Edición 958 | Cerrando las puertas del dinero ilícito – Discurso pronunciado por la Presidenta de Asobancaria en la apertura del XIV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

El lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) constituyen fenómenos de carácter complejo, por lo que su análisis debe ser abordado desde un punto de vista multidimensional.

En lo que hace referencia a los efectos macroeconómicos, esos fenómenos traen consigo implicaciones negativas tales como: a) distorsiones en los parámetros económicos, en especial, frente al tamaño del Producto Interno Bruto y frente al dinamismo de la actividad productiva en su conjunto, b) alteración, tenencia y velocidad de circulación del efectivo y c) entradas masivas de capitales o divisas, lo que deriva en peligrosas distorsiones cambiarias.

En cuanto a las implicaciones microeconómicas, la principal está relacionada con la posibilidad que tienen quienes se dedican a este tipo de actividades, de operar bajo condiciones diferentes de las de mercado, al poder producir bienes y servicios cuyos costos no recogen las señales de mercado. Adicionalmente, el lavado de activos genera importantes consecuencias sobre sectores tales como el financiero o el real.

En lo que se refiere al financiero, el cumplimiento normativo en estas materias tiene implicaciones negativas para el negocio y para sus clientes. Las entidades bancarias están suspendiendo la vinculación de clientes que consideran riesgosos o sobre los cuales resulta imposible o costoso realizar las labores de información exigidas en las normas. A su vez, se nota una tendencia a la disminución de la banca corresponsal en países considerados de alto riesgo.

En relación con el impacto sobre el sector real es notorio que las redes criminales han optado por movilizar sus recursos a través de empresas y negocios diferentes a los financieros. Es por esto que las empresas del sector real también precisan de normas claras, relativas a la gestión del riesgo de LAFT, incluyendo la supervisión y correspondientes sanciones por su inobservancia.

Por el lado de los impactos sociales, las estructuras criminales y los grupos armados afectan la vida de los ciudadanos, los niveles de pobreza y la inversión en infraestructura e influyen e impulsan otras actividades delictivas, entre otros. Sobre este punto, es importante que los países dispongan de diagnósticos y de una visión integral de estos fenómenos de suerte que puedan diseñar e implementar políticas públicas acordes con esas realidades.

Finalmente, no se debe ignorar que la ofensiva de algunos países en contra de las organizaciones criminales es lo que ha llevado a la difusión trasnacional de esas estructuras. Es preciso pasar del discurso a la acción en esta materia pues, si bien es cierto que todos los países reconocen la necesidad de una acción coordinada frente a estas amenazas, ello no tiene asidero en los desarrollos que se vienen realizando en la práctica.

 

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Edición 957 | Es el momento de moderar la demanda y ampliar el acceso a la vivienda

La favorable situación por la que atraviesa la economía colombiana contrasta con la de otras naciones emergentes e industrializadas. En efecto, la actividad económica en el país es una de las más dinámicas del mundo, mientras la de otras naciones emergentes se desacelera y la de las industrializadas hasta ahora comienza a repuntar, después de la crisis financiera de 2007-2008.

Una parte importante del éxito de Colombia en materia de crecimiento se basó en el impulso a la construcción y financiación de la vivienda, mediante la introducción de un subsidio a la tasa de interés para los hogares de medianos y bajos ingresos, con el fin de estimular la demanda.

La utilización de la política de vivienda como herramienta contra cíclica ha probado ser útil. También, dada la desigual distribución del ingreso y los niveles de pobreza, dicha política ha sido efectiva en apoyar los sectores más vulnerables de la sociedad. No obstante, no siempre resulta conveniente utilizar en simultáneo la política de vivienda como herramienta contra cíclica e instrumento para disminuir la pobreza.

Si bien es cierto que impulsar el crecimiento económico contribuye a reducir la pobreza y sienta las bases para aumentar la equidad en la distribución del ingreso, también es cierto que si el crecimiento económico excede la utilización plena de los factores de producción, comienzan a generarse desequilibrios que ponen en entredicho la estabilidad macroeconómica y financiera.

Es por esto que después de haber estimulado exitosamente el gasto a lo largo de 2013 ―al punto de que el pib creció 6,4% anual en el primer trimestre de 2014, cuando la tasa de crecimiento potencial de largo plazo de la economía se estima en 4,8%―, resulta prudente, en cambio de continuar impulsando la demanda con subsidios a la tasa de interés para la clase media, promover la generación de ahorro.

