Edición 1014 | Discurso de apertura: XIV Congreso de Derecho Financiero

• Nuestro país ha sido referente para la región en materia de regulación financiera por su carácter innovador y por la adopción permanente de altos estándares internacionales, incluso de manera anticipada a lo programado por quienes los expiden.

• El sistema financiero colombiano no solo se está adaptando al nuevo paradigma regulatorio, sino también a las nuevas tendencias tecnológicas que ayudan a profundizar el acceso a servicios financieros y a fortalecer los medios de pago. La banca es consciente que para competir exitosamente debe transformarse y adoptar las mejores herramientas que proporciona la tecnología, con el fin de aumentar la eficiencia y beneficiar a los consumidores financieros.

• Para garantizar la competencia en igualdad de condiciones, también se requiere nivelar las cargas y evitar arbitrajes regulatorios entre actividades similares. La regulación es una herramienta que facilita la adopción de nuevas tendencias y garantiza reglas de juego claras y equitativas para todos los competidores, así como la estabilidad del sistema y la protección de los derechos de los consumidores financieros, quienes al final del día son los grandes beneficiados, ya que la tecnología los acerca más a las entidades, al facilitar la realización de sus transacciones financieras diarias.

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Edición 1013 | Peajes electrónicos: un hito en materia de innovación e impulso a la competitividad en Colombia

• A pesar del significativo progreso que han presentado los principales indicadores económicos durante los últimos años, la mejora en materia de competitividad es una de las grandes tareas pendientes en la agenda pública y privada. Si bien se han realizado numerosos esfuerzos para garantizar un tránsito exitoso hacia una economía integrada al comercio internacional de manera eficiente y productiva, el escaso avance de la infraestructura y el débil desempeño logístico en materia de transporte mantienen el rezago del país en esta materia.

• La adopción de modernas plataformas tecnológicas como estrategia para superar estos obstáculos se abre como una posibilidad a la hora de reducir los tiempos y costos de desplazamiento. En particular, los peajes electrónicos constituyen una poderosa herramienta para transitar de forma más eficaz sobre las vías del país, contribuyendo con la reducción del consumo de combustible y el aumento de la velocidad promedio en los tramos con peaje.

• Otros países en el mundo ya han implementado de manera exitosa mecanismos de pago electrónico en peajes que, además de crear eficiencias y modernizar la infraestructura vial, han reducido los costos de operación a través del uso de la tecnología.

• El modelo de IP/REV (interoperabilidad de peajes/recaudo electrónico vehicular) propuesto por el Ministerio de Transporte evitará que cada concesionario u operador de peaje desarrolle su propia solución tecnológica fragmentando el mercado y afectando al usuario. Adicional a ello, logrará la consolidación de la información sobre los pasos y vehículos que transitan por las carreteras del país.

• La implementación de este modelo derivará en un sinnúmero de beneficios económicos y sociales. Será también un canal importante para la reducción del uso del efectivo, pues el dispositivo que se instalará en los vehículos podrá ser usado para realizar otro tipo de pagos, lo que contribuirá a la creación de un ecosistema de pagos electrónicos que le permitirá a los consumidores contar con instrumentos de pago más eficientes y seguros. Asobancaria celebra esta iniciativa, cuya correcta materialización permitirá avanzar en términos de competitividad y reducir las brechas que, frente a estándares internacionales, ha venido exhibiendo el país en las últimas décadas.

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Edición 1012 | El ABC de la nueva herramienta mundial contra la evasión fiscal

• En la actualidad no se concibe una fiscalización cuyo objetivo radique en verificar hechos económicos locales, sino que, bajo un mundo globalizado, se hace seguimiento a aquellas figuras de planeación tributaria internacional con las cuales se busca una baja imposición o en algunos casos la evasión fiscal. La multiplicidad de tratados para evitar la doble imposición y la reducción de costos fiscales que ofrecen algunos países, con el fin de atraer inversión extranjera, ha inducido la estructuración de negocios que buscan reducir al máximo los impactos impositivos.

