Edición 875 | Mitigar el riesgo de fraude es un desafío para las autoridades, la banca y los usuarios

La tipología del fraude que afecta al sector bancario y a sus clientes va desde el fleteo y el taquillazo hasta complejos delitos informáticos. Cualquiera que sea la modalidad, las investigaciones han demostrado que detrás del acto delictivo se encuentran complejas estructuras delincuenciales, cuya principal motivación es apoderarse de los recursos de la víctima.

Las estrategias de mitigación del riesgo de fraude deben estar centradas en la implementación de herramientas y medidas de control, el cambio en el comportamiento por parte de los clientes y usuarios, el trabajo conjunto de todos los actores y el fortalecimiento de las labores de investigación y judicialización.

En cuanto a la primera estrategia, los bancos trabajan continuamente en la investigación, desarrollo e implementación de nuevas herramientas y procedimientos que mejoren la autenticación de los usuarios y que contribuyan a la prevención del fraude. Sin embargo, debido a que las herramientas de mitigación tienen unos costos importantes y que en ocasiones hacen más complejo el proceso de realizar una operación financiera, el reto más importante está centrado en lograr un equilibrio entre la ampliación y profundización de las transacciones financieras y las medidas para fortalecer la seguridad en ellas.

Frente a las costumbres seguras, es importante que los ciudadanos entiendan que la utilización de medios de pago o de canales ofrecidos por los bancos, requiere un cuidado especial por parte del cliente. Esto es un asunto de corresponsabilidad.

Por otra parte, se necesita un trabajo articulado entre los actores. Aun cuando en el imaginario colectivo una transacción financiera depende exclusivamente de la entidad bancaria, en la realidad están involucrados varios actores. Sin duda, cada uno desde su lugar puede aportar en la implementación de acciones para mitigar el riesgo de fraude. Surge la necesidad de coordinar mesas interinstitucionales con los reguladores y los actores involucrados para ayudar en el diseño y ejecución de acciones adecuadas para enfrentar los desafíos en el origen y la materialización del fraude financiero.

Por último, es imperativo avanzar en el fortalecimiento de las acciones judiciales en contra de los delincuentes que están detrás de las defraudaciones a la banca y sus clientes. La sanción eficiente por parte de la justicia es necesaria para desestimular la aparición de más delincuencia alrededor de estas modalidades. Mientras no existan castigos ejemplares, el potencial delincuente no va a percibir suficientes riesgos para desistir de realizar la acción ilegal.

 

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Edición 874 | El Indicador Bancario de Referencia (IBR)

En los países que tienen mercados financieros profundos y líquidos, las tasas de interés se constituyen en elementos esenciales que determinan las decisiones de inversión o financiación de los agentes, puesto que a través de ellas se mide el costo del dinero en la economía. Estos indicadores son los cimientos para el correcto desarrollo del mercado de valores, debido a la influencia que tienen sobre los mercados de bonos y de derivados.

El relanzamiento del IBR el primero de agosto de 2012 es la respuesta de los principales actores del sistema financiero a adecuar el indicador a los más altos estándares de gobierno, y permitirle al mercado de dinero contar con una tasa que refleje adecuadamente sus condiciones de oferta y demanda.

Este cambio busca que el indicador se posicione como la medida de las condiciones de liquidez en el corto plazo y como una alternativa a la DTF. No en vano, se han logrado indexar una gran cantidad de recursos y lograr que se desarrolle un mercado de derivados estandarizado y OTC (Over the Counter), cuya tasa de referencia es el IBR.

El esquema de formación del IBR tiene ventajas, respecto a esquemas como el de la Libor, debido a que los bancos participantes comprometen recursos en los diferentes plazos. Esto obliga a las entidades a reportar las tasas que efectivamente son utilizadas para realizar sus operaciones en el mercado o para desarrollar estrategias de cubrimiento, entre otras.

Asimismo, es poco probable que en la formación de este indicador se presenten manipulaciones por conductas inapropiadas de los participantes del mercado, con lo cual el IBR se constituye en una tasa de referencia que genera confianza en los inversionistas que empiezan a utilizarlo en sus portafolios de inversión.