Una iniciativa de Asobancaria en este sentido consiste en el desarrollo del esquema de Arrendamiento con Opción de Compra ―acoc, que permitiría ampliar el acceso a la vivienda de la población informal, al tiempo que promovería la generación de ahorro. Esta población generalmente ha estado excluida del crédito por su incapacidad para ahorrar y por la dificultad para acopiar la información de sus ingresos y gastos.

Bajo este esquema, los inversionistas en fondos inmobiliarios otorgarían en arriendo vivienda Vip a futuros compradores, durante un periodo, de por ejemplo dos años, lo que facilitaría conocer sus hábitos de pago. El programa requeriría un subsidio gubernamental similar a los vigentes para la compra de vivienda (cerca del 35% de su valor) a fin de aproximar el valor del canon de arrendamiento al que las familias pagan en la actualidad por el lugar en que habitan. Dicho valor incluiría, además del canon propiamente dicho, seguros, la cuota de administración y una porción de ahorro, lo cual permitiría al final del periodo pactado, ejercer la opción de compra. A partir de este momento los bancos entrarían a financiar al adquiriente con los mecanismos hoy previstos en la norma: crédito hipotecario o leasing habitacional.

Con el acoc se estarían obviando los problemas de información e insuficiencia de ahorro, pues este mecanismo permite medir la capacidad de pago de los hogares, en función del pago puntual del canon de arrendamiento.

 

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Edición 956 | Comienza la educación financiera en los colegios

La educación financiera hace parte integral de la estrategia de sostenibilidad de la banca y ha llevado a desarrollar una concepción que, sin lugar a dudas, rebasa lo previsto en las disposiciones legales en lo que respecta a los consumidores financieros. Esto es llevar la educación financiera al ámbito escolar, la cual se constituye en la meta más grande y ambiciosa de responsabilidad social de la banca hasta la fecha.

Este tema ha surgido recientemente en las agendas de política pública, como una estrategia de los gobiernos para impulsar economías sostenibles y mercados financieros estables. Esta iniciativa está soportada en la premisa de que si los ciudadanos tienen mayores niveles de conocimiento y habilidades en esta materia y son conscientes de sus derechos y deberes, tienen también mayores capacidades para comprender y tomar decisiones económicas, que redunden en su bienestar y el de la sociedad en su conjunto.

En Colombia, por sugerencia de Asobancaria hace seis (6) años, el Congreso de la República, a través de la ley 1328 de 2009, incorpora la educación financiera como principio de protección a los consumidores financieros. Pero, es el gobierno del Presidente Santos, también a solicitud de Asobancaria, el que la establece como uno de los apoyos transversales a la competitividad de nuestro país, quedando así registrado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010―2014. En ese entonces, se avanzó aún más, al haberse establecido, en la ley que lo aprueba, que el Ministerio de Educación Nacional debería de incluir, en las competencias básicas, la económica y financiera.

En 2012 Asobancaria y el Ministerio de Educación Nacional consolidaron una alianza público-privada, formalizada en el convenio 024 del mismo año, para el diseño e implementación de un Programa que cumpliera con este mandato. El pasado 3 de julio se presentó el primer gran resultado de este convenio: el documento que contiene las orientaciones pedagógicas para la educación económica y financiera para ser impartida desde primero hasta el onceavo grado.

No se puede perder de vista que con este documento tan solo estamos culminando una primera etapa, que permite abrir el espacio para el inicio de una segunda cuyos retos son aún, quizás, más grandes. Estos consisten en lograr que, en un par de años, todos los establecimientos educativos, públicos y privados, hayan incorporado en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) el desarrollo de las competencias económicas y financieras.

 

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Edición 955 | Remover los obstáculos para el desarrollo financiero ayudaría a mejorar la equidad

Los mercados financieros colombianos se destacan en el mundo por su estabilidad y por una intensa competencia entre sus intermediarios. Los organismos multilaterales lo corroboran, al resaltar la solvencia y los bajos riesgos de crédito, de mercado y de liquidez que tiene la banca nacional. La competencia entre los bancos se manifiesta en una tendencia decreciente de los márgenes de intermediación y de la rentabilidad en el país, que están cerca del promedio regional. También estimula una mejora constante de la eficiencia, que se ha trasladado a los usuarios, a través de unos menores precios de los servicios bancarios durante los dos últimos años.

Sin embargo, los mercados domésticos no se caracterizan por su profundidad, que es intermedia en el contexto regional, baja en el mundo y menor que la que deberían tener, de acuerdo con el desarrollo económico del país. Tampoco los hogares más pobres ni las firmas pequeñas acceden con mucha facilidad a los servicios financieros. A pesar del notable progreso logrado en la última década en profundización e inclusión financiera, el tamaño de los mercados y las dificultades de acceso frenan la competitividad y la productividad de la economía, lo cual le impide elevar más rápido que hasta ahora su capacidad de crecimiento y retrasa además el logro de unas mejores condiciones de vida para la población, la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad. En consecuencia, es imperativo seguir aumentando la profundidad de los mercados y la inclusión financiera en Colombia, preservando al mismo tiempo el entorno competitivo y salvaguardando la solidez de los intermediarios, para promover la innovación y la eficiencia, sin arriesgar la estabilidad macroeconómica y financiera.

