayuden al país a encauzar de nuevo su crecimiento económico hacia niveles que superen el 4% real de manera sostenida. Un requisito necesario para darle curso sólido al proceso de avance hacia mayores niveles de desarrollo que redunden en mejores niveles de bienestar para la sociedad colombiana.

Si bien es cierto que el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria contiene algunos elementos estructurales y busca equilibrar las cargas impositivas entre las personas naturales y las empresas, un análisis detallado del articulado también permite identificar el potencial impacto negativo que este puede tener sobre el sector bancario y crediticio, que se aunaría a las que ya está asumiendo el sector, en aras de contribuir con la sostenibilidad fiscal del país. Y es que este aporte fiscal que ha venido asumiendo el sector se ha traducido en tasas de tributación que ya sobrepasan el 60% de la utilidad. Esta cifra no solo es la más alta de la última década, sino que también supera las tasas de tributación de varios sectores económicos.

El Proyecto de Ley contiene elementos que, lejos de mantener su carácter de neutralidad para la industria bancaria y crediticia, amenazan con aumentar las ya considerables cargas tributarias que asume el sector, elementos entre los que se destacan: i) el carácter permanente del GMF, ii) el posible incremento de la tributación por concepto del impuesto de renta, iii) el IVA a los servicios de las plataformas electrónicas, iv) el impacto del aumento del IVA sobre la compra de bienes y servicios que realiza el sector, v) el impuesto a los dividendos y vi) la tributación al financiamiento de la vivienda. En caso de que se materialicen estos elementos tal y como están estipulados en el articulado de la reforma, se generarían efectos poco deseables que afectarían la dinámica sectorial, la cual, por el contrario, se debe mantener vigorosa para poder seguir afrontando de manera exitosa los retos que se le plantean al país en los próximos años tanto en el ámbito social como económico.

Cada reforma de carácter tributario debe traer consigo una contribución por parte de los ciudadanos y es compromiso de todos aportar con este propósito. sin embargo, el llamado en estos momentos de definiciones cruciales en materia tributaria para el país no puede ser otro que el de aportar a la sostenibilidad fiscal, pero bajo criterios de equidad, de manera que cada persona, sector o actividad aporte de acuerdo a sus capacidades y evaluando las cargas ya asumidas.

En tal sentido, las discusiones que deben darse hasta la aprobación de la Reforma Tributaria tienen que seguir direccionadas a evitar, a toda costa, que se castigue la formalidad y a consolidar los ajustes que sobre esta materia se vienen gestando. Llegar a un acuerdo sobre este punto es crucial para aumentar la confianza en nuestra economía, preservar nuestra reconocida responsabilidad en materia de política económica y alejar de tajo el ruido que se ha generado sobre la posibilidad de no aprobar una Reforma Tributaria que garantice la estabilidad fiscal del país antes de finalizar 2016.

Hacia la formalización del ahorro

Transcurre uno de los años más complejos en materia económica y los urgentes ajustes en materia fiscal y de competitividad, sobre los cuales gravita aún un amplio grado de incertidumbre, invitan por supuesto a la reflexión sobre la importancia de la dinamización de ahorro y el fortalecimiento de los pilares con los que enfrentaremos los grandes retos que nos impone esta nueva realidad.  Si bien el mercado y los analistas hemos venido señalando la importancia de acelerar el anhelado proceso de recomposición productiva y sectorial, este, sin embargo, no ha sido inmediato.

Existen, no obstante, varias medidas que pueden reducir el periodo de transición: i) ajustar la estructura tributaria de forma que garantice una mayor competitividad al sector productivo y resulte más favorable a la inversión, ii) aumentar la provisión de bienes públicos encaminados a mejorar la productividad (infraestructura, vías terciarias, etc.) y ii) elevar la relación capital-trabajo en los sectores transables de baja tecnificación.

Pese a que existe un relativo consenso de que la inversión representa y continuará representando un papel protagónico en este proceso, lo que no se suele mencionar quizás con el mismo tono es la necesidad de que esta inversión debe estar sustentada, en lo posible, en un mayor ahorro doméstico si queremos evitar desbalances externos que conduzcan posteriormente a un marcado ajuste en el sector real.  Los retos en materia de ahorro, sin embargo, no son menores. De hecho, mientras la contracción esperada en el ahorro público por la caída de los ingresos minero-energéticos no será compensada por el ahorro privado, con los niveles actuales de déficit en cuenta corriente el ahorro externo tampoco podrá seguir financiando los niveles de inversión deseados. Un incremento en los niveles de ahorro doméstico luce, en este contexto, apremiante.

La no muy buena noticia es que, en materia de ahorro privado, los hábitos de ahorro de los colombianos arrojan un sabor agridulce. Encuestas recientes revelan que cerca del 63% de las personas ahorra en efectivo, un hecho que obstaculiza la canalización de los recursos del ahorro hacia la inversión, mientras que tan solo el 22% de las personas ahorran a través de instituciones financieras. Esta baja participación, según revelan los estudios, deriva del hecho de que cerca del 44% de los colombianos considera no poseer los recursos suficientes para dicho propósito. Por su parte, cerca de 15,7% no ahorra por los costos asociados a las cuotas de manejo y las comisiones, y cerca de un 11% debido a las bajas rentabilidades.

Hay que precisar, sin embargo, que muchas de las razones que se esgrimen se derivan en buena parte del desconocimiento y/o falta de educación financiera. En efecto, actualmente las entidades financieras ofrecen productos libres de cuotas de manejo, especialmente diseñadas para ahorros de bajo monto. En materia de costos de los servicios financieros, el crecimiento de los precios de  los productos financieros ha venido cayendo significativamente a partir de 2012 e, incluso, se mantiene por debajo de la inflación total desde diciembre de 2014.

Todo esto nos invita a señalar que fortalecer los mecanismos de ahorro formal focalizando los esfuerzos en educación financiera continua siendo parte de las tareas pendientes. La mayor información asociada a la formalidad le permite a las entidades bancarias incrementar el crédito en sectores antes poco visibles, profundiza el mercado de crédito, y contribuye al crecimiento y al desarrollo económico.

Aumentar la tasa de ahorro interno, a través de la formalización del ahorro de los hogares, es una tarea en la que el Gobierno y el sector privado deben dirigir sus esfuerzos. Avanzar en este propósito permitirá reducir la brecha inversión-ahorro, más aún cuando el nivel actual de déficit de cuenta corriente sigue siendo la principal fuente de vulnerabilidad externa. Esto, desde luego, nos permitirá incrementar la tasa de autofinanciamiento de la inversión nacional y reducir la dependencia al crédito externo.

