Edición 945 | ¿Está preparada Colombia para enfrentar turbulencias financieras?

A pesar que las amenazas sobre la actividad económica mundial han disminuido, el balance de los riesgos sigue inclinado a la baja por la fragilidad financiera y el peligro de una deflación en Europa, por la posibilidad de una crisis financiera en China y por la eventualidad de un tránsito demasiado rápido hacia la normalidad monetaria en los Estados Unidos. Por estas contingencias la probabilidad de que las economías emergentes sufran choques externos no es despreciable. Si no se materializa ninguno de ellos, de todas maneras es previsible que siga encareciéndose la financiación externa para las economías emergentes y estrechándose su acceso a los mercados internacionales de capital, por el retiro de los estímulos monetarios no convencionales en los Estados Unidos.

En ese entorno externo menos favorable, los inversionistas internacionales se han vuelto más adversos al riesgo de los países emergentes. Por eso, para minimizar las pérdidas de recursos externos y las desvalorizaciones de activos en episodios de alta volatilidad, así como para conservar el acceso a los mercados financieros internacionales, las economías emergentes deben mantener la confianza de los inversionistas en su estabilidad política, macroeconómica y financiera.

Por fortuna Colombia tiene muchas ventajas comparativas, que le permiten diferenciarse de otros países emergentes en épocas de incertidumbre en los mercados financieros. La primera es su estabilidad política, macroeconómica y financiera. La segunda es la credibilidad de sus políticas monetaria y fiscal, cuya adecuada combinación logró una baja inflación, un crecimiento sostenido y la consolidación fiscal. Gracias a estas fortalezas, el país recuperó el grado de inversión para su deuda pública y los estrategas de inversión recomiendan una mayor exposición de los portafolios a las obligaciones del gobierno colombiano.

Sin embargo, tiene algunas debilidades que debe mejorar, para convertirlas en otras ventajas comparativas con base en las cuales puede reforzar la confianza en épocas de alta volatilidad financiera. Quizá la más urgente sea aumentar su tasa de crecimiento potencial y lograr un patrón de expansión mejor balanceado entre las distintas ramas de la producción. Para lograrlo, el país debe mejorar su competitividad en pilares como las instituciones, la infraestructura, la educación, la innovación y el progreso tecnológico, que son aquellos en los cuales acumula los rezagos más amplios con las economías más avanzadas. También requiere unas políticas eficaces de transformación productiva para la industria y la agricultura, para que estén en capacidad de contribuir a las exportaciones con una oferta diversificada, que les sirva conquistar los mercados externos.

Por último, para reforzar su estabilidad macroeconómica y financiera, debe evitar un mayor déficit en la cuenta corriente y asegurar que en su financiación no ganen protagonismo los flujos de inversión de portafolio.

 

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Edición 944 | Sí, tenemos una banca más competitiva

El proceso de internacionalización, que ha experimentado durante los últimos siete años la industria bancaria colombiana, ha generado una recomposición del mercado local por la transformación de instituciones no bancarias en bancos y por el arribo de bancos del extranjero.

El innegable reordenamiento del sector bancario local, derivado de estrategias heterogéneas que dan cuenta no solo del apetito de riesgo de cada entidad sino del nicho de mercado que desea atender, y que es evidente en el número de participantes en el mercado, ha desencadenado una mayor oferta de productos y servicios y menores costos en las tasas de interés de colocación de la cartera. Por supuesto, esta transformación ha estado acompañada de ingentes esfuerzos en materia de innovación tecnológica que han garantizado la mayor presencia y cobertura a un mayor número de ciudadanos en el territorio nacional.

Aunque la cartera comercial sigue representando la mayor participación dentro de la cartera total, se observa que entre 2008 y 2013, se han presentado incrementos en las participaciones de la cartera de vivienda y la de microcrédito. La búsqueda de nuevos nichos de mercado ha propiciado que actualmente más entidades ofrezcan todas las modalidades de crédito, y que incluso, sean expertas en el otorgamiento de algunas en particular. Por ejemplo, WWB y Bancamía se han especializado en microcrédito mientras que Banco Falabella lo ha hecho en el otorgamiento de tarjetas de crédito.

La diversificación descrita con antelación ha estado acompañada de la implementación de diferentes canales de prestación de servicio. Esta ha generado mayor cobertura en el territorio del país. De hecho, a la fecha Santa Rosa (en el Cauca), González (en el departamento del Cesar), Roberto Payán, Imúes, Santacruz, La Tola y Mosquera (en Nariño) y Jordán (en Santander) son los únicos municipios que no cuentan con cobertura.

Con el fin de tipificar con mayor detalle la estructura heterogénea del sistema bancario que tenemos, en esta Semana Económica se analiza la composición de sus estados financieros. Esta aproximación pone en evidencia que el sector está constituido por entidades que generan estrategias comerciales diferentes que buscan responder a las necesidades de todos los consumidores financieros y al riesgo que desean asumir.