• En la lucha trasfronteriza contra la evasión de impuestos, el intercambio automático de información tributaria adquiere gran relevancia. En 1998 la OCDE publicó la “Convención de Estrasburgo”, que incluye el intercambio automático de información para identificar posibles evasores, que fue ratificada por Colombia mediante la Ley 1661 de 2013 y promulgada por el Decreto 343 de 2015. Este acuerdo multilateral permite a los Estados firmantes comprometerse con otros países a prestar asistencia administrativa mutua en asuntos fiscales, en especial en el intercambio automático de información tributaria. Su implementación se realizará de manera gradual en varios grupos, encontrándose Colombia dentro de los adoptantes tempranos (early adopters).

• Las clases de cuentas cuyos titulares o beneficiarios (cuentahabientes) están sujetos al proceso de debida diligencia son básicamente las mismas que bajo FATCA (cuentas de depósito, cuentas de custodia, los intereses en deuda o capital en ciertas entidades de inversión, los contratos de seguros con valor en efectivo y contratos de anualidades). Sin embargo, una de las diferencias sustanciales que presenta el CRS frente a FATCA radica en que el concepto de Persona Reportable atiende a aquellos cuentahabientes que sean residentes para efectos impositivos o tributarios (residentes fiscales) de una Jurisdicción Reportable.

• Aunque la DIAN ha estado socializando este nuevo estándar de intercambio de información entre las Entidades Financieras Sujetas a Reportar, con el fin de que estén preparadas dentro del cronograma establecido para su ejecución, aún no ha expedido la resolución en la que formalmente se establecen las fechas y los parámetros que deben seguir las entidades para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por CRS, lo cual es de suma urgencia debido a que las entidades financieras requieren hacer los diferentes ajustes operativos con el fin de cumplir con este estándar.

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Edición 1011 | Prevenir el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo: una tarea primordial en la agenda de los empresarios

• El Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) son actividades delincuenciales que generan distorsiones en la economía, aumentan los costos sociales y económicos y dan lugar a inestabilidad en los mercados financieros, de bienes y de servicios. Según lo menciona la UIAF en su documento “Lo que debe saber sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (2014)”, al combatir estos flagelos, el tamaño de la industria podría crecer en 23,7 billones de pesos, el ingreso de los hogares se incrementaría en cerca de 23 billones de pesos, se generarían 1.4 millones de empleos y se podrían abrir cerca de 13 millones de cupos escolares durante 1 año.

• En Colombia, de acuerdo con el estudio realizado y presentado por el Banco Mundial (cifras a 2013) en el XV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Asobancaria 2015, las bandas delincuenciales perciben ingresos por LA y FT equivalentes al 2% del PIB. Pese a que se cree que los delincuentes no afectan a las empresas del sector real, es importante tener en cuenta que toda actividad económica o negocio se encuentra expuesta a riesgos internos y externos, derivados de falencias o debilidades en los controles que pueden permitir el ingreso de dinero, activos o riqueza ilícita, que induce a escenarios de competencia desleal, corrupción y afectan su sostenibilidad.

• El reto es que los sectores público y privado continúen trabajando de manera coordinada en la expedición de regulaciones como las emitidas por la Superintendencias Financiera de Colombia (SARLAFT), la de Sociedades (SAGRLAFT), la de Economía Solidaria (SIPLAFT) y la DIAN, entre otros, para lograr un cambio de paradigma y generar beneficios de índole social y cultural.

• La regulación expedida por la Superintendencia de Sociedades busca que en la agenda de los empresarios existan espacios para establecer medidas preventivas que hagan parte de su cultura empresarial con el fin de evitar que, tanto la empresa como sus directivos y empleados, resulten involucrados en procesos legales o administrativos. Sin embargo, es imperativo que los empresarios desnarcoticen el problema, que no pierdan de vista que estos riesgos pueden vincularse con otros como los de fraude y corrupción y que no solo se presentan en negocios que operan con el uso del efectivo sino que incluso se materializan en otros medios de pago.

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