Edición 862 | La complejidad que reviste la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo requiere de la colaboración de todos

El lavado de activos y la financiación del terrorismo siguen siendo unas problemáticas importantes a nivel mundial. La producción y tráfico de drogas ilícitas continúan movilizando cuantiosos recursos ilegales sobre los que se trata de dar apariencia de legalidad. Sin embargo, el narcotráfico no es la única preocupación. En la actualidad, el concepto de lavado de activos tiene mayor alcance y es considerado un delito transversal a múltiples actividades delictivas lo que genera retos aún mayores en cuanto al lavado de dinero producto de estas conductas.

Por su parte, los esfuerzos realizados desde hace 25 años por el sector financiero para prevenir la materialización de riesgos de lavado de activos las operaciones de lavado de activos han ido migrando hacia negocios del sector real. Esta situación se exacerba cuando existen sectores que están movilizando cuantiosos recursos que los vuelven especialmente atractivos para los lavadores. Las labores de control se complejizan aún más ante dificultades de realizar la debida diligencia en el conocimiento al cliente cuando éste es una persona jurídica, pues en ocasiones, es muy difícil o casi imposible conocer a las personas naturales que están detrás de estas organizaciones y de los recursos que movilizan.

Por lo anterior, se considera preciso trabajar en cuatro frentes. El primero está relacionado con el ámbito internacional. La adopción de estándares mundiales en estas materias, al igual que el intercambio de información y la cooperación internacional, se torna fundamental. El segundo tiene que ver con el fortalecimiento y la articulación del aparato institucional de la justicia logrando una adecuad coordinación incluso dentro de sus mismas estructuras, para el eficaz desempeño de las labores de judicialización. El tercer frente está relacionado con la articulación entre los sectores público y privado. Es preciso actuar bajo la premisa de que los culpables, y a quienes se debe perseguir, son los delincuentes, no las entidades financieras, el sector real que actúa en el marco de la legalidad, o el mismo gobierno. La manera más efectiva para combatir estos flagelos debe estar enmarcada en el trabajo conjunto, con todos los que combaten la delincuencia situados en la misma orilla.

El último frente es la transformación de enfoque en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Hasta la fecha, la visión estaba basada en el cumplimiento; hacia adelante debe fundamentarse en riesgos. Por ello, la mayoría de países deberá reorientar sus políticas y adaptarse a esta nueva perspectiva. Es imperativo promover mayor sensibilización y regulación específica y particular sobre aquellas actividades que se identifiquen como posibles focos para el lavado de activos o la financiación de terrorismo. Resulta imperioso que estas reglamentaciones contemplen disposiciones sancionatorias y no solo recomendaciones.

 

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Edición 861 | Garantías mobiliarias: Necesidad de una regulación integral y actualizada

Cursa en el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 200 de 2012, que busca promover el acceso al crédito, regulando de manera integral el régimen jurídico de las garantías mobiliarias, especialmente en tres temas fundamentales: su definición con un enfoque funcional, registro universal y ejecución eficaz.

Actualmente las garantías sobre bienes muebles en Colombia se constituyen principalmente sobre vehículos y maquinaria, resultando poco usuales sobre otros bienes. Es por esta razón que el proyecto busca regular desde un enfoque funcional todas las figuras jurídicas, independientemente de cómo se denominen o la forma que se utilice para constituirlas, si el objetivo de las partes es el de respaldar una obligación presente o futura, ampliándose así los bienes sobre los cuales puede recaer la garantía.

Los estudios que inspiraron la redacción de este proyecto de ley identificaron que el sistema de garantías en Colombia adolece de problemas normativos y operativos debido, entre otros, a la fragmentación del sistema no solo desde el punto de vista legal, sino también en aspectos tales como el registro y la publicidad. Por ello, el proyecto propone un registro electrónico y centralizado en el que se consignará la información relativa a la garantía, al que puede acceder cualquier persona y que contendrá el orden de prelación según el momento en el que se realice la inscripción del gravamen.

Es indispensable que el sistema de garantías esté respaldado por un régimen de ejecución eficiente. En Colombia, la congestión de la rama judicial y las dificultades de índole procedimental impiden una ejecución ágil y oportuna, con lo cual se desprotegen los derechos de los deudores, al presentarse mayor riesgo de repago en las obligaciones, lo cual genera dificultad en el otorgamiento de crédito, y su mayor costo. Esta realidad motivó la inclusión en el proyecto de un esquema de ejecución extrajudicial, que se tramitará bajo el cumplimiento de ciertos requisitos y con un procedimiento especial. Dicha propuesta se encuentra avalada por recomendaciones internacionales. No obstante, con el fin de fortalecer la garantía, y así facilitar aun mas la obtención de crédito, sería conveniente que se le otorgue a esta figura una protección especial para los eventos en los que el deudor o garante tramite un proceso concursal.

Un régimen eficaz de garantías mobiliarias constituye una herramienta de trascendental importancia económica, ya que al reducir el riesgo disminuye el costo para los deudores, y al incrementar los bienes sobre los cuales se puede otorgar garantía podrán obtener financiación personas que no podían acceder al sistema financiero, todo lo cual promueve la bancarización, en beneficio de la creación y expansión de las empresas, y el incremento del comercio.

 

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Edición 860 | El ABC de la libranza

La nueva Ley de Libranza (1527 de 2012), que entró en vigencia el pasado 27 de abril, regula la forma en que las empresas podrán descontar los gastos que los trabajadores realicen en la adquisición de bienes y servicios financiados con crédito. Hasta la expedición de la nueva ley, el descuento directo presentaba algunos elementos que impedían su universalización. Una de las principales modificaciones que se introducen con esta regulación es que permite ampliar el acceso al crédito para los trabajadores de menores ingresos y para aquellos que tienen contrato de prestación de servicios. Adicionalmente, aceptar la libranza se vuelve obligatorio para todos los empleadores, quienes no pueden cobrar por realizar el descuento. El consumidor tiene derecho a decidir con qué entidad quiere acceder al crédito. Por último, se permite la continuidad de la libranza cuando el trabajador cambie de empleo.

La principal ventaja de la libranza para los trabajadores es que no se requiere codeudor, ni fiador, ni avalista, ni garantías adicionales al compromiso de descuento. Para los acreedores su atractivo consiste en que se asegura el recaudo y, por lo tanto, se minimiza el riesgo de crédito. Esto último lo convierte en un instrumento seguro para continuar profundizando el crédito, de manera que la población pueda incrementar su consumo presente y, con base en él, mejorar su calidad de vida.

Al comparar las cifras de desembolsos y cartera con los de otras modalidades (p.e. vivienda y microcrédito) e incluso con los de otras líneas dentro de la misma categoría de consumo, se evidencia la creciente importancