Edición 962 | Debemos avanzar en el desarrollo de nuestros mercados financieros – Discurso de la Presidenta de Asobancaria en la 49 Convención Bancaria

A pesar de los avances en la prestación de los servicios bancarios durante los últimos años, tanto la profundidad del crédito como el grado de utilización de los medios de pago electrónicos en Colombia se comparan desfavorablemente con los países de la OCDE y frente a economías de similar desarrollo. Al mismo tiempo, si bien el total de adultos con una cuenta de ahorro en el país ha aumentado de una manera significativa, solo el 44% la tiene activa. Sin embargo, en materia de inclusión financiera lo importante no es tanto el acceso a una cuenta de ahorro, como el uso de los servicios que ofrece. Debemos entonces seguir avanzando en el desarrollo de nuestros mercados financieros. No en vano los países que han logrado superar la ‘trampa del ingreso medio’ y los que presentan mejores registros en términos de equidad, cuentan con mayores niveles de profundización financiera y una menor preferencia por el efectivo.

Si bien el papel transformador de la banca ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno, también es cierto que su desarrollo ha encontrado obstáculos en el marco regulatorio.

He reiterado en distintas oportunidades que una de las principales trabas para la profundización y la inclusión financiera son los controles a las tasas de interés. La existencia de estos topes desestimula la oferta de crédito formal a amplios segmentos de la población, cuando la tasa remuneratoria no cubre el riesgo ni el costo de originación de los créditos. Tal es el caso tanto para la población de menores ingresos, que demanda crédito para satisfacer sus necesidades de “microconsumo”; como para las pequeñas empresas, que lo hacen para financiar su inversión. Estos segmentos, al no ser atendidas por los establecimientos de crédito formal, se ven desplazados al mercado informal de los proveedores, los agiotistas e incluso sus propias familias, donde imperan tasas exorbitantes de interés.

Resulta de la mayor pertinencia la adaptación de la metodología de cálculo de la tasa de interés bancario corriente, que realiza la Superintendencia Financiera, a fin de que continúe ajustándola a las particu laridades de estos sectores, tal como ocurrió con éxito, en el cuatrienio anterior, en especial con el microcrédito. En este caso específico, se aplicó para el cálculo de la tasa de interés una metodología que refleja más de cerca la realidad del mercado. De esta forma, si bien la tasa fijada por la Superintendencia Financiera subió, no ocurrió lo propio con la que se cobra sobre el microcrédito, que se ha mantenido cerca de 20 puntos porcentuales por debajo del tope correspondiente de usura. En la búsqueda de una solución similar, podría incluirse el microconsumo bajo la categoría de microcrédito y ampliar los montos en términos de ventas y activos cubiertos por la definición de microempresa.

El perjuicio causado por la intervención en las tasas de interés se ve reforzado por la obligación de repreciar el valor de la cartera ante reducciones en los parámetros de usura. De esta forma, resulta imposible para el otorgante del crédito conocer con certeza la tasa de interés a la cual se terminará pagando la deuda, lo que desestimula su colocación.

La malsana combinación de controles a la tasa de interés, necesidad de repreciar la cartera y definiciones amplias para grupos heterogéneos crean una camisa de fuerza que le resta profundidad y capacidad de innovación al sistema financiero.

 

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Edición 961 | La preferencia por efectivo en Colombia es enemiga de la inclusión financiera y cómplice de la economía subterránea

El papel moneda es el medio de pago más utilizado en el mundo, a pesar de que el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones facilitó el surgimiento de otros más eficientes. La gran demanda por él se debe, por una parte, a que es todavía el más usado en las transacciones de bajo valor, porque los establecimientos de comercio al por menor no reciben de una manera generalizada otras alternativas. Esto obliga a los consumidores a mantener un saldo de dinero en efectivo para sus gastos cotidianos e inesperados. Por otra parte, el papel moneda se demanda también en una alta proporción en las actividades económicas subterráneas e informales, porque garantiza mejor que los demás medios de pago el anonimato de quienes lo utilizan, debido a que las transacciones que se pagan en efectivo no se pueden rastrear. Esta característica permite ocultarlas de las autoridades, por lo cual, cuando se llevan a cabo al margen de la ley, la regulación y las normas tributarias, la mayoría quedan impunes.

Sin embargo, en la medida en la cual los consumidores han descubierto las ventajas de otros medios de pago y los establecimientos de comercio al por menor han ampliado su aceptación, la demanda por papel moneda ha disminuido en la mayoría de las economías avanzadas. En contraste, la preferencia por el dinero efectivo en Colombia se incrementó durante los últimos quince años. La alta demanda por este medio de pago favorece las actividades delictivas, la evasión tributaria y la informalidad, que son elevadas en el país. Además, constriñe el desarrollo de otros medios de pago que son unos vehículos eficaces de inclusión financiera.

En consecuencia, una disminución de la preferencia por dinero en efectivo en Colombia y su sustitución por otros medios de pago más eficientes y menos costosos, puede ayudar a mejorar el bienestar de la población y, por medio de una mayor inclusión financiera, contribuir a disminuir la pobreza y la desigualdad. Además, puede apoyar la lucha contra las actividades al margen de la ley, la evasión tributaria y la informalidad.

De manera desafortunada, en Colombia las normas tributarias estimulan la preferencia por el dinero en efectivo frente a otros medios de pago. Entre ellas las más perturbadoras son las que vinculan el recaudo de algunos impuestos a la realización de las transacciones, como el GMF y la retención anticipada del IVA, el ICA y el impuesto de renta. Es una lástima que el Gobierno optara por extender el GMF para cuadrar la financiación del presupuesto de 2015. Ojalá esa decisión no se prolongue indefinidamente. Otra dificultad para la expansión de otros medios de pago es el incumplimiento de algunas empresas de telecomunicaciones de la regulación estatal (Resolución 4458/14 de la Comisión de Regulación), con lo cual encarecen sus servicios para el sistema bancario y obstaculizan la expansión de la banca móvil, porque la hacen inviable como negocio.