Fortaleciendo vínculos

A lo largo de las últimas décadas, el sector financiero se ha consolidado como una de las actividades con mayor generación de valor agregado en Colombia, siendo un actor fundamental en el apalancamiento de la inversión, de la adquisición de vivienda de millones de colombianos y de la realización de las metas de consumo de los hogares que en nuestro país buscan mejorar su nivel de vida. Todos estos procesos han generado efectos virtuosos sobre el crecimiento económico y social del país en el tránsito hacia la consecución de mejores estándares de bienestar.

Ahora más que nunca, los grandes y desafiantes retos a los que se enfrenta la economía tanto en el corto como en el mediano y largo plazo demandan un sistema financiero más sólido y eficiente, que continúe siendo soporte del crecimiento de la actividad económica y de los procesos de fortalecimiento y diversificación de su estructura productiva.

Es por esto que el fortalecimiento de los vínculos que existen al interior del sistema financiero resulta imperativo, pues permite no solo contar con mayores fuentes de fondeo para financiar proyectos de tan sentida necesidad como los de infraestructura, sino también soportar el proceso de recomposición y diversificación sectorial que tanto demanda el país. En este sentido, una de las sinergias que ha demostrado tener mayor potencial de generación de valor agregado es la relación existente entre el sistema bancario y el mercado de capitales. La literatura económica ha sido ilustrativa y contundente en señalar que para economías como la colombiana, el fortalecimiento tanto del sector bancario como del mercado de capitales es la vía más apropiada para lograr una mayor consolidación del sector financiero.

Un caso particular es el reciente desarrollo de la industria de fondos de capital privado (FCP) en el país, un vehículo de inversión que, enmarcado en el mercado de capitales, ha demostrado complementarse de manera importante con el sistema bancario. El efecto virtuoso de estos vínculos genera, por supuesto, externalidades positivas en términos de desarrollo empresarial y formalización de la economía.

Más allá de ofrecerles financiamiento a las empresas, los FCP desempeñan un rol importante en el fortalecimiento de las firmas, ayudándolas a mejorar sus estándares de gobierno corporativo, sus prácticas empresariales y su gestión financiera. Todo ello se traduce de manera efectiva sobre los perfiles de riesgo ante las entidades bancarias, pues ahora las empresas pueden cumplir manera más óptima con sus obligaciones, lo que a su vez les permite acceder a una mayor oferta de valor por parte de la banca, que ahora puede apalancar a empresas más sólidas y financieramente sostenibles.

Otra de las sinergias que existen entre los FCP y el sistema bancario es el financiamiento de los proyectos de infraestructura de cuarta generación. La participación de distintas fuentes de fondeo en el financiamiento de este tipo de proyectos no solo facilita su cierre financiero, sino que permite diversificar la participación de las entidades bancarias en distintos proyectos y brinda la posibilidad de contar con mayores alternativas para gestionar la exposición y el riesgo de dichos proyectos.  Conscientes del potencial de la sinergia entre los FCP y la banca, las entidades bancarias han comenzado a hacerse partícipes de la industria de FCP mediante sus filiales, como comisionistas o fiduciarias, e incluso por medio de sus bancas de inversión, en temas como la administración de recursos y la estructuración y gestión de los fondos.

Los pasos que viene dando la banca van en la dirección de seguir consolidando un sistema financiero con mayor capacidad de apoyo a la estructura productiva del país, meta que será alcanzable en la medida en que los diferentes actores del sistema aúnen esfuerzos de manera conjunta e integral en dicho propósito.

A lo largo de las últimas décadas, el sector financiero se ha consolidado como una de las actividades con mayor generación de valor agregado en Colombia, siendo un actor fundamental en el apalancamiento de la inversión, de la adquisición de vivienda de millones de colombianos y de la realización de las metas de consumo de los hogares que en nuestro país buscan mejorar su nivel de vida. Todos estos procesos han generado efectos virtuosos sobre el crecimiento económico y social del país en el tránsito hacia la consecución de mejores estándares de bienestar.

Ahora más que nunca, los grandes y desafiantes retos a los que se enfrenta la economía tanto en el corto como en el mediano y largo plazo demandan un sistema financiero más sólido y eficiente, que continúe siendo soporte del crecimiento de la actividad económica y de los procesos de fortalecimiento y diversificación de su estructura productiva.

Es por esto que el fortalecimiento de los vínculos que existen al interior del sistema financiero resulta imperativo, pues permite no solo contar con mayores fuentes de fondeo para financiar proyectos de tan sentida necesidad como los de infraestructura, sino también soportar el proceso de recomposición y diversificación sectorial que tanto demanda el país. En este sentido, una de las sinergias que ha demostrado tener mayor potencial de generación de valor agregado es la relación existente entre el sistema bancario y el mercado de capitales. La literatura económica ha sido ilustrativa y contundente en señalar que para economías como la colombiana, el fortalecimiento tanto del sector bancario como del mercado de capitales es la vía más apropiada para lograr una mayor consolidación del sector financiero.

Un caso particular es el reciente desarrollo de la industria de fondos de capital privado (FCP) en el país, un vehículo de inversión que, enmarcado en el mercado de capitales, ha demostrado complementarse de manera importante con el sistema bancario. El efecto virtuoso de estos vínculos genera, por supuesto, externalidades positivas en términos de desarrollo empresarial y formalización de la economía.

Más allá de ofrecerles financiamiento a las empresas, los FCP desempeñan un rol importante en el fortalecimiento de las firmas, ayudándolas a mejorar sus estándares de gobierno corporativo, sus prácticas empresariales y su gestión financiera. Todo ello se traduce de manera efectiva sobre los perfiles de riesgo ante las entidades bancarias, pues ahora las empresas pueden cumplir manera más óptima con sus obligaciones, lo que a su vez les permite acceder a una mayor oferta de valor por parte de la banca, que ahora puede apalancar a empresas más sólidas y financieramente sostenibles.

