Edición 949 | El 4G constituye una oportunidad para acelerar el desarrollo financiero del país

El rezago de Colombia en la infraestructura vial y la brecha en el desarrollo de sus mercados financieros, respecto de los países de ingreso alto y algunos de ingreso medio alto, lesiona su competitividad. Por su magnitud, la construcción, operación y financiación de las obras a través del nuevo esquema de concesiones 4G, es una oportunidad para avanzar en ambos pilares de la competitividad, con el fin de mejorar la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo.

Desde la óptica de los eventuales concesionarios, una dificultad para llevar a cabo con éxito el 4G puede ser una apretada rentabilidad de los proyectos, que se debe tal vez a la valoración de ciertos riesgos no mitigados del todo, que se les transfieren. Como en el 4G el Estado optó por trasladarlos al sector privado, la forma más eficaz de garantizar su viabilidad es ofrecer una remuneración suficiente para cubrirlos. Quizá la poca participación de los proponentes lograda hasta ahora en las licitaciones, se debe a estos motivos. Por tanto, es probable que para mejorar los retornos se requiera disminuir la transferencia de los riesgos, para reducir los costos financieros, y elevar los ingresos. El problema estriba en que la forma más eficaz de aumentar la remuneración es la apropiación de unas mayores vigencias futuras, que implica unas erogaciones más elevadas para el Estado y los contribuyentes. Pero el esfuerzo vale la pena, porque una alta rentabilidad garantiza una intensa competencia en las ofertas, que conduzca a la selección de aquellas que propongan la construcción y operación de una infraestructura vial de óptima calidad.

De un modo amigable con el mercado, los productos ofrecidos por Financiera de Desarrollo Nacional –los créditos senior y subordinados, junto con las garantías de liquidez– tienen el propósito de disminuir los riesgos financieros, tanto en la construcción como en la operación y el mantenimiento. Sin embargo, otros riesgos – como los inconvenientes causados por las consultas con las comunidades, las demoras en el licenciamiento ambiental y la inestabilidad jurídica y tributaria– permanecen. Estas eventualidades hacen que el riesgo de crédito sea alto y que las tasas de interés de la financiación sean elevadas. Para contrarrestarlas, el Gobierno recurrió a asignar un crédito para la financiar el 4G a menores tasas de interés que las viables para los intermediarios privados, utilizando para ello los recursos del Banco Agrario. Esta decisión puede ser conveniente para ese establecimiento porque, como argumentan las autoridades, le permite diversificar sus activos. Además, ayudará a financiar la infraestructura que contribuirá a reducir los costos de transporte para la producción agrícola. Es probable que esa nueva actividad le reporte al Banco mayores utilidades que la inversión en títulos de deuda pública. Sin embargo, las menores tasas se logran en últimas por medio de las inversiones forzosas que hace la banca privada en títulos de desarrollo agropecuario, para fondear a Finagro. A través de ese mecanismo el Banco Agrario obtiene los fondos redescontados para satisfacer la demanda por crédito del sector agropecuario. Al mismo tiempo, eso le permite acumular los excesos de liquidez que invierte en TES. Pero, como en la mayoría de los esquemas de asignación administrada del crédito, se corre el peligro de que las tasas de interés fijadas por las autoridades para la financiación de la infraestructura a través del Banco Agrario, generen un racionamiento de la oferta proveniente de la banca privada para ese sector, que deje sin atender la demanda de los proyectos menos rentables o de los más riesgosos.

 

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Edición 948 | Retención en la fuente a través de entidades financieras: ¿Eficiencia o carga adicional?

El Gobierno Nacional, a través de la administración tributaria, ha expresado en múltiples ocasiones la necesidad de ejercer un mayor control y efectividad sobre el sistema de retenciones en la fuente. Bajo esa motivación, se incorporó en la Ley 1430 de 2010 el artículo 376-1 al ordenamiento tributario que contempla un mecanismo para que los pagos sujetos a retención en la fuente sean realizados a través de las entidades financieras y particularmente, desde cuentas de ahorro y corrientes “marcadas” para tal fin.

