Edición 971 | LOS APORTES DE LA BANCA A UNA COLOMBIA SOSTENIBLE

El pasado martes se realizó con éxito en Bogotá el VII Congreso Internacional de Medio Ambiente, liderado por el CEID, en el que se revisaron los principales desafíos del país en materia ambiental y el rol del sector real y financiero en la promoción de iniciativas de desarrollo sostenible. Uno de los grandes ejes de discusión fue el aporte de la banca a la sostenibilidad, del cual cabe destacar los siguientes elementos.

En primer lugar, el sistema financiero colombiano ha desarrollado programas de sostenibilidad de distinto alcance. Con el fin de estandarizar algunos de esos procesos y avanzar de manera coordinada en el logro de objetivos colectivos como industria, en 2012 se suscribió, de la mano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el “Protocolo Verde”. Esta iniciativa contempla cuatro frentes de trabajo: eco-eficiencia, desarrollo de productos verdes, medición de riesgos ambientales y reporte y divulgación de los avances.

Cualquier empresa puede intentar hacer sus procesos internos más compasivos con el Medio Ambiente. De esta forma, la eco-eficiencia es la más sencilla y difundida de las maneras de contribuir al desarrollo sostenible, por lo que existen multiplicidad de estándares internacionales, mejores prácticas y rutas de trabajo ya establecidas acerca de cómo abordar estos aspectos. Al respecto, la banca colombiana ha avanzado en suscribir acuerdos de construcción sostenible, un modelo de compras y selección de proveedores que privilegia el medio ambiente, el desarrollo de guías con la normatividad ambiental nacional aplicable al sistema financiero y un esquema de trabajo para la medición y certificación de su huella de carbono.

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Edición 970 | Autocontrol: la piedra angular del Control Interno

Con la crisis de 2008, la gestión de riesgo de las instituciones financieras cobró particular relevancia, pues se evidenció que la alta interconexión de los mercados puede desencadenar crisis sistémicas por fallas en cualquier eslabón de la cadena. Este hecho generó una enorme proliferación de debates y normas orientados a la búsqueda de una mejor administración de los riesgos en las entidades financieras, entre las que se resalta el Control Interno como elemento primordial para la búsqueda de este objetivo.

La literatura sobre este tema señala que el éxito de una eficaz administración del riesgo radica en el involucramiento de todas y cada una de las áreas de las organizaciones, dando lugar a la denominada “cultura de riesgo”. En este propósito, cobra particular relevancia el principio de autocontrol, entendido como la capacidad que tiene cada funcionario de hacer seguimiento a su quehacer diario para generar mejoras y correctivos que redunden en más eficiencia de la institución.

El éxito de la cultura de riesgo, y por ende, del Control Interno, precisa que la Alta Dirección enfoque sus esfuerzos en el cumplimiento de dos funciones: (i) definir, adoptar y controlar las políticas y procedimientos que respondan al apetito de riesgo de cada entidad, a sus estrategias y a la normatividad vigente; y (ii) garantizar la constante difusión y entendimiento de esta información entre los funcionarios de la entidad. El cumplimiento de la primera función se refleja en la adopción de los Sistemas de Administración de Riesgo (SAR)1 , producto de la regulación prudencial que viene expidiendo la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Por su parte, la segunda función, referente al fomento y difusión de la cultura de riesgo, ha sido una constante de las entidades financieras colombianas, que se fortaleció con la expedición de las Circulares Externas 14 y 38 de 2009 de la SFC2 , con las que se estableció la adopción del Sistema de Control Interno (SCI), como requisito indispensable en cada entidad para mejorar la gestión integral de los SAR existentes mediante su articulación al SCI.

En Colombia, la implementación de SCI en las instituciones bancarias ha sido exitosa. Sin embargo, existen algunos puntos sobre los cuales vale la pena seguir trabajando para mejorar la gestión organizacional en esta materia. Esta agenda de trabajo incluye: (i) el reconocimiento del autocontrol como elemento central del SCI, (ii) la adaptabilidad en el sistema de gestión integral de riesgos, para que se ajuste rápidamente en respuesta a los cambios en el apetito de riesgo, el entorno macroeconómico y la nueva normatividad emitida, y (iii) la existencia de un estamento que lidere el cumplimiento del SCI a través del seguimiento a las metas definidas por la Alta Dirección sobre cada uno de los eslabones de la cadena de valor (monitoreo transversal). Los mejores SCI en el sistema financiero colombiano han ayudado a consolidar una banca más sólida y eficiente, con sus consabidos efectos positivos sobre el resto de la economía. Debemos seguir avanzando en este camino.

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Edición 969 | ¿ES RIESGOSO EL CAMBIO DEL ENTORNO EXTERNO PARA COLOMBIA?

Tres años después de que el sector minero energético fuera catalogado como una de las locomotoras de la economía colombiana, su expansión parece estancarse. En los albores del auge, la programación macroeconómica del país se basó en la presunción de que los altos precios y la mayor producción de ese sector durarían un largo período. Con esa expectativa, la economía no ahorró suficiente en la bonanza. Por estos motivos, los desbalances macroeconómicos tienden a aumentar, con lo cual se introducen amenazas para la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, las autoridades cuentan con un marco adecuado de política que permite mitigar esos riesgos, si se adoptan de manera oportuna estrategias contracíclicas, para moderar los excesos de demanda y prevenir desequilibrios financieros.