Otra de las sinergias que existen entre los FCP y el sistema bancario es el financiamiento de los proyectos de infraestructura de cuarta generación. La participación de distintas fuentes de fondeo en el financiamiento de este tipo de proyectos no solo facilita su cierre financiero, sino que permite diversificar la participación de las entidades bancarias en distintos proyectos y brinda la posibilidad de contar con mayores alternativas para gestionar la exposición y el riesgo de dichos proyectos.  Conscientes del potencial de la sinergia entre los FCP y la banca, las entidades bancarias han comenzado a hacerse partícipes de la industria de FCP mediante sus filiales, como comisionistas o fiduciarias, e incluso por medio de sus bancas de inversión, en temas como la administración de recursos y la estructuración y gestión de los fondos.

Los pasos que viene dando la banca van en la dirección de seguir consolidando un sistema financiero con mayor capacidad de apoyo a la estructura productiva del país, meta que será alcanzable en la medida en que los diferentes actores del sistema aúnen esfuerzos de manera conjunta e integral en dicho propósito.

Una nueva hoja de ruta

FUENTE: LA REPÚBLICA

Desde la primera misión para el desarrollo del mercado de capitales, llevada a cabo en 1995 y liderada por el hoy Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, nuestros mercados y la economía en general han exhibido grandes transformaciones. Las nuevas condiciones de liquidez, la nueva estructura del mercado local, las transformaciones de la actividad productiva interna y el mejoramiento de las condiciones sociales en Colombia han comenzado a hacer evidente la necesidad de establecer una nueva hoja de ruta que permita continuar impulsando el desarrollo del mercado local.

Con este propósito, la Asociación Bancaria, en el marco del Simposio de Mercado de Capitales llevado a cabo en días pasados, no sólo le presentó al Gobierno y al país las nuevas bases que deberá contener la nueva misión de estudio del mercado de capitales en Colombia sino que permitió ambientar la discusión sobre temas de gran relevancia y vigencia para el mercado de capitales y para el sistema financiero colombiano.

Se generaron propuestas sólidas y técnicamente fundamentadas para lograr una mayor profundización y desarrollo del mercado de capitales. Sin lugar a dudas, lograr un desarrollo integral requiere de una participación activa y conjunta de los distintos agentes y de un esfuerzo mancomunado entre los sectores público y privado, los reguladores, supervisores y demás entes de mercado, con el fin de lograr una adecuada armonización de propuestas de mutuo beneficio que propendan por el desarrollo de los mercados.

Esta nueva misión deberá contener no solo un diagnóstico relacionado con los obstáculos a los que se enfrenta la oferta y la demanda, entre los cuales se destaca el bajo número de emisores y emisiones, sino que deberá establecer una estrategia nacional y una visión a futuro para poder encaminar la hoja de ruta hacia dicha estrategia. En consecuencia, esta misión debería revisar los posibles ajustes regulatorios e institucionales que deben realizarse y desarrollar un esquema de incentivos para generar una oferta más amplia y diversa de productos financieros y vehículos de ahorro, en procura de adaptarse mejor a las necesidades de los clientes y a los nuevos desarrollos tecnológicos del mundo financiero.

En la ampliación de la oferta de productos financieros, las medidas tendientes a lograr una mayor integración financiera regional en el marco de la Alianza del Pacífico deberán ocupar un capítulo especial y protagónico en la agenda. La integración regional es uno de los ejes fundamentales que podría generar efectos virtuosos tanto desde la oferta como desde la demanda.

Fortalecer el mercado de capitales resulta desde luego imperativo en la medida en que la superación de los desafíos que actualmente enfrentamos como país pasa necesariamente por tener un sistema financiero fortalecido, sólido y eficiente, en el que el sector bancario como el mercado de capitales se complementen en los diferentes procesos de apalancamiento productivo. El afianzamiento de los lazos que unen de manera natural al sistema bancario y el mercado de capitales son de gran trascendencia para aumentar los estándares de desarrollo que Colombia requiere.

Para el financiamiento de los proyectos de infraestructura, de tan sentida necesidad en Colombia, es ideal que tanto el mercado de capitales como la banca participen conjuntamente, pues su articulación propicia de manera más expedita asignaciones óptimas del capital en términos de plazos, volúmenes y tasas de interés. Del mismo modo, la complementariedad entre ambos mercados es trascendental para que cada vez más empresas puedan acceder al financiamiento.

La banca seguirá teniendo el gran de reto de continuar fortaleciéndose como lo ha venido haciendo, para que de la mano de un mercado de capitales más profundo y eficiente, pueda apalancar los grandes proyectos productivos que demanda el país, lo que nos permitirá continuar avanzando en materia de productividad y competitividad, generando efectos virtuosos sobre el crecimiento económico y el bienestar de todos los colombianos.

Mantenerlo, ese es el reto…

Fuente: La República

El mercado de deuda pública local ha venido exhibiendo una reducción casi sistemática en las tasas de los títulos de largo plazo durante los últimos seis meses. Estas valorizaciones se han materializado en un contexto en el que, a nivel externo i) persiste la incertidumbre acerca de la recuperación económica de las economías desarrolladas y de su incidencia sobre los mercados financieros y, a nivel local ii) persisten las presiones inflacionarias, iii) la política monetaria se ha tornado restrictiva y iv) las agencias calificadoras de riesgo han prendido ciertas alarmas sobre la eventualidad de un downgrade en la calificación soberana.

Estos factores, que bien deberían presionar desvalorizaciones en los títulos de deuda, han sido sin embargo sobre compensados por algunos elementos externos asociados a: (i) la alta liquidez mundial y (ii) al mayor apetito por activos de deuda en economías emergentes (dados los mayores retornos relativos), los cuales han terminado generando las recientes valorizaciones.

En efecto, el aumento de la demanda de TES de largo plazo por parte de agentes internacionales ha sido uno de los principales factores que explican las reducciones de las tasas de los TES de largo plazo. La información recientemente publicada por el Ministerio de Hacienda sobre los tenedores de TES muestra como la participación de los agentes extranjeros superó 22% en agosto, una cifra sin precedentes en los últimos años. En este contexto, las tasas de los TES con vencimiento en 2024, que ya en agosto habían descendido a niveles promedio de 7,1%, cayeron a niveles de 6,9% en la segunda semana de septiembre, cerca de 220 puntos básicos (pbs) por debajo de los registros de principios de año, en torno a 9%.