Por medio del Decreto 1159 de 2011 se reglamentó esa disposición dando claridad acerca de la operatividad de los pagos, la cual tiene impactos importantes no sólo para las entidades financieras sino también para los agentes de retención. El plazo para adaptarse a este nuevo mecanismo vence el próximo 1 de junio. Si bien este esquema presenta ventajas relevantes (mayor control por parte del fisco, certificados de retención centralizados en la DIAN, causación de la retención en el momento del pago y no del reconocimiento del gasto, entre otras) también trae consigo diferentes retos (extinción de obligaciones por mecanismos diferentes al pago a través de entidades financieras, operativización entre los pagadores y los bancos, posibles aumentos en costos financieros por tener que contar con varias cuentas bancarias, entre otros).

El punto fundamental está en si una estructura de pagos como la contemplada en el artículo 376-1 realmente permite tener la eficiencia y la vigilancia que busca el Estado sobre las retenciones o si terminará siendo en una carga adicional para los agentes económicos que declaran y pagan de manera estricta y que consideran que ya tienen múltiples responsabilidades con las que contribuyen al recaudo y control sobre los impuestos nacionales.

Al respecto, el Gobierno Nacional está próximo a expedir una modificación regulatoria que amplía el plazo para cumplir con lo establecido en el Decreto 1159 hasta tanto no se verifique y evalúe si operativamente es viable su operación. Es de buen recibo el proyecto de regulación, pues se considera que lo más adecuado es que el mecanismo contemplado se revise con mayor profundidad con todos los agentes involucrados (agentes de retención, sujetos pasivos, entidades financieras, DIAN) para asegurarse que el esfuerzo para implementar los procedimientos establecidos en la norma sea el adecuado en aras de lograr los fines que persigue el Estado en materia fiscal.

 

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Edición 947 | ¿Es necesaria una nueva reforma tributaria? – Discurso de la Presidente de Asobancaria en el XXVI Simposio del Mercado de Capitales

A pesar de la afirmación de la actividad económica en las economías avanzadas, el entorno internacional todavía genera incertidumbre, por la frágil recuperación de la Unión Europea, la desaceleración de China y otros emergentes, la disputa territorial en Ucrania y el tránsito a la normalización de la postura monetaria en los Estados Unidos. Frente a esa incertidumbre, la economía colombiana y su sistema financiero cuentan con grandes fortalezas. La principal es la estabilidad política del país. Otro baluarte es la disciplina de las finanzas públicas, respaldada por la regla fiscal. Además, la economía cuenta con un alto nivel de reservas internacionales que, complementado con el acceso a la línea de crédito flexible del FMI, proveen recursos externos para hacerle frente a una parada súbita en los flujos de capital. Una fortaleza sobresaliente de Colombia es la estabilidad de sus mercados e intermediarios financieros, reconocida en diversos análisis de los organismos multilaterales. En virtud de esa estabilidad política, macroeconómica y financiera del país, los inversionistas internacionales han reducido las primas de riesgo a la deuda colombiana, las agencias calificadoras le devolvieron el grado de inversión y los estructuradores de portafolios recomiendan una mayor exposición en ella. La mayor inversión extranjera motivada por estas razones valoriza la deuda pública, abarata la financiación del Gobierno y aprecia la moneda, en contraste con lo ocurrido en otros países emergentes, que han experimentado mayor riesgo soberano, fugas de capital y devaluaciones inflacionarias.

Frente a estas ventajas comparativas de Colombia, resulta curiosa la posición de algunos analistas nacionales, quienes desestiman la capacidad del Gobierno de imprimirle un adecuado manejo a la economía y señalan, aún sin incorporar el posible costo que derive de una potencial firma del acuerdo de paz con las FARC, que existe un faltante de ingresos fiscales del orden de 2% del PIB. Para concluir de esa manera, recurren a un análisis particular de las fuentes de ingreso, frente a un nivel hipotético de gasto que supera con creces el previsto por el Ministerio de Hacienda.