 

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Edición 873 | La letra legible en los contratos

En la medida en que la economía colombiana ha evolucionado de un mercado protegido a uno más abierto, ha cambiado la forma de reconocer y proteger los derechos de los consumidores. En efecto, luego del proceso de internacionalización de la economía colombiana, que implicó más mercado, más competencia, más publicidad, más formas de comprar productos y servicios, se generó la necesidad de proteger exhaustivamente las operaciones comerciales entre particulares y comerciantes. Es así como el Congreso aprobó en 2009 el Estatuto del Consumidor Financiero (Ley 1328 de 2009) y en 2011 el nuevo Estatuto del Consumidor (Ley 1480).

Estos dos Estatutos han implicado un cambio trascendental en el enfoque hacia el consumidor. En la actualidad, en paralelo con la obligación de garantizar la calidad del bien o servicio, existen requisitos de información más estrictos que en el pasado, mayor transparencia, y un sistema progresivo de regulación y de aplicación por parte de las autoridades competentes.

El avance en materia de protección al consumidor financiero es innegable. Sin embargo, existe la percepción en el Congreso de la República de que la aplicación de estas obligaciones ha sido lenta, razón por la cual algunos de sus miembros reiterativamente insisten en la necesidad de avanzar en este proceso y, ocasionalmente, presentan nuevos proyectos de ley que buscan reforzar los derechos de los consumidores.

Es así como recientemente se presentó a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que busca promover y proteger los derechos de los consumidores, usuarios, clientes, empleados, arrendatarios, deudores, tarjetahabientes y pacientes. En los debates en el Congreso, su ámbito de aplicación se ha venido restringiendo exclusivamente al sector financiero. La iniciativa estipula que el tamaño mínimo de la letra de los contratos de adhesión de servicios financieros que se formalicen por escrito debe ser de 3 milímetros y prohíbe la remisión o llamadas en asteriscos a otros textos o reglamentos no incluidos literalmente en ellos.

Se considera que, tal como quedó aprobada la iniciativa en tercer debate, se podrían generar inconvenientes y costos adicionales en la operación bancaria, además de que podría resultar reiterativa frente a la abundante reglamentación vigente sobre la protección de los derechos del consumidor y particularmente sobre la letra legible en los contratos.

Esta iniciativa, particularmente en lo referente a la prohibición de hacer referencias a otras normas o reglamentos, tendría el efecto contrario al propósito del proyecto pues en lugar de facilitar la lectura y comprensión de los contratos, podría hacerlos confusos y costosos porque obligaría a transcribir íntegramente numerosos artículos de leyes, códigos, estatutos, circulares o cualquier otro texto regulatorio; y, en el evento en que se haga referencia a un acuerdo previo firmado por el cliente con la entidad, éste deberá transcribirse en su totalidad.

 

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Edición 872 | Solidez y Seguridad del Marco Jurídico

El propósito que orienta la intervención del Gobierno en el sector financiero resulta fundamental para aumentar su eficiencia y continuar consolidando su solidez y profundidad. Por ello, no se deben perder de vista los objetivos de la intervención del Estado en la actividad financiera, en especial a la hora de la toma de decisiones.

Dentro esos objetivos, uno fundamental es velar por los intereses de los usuarios de los servicios que ofrecen las entidades financieras, en especial, de los ahorradores, depositantes e inversionistas. Para ello resulta primordial establecer un claro equilibrio entre la protección del activo y la del pasivo bancario, de suerte que cuando se pretenda amparar a los deudores del sistema, no se menoscaben los derechos de los acreedores, que vienen a ser en segunda instancia los mismos ahorradores o depositantes. Un claro ejemplo de una regulación que protege los derechos de los distintos actores del sistema es el Código General del Proceso. A diferencia, otras iniciativas legislativas, como la de la obligatoriedad del defensor del consumidor financiero, o la que limita el cobro prejurídico, pueden estar vulnerando este equilibrio, en perjuicio de los depositantes y ahorradores. Además, está por verificarse el desarrollo que tengan modificaciones legislativas como la de la liquidación de la persona natural no comerciante, o las facultades jurisdiccionales otorgadas a la Superintendencia Financiera, para determinar si su buena práctica facilita el equilibrio en beneficio de los participes del sistema.