De una manera desafortunada, la estabilidad financiera se reforzó por medio de una regulación que hoy luce represiva y de un régimen tributario distorsionante, que frenan el desarrollo de los mercados y obstaculizan la inclusión financiera. Por una parte, las severas normas de capital, provisiones y liquidez aumentan los costos operativos del sistema y reducen su rentabilidad, porque limitan su capacidad de apalancamiento. Por otra parte, los controles administrativos a las tasas de interés –que se ejercen a través de las de usura, las del crédito para vivienda y las del crédito de redescuento para el sector agropecuario–, desestimulan la oferta de crédito formal a amplios segmentos de la población, a los cuales desplazan a los mercados informales, donde las tasas de interés son mucho más elevadas. Además, las inversiones forzosas que deben hacer los establecimientos de crédito en títulos de desarrollo agropecuario, para fondear el crédito de redescuento otorgado a ese sector, tienen un alto costo de oportunidad para la banca, sin que hayan satisfecho la demanda de los pequeños productores ni de la población rural. Por último, el GMF y el recaudo de las retenciones de IVA, renta e ICA en las compras con tarjetas de débito o de crédito, aumentaron la preferencia por el dinero en efectivo frente a otros medios de pago, con lo cual han generado una desintermediación bancaria y dificultado la inclusión financiera.

Por estas razones, para lograr una mayor profundidad de los mercados y una inclusión financiera más amplia, Asobancaria propone a las autoridades que consideren la eliminación de todas estas distorsiones, dentro de la formulación de una política de Estado para el desarrollo del sector financiero.

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Edición 954 | Colombia frente al nuevo panorama internacional – Discurso pronunciado por la presidenta de Asobancaria en la apertura del XIII Congreso de Riesgo Financiero

La gestión de riesgo de las instituciones financieras ha cobrado particular relevancia a partir de 2008, al haberse hecho evidente que las crisis sectoriales rápidamente se transforman en crisis sistemáticas para las economías en su conjunto. De ahí que a nivel internacional haya venido surgiendo una enorme proliferación de debates y normas orientados a la búsqueda de una mejor administración de riesgos de las entidades financieras. Dentro de ese marco, se ha identificado que el éxito en esta materia va de la mano del involucramiento en el tema de todas y cada una de las áreas de las organizaciones, dando lugar a lo que se ha denominado cultura de riesgo.

La cultura de riesgo precisa de la existencia de un estamento, conocido como Alta Dirección, que en esencia tenga a su cargo dos funciones: (i) definir, adoptar y controlar las políticas y procedimientos que respondan al apetito de riesgo de cada entidad, a sus estrategias y a la normatividad vigente; y (ii) garantizar la constante difusión y entendimiento de esta información entre los funcionarios de la entidad. La primera de estas funciones se refleja en la adopción de los Sistemas de Administración de Riesgo (SAR) que se han ido implementando desde hace catorce años, y la labor de fomento y difusión, segunda función, ha sido una constante de las entidades financieras colombianas a partir de la expedición de las Circulares Externas 14 y 38 de 2009 de la Superintendencia Financiera.

En paralelo con el fomento y difusión de la cultura de riesgo, las áreas encargadas de la administración de riesgos de las entidades financieras deben trabajar diariamente en la adecuada ejecución y el constante monitoreo de las políticas y procedimientos establecidos por la Alta Dirección. Para ello, deben enfocar su gestión en los siguientes dos frentes. El primero, en avanzar en la definición de herramientas o controles para mitigar el impacto de los distintos riesgos que usualmente enfrenta la entidad. El segundo, en hacerle seguimiento a los distintos riesgos que vayan surgiendo, con el propósito de identificarlos y medir de manera adecuada sus posibles consecuencias.

Sin duda, el reto más importante que enfrentan los establecimientos de crédito en el corto plazo es lograr que en el periodo restante de transición (julio a diciembre de 2014), dispuesto en los Decretos 2784 de 2012 y 1851 de 2013, la puesta en vigencia de las NIIF concluya de manera exitosa, teniendo en cuenta que a la fecha, todavía no son claras todas las instrucciones por parte del Supervisor y del Regulador para su implementación.

 

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