El interrogante es entonces dónde están surgiendo los problemas. ¿Acaso en que no se tuvieron en cuenta las necesidades de gasto y la disponibilidad de recursos cuando se planteó la última reforma tributaria en 2012? O ¿no se estarán recaudando los recursos previstos en dicha reforma? O ¿no se tuvo en cuenta que el impuesto al patrimonio y el cuatro por mil iban a desaparecer cuando se estructuró esa reforma, a pesar de que ello se sabía de antemano? O ¿es que se está desbordando el gasto en “mermelada”? Cualquiera de esas posibilidades resulta poco aceptable.

La reforma de la que se viene hablando sería la quinta en lo corrido de la administración Santos, después de que en el gobierno del Presidente Uribe se presentaron otras cuatro. Si hay algo desestabilizador para una economía es que no se conozcan las reglas de juego en materia fiscal. Cada una de esas reformas ha implicado grandes modificaciones que llevan a que para los inversionistas sea prácticamente imposible establecer con antelación la rentabilidad de cualquier negocio o empleo. Afectaría menos la economía, antes de pensar en otros cambios, permitir que el sector productivo y los trabajadores digirieran los introducidos en la reforma tributaria de 2012.

 

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Edición 946 | La banca, un aliado en la descongestión judicial

La existencia de mecanismos jurídicos que permitan una adecuada resolución de conflictos constituye un factor crítico para el eficiente funcionamiento de todo sistema económico. El Estado ha entregado a la Rama Judicial el deber de velar por una pronta y adecuada prestación del servicio al cual todas las personas puedan tener acceso.

Desafortunadamente la aspiración de una justicia pronta, cumplida y accesible no se ha logrado. Su ejercicio se ha vuelto insuficiente debido a que las partes afrontan una rama jurisdiccional congestionada y lenta en exceso. El problema se centra principalmente en la falta de recursos de inversión del aparato judicial y en su incapacidad para administrarlos, frente a la demanda existente.

La jurisdicción civil no ha sido la excepción, y buena parte de los asuntos que en ésta se llevan, padecen del mismo problema. La banca no ha sido ajena a dicha problemática ya que la ejecución de las obligaciones incumplidas se realiza tradicionalmente a través del aparato jurisdiccional del Estado.

Ante esta situación, el Estado y la banca han emprendido una búsqueda de soluciones alternativas de conflictos, para reducir los costos que implican la congestión judicial y el detrimento de la relación con los clientes.

El Estado ha creado mecanismos tales como la conciliación (Ley 640 de 2001); el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia Financiera (Ley 1480 de 2011), para resolver controversias de los consumidores frente a los comercios y las entidades financieras, de forma gratuita y ágil; mecanismos especiales de ejecución de la garantía mobiliaria sin intervención judicial y en plazos cortos, con el fin de posicionar dichas garantías como respaldo eficaz de las obligaciones (Ley 1676 de 2013).

El sector productivo, y particularmente los bancos, han optado por replantear sus esquemas de cobranza disminuyendo sustancialmente la demanda por soluciones judiciales. En el evento en que se haga uso de la rama, los bancos buscan terminar la mayoría de sus procesos por normalización llegando a un acuerdo con los deudores. En el nuevo modelo, la cobranza pasó de ser un mecanismo de simple recuperación de un activo a ser un instrumento de acompañamiento y conciliación comercial entre las partes, que busca recuperar no solo los recursos de ahorradores e inversionistas sino la capacidad patrimonial del deudor.

Como efecto, el inventario de procesos en la jurisdicción civil ha disminuido de cerca de 1.5 millones en 2008 a 600 mil en 2013, debido principalmente a la menor entrada de demandas por parte de los acreedores. De estos procesos, 450 mil son ejecutivos, y de éstos, cerca de 200 mil han sido interpuestos por los bancos y vienen descendiendo en proporción similar. Por lo demás, esta cifra se compara favorablemente con los más de 20 millones de préstamos otorgados en tarjetas de crédito, créditos comerciales, de consumo, microcrédito y vivienda. Es decir, menos del 1% de los créditos conferidos por la banca acaban en el aparato judicial.

Se resalta que en la actualidad los procesos ejecutivos con garantía hipotecaria ascienden a 19 mil mientras que a principios de este siglo llegaron a ser 123 mil como consecuencia de la crisis económica de 1998. De éstos, el 94% termina por acuerdo entre las partes y el 6% termina por remate.

 

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