Edición 901| Desarrollo y perspectivas del mercado cambiario local

Gracias a la mayor integración comercial y financiera de Colombia con el resto del mundo, el mercado cambiario local se profundizó y ganó liquidez durante la última década. Este progreso se basó primero en la expansión del segmento de operaciones al contado y luego en la evolución del segmento de operaciones con derivados.

El crecimiento del mercado requirió y al mismo tiempo resultó estimulado por las mejoras que tuvieron lugar en su infraestructura institucional, que permitieron la profesionalización de los operadores y la llegada de nuevos participantes extranjeros.

Sin embargo, el mercado de divisas en Colombia es menos profundo que en el promedio de los países latinoamericanos y en los emergentes, aunque su liquidez es ligeramente mayor, sobre todo en el de contado.

Por tanto, es probable que la profundización de nuestro mercado cambiario haya resultado obstaculizada por la excesiva rigidez de los controles a las operaciones con moneda extranjera. Por este motivo, quizá convenga revisar las normas que dificultan su correcta operatividad. Entre ellas requieren un examen, en primer lugar, las que estrechan el espacio para las operaciones con moneda extranjera, al limitar las posiciones en divisas de los intermediarios del mercado cambiario (IMC). Estos límites distorsionan los precios e impiden a los IMC ofrecer en cantidades adecuadas sus productos. Y en segundo lugar, las que entorpecen el eficiente funcionamiento de la Cámara Compensación de Divisas de Colombia (CCDC).Las más incómodas de éstas son el bajo tamaño de los cupos intra-día, que restringe el monto de las operaciones de los IMC; la ausencia de un proveedor de liquidez en moneda extranjera de última instancia y la imposibilidad de acceder a la liquidez del Banco de la República en moneda nacional. Las dos últimas dificultan a la CCDC mitigar de una manera más extensa los correspondientes riesgos de liquidez. Quizá convenga también aceptar la liquidación bilateral de las operaciones en divisas entre los IMC, para permitir que los que no participan de manera directa en la CCDC puedan realizarlas con menores riesgos.

 

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Edición 900| ¿Cuál debe ser el rol del Defensor del Consumidor Financiero?

El Defensor del Consumidor Financiero nace hace cerca de 20 años como una iniciativa de autorregulación de los establecimientos bancarios afiliados a Asobancaria en un momento en el que no existían mecanismos eficientes para la protección de los derechos de sus usuarios. Su principal objetivo fue constituirse como una instancia mediadora en los conflictos entre las partes para proveer soluciones ágiles, mejorar la prestación de los servicios e incrementar la confianza. A medida que la oferta de servicios financieros fue creciendo y el número de personas con algún producto financiero fue aumentando, las medidas de protección del consumidor financiero también se fueron incrementando y consolidando. Es así como la figura del Defensor fue reglamentada por la Ley 1328 de 2009 que entre otros temas, estableció que las decisiones adoptadas por él son obligatorias cuando las entidades vigiladas así lo prevean en sus reglamentos. Adicionalmente, el Congreso de la República abrió la posibilidad de que los consumidores pudieran acudir, en busca de protección de sus derechos, a la misma entidad vigilada, a la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, en su calidad de autoridad administrativa o jurisdiccional o a los jueces competentes.

Los mecanismos de defensa del usuario del sistema han ido aumentando con el incremento en los servicios que prestan los bancos a poblaciones crecientes, particularmente a aquellas de menores ingresos. El resultado ha sido que por cada diez mil transacciones sólo 2.3 generan reclamos, que cada vez son menores frente a un número creciente de transacciones.

La banca continua invirtiendo cuantiosos recursos en mejorar la prestación de sus servicios, pues entiende que cada problema con un banco, a nivel personal, genera malestar e insatisfacción.

En la actualidad, la instancia más utilizada por los usuarios de los bancos para interponer quejas o reclamos es la misma entidad (90% de las quejas), seguida por el Defensor del Consumidor (6%) y por la SFC (5%). Es claro entonces que la gran mayoría de las quejas se resuelven por transacción o acuerdo mutuo entre los clientes y los bancos.

Cursa en el Congreso un proyecto de ley que busca volver obligatorias las decisiones del Defensor del Consumidor Financiero sobre las quejas del consumidor. Dicha iniciativa estaría otorgando la función pública de administración de justicia al Defensor sin estar facultado constitucionalmente y, generaría un desequilibrio entre las partes ya que sólo las entidades estarían obligadas a acatar las decisiones del defensor, dificultando la operatividad de dicho vehículo de solución de conflictos, y generando una tendencia a que la única decisión aceptada sea la que favorezca al consumidor y no la que obedezca a razones de justicia o equidad.