Otro aspecto que es preciso tener en cuenta y que está también ligado a la protección de los derechos de los ahorradores, es la necesidad de contar con un marco que evite el arbitraje regulatorio y promueva la competencia y la eficiencia de las entidades que desarrollan actividades financieras. La uniformidad del marco regulatorio, y su supervisión por la misma entidad, es requisito indispensable para que las distintas entidades que se involucren en operaciones financieras, y realicen actividades similares, compitan en condiciones de equidad y equilibrio en función de la naturaleza propia de sus operaciones.

De igual manera, para resguardar los intereses de los usuarios del sistema financiero es necesario que la regulación permita la prestación más eficiente de la actividad, para reducir costos y poner el servicio al alcance de toda la población. El propósito fundamental de las autoridades es garantizar la estabilidad del sistema, sin perder de vista su eficiencia, por lo que vale la pena preguntarse si la estructura vigente en Colombia es la adecuada para el cumplimiento de ambos propósitos. La actual estructura del sistema financiero fue diseñada buscando atraer la banca al país, sin prever la posibilidad de la expansión de la banca colombiana en el exterior. Sin embargo, Colombia ha venido adquiriendo importancia como un jugador regional, razón por la cual podría pensarse si se requiere mayor flexibilidad regulatoria en este frente para hacer al país más competitivo en el ámbito internacional. En la medida en la que se profundice en este debate, se logrará encontrar el punto medio en términos de estabilidad y eficiencia que más le conviene al país.

 

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Edición 871 | ¿Por qué Colombia no crece de manera satisfactoria en el largo plazo?

El crecimiento económico de Colombia en la segunda mitad del siglo XX y la primera década del XXI no permitió que las condiciones de vida de su ciudadano promedio se equipararan con las que corresponden a las economías más ricas. El progreso más acelerado se logró en las épocas en las cuales la economía colombiana alcanzó y sostuvo las mayores tasas de incremento de la productividad total de los factores (PTF). Los períodos de estancamiento coinciden con aquellos en los cuales no hubo mejoras en la PTF.

Si Colombia quiere acelerar su crecimiento económico en el largo plazo debe esforzarse en aumentar de manera persistente su PTF. Pero hay un conjunto de circunstancias que le impiden hacerlo, porque frenan su competitividad. Entre ellas se destacan su desarrollo institucional precario, una infraestructura rezagada, un capital humano exiguo, la ineficiencia de sus mercados y la lentitud de su progreso tecnológico e innovación. Algunas de las tareas pendientes para remover estas trabas estructurales al crecimiento son las siguientes: una reforma tributaria integral, que reduzca la inequidad y elimine las distorsiones que entorpecen el buen funcionamiento de los mercados; el logro de una justica eficiente y la erradicación de la corrupción; una reducción de la informalidad laboral, que requiere flexibilizar el salario mínimo real y disminuir los costos no salariales del trabajo formal; la eliminación de los controles a las tasas de interés y el GMF, que dificultan la profundización financiera; remover los obstáculos institucionales que han impedido una eficiente asignación de los recursos en el sector de la infraestructura; y garantizar una excelente calificación y destreza de los profesores, unos programas adecuados de estudios, una infraestructura propicia y suficientes recursos materiales para elevar la calidad de la educación, con el fin de acelerar la acumulación de capital humano.

Gracias a la estabilización macroeconómica, a un entorno internacional muy favorable durante la última década y al restablecimiento del orden público, la economía colombiana aceleró su crecimiento, con base en un incremento de la tasa de inversión y un auge exportador. Sin embargo, surge la duda si la actual expansión será sostenible en un contexto externo menos favorable. Además, existe la inquietud si el patrón de especialización y crecimiento, que se insinúa para la economía colombiana en el inmediato futuro, basado en la explotación de los recursos naturales no renovables, será capaz de lograr la transformación estructural de la economía colombiana, necesaria para garantizar la convergencia del ingreso por habitante al de las economías más avanzadas.

 

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