Si bien es posible que esta tendencia se revierta en el corto plazo debido a i) la incertidumbre sobre el trámite y el alcance de la reforma tributaria, ii) las expectativas sobre el posible incumplimiento de la meta de inflación para 2017, y (iii) el inicio de la normalización monetaria en Estados Unidos, no se prevén mayores desvalorizaciones en los tramos medios-largos de la curva en el corto plazo.  De hecho, como bien lo señaló recientemente la Asociación Bancaria, las condiciones de liquidez a nivel mundial, los mayores rendimientos relativos en los mercados de deuda a favor de los emergentes y la recuperación gradual de las cotizaciones de petróleo, actuarían como mitigantes de los eventuales choques adversos en los mercados de deuda pública.

No podemos pasar por alto, sin embargo, que estas condiciones atractivas para el inversionista extranjero, derivadas particularmente de alta liquidez mundial y las bajas tasas de rentabilidad (incluso negativas) en los activos de deuda de las economías desarrolladas, obedece a factores transitorios que tenderán a normalizarse en los próximos años.  El verdadero reto del mercado local consiste, en este contexto, en solucionar los desbalances estructurales que hoy exhibe nuestra economía, de manera que el atractivo local empiece a tener un mayor soporte en factores estructurales y no en coyunturas favorables y temporales de los mercados financieros internacionales.

Corregir el desbalance en cuenta corriente, así como el desequilibrio en materia fiscal, se vuelve imperativo en este propósito. Los avances en materia de infraestructura y competitividad (que son los que garantizarán incrementos en nuestros ritmos de crecimiento potencial), y una mayor sostenibilidad fiscal serían piedras angulares para una confianza inversionista sostenida.

La reforma tributaria, hay que reiterarlo, se presenta sin duda como una gran oportunidad en esta materia. Del alcance de esta reforma en términos de eficiencia de recaudo tributario, progresividad y transparencia, dependerá no solo la calificación de los títulos soberanos sino el grado de inversión y la sostenibilidad fiscal del país en los próximos años. Mantener nuestro atractivo inversionista, haciéndolo un elemento sólido y sostenido, continúa siendo uno de nuestros grandes retos.

Mayor fortaleza y estabilidad

Fuente: La República

En la década de los ochenta y noventa la economía de Latinoamérica se caracterizó, entre otras cosas, por la apertura y liberalización de los mercados. Este proceso tuvo un capítulo especial en el sector financiero, pues además de la entrada de nuevos competidores extranjeros al mercado, los flujos de capital influyeron en el auge crediticio de la región y en el crecimiento vertiginoso de la profundización financiera en los primeros años de la década de los noventa.

No obstante, varios países de América Latina experimentaron una de las más profundas recesiones económicas del siglo XX. Por ejemplo, por cuenta de la crisis asiática en 1997, las pérdidas estimadas para Argentina y Colombia se ubicaron entre 9,6% y 6,3% del PIB, respectivamente. Si bien estos episodios fueron causados inicialmente por choques externos negativos, la alta vulnerabilidad financiera restringió la provisión de crédito en la economía, acentuando los problemas de liquidez del sector real y afectando por esta vía la dinámica de la actividad productiva.

Una de las múltiples lecciones aprendidas durante ese periodo fue la necesidad de que los países contaran con un sistema financiero sólido, que no magnifique los choques económicos. Este tema, precisamente, ha sido uno de los ejes fundamentales de las llamadas política macroprudenciales desde hace más de una década. En este escenario, y dada la necesidad de implementar políticas tendientes a darle solidez y estabilidad al sistema financiero, la mayoría de países comenzaron a adoptar la regulación proveniente de los estándares internacionales propuesta por el comité de Basilea en su segunda y tercera versión (Basilea II y III).

Los resultados de muchas de estas políticas han sido, en este contexto, positivos en la región. En efecto, el monitoreo del sistema financiero de la región a la luz del más reciente Indicador de Fragilidad Financiera de Asobancaria (Iffa) es sin duda bastante ilustrativo sobre los niveles de estabilidad financiera en Latinoamérica y su relación con el ciclo económico. Los resultados permiten evidenciar que, aún pese al retroceso del periodo 2009-2010, los niveles de fragilidad financiera en América Latina han disminuido y hoy lucen mucho menores frente a los registros de principios de la década. Colombia y Brasil, en este contexto, sobresalen como los países que más han mejorado sus niveles de estabilidad financiera en los últimos años, mientras que México, por ejemplo, ha registrado un deterioro significativo.

La evaluación de la relación del Iffa con el ciclo económico muestra que ésta ha venido perdiendo fuerza en los últimos años, lo que demuestra que los sistemas financieros de la región son ahora menos propensos a experimentar crisis cuando la economía presenta episodios de estrés. Esto también es muestra de que las lecciones de años anteriores han sido bien aprendidas y que los marcos regulatorios se han venido ajustando en pro de una mayor estabilidad financiera.

Los resultados del estudio para Colombia son desde luego destacables, siendo nuestra banca la menos sensible a los ciclos económicos en América Latina. Resalta el hecho de que los indicadores del sistema financiero en Colombia, independientemente del ciclo económico, se mantienen estables, incluso en momento de tensión o estrés. Este hecho, sin duda, muestra que la banca colombiana es ahora más sólida y resiliente a los choques macroeconómicos adversos: mientras que la cartera morosa del sistema en Colombia, ampliamente cubierta, no sobrepasa el 3,2%, los niveles de solvencia se ubican cerca de 7 puntos porcentuales por encima del exigido por la regulación.

Estos resultados permiten resaltar los grandes avances logrados durante los últimos años en materia de estabilidad. Sin ninguna duda, la mayor solidez y estabilidad que el sistema financiero latinoamericano ha mostrado en los últimos años puede y debe ser aprovechada por los gobiernos y el sector privado para atraer inversión y favorecer el crecimiento económico de la región.

Las libranzas más allá de Estraval

Fuente: La República

El pasado mes de junio, la Superintendencia de Sociedades inició el proceso de liquidación judicial de Estraval luego de ser intervenida y multada por no revelar detalles de su ejercicio. A esta firma, cuya actividad comercial incorporaba subyacentes de créditos de libranza, se le atribuyeron gestiones indebidas con los recursos a su cargo que la llevaron al incumplimiento de sus obligaciones y desataron el actual escándalo financiero. Este hecho comenzó a alimentar algunas dudas sobre el modelo de libranzas y de los negocios que giran a su alrededor, especialmente en lo referente a la gestión de riesgos por parte de las entidades no vigiladas y también sobre el rol que deben jugar los organismos de control y regulación.

