Los consumidores, en el actual proceso de transformación de sus hábitos transaccionales, desean tener una conexión rápida, directa y constante con su banco. Para ello, el desarrollo de nuevas estrategias para el uso de medios de pago electrónicos resulta fundamental.
La masificación de pagos electrónicos genera beneficios a todos los actores del ecosistema de pagos: (i) impulsa el crecimiento económico de los países, (ii) incrementa la seguridad de los consumidores, (iii) mejora la capacidad fiscal del Estado, (iv) incrementa la facturación de las empresas al tiempo que mejora el manejo de tesorería e (v) incrementa su seguridad y les otorga ventajas en términos de inclusión financiera y acceso a la formalización.
A pesar de los beneficios asociados, Colombia muestra aún un rezago considerable en materia de penetración de los pagos electrónicos. En efecto, el efectivo es aún el medio de pago preferido por los colombianos (88,2% de los colombianos). Cerca del 99% utiliza el efectivo para el pago de sus servicios públicos, un 93% para matrículas escolares, cerca del 55% recibe su salario en efectivo y un 40% sus remesas domésticas. Así mismo, mientras que el promedio de transacciones anuales con tarjeta débito en el país es de 20 por habitante, el promedio en países como Brasil o Perú es de 50 y 25, respectivamente. En el caso de tarjetas de crédito, los resultados son similares.
Las barreras que impiden la masificación de los medios de pago electrónicos involucran aspectos (i) institucionales, como las distorsiones o rigideces tributarias existentes para la formalización empresarial, (ii) de mercado, como el diseño de productos financieros para las personas que actualmente están excluidas del ecosistema transaccional, (iii) de acceso a las tecnologías disponibles, (iv) culturales y (v) de educación financiera.
El Proyecto F, creado y liderado por la industria bancaria, busca consolidarse como una iniciativa interinstitucional para la masificación de los pagos electrónicos en el país. Se compone de tres estrategias principales: recaudos públicos, pagos electrónicos e interoperabilidad, cada una de las cuales cuenta con iniciativas que abordan problemas específicos.