 

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Edición 943 | Es urgente cambiar el modelo de desarrollo del agro y su financiación

El estancamiento del sector agropecuario colombiano en la última década y su incapacidad para internacionalizarse de una manera sostenible en ese período, cuando los mercados internacionales de esos productos estuvieron en un auge prolongado, cuestionan su modelo de desarrollo. Este combinó una política sectorial basada en el otorgamiento de apoyos directos (subsidios), una estrategia comercial con alta protección a los bienes importables y un sistema de financiación basado en el crédito de fomento y en la represión financiera sobre la banca privada.

La asignación ineficiente de los recursos públicos a subsidios y otros apoyos directos disminuyó los fondos para proveer bienes públicos generadores de economías externas para la actividad agropecuaria y la población rural, como la infraestructura física (distritos de riego y vías de comunicación) y social (instituciones educativas y hospitalarias). La protección sesgó la asignación de los factores en favor de la producción de bienes poco competitivos e impidió que la competencia internacional acelerara el progreso tecnológico y la productividad del sector. Las inversiones forzosas, las tasas de interés fijadas por las autoridades y los alivios a los pequeños productores con dificultades financieras, concentraron el crédito formal en los grandes productores y generaron un racionamiento de él hacia los pequeños, que tuvieron que buscarlo en el costoso mercado informal.

El modelo no solo fracasó en el propósito de convertir al sector en un motor de crecimiento de la economía, sino que además no satisfizo las expectativas de mejora de las condiciones de vida de la población rural. Las distorsiones que introdujo en el sector agropecuario y en los mercados financieros, condujeron a una asignación ineficiente de los recursos, que lesionó su productividad y su competitividad en los mercados internacionales e inclusive en el doméstico.

Por estas razones urge replantear el modelo de desarrollo del sector agropecuario. El nuevo no debe mantener las distorsiones del anterior, ni la represión financiera. Por el contrario, debe crear en las zonas rurales un entorno institucional en el cual surjan incentivos para que la libre iniciativa privada encuentre rentable invertir en la actividad agropecuaria. De tal manera, una asignación libre de los recursos en esta rama debe apurar el progreso tecnológico y la innovación, acelerar la acumulación de los factores productivos y elevar su productividad, para que con base en ella se pueda aumentar su remuneración y mejorar las condiciones de vida de la población rural. Sobre estas premisas, el nuevo modelo debe conducir a la inserción sostenible del sector agropecuario en los mercados externos, con base en la expansión y diversificación de sus exportaciones.

Para plantear un nuevo modelo, el Gobierno Nacional integró una Misión Rural. Es urgente que en su interior se abra un espacio para el análisis de la financiación de la banca privada al sector. El costo de oportunidad de ésta, estimado por lo que produciría el saldo de sus inversiones forzosas en TDA ($7,9 billones), colocado como crédito a una tasa de interés de 12%, bordea los $948 mil millones, equivalentes al 43% de la inversión pública en esta rama el año pasado.

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Edición 942 | Intercambio de Información: FATCA y más allá

Ya comenzó la cuenta regresiva para la entrada en vigencia de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero –FATCA. En poco menos de tres meses la polémica Ley de Estados Unidos empezará a generar obligaciones para las entidades financieras constituidas por fuera de este país, entre ellas, por supuesto, las colombianas.

El propósito final de FATCA es prevenir que las personas obligadas a pagar impuestos en Estados Unidos utilicen vehículos financieros (cuentas bancarias, fondos de inversión) fuera de ese país para evadir sus obligaciones con el fisco. Para lograrlo, utiliza a las Entidades Financieras del Exterior (FFI) como medio para obtener información financiera de los contribuyentes norteamericanos.

A pesar de las críticas que ha generado desde su expedición en 2010, esta Ley parece no tener vuelta atrás y con el paso del tiempo más jurisdicciones se han unido a esta tendencia para poner en marcha su propio FATCA. En un entorno de negocios global cada vez más competitivo, el lugar dónde las personas, tanto naturales como jurídicas, cumplen con sus obligaciones fiscales importa y mucho. Está en juego la principal fuente de financiación de los estados.

Debido a ello, la iniciativa se ha extendido bajo la sombrilla del Foro Mundial sobre Transparencia Fiscal liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE. El propósito último es establecer mecanismos para el intercambio automático de información tributaria entre países, sin que sea necesario presentar solicitud alguna. Precisamente, Colombia, junto con otros 39 países, se comprometió a adoptar de manera anticipada este estándar de reporte automático en la última reunión de este Foro realizada en noviembre del año pasado en Yakarta.

Adicionalmente, nuestro país suscribió la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal –Convención de Estrasburgo, que permite de manera general el intercambio de información entre los Estados firmantes, y un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria con Estados Unidos, el cual además sería utilizado por la DIAN para facilitar a las entidades financieras colombianas el cumplimiento de las obligaciones impuestas por FATCA.

Y para completar el cerco, el año pasado el Gobierno expidió el Decreto 2193 de 2013 en el que se señalan las jurisdicciones que Colombia considera como paraísos fiscales y que, por ende, tienen que cumplir con un régimen estricto de precios de transferencia y ser objeto de retenciones más altas. Panamá, uno de nuestros mayores socios comerciales, quedó en el limbo con esta norma. Se le dio un plazo de un año para suscribir un acuerdo de intercambio de información tributaria so pena de quedar incluido en la “lista negra”.

 

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