En la coyuntura actual, debido a que las proyecciones de precios y producción de minerales e hidrocarburos distan de lo esperado, los ingresos públicos no alcanzan para financiar los gastos, lo cual arriesga incumplir las metas de déficit gubernamental. Además, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos excede el previsto, por el deterioro de la balanza comercial. Al mismo tiempo, por la normalización monetaria en los EEUU y la menor rentabilidad de la inversión en el sector minero energético, en el futuro será menos fácil asegurar los flujos de inversión extranjera requeridos para financiar el déficit corriente. Por tanto, para preservar la estabilidad de la economía, es preciso moderar el gasto doméstico e imponer nuevos tributos, con lo cual se puede desacelerar el crecimiento y la generación de empleo.

Con el fin de prevenir algunos de los riesgos que entraña esta coyuntura, el Banco de la República (BR) elevó la tasa de interés, para frenar la expansión de la demanda interna, evitar que el crecimiento exceda su tasa potencial y conservar ancladas las expectativas de inflación. La búsqueda de la neutralidad monetaria debe ayudar también a prevenir fugas de capital. Además, el BR acumuló un saldo abundante de reservas internacionales que, sumado al acceso a la línea de crédito flexible del FMI, le permitirán amortiguar una reversión de flujos de capital. La combinación de la inflación objetivo con los instrumentos macro prudenciales, por otra parte, evitaron desbordes del crédito y burbujas en los mercados de activos que arriesgarían, como en otras ocasiones, la estabilidad financiera.

De manera complementaria, la regla fiscal impide un incremento desmedido del déficit fiscal y de la deuda pública, como los que tuvieron lugar en el pasado. Para acatarla, el Gobierno propuso una reforma tributaria para solucionar la caída inesperada de los ingresos públicos, mediante la prolongación del GMF y del impuesto al patrimonio por cuatro años más, junto con la eliminación de la devolución de dos puntos del IVA, para los pagos con tarjetas plásticas y la banca móvil, una sobretasa al CREE y un impuesto para activos omitidos. Es una pena que hubiera recurrido a algunos gravámenes muy distorsionantes –GMF y patrimonio– para proponer una solución temporal, que requerirá una nueva reforma tributaria en el futuro, al extinguirse los impuestos temporales. Hubiera sido preferible arreglar sólo el problema de la falta de ingresos en 2015 y proponer luego una solución estructural para los años siguientes, que resultara de un análisis juicioso de la eficiencia del gasto y las modificaciones necesarias en los ingresos, para remover las distorsiones tributarias e incrementarlos con base en los impuestos menos nocivos para la acumulación de capital, el crecimiento económico, la generación de empleo formal, la inclusión financiera y la equidad.

 

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Edición 968 | LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CRIMINALIDAD INFORMÁTICA NO DA TREGUA

No solo el sector financiero y sus clientes, sino en general cualquier tipo de industria ―e incluso los mismos Estados― enfrentan las más diversas amenazas en materia de fraude y seguridad. Independientemente de las tipologías de los delitos y de si estos se materializan de manera física o informática, todas tienen un común denominador: corresponden a actividades realizadas por estructuras criminales organizadas que, además, tienden a ser transfronterizas.

Esta situación hace que la mitigación y judicialización de este tipo de delitos requiera del diseño e implementación de estrategias de gran complejidad.

Desde la tecnología, cabe destacar que si bien su constante evolución ha facilitado el actuar de las organizaciones criminales, también es cierto que se constituye en una enorme aliada a la hora de hacerles frente a dichas organizaciones. De ahí que resulte fundamental el desarrollo de herramientas técnicas que contribuyan a la prevención, detección y judicialización de los diversos flagelos a los que se ven enfrentadas las diferentes instituciones.

En lo relativo al factor humano es inminente la necesidad de fortalecer la calificación de los individuos involucrados en la prevención, detección, investigación y judicialización de los delitos asociados al fraude. También es fundamental la revisión de procedimientos, incentivos, actuaciones y estrategias relacionadas con el manejo del recurso humano al interior de las organizaciones. Por su parte, independiente de su calidad, pública o privada, todas las instituciones deben trabajar no sólo en el diseño de estrategias de administración de riesgos de fraude, sino también en el fortalecimiento de la infraestructura ética corporativa y de los sistemas de control interno. Además, es básico que los ciudadanos conozcan las vulnerabilidades a las que están expuestos y tomen medidas para mitigar los riesgos de que su patrimonio económico se vea afectado.

Por su parte, debe realizarse una profunda revisión de los modelos antifraude tanto al interior de las organizaciones, no solo de los bancos sino de toda la cadena de pagos e incluso en las empresas de otros sectores, como frente a la articulación del trabajo entre todos los actores. Asimismo, deben diseñarse e implementarse modelos que permitan compartir información y responder de manera articulada frente a las bandas criminales. Los delincuentes trabajan de forma organizada para perpetuar sus delitos, al tiempo que del lado de ‘los buenos’ los mecanismos de coordinación son insuficientes.

Finalmente, urge un diagnóstico asertivo y el diseño de estrategias de corto y mediano plazo en cuanto a la investigación y judicialización de los delitos informáticos en el país. Esta es la única manera de contrarrestar de forma efectiva las complejas estructuras criminales que siguen defraudando día tras día a los colombianos.

 

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