 

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Edición 899 | A la cacería de los paraísos fiscales

En los últimos años la disminución de la base de los contribuyentes tributarios ha sido una de las principales preocupaciones del Grupo de los 20. Una de las razones a las que se atribuye dicha disminución es la competencia en materia tributaria entre diferentes jurisdicciones, para atraer los capitales de personas naturales y jurídicas de altos ingresos alrededor del mundo que aprovechan este arbitraje regulatorio, particularmente en temas de secreto bancario y en materia impositiva, especialmente en los paraísos fiscales.

Los defensores de los paraísos fiscales afirman que entre sus funciones se encuentra asegurar la neutralidad tributaria en la mediación de flujos financieros internacionales y proteger a las personas frente a gobiernos inestables. Sus detractores critican su falta de transparencia, que los convierte en el lugar preferido de lavadores de activos y evasores de impuestos.

Sin importar quién tiene la razón, lo cierto del caso es que organizaciones internacionales como la OECD, que marca la pauta en mejores prácticas, consideran que esta competencia tributaría entre países es dañina y abogan por reglas de juego justas y equitativas, que garanticen igualdad de condiciones. Por ello, la OECD ha promovido la suscripción de Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria (TIEA) entre diferentes países, pero aún persisten algunas jurisdicciones que no los han acogido y, por el momento, este intercambio no es automático sino que se requiere solicitud expresa.

Estados Unidos decidió no esperar a contar con la colaboración voluntaria de todos los países y, con el propósito de obtener información de sus nacionales, su Congreso expidió la Ley FATCA, la cual impone la obligación a entidades financieras de todo el mundo de suministrarle, de manera automática, información tributaria a la autoridad fiscal estadounidense de las personas obligadas a tributarle, bajo la amenaza de una fuerte sanción financiera en caso contrario.

Por su parte, Colombia también está tomando medidas para combatir la evasión y elusión fiscal, en especial en lo relacionado con los precios de transferencia entre sociedades vinculadas domiciliadas en paraísos fiscales. La legislación colombiana se actualizó y concretó para evitar la manipulación de estos precios, estando pendiente a la fecha la reglamentación gubernamental para su cabal funcionamiento. Se espera que esta disposición, junto con las normas anti-abuso y las de saneamiento patrimonial mejoren el recaudo fiscal.

Adicionalmente, con el fin de facilitar el intercambio de información tributaria, el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República un TIEA con Estados Unidos, el cual tiene mensaje de urgencia. Se espera que este TIEA sea aprobado en esta legislatura, de tal forma que sirva como base para suscribir también un Acuerdo Intergubernamental con Estados Unidos que permita el cumplimiento de FATCA en nuestro país.

 

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Edición 898 | Administración de riesgos financieros: hacia un sistema integral

Un establecimiento de crédito puede ser descrito como una entidad especializada en la gestión de riesgo, cuyo negocio es asumir no solo el riesgo propio sino también compartir el de terceros. Es por ello que en el caso de estas entidades el manejo del riesgo se ha venido sofisticando, de la mano de la regulación y la supervisión, de suerte que en la actualidad es imprescindible que dispongan de sistemas de manejo de riesgo de diversos tipos: el de crédito, el de liquidez, el de mercado y el operativo. Si bien la tradición ha sido que se adopte un sistema de administración y manejo para cada uno de ellos, la tendencia hacia adelante es hacia el logro de un sistema de manejo integral de todos los riesgos.

Al respecto, la industria ve con buenos ojos la iniciativa planteada por la Superintendencia Financiera de implementar un Sistema de Administración de Riesgos Financieros (SARF), el cual puede constituirse en una herramienta valiosa para avanzar en el proceso de la gestión integral de todos los riesgos. De acuerdo con lo anunciado por el Supervisor en foros recientes, este sistema propenderá por eliminar arbitrajes regulatorios; identificar la interacción existente entre los cuatro riesgos; reconocer sus nuevas fuentes y ofrecer una mayor flexibilidad que facilite su ajuste a la evolución de los mercados y a la aparición de nuevos productos.

Ahora bien, el reto de manejar el riesgo de forma integral no solo comprende las interacciones que existen entre los cuatro tipos de riesgo hoy estudiados, sino también las interacciones que existen entre la gestión del riesgo y la gestión comercial de las entidades.

Lo anterior, implica al interior de cada institución un compromiso profundo de toda la organización con la identificación, gestión y mitigación del riesgo, y, desde el punto de vista de la regulación y la supervisión, una coordinación más efectiva y una concepción menos conservadora, que pase de la prohibición o minimización del riesgo al estímulo de su adecuada gestión. El progreso financiero consiste en que las entidades puedan definir más libremente su apetito de riesgo, y encuentren mecanismos idóneos para gestionarlo de manera adecuada, de acuerdo con sus fortalezas competitivas.

 

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