 

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Edición 960 | El mercado de deuda privada en Colombia: un camino por recorrer

La emisión de bonos de deuda privada constituye una fuente de financiación complementaria al crédito bancario. Estos papeles permiten a las empresas captar recursos a mediano y largo plazo, en condiciones más flexibles de montos, plazos y tipos de interés que a través del crédito. Por ello, el aumento en la profundidad de este mercado suele asociarse a tasas de crecimiento económico más altas y a una mayor estabilidad financiera.

La profundidad del mercado de deuda privada en Colombia se compara de manera desfavorable con la que se ha logrado en otros países de la región. Para profundizarlo y aprovechar mejor su mayor desarrollo, el país puede sacar lecciones de algunas experiencias del vecindario. De Chile y México se puede aprender la importancia de fomentar la participación de los Fondos de Pensiones e inversionistas extranjeros en el segmento de deuda de mayor riesgo. De Brasil, por otra parte, se destaca el rol de entidades especializadas para apoyar los procesos de emisión, mediante el establecimiento de garantías. También de este país se puede resaltar la creación del Nuevo Mercado de Renta Fija, como un mercado alternativo para la emisión; y la introducción del Fondo de Formación de Liquidez, como una herramienta para generar precios y liquidez en las emisiones.

Teniendo en cuenta estas experiencias, se puede concluir que una gran tarea para nuestro país es la promoción del mercado de deuda privada, por medio de programas de acompañamiento a los nuevos emisores y la provisión tanto de garantías como de liquidez. De manera complementaria, es importante avanzar en la flexibilización de las barreras existentes para los emisores (oferta) y los inversionistas (demanda).

En temas relacionados con los procesos de emisión, cabe desatacar que el pasado 28 de mayo de 2014, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 1019 de 2014 por el cual se modifican las disposiciones establecidas para el llamado “segundo mercado”. Desde el lado de la demanda, existen aspectos regulatorios que generan desincentivos a la tenencia de deuda privada por parte de los inversionistas. Por un lado, existen restricciones en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, que limitan el universo de los activos elegibles, con lo cual eliminan la posibilidad de invertir en títulos de mayor riesgo. Por otra parte, la tenencia de deuda corporativa es castigada en las mediciones de riesgo que realizan los diferentes entes reguladores del sistema financiero local. En todos estos frentes hay mucho camino por recorrer.

 

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Edición 959 | ¿Otra reforma tributaria?

Los resultados de Colombia en materia de finanzas públicas durante la última década muestran cómo la adopción de una estricta disciplina fiscal garantiza la sostenibilidad de la deuda pública, mejora la solvencia estatal y crea el espacio para la implementación de posturas contracíclicas. Gracias al fortalecimiento financiero del Gobierno en ese período, el riesgo soberano del país disminuyó y la deuda pública recuperó el grado de inversión, lo cual se tradujo en una importante reducción en el costo de la financiación del sector público. Además, el menor desbalance fiscal disminuyó las necesidades de endeudamiento del Estado, lo cual liberó recursos para el sector privado, a un costo más bajo. Los menores costos financieros y la mayor oferta de recursos estimularon la inversión privada, que impulsó el crecimiento económico.

Para asegurar un manejo disciplinado de las finanzas públicas en el futuro, las autoridades introdujeron en 2011 la Regla Fiscal, que requiere que el balance público estructural siga una trayectoria decreciente en el largo plazo y que cumpla unas metas puntuales en años electorales.

Sin embargo, a pesar de su aporte a la estabilidad macroeconómica en la última década, la política fiscal en Colombia no ha contribuido a mejorar la equidad. Para lograrlo se requiere focalizar el gasto en los sectores vulnerables de la sociedad. Si el gasto debe expandirse porque la agenda social y de reconciliación del país lo demandan, debe estar ahora acompañado de un aumento equivalente en la presión fiscal, que es baja comparada con la de las naciones más desarrolladas. Los desafíos de la política tributaria, de manera complementaria, incluyen además la necesidad de consolidar los esfuerzos recientes para controlar los altos niveles de evasión que hay en el país. También se debe buscar una estructura tributaria más eficiente, que facilite el recaudo, elimine los arbitrajes distorsionantes y promueva la inclusión de la mayor parte de los colombianos al sistema financiero formal.

Aunque mucho se ha escrito respecto a la necesidad de una nueva reforma tributaria a poco más de un año de la implementación de la anterior, Asobancaria considera que en la actualidad puede no ser conveniente. La última introdujo una gran cantidad de cambios en procura de equidad, crecimiento y generación de empleo formal, cuyos frutos todavía no se conocen a cabalidad. Modificaciones adicionales al actual sistema tributario –sin tener certeza de los efectos del nuevo esquema– pueden llevar a posteriores redefiniciones en materia de impuestos, causando un grave deterioro a la confianza de los inversionistas, con efectos adversos sobre la actividad económica. El debate sobre el esquema de tributación en Colombia es bienvenido, pero las decisiones no pueden ser tomadas con información insuficiente. Otros elementos como la sustitución de los impuestos distorsivos y los arbitrajes sobre los mercados deben ser tenidos en cuenta. También es imperativo discutir la eficiencia, la eficacia y la pulcritud con las cuales se asigna y ejecuta el gasto público en la actualidad.

 

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