La libranza, un instrumento financiero exitoso, no es una herramienta nueva en el mercado de crédito colombiano, pues su uso se puede remontar al Código Sustantivo del Trabajo a mediados del siglo pasado. Es una herramienta financiera con un reducido riesgo de crédito en la medida en que cuenta con la garantía de los flujos de pagos de los trabajadores, un hecho que permite aminorar el impacto de la administración del riesgo crediticio en el costo de la financiación. Sin embargo, los riesgos operacionales, de contraparte y de reputación, que aún se mantienen, suelen exacerbarse cuando los originadores de libranzas que no cuentan con la regulación adecuada entran al negocio.

Por cuenta de lo anterior, se han promulgado leyes que han buscado reglamentar esta figura y propender por la estabilidad del mercado y la protección al consumidor financiero. Recientemente, con la Ley 1527 de 2012, se estableció el marco general regulatorio de las libranzas, lo que le permitió al sistema financiero ajustarse a las necesidades de la población y facilitó el otorgamiento de crédito a sectores que por sus niveles de riesgo habían estado desatendidos. Además, esta Ley ha permitido, en parte, que en los últimos años la libranza haya crecido de manera sostenida y dinámica y que el mercado sea más competido.

En efecto, según datos de la Superintendencia Financiera, la cartera de libranzas otorgada por las entidades vigiladas ha venido creciendo a una tasa anual promedio de 17,7% y, al corte de primer trimestre del año, totalizó cerca de $36,4 billones. Un monto importante si se tiene en cuenta que representa más de tres veces la cartera de microcrédito y cerca de 90% de la de vivienda.

Si bien entre cooperativas, fondos de empleados y empresas comerciales, la cartera de libranza de las entidades no vigiladas ha ascendido a cerca de $10 billones, han sido precisamente estas entidades las que han estado en el ojo del huracán debido al abuso de esta figura, lo que ha deteriorado su imagen y minado la seguridad y la confianza de los consumidores e inversionistas.

La indebida gestión en la originación, la venta de los créditos respaldados con libranzas por parte de entidades comerciales no vigiladas (el caso de Estraval) y la falta de vigilancia y control, se han constituido como los principales factores que han afectado notablemente este instrumento.

En línea con lo anterior, la estructuración de libranzas con horizontes temporales muy altos ha tenido como consecuencia un gran desequilibrio en la liquidez de las entidades no vigiladas, teniendo en cuenta que las operaciones de captación suelen ser de corto plazo y que se han encarecido en los últimos meses como resultado de unas mayores tasas de intervención, lo que ha terminado incrementando de manera importante el riesgo sobre dichas instituciones.

En síntesis, luce imperativo proteger la figura de la libranza como mecanismo de profundización del crédito en Colombia. Es necesario, en este contexto, crear los incentivos regulatorios suficientes para que el mercado, particularmente el no vigilado, se comporte bajo una debida diligencia y se gestionen los riesgos implícitos en estas operaciones sin que esto interfiera con el desarrollo del mercado ni atente contra el apetito inversionista en este tipo de figuras.

Potencial regional

Fuente: La República

Se han dado a conocer recientemente las cifras sobre el comportamiento de las exportaciones colombianas durante el primer semestre de 2016. Dicha dinámica sigue dejando cierto sinsabor respecto al papel de las exportaciones como dinamizadoras de la actividad económica interna, en especial, en su componente no tradicional, el cual decreció 7,6% en el consolidado de los primeros seis meses del año.

Si bien es cierto que en la coyuntura actual el país ha tenido que pagar los costos de una competitividad rezagada por cuenta de cargas tributarias excesivas para los empresarios, falta de infraestructura y lastres en materia de innovación tecnológica, también es cierto que destinos clave para desarrollar el componente exportador con mayor contenido de valor agregado atraviesan complejas situaciones económicas. América Latina, que desde luego no ha sido la excepción, amenaza con presentar por segundo año consecutivo, y con una alta probabilidad, una contracción en su actividad productiva que podría estar entre 0,8% y 0,5%, según estimaciones de la Cepal y el FMI.

Esta reciente dinámica de la región ha sido, precisamente, un factor de preocupación dadas las perspectivas bajistas de corto plazo y las recientes dificultades de su dinámica local, una situación que no se había presentado en varios lustros. Si bien debe reconocerse que, con algunas excepciones notorias, una parte considerable de los países latinoamericanos ha logrado avances notables en los principales indicadores sociales y económicos durante los últimos 25 años (mayor PIB per cápita, menor inflación y desempleo, y estabilización de la deuda externa como porcentaje del PIB), la actual coyuntura podría poner en peligro muchos de los logros alcanzados.

En efecto, los choques macroeconómicos que se han venido registrando desde 2014 han generando incertidumbre sobre hasta qué punto la coyuntura actual afectará el futuro promisorio que hace un par de años era claro para el grueso de la región. Y es que a pesar que el choque sobre las cotizaciones de los bienes básicos y la volatilidad de los mercados han derivado en impactos asimétricos entre países, con menores impactos en aquellos importadores netos de materias primas y mayores en aquellos exportadores netos, la incertidumbre en materia de generación de empleo en la región, reducción de la pobreza y crecimiento sostenido se ha incrementado.

Adicionalmente, las perspectivas para el próximo año, aunque más positivas con respecto a 2016, no señalan aún mayores recuperaciones y todavía distan del importante ciclo expansivo de crecimiento que se registró en periodo 2010-2014. Sin embargo, las buenas noticias aparecen al indagar lo que le podría esperar a la región en materia de crecimiento económico en un horizonte temporal más amplio, donde las perspectivas lucen más positivas.

Estas perspectivas más alentadoras son precisamente las que se desprenden de los más recientes ejercicios sobre PIB incremental realizados por la Asociación Bancaria. En efecto, las previsiones apuntan a que la región como un todo podría tener un buen comportamiento en los próximos tres lustros, un hecho que se vería reflejado en que la contribución de la región al crecimiento del PIB mundial en los próximos 15 años será similar a la contribución generada por la Eurozona, aunque con una alta heterogeneidad en entre países. Según las estimaciones, el PIB incremental de Colombia en la próxima década y media ocupará el cuarto puesto dentro de la región, muy cerca de Argentina, y su contribución será cercana al 10% del PIB incremental de América Latina.

