En los últimos años nuestra banca ha tenido desarrollos destacables. Se ha fortalecido internamente, ha reducido los márgenes de intermediación y los costos de los servicios y ha hecho considerables inversiones y avances en inclusión financiera. Se ha internacionalizado, gracias al renovado interés de bancos extranjeros de entrar a nuestro país y a la toma de posiciones importantes en otros mercados por parte de bancos colombianos.
Es interesante preguntarse qué se necesita para continuar avanzando en esa dirección. A nuestro juicio, la regulación juega un papel fundamental para promover o inhibir el desarrollo del sistema financiero. No puede ser casual que Londres, Nueva York, Hong Kong y Singapur, los cuatro principales centros financieros del mundo según The Global Financial Services Index, sean herederos de una tradición regulatoria anglosajona y favorable al libre mercado. El caso de Londres es probablemente el más interesante. ¿Cómo hace esta ciudad para mantenerse en el tope de la clasificación cuando ya no está a la cabeza de la economía más grande del planeta ni en el centro del comercio internacional? La respuesta parece ser una activa gestión regulatoria para garantizar y promover su competitividad como centro financiero.
En Colombia, en cambio, pocos piensan que el sistema financiero debe ser promovido. Sin lugar a dudas, para aumentar la competitividad de nuestro país es necesario promover la industria financiera. Para este fin, los sectores público y privado necesitan trabajar de manera concertada, para consolidar los avances regulatorios y conjurar las amenazas de grandes retrocesos.
Entre estos avances regulatorios se encuentran el fortalecimiento de las normas que promueven la competencia en los mercados, la aproximación que viene dándose de la tasa de interés bancaria corriente a la tasa de mercado para efectos del cálculo de la tasa de usura, la entrada en vigencia del nuevo cálculo de solvencia, el desmonte gradual del 4 x mil (GMF) desde enero de 2014 y la expedición de la Ley 1676 de 2013 sobre garantías mobiliarias.
Dentro de las amenazas se resaltan el proyecto de ley que elimina el cobro de la cuota de manejo y de las seis primeras transacciones en las cuentas de ahorro de quienes tengan ingresos iguales o inferiores a 3 SMLMV y el que impone porcentajes obligatorios de colocación de microcrédito. Estos proyectos vulneran el derecho a la libertad de empresa y a la libre competencia y desincentivan la inversión en el sector financiero y la llegada de nuevos jugadores internacionales, afectando en últimas a quien pretende proteger: al consumidor financiero.
Por tanto, creemos en la importancia de enviar señales de confianza a los mercados y adecuar la normatividad económica al logro de una economía más competitiva. Para ello esperamos que el legislador y el gobierno tomen decisiones basadas en el modelo económico que Colombia ha decidido seguir desde la Constitución de 1991.