Edición 1103| Discurso de Instalación: XVI Congreso de Derecho Financiero

Derecho Financiero

• La concepción de la normatividad dirigida a la financiación del agro y los proyectos productivos que surgen alrededor de él, uno de los objetivos de la implementación del Acuerdo de Paz, debe tener en cuenta la perspectiva de las entidades financieras, fundamentada en su experiencia en la financiación de todos los sectores de la economía y el análisis de los riesgos implícitos en la actividad.

• Las circunstancias que rodean negativamente la actualidad de los proyectos de infraestructura, no pueden llevar a realizar modificaciones normativas sin medir las implicaciones y efectos de las mismas. Es claro que todos queremos eliminar la corrupción de la contratación de proyectos de infraestructura, pero no es deseable aventurarse con normas apresuradas que no alivian ni solucionan los inconvenientes que realmente dan origen y cabida a la problemática.

• En materia de innovación en la prestación de servicios financieros, tratándose de un entorno con retos regulatorios diferentes, que no se encuentran definidos incluso a nivel internacional, puede resultar interesante que en el país se admitan los “sandbox” regulatorios, siempre bajo reglas de juego claras que permitan a las entidades vigiladas desarrollar programas pilotos de innovación para la prestación de sus servicios, bajo vigilancia estatal, lógicamente sin tener que cumplir con todos los requerimientos regulatorios.

• A pesar de las innegables ventajas que trae la tecnología, no podemos dejar de lado los riesgos que representa. Temas como el fraude electrónico también implican retos desde el punto de vista regulatorio. Se debe procurar por una reglamentación que impida que el costo de la tecnología sea mayor que su beneficio, y que incentive la innovación en pro de la inclusión financiera y, en últimas, del consumidor.

• Esperamos que la implementación de la Política de Mejora Regulatoria que conllevará el CONPES sea pronta y efectiva en nuestro país, para lo cual hacemos un llamado a las diferentes autoridades y nos comprometemos, como interesados y eventuales receptores de la política pública, a participar activamente en los procesos de toma de decisiones que se requiera.

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