La materialización de un futuro más promisorio para la región, como lo señalan estos ejercicios de PIB incremental, dependerá sin embargo de las acciones que se lleven a cabo para fortalecer y diversificar la capacidad productiva y de políticas económicas acertadas en materia de estabilidad para la inversión y control de los desequilibrios macroeconómicos que propendan por hacer realidad el potencial regional.

Cuatro mitos sobre la industria

Fuente: La República 

El desarrollo de un sector industrial moderno es fundamental en la consolidación del crecimiento de la economía en el mediano plazo, más aun teniendo en cuenta la pérdida de liderazgo del sector minero energético por cuenta de los bajos precios de los commodities. Actualmente, la reversión del ciclo económico, el endurecimiento de la política monetaria, y otros factores coyunturales como las medidas unilaterales en materia comercial de nuestros países vecinos y algunos paros en materia agrícola y de transporte, han configurado un panorama complejo para la industria del país. Sin embargo, sobre estas dificultades se han establecido un conjunto de creencias poco alineadas con la realidad de las cifras, un hecho que puede terminar distorsionando las recomendaciones de políticas para el sector.

El primer mito se refiere a que la reciente recuperación del sector obedece de manera exclusiva a la reapertura de la Refinería de Cartagena (Reficar). Esta creencia es, sin embargo, errónea, ya que si bien el sector de refinación ha contribuido notablemente con la reciente expansión de la industria (crecimiento a ritmos de 20,6%) no es el único con expansiones importantes. El subsector de elaboración de bebidas, por ejemplo, que crece a ritmos del 16,5%, ha venido también contribuyendo con la dinámica de recuperación. De hecho, el sector sin refinación está creciendo a tasas de 2,5%, un ritmo superior al observado en años anteriores.

Se señala también que, pese a la recuperación, los aún incipiente ritmos de crecimiento de la industria son causa de la excesiva demanda de bienes industriales importados. Lo anterior es difícil de sustentar ya que, por el contrario, la aceleración del sector (sin refinación), acompañado del débil crecimiento de las exportaciones industriales, responde a un aparato productivo que en efecto se encuentra sustituyendo importaciones con producción nacional. Y es que las cifras son tozudas, las exportaciones del sector industrial continúan cayendo a ritmos de 9,7%, las importaciones del sector han retrocedido en más de 23% durante lo corrido del año y el crecimiento de la producción bordea 5,3%.

El tercer mito consiste en que la actual dinámica de las exportaciones se debe a los diferentes Tratados de Libre Comercio (TLC) que ha firmado el país en los últimos años. Si bien parte de esta premisa se puede controvertir con el ya señalado descenso de las importaciones industriales, también con el hecho de que los principales países destino de nuestras exportaciones industriales continúan siendo nuestros vecinos, países con quienes no tenemos tratados de libre comercio per se y quienes también vienen experimentando un proceso de desaceleración. De hecho, cabe resaltar que a pesar del débil crecimiento de Estados Unidos y la Unión Europea, hemos logrado aumentar las exportaciones no tradicionales hacia estos destinos.

Por último, se ha venido popularizando la idea de que la industria es ineficiente porque, a pesar de la devaluación, las exportaciones del sector no muestran mayor dinamismo. Pero hay que señalar que la devaluación con respecto al dólar es un tanto engañosa en la medida en que nuestros competidores directos han experimentado devaluaciones similares. Hay que descontar, adicionalmente, que en economías como la de Estados Unidos, con quien en términos reales nos hemos devaluado, la demanda interna ha venido perdiendo dinamismo.

En síntesis, aunque el país requiere una agenda de desarrollo productivo donde la industria sea uno de sus pilares, es importante que las recomendaciones y acciones respondan a un diagnóstico amparado en las cifras. Es de vital importancia, en este contexto, que el trámite del Conpes de Política de Desarrollo Productivo y de Ciencia, Tecnología e Innovación, se dé con la celeridad adecuada.  Sin duda, la puesta a punto de una política industrial coordinada entre el sector privado y los entes gubernamentales resulta ser un paso determinante.

Una valiosa oportunidad

Fuente: La República 

En sus distintas métricas, los niveles de informalidad en el país han disminuido durante los últimos años, una necesidad que el país venía demandando de manera categórica e imperativa. Estos avances, en buena parte atribuibles a los ritmos de crecimiento de la última década y al sostenido dinamismo de muchos sectores productivos, han sido también resultado de los ajustes normativos en materia tributaria, los cuales desempeñaron un rol fundamental para generar incentivos a la formalización, tal como ocurrió con los avances generados mediante la reforma tributaria de 2012.

Sin embargo, los ritmos de reducción de la informalidad han comenzado a dar señales de ralentización y relativo estancamiento. Según el Dane, la tasa de informalidad a mayo pasado se situó en 48%, una cifra que luce aún elevada y que ha permanecido relativamente inalterada durante los últimos ocho meses. El análisis de la informalidad desde el punto de vista de afiliación a la seguridad social (salud y pensión) muestra niveles incluso más elevados y preocupantes, con tasas que bordean 62%. Esto, claramente, impone el reto de seguir desarrollando mecanismos que garanticen sendas de formalización sostenidas.

Adicionalmente, las externalidades negativas asociadas a la informalidad han venido acompañadas de aquellas asociadas a la evasión tributaria y al alto uso del efectivo, lo que ha terminado fortaleciendo la economía sumergida y restando dinamismo al crecimiento económico.

En este escenario, la reforma tributaria que el Gobierno Nacional está preparando, además de lograr un mayor recaudo público y una mayor estabilidad macro-financiera, podría convertirse en un instrumento clave para impulsar el crecimiento y la equidad. Es, sin duda, una gran oportunidad para lograr cambios estructurales que garanticen el bienestar de la población, la estabilidad financiera del país y la superación de los flagelos que le restan competitividad a la economía. Y es que para que el país avance hacia un proceso sólido de reconciliación, con mayores niveles de equidad, inclusión, crecimiento y desarrollo integral, los esfuerzos contra la informalidad, la evasión y la ilegalidad deberán redoblarse.

En efecto, la incorporación de medidas que promuevan la formalización, la mayor utilización de los medios de pagos electrónicos, reduzcan la evasión y fortalezcan la lucha para reducir el sobreuso del efectivo continúan siendo hoy nuestros principales derroteros. Por ello, las recientes propuestas presentadas por Asobancaria, que bien podrían resumirse en : (i) la reducción de dos puntos del IVA a los pagos electrónicos con criterios de progresividad, (ii) el establecimiento de una meta de recaudo electrónico de impuestos nacionales, (iii) la incorporación de un modelo de Monotributo, (iv) la restricción al pago en efectivo de bienes inmuebles y vehículos de alto valor, y (v) la no discriminación de tarifas en detrimento de los pagos electrónicos, lucen acertadas y bien vale la pena ser consideradas en el marco de la reforma tributaria que presentará el Gobierno al Congreso próximamente.

