Edición 936 | Gran éxito con la locomotora de la vivienda – Discurso pronunciado por la presidenta de Asobancaria en el V Foro de Vivienda.

El pasado 21 de febrero, la Presidente de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, instaló el V Foro de Vivienda, y manifestó que todos los indicadores de la construcción y financiación de vivienda muestran que 2013 fue uno de los mejores años del sector en los últimos cuatro lustros. La economía colombiana en su conjunto sostuvo su crecimiento el año pasado en una tasa estimada por ASOBANCARIA de 4.2%, al haber pasado de crecer 2.6% en el primer trimestre del año a 5.1% en el tercero, en buena parte como resultado del comportamiento del sector vivienda.

El foro inició con un mensaje positivo del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, con un parte de victoria por cuenta del éxito obtenido en términos de los logros alcanzados en 2013 y las buenas perspectivas para 2014, y contó con la presencia del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría y del Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Además participaron destacados conferencistas nacionales e internacionales que plantearon diferentes propuestas con el propósito de contribuir a potenciar aún más el papel de la vivienda dentro de la economía en el próximo cuatrienio.

Esta Semana Económica ofrece el análisis expuesto por la Presidente de Asobancaria en dicho foro denominado “Vivienda: locomotora de largo alcance”. En su opinión, son tres los factores responsables del éxito: i) el aumento considerable de la inversión pública en el sector; ii) el diseño de programas de subsidios a la vivienda acorde con los requisitos de cada segmento poblacional; y iii) la articulación del sector público con el privado para su puesta en marcha. El programa de las cien mil viviendas gratuitas, el subsidio a la tasa de interés, el esquema de las 86 mil viviendas de interés prioritario para ahorradores (VIPA), se estructuraron para atender las necesidades específicas de distintos segmentos de la población. Con ello se logró mayor eficiencia y equidad en su orientación.

En su discurso, la Presidente señaló que las entidades financieras acompañaron decididamente los programas gubernamentales y que es deseable que dicho acompañamiento se dé en el marco de condiciones de mercado, de forma tal que nuevas entidades financieras se sientan incentivadas a promover el negocio hipotecario, y que las que ya están, continúen haciéndolo. En el largo plazo, la imposición de restricciones al otorgamiento de crédito le hacen un flaco favor al país, desestimulando su otorgamiento.

También mencionó que a pesar del buen desempeño, Colombia continúa con un sistema de financiamiento hipotecario limitado. Su profundidad es inferior a su potencial de largo plazo y a la que se tuvo en el pasado. El esquema hoy vigente tiene incorporada implícitamente una gran aversión al riesgo por parte de todos los actores: financiadores, constructores y compradores de vivienda. El análisis subraya que como resultado se tiene un sistema excluyente, sobre todo para la población con menor capacidad de ahorro, mermando el potencial del sector financiero en su función de posibilitar la adquisición de la vivienda financiada con crédito. El sector financiero, experto en el manejo de riesgos, podría usarse para obviar el requisito que tienen las familias de ahorrar cerca del 50% del valor de la vivienda por anticipado.

Por último planteó algunas propuestas que podrían disminuir los riesgos inherentes al sistema, ampliar la demanda y aumentar la financiación, en especial la de la población informal que, en la práctica, hoy está marginada del sistema.

 

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Edición 935 | “La banca: actor fundamental contra el lavado de activos”: Gobierno.

El lavado de activos es un fenómeno criminal que afecta a todas las economías del mundo y, en consecuencia, al bienestar de los ciudadanos. El sector que inició la lucha y se comprometió plenamente a enfrentar este delito fue el financiero, que ha desarrollado robustos modelos de administración de riesgos para prevenir que estas instituciones sean utilizadas por lavadores o financiadores del terrorismo. Gracias a lo anterior, el diseño institucional del sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en Colombia ha recaído fundamentalmente sobre estos agentes económicos, convirtiéndose en los mayores contribuyentes para la detección, investigación y judicialización de este tipo de delitos. Los esfuerzos y el importante papel del sector financiero en la lucha contra estos flagelos se reconocen ampliamente por parte del Gobierno en la Política Nacional ALA/CFT aprobada en diciembre del 2013.

Debido a los fuertes sistemas de administración de riesgos en el sector financiero, las redes criminales han mostrado en los últimos años una tendencia a canalizar en mayor medida sus recursos hacia el sector real de la economía. Es por esto que esos agentes económicos requieren contar con instrucciones claras y precisas, impartidas por parte de sus supervisores, relacionadas con la gestión del riesgo de LA/FT. Además, deben estar acompañadas de un proceso de seguimiento para velar por su cumplimiento y, en los casos en que se requiera, proferir sanciones en relación con su gestión.

Por otro lado, el Gobierno reconoce que en el sistema nacional ALA/CFT debe existir una interrelación y una articulación de esfuerzos entre los diferentes actores, para obtener mayores y mejores resultados. Es fundamental trabajar en la coordinación entre las instituciones que realizan las acciones propias de investigación y judicialización e inclusive al interior de ellas mismas. Esa es la única manera de lograr buenas actuaciones frente a las complejas estructuras criminales que se encuentran detrás de delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Por su parte, es una realidad incuestionable que el sistema anti-lavado ha ganado un terreno importante con resultados evidentes a nivel mundial. No obstante, el sistema anti-terrorismo está menos desarrollado y existen múltiples vulnerabilidades que enfrentan no solo el sector financiero sino los gobiernos en general. El Conpes 3793 presenta un avance en este sentido. Sin embargo, para el sector financiero (y seguramente para otras actividades de la economía) es fundamental contar con mayor claridad frente a su papel en la detección, control y monitoreo de los recursos utilizados para financiar actos terroristas.