Estas medidas han demostrado a nivel teórico y empírico ser eficaces para alcanzar mayores niveles de recaudo tributario, promover la equidad vertical y horizontal, aumentar la eficiencia económica y administrativa, y estimular el consumo y la demanda interna. Asimismo, su implementación permitirá: (i) apoyar la construcción de una economía más formal, eficiente e inclusiva, (ii) reducir los elevados desbalances externos y fiscales y (iii) dar cumplimiento a las metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de reducción del efectivo, inclusión financiera y fortalecimiento de la gestión tributaria.

Una economía que avanza en el desarrollo de instrumentos que le permitan afrontar decididamente la informalidad, la evasión y la trazabilidad de las operaciones, es una economía que progresa hacia la construcción de una sociedad basada en la cultura de la legalidad, la equidad y la prosperidad de manera sostenida.

Menor vulnerabilidad, mayores retos

Fuente: La República 

Las pequeñas y mediana empresas (Pyme) son fundamentales en la estrategia de desarrollo productivo en la medida en que conforman la mayor parte del tejido empresarial. No en vano, en los planes de gobierno de las economías en desarrollo, el apoyo a estas empresas ha cobrado gran relevancia debido a la cantidad de empleos que generan, y a su aporte al crecimiento económico. De hecho, las Pyme contribuyen en promedio con alrededor de 65% del empleo y 35% del PIB en Latinoamérica.

En este escenario, los riesgos en materia de acceso al crédito, asociados a los ciclos económicos adversos, han sido siempre un elemento a considerar en la política económica dado su alto impacto en la dinámica productiva. De hecho, la coyuntura económica actual ha comenzado a plantear dudas sobre la capacidad que tienen muchas Pyme para sostenerse en el mercado, más aún cuando el crédito comercial y el microcrédito tienden a moderarse en momentos de menor dinamismo económico.

Sin embargo, la Asociación de Instituciones Financieras, Anif, ha publicado recientemente un estudio donde se señala que los efectos del ciclo económico sobre las Pyme se han venido suavizando. En efecto, los resultados indican que la elasticidad del crédito comercial al ciclo económico se ha reducido durante la última década, en especial para el crédito empresarial. Resalta que durante el periodo 1995-2003, la cartera comercial y empresarial reaccionó en mayor medida a variaciones en el crecimiento económico que durante el periodo comprendido entre 2004 y 2015, una clara señal que el acceso al crédito es ahora menos elástico a los choques. Un resultado atribuible a que tenemos un sector bancario más sólido y que contrae mucho menos el ritmo de otorgación de créditos incluso en momentos donde el desempeño económico se encuentra por debajo de sus niveles potenciales.

Esta mayor estabilidad en el crédito es una buena noticia, tanto para el sector financiero como para la Pyme, pues durante el periodo en que la banca experimentó su proceso de consolidación, expansión y fortalecimiento, el efecto de los ciclos económicos sobre la dinámica del crédito productivo se suavizó. A esto hay que sumarle que este periodo se caracterizó, además, por un adecuado manejo del riesgo crediticio, pues los indicadores de calidad de cartera alcanzaron, en promedio, cerca de 2,1% y 5,9% para el crédito comercial y el microcrédito, respectivamente.

Si bien esto resulta positivo para las Pyme por cuanto garantiza mayor acceso al crédito en contextos económicos como el actual, alcanzar una mayor profundización financiera en este segmento es todavía uno de los grandes retos. Según datos de Felaban, la profundización del crédito empresarial en países como Chile y Perú asciende a 54,4% y 37%, respectivamente, mientras que en Colombia se encuentra en 26,8%. Con base en la Gran Encuesta Pyme de Anif, un hecho que llama la atención es que, si bien una alta proporción de los empresarios Pyme que deciden recurrir al sistema financiero para solicitar un crédito obtienen la aprobación, el porcentaje de empresarios que no lo solicita es relativamente alto.

Y aún pese a que buena parte de estas Pyme que no acceden al crédito formal es porque no lo necesitan (cerca de 50%), elementos como los requerimientos de garantías y colaterales y la falta de información para analizar la capacidad de pago se han constituido como obstáculos para esa buena parte de las empresas que sí lo necesitan. Asimismo, entre las barreras más nocivas se encuentra la carencia de educación financiera, un hecho que se evidencia en la elevada utilización del crédito informal (con intereses por encima de la usura) y en el bajo uso de alternativas como el factoring y el leasing.

En síntesis, a pesar de que el crédito destinado a las empresas y en especial a las Pyme ahora es menos volátil al ciclo económico, tenemos aún el gran reto para que estas empresas utilicen las diferentes alternativas financieras y tengan el conocimiento para optimizar su liquidez de tal forma que jalonen de manera sostenida el crecimiento que el país necesita.

Generando confianza…

Fuente: La República 

Los grandes desarrollos tecnológicos de los últimos tiempos han tenido como consecuencia cambios en muchas actividades del ser humano. El comercio, por ejemplo, no ha sido ajeno a estos nuevos procesos y gracias al internet hoy se pueden realizar transacciones entre personas que se encuentran en diferentes lugares y en tiempo real, sin moverse de su silla y sin conocer personalmente a su contraparte ni tener contacto físico con el producto de la compraventa.

Precisamente gracias a la facilidad del comercio electrónico, las transacciones comerciales han cambiado su dinámica y su crecimiento se está dando a pasos agigantados. De hecho, según cálculos de eMarketer, en 2015 cerca de 1.460 millones de personas compraron bienes y servicios online y se espera que para 2019 más de 2.000 millones realicen sus compras por este medio. En cuanto al monto de compras y ventas, el total transado en ventas de comercios por internet en 2015 alcanzó los US$2 billones y en 2020 se espera que llegue a los US$3 billones.

El país no ha sido la excepción frente a estas tendencias. Según cifras de la Superintendencia Financiera, en 2015 se realizaron cerca de 193 millones de pagos por internet, lo que representó un crecimiento de 57% desde 2012, mientras que el monto de estas transacciones casi se ha duplicado en el mismo período, pasando de $353.000 millones a $697.000 millones.

Por su parte, la alta penetración en el mercado y los avances tecnológicos de los celulares han permitido que el canal de banca móvil presente un crecimiento exponencial en los últimos años. Solo en 2015 se realizaron cerca de 24 millones de pagos por valor de $776.000 millones a través de este canal, lo cual representa más de 18 veces el monto transado en 2012.

Si bien este nuevo escenario en materia de transaccionalidad electrónica ha abierto un sinnúmero de oportunidades comerciales, también ha generado nuevos retos en la forma de hacer negocios, retos que en su mayoría han girado en torno a cómo garantizar los derechos tanto de los consumidores como de los proveedores y cómo mejorar la confianza en la realización de operaciones a través de medios no presenciales. Y es que la virtualidad en las transacciones comerciales no solo genera desafíos en transacciones internacionales, pues aun cuando el comprador y el vendedor se encuentren en el mismo territorio, internet favorece el anonimato y hace que, en especial quién adquiere un producto o servicio por este medio, sienta desconfianza sobre el cumplimiento de la operación.

En aras de mitigar estos riesgos para el consumidor, el Congreso de la República expidió en 2011 un nuevo Estatuto del Consumidor en el que incluyó un capítulo especial de protección en comercio electrónico. Recientemente, el mecanismo de reversión de pagos que contempla el Estatuto ha sido reglamentado, una iniciativa que ha estado bien encaminada y que sin duda hay que celebrar.

Esta es una disposición que le permitirá a los consumidores por medios electrónicos (siempre y cuando el comercio y el emisor del instrumento de pago estén domiciliados en Colombia) solicitar el reembolso de su pago en los casos en que, por ejemplo, (i) la transacción corresponda a una operación no solicitada, (ii) cuando el producto no sea recibido, (iii) cuando no corresponda a lo solicitado o (iv) cuando se encuentre defectuoso.

Pese a que aún se tienen algunas dudas acerca de la implementación del mecanismo de reversión de pagos, se espera que sean aclaradas por el Gobierno para implementarlas lo más pronto posible. No obstante, es claro que su aplicación puede mitigar los temores que enfrentan aquellas personas que quieren realizar transacciones por internet o por teléfono pero que sienten desconfianza frente a la operación y al cumplimiento por parte del proveedor. Es una iniciativa que, sin duda, ayudará a potencializar el comercio electrónico en Colombia mientras protege los derechos de los consumidores del comercio electrónico.

Reflexiones en materia de crecimiento

Fuente: La República

El desempeño de la economía colombiana durante la primera parte de este año siguió ratificando su gran fortaleza para soportar un ambiente con alto grado de complejidad tanto en el frente local como externo, una situación que parecía ser difícil de concebir décadas atrás. Colombia, en este escenario, sigue siendo una de las economías que más crece en la región, por encima de países como Chile (2%), Brasil (-5,4%) o Argentina (0,5%), aunque por debajo de Perú (4,4%) y México (2,8%).

Sin embargo, pese a que el menor dinamismo a nivel sectorial en la mayoría de actividades económicas se ha manifestado de manera gradual y ordenada, los elementos que componen el balance de riesgos parecen no disiparse e, incluso, incorporan ahora nuevos factores. El enrarecido clima que se ha ido tornando sobre los mercados financieros internacionales, ahora por cuenta del Brexit, le ha sumado cierto grado de incertidumbre tanto al rumbo que podría tomar la actividad económica en Europa y el mundo, como a la orientación que podría seguir la política monetaria en Estados Unidos. Un ambiente que hasta hace un par de semanas, al menos para el caso colombiano, había reducido su nivel de tensión por cuenta de la reciente recuperación que venían exhibiendo las cotizaciones del petróleo.

Pareciera ser que la prudencia a la hora de evaluar un posible cambio sobre las expectativas de crecimiento es el camino más acertado ante el panorama actual. Será la implementación del Brexit, la reacción de la política monetaria en Estados Unidos, la dinámica de la liquidez mundial y el accionar de los mercados financieros internacionales, los factores que le permitirán a los mercados dilucidar el verdadero impacto del contexto global sobre la actividad productiva local.

La balanza de riesgos, por ahora, parece señalar un ligero sesgo bajista de cara a 2017. Factores como los ajustes en materia de inflación, la dinámica de las tasas de interés y el trámite de la Reforma Tributaria, que aún incorporan una elevada incertidumbre, permitirán dirimir la trayectoria de la economía en el corto y mediano plazo.

Preocupa, en particular, el comportamiento de la inversión, cuyo reciente deterioro ha empezado a señalar algunas consideraciones de importancia no solo sobre el rumbo que está tomando la inversión agregada sino sobre la dinámica de cada uno de sus componentes. Y es que la formación bruta de capital cayó a un ritmo de 3,7% en el primer trimestre de 2016, una situación que no se había presentado en los últimos cuatro años.

Los elementos de riesgo que podrían afectar aún más la dinámica de la inversión han ido al alza y esto tendría incidencia no solo en el desempeño de la economía durante este y el próximo año, sino también sobre la convergencia hacia los niveles de crecimiento potencial. Varios estudios han demostrado que para lograr la consecución de crecimientos potenciales en torno a 4,5%-4,8%, la economía debe mantener relaciones del orden de 33%-35% entre inversión y PIB.

Sin embargo, la relación entre inversión y PIB, que hoy se muestra en niveles en torno a 28% y supera con creces la media durante el período 2000-2010 (20%), ha tendido a estabilizarse e incluso a disminuir en el último año y medio, un hecho que debe alertarnos sobre un eventual deterioro si los vientos externos adversos nos golpean con fuerza y el contexto de moderación a nivel local se agudiza.

En síntesis, el balance  de riesgos, que hoy se torna bajista, nos invita a la prudencia en materia de perspectivas. Si bien la economía se destaca en la región por su fortaleza macroeconómica y la solidez de sus sistema financiero, los factores de riesgo exigen un monitoreo constante. Unas condiciones monetarias más restrictivas, una eventual reversión de los influjos de inversión externos, una mayor incertidumbre tributaria y un mayor deterioro de las importaciones de bienes de capital (en especial para la industria y el sector agropecuario), podrían comprometer la dinámica de recuperación de la actividad productiva y la inversión y materializar el sesgo bajista en materia de crecimiento.