 

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Edición 934 | Inclusión financiera: un reto de Colombia y un objetivo de la banca

La inclusión financiera se ha vuelto un tema recurrente entre los hacedores de políticas públicas. Muestra de ello es el reciente informe Global de Desarrollo Financiero del Banco Mundial, en el que aborda la evidencia empírica del proceso de inclusión financiera y su vínculo con el desarrollo económico y equidad en el ingreso. Así mismo, plantea recomendaciones de política para aumentar la utilización de los servicios financieros entre la población. Aunque el análisis abarca tanto servicios del activo como del pasivo, en esta ocasión se revisa solo lo relacionado con cuentas de ahorro como producto transaccional.

Colombia muestra avances interesantes, sin embargo aún se encuentra rezagado frente a otras economías y existen enormes retos por llegar al total de la población adulta. Hay que tener en cuenta que los datos que utiliza el Banco Mundial provienen de encuestas realizadas en 2011 y no alcanzan a recoger el impacto de las plataformas móviles que están al servicio de los colombianos desde 2012, ni los efectos de contar con productos básicos sin costo. Asimismo, es fundamental comprender que permanecen las barreras asociadas con el cobro de impuestos vinculados a las transacciones financieras, como el cuatro por mil, y a los pagos en comercios. A pesar de ello, el balance en Colombia es positivo. El país ha logrado, en un periodo de tiempo relativamente corto, grandes progresos en términos de reducción de la documentación requerida para la apertura de productos, proximidad del sistema financiero, disminución del indicador de precios de productos financieros y mayor protección al consumidor financiero. Se han implementado políticas concretas y efectivas en varias de los frentes identificados para la masificación de productos de ahorro y transaccionales, entre las cuales se destacan la dispersión de subsidios del gobierno a través de la banca móvil, pagos electrónicos a los proveedores del gobierno, incentivos al ahorro en plataformas móviles y el ofrecimiento de cuentas básicas sin costo. Se debe seguir trabajando en diseño de productos adecuados a las necesidades y características de los consumidores, pagos por internet, interoperabilidad en las plataformas de servicios móviles, promoción de la competencia entre los proveedores de servicios financieros y educación financiera para la población.

El uso del sistema financiero puede medirse desde la oferta o desde la demanda, siendo igualmente válidos los análisis. La encuesta del Banco Mundial (demanda) arroja que el 30% de la población adulta en Colombia tiene cuenta de ahorros, mientras que los datos de Asobancaria (oferta) señalan que este porcentaje alcanza el 41% población.

Según el Banco Mundial el grado de inclusión financiera de un país está determinado por sus niveles de ingreso per cápita y desigualdad. No obstante, hay países que han logrado la inclusión financiera a pesar de su bajo nivel de ingreso. Ese es el reto.

 

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Edición 933 | Estrategias de competitividad para sostener el crecimiento

El crecimiento económico de Colombia durante la última década fue estimulado por un entorno internacional muy favorable, gracias al cual la financiación externa fue abundante y barata, los términos de intercambio altos y los ingresos por exportaciones elevados. Esas fuentes financiaron una dinámica expansión de la demanda, que haló la actividad económica, junto con unas mayores tasas de inversión, que mejoraron la capacidad de crecimiento.

Sin embargo, por la normalización de la postura monetaria en las economías avanzadas y la ralentización de las economías emergentes más grandes, a partir de este año se prevé un encarecimiento de la financiación externa, un deterioro de los términos de intercambio y un incremento menos rápido de los ingresos por exportaciones de materias primas. Por tanto, el crecimiento no será estimulado por esas fuentes externas en la misma medida que lo fue en la última década.

En consecuencia, para sostener el crecimiento en el mediano plazo, Colombia debe aumentar su productividad. De manera desafortunada, no lo logró en ese período. Para hacerlo ahora tiene que mejorar de una manera sustancial su competitividad. Los indicadores del Foro Económico Mundial muestran que el mayor rezago del país respecto de la competitividad de los de ingreso alto tiene lugar en su preparación tecnológica, la calidad de su infraestructura vial y su desarrollo institucional. En estos pilares el país está inclusive retrasado respecto del promedio latinoamericano y el de los países de ingreso medio alto.

Con unas brechas menos amplias respecto de los países de ingreso alto, Colombia también esta rezagada, en la misma proporción que el promedio latinoamericano y el de los países de ingreso medio alto, en innovación, salud, educación, eficiencia de los mercados de bienes y de trabajo, desarrollo financiero y sofisticación de los negocios. Eliminar estas brechas debe ser, por tanto, una prioridad de las políticas públicas. Es probable que por su tamaño sea más urgente recortar el rezago en las tres primeras – tecnología, infraestructura e instituciones–, pero sin descuidar las demás.

No obstante, por su impacto horizontal es importante disminuir el rezago en la educación, la ineficiencia de los mercados y el desarrollo financiero. La brecha educativa es un gran obstáculo para la competitividad. Mejorar la calidad de la educación genera beneficios sobre la innovación, la preparación tecnológica, la movilidad social, la pobreza y la equidad. Acelerar el desarrollo financiero reduce el costo de la acumulación de capital físico y humano, con efectos colaterales positivos sobre la pobreza y la equidad. Aumentar la eficiencia del mercado laboral disminuye los costos del trabajo y estimula el empleo formal, con consecuencias favorables sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad. Incrementar la eficiencia en todos los mercados conduce a asignaciones óptimas de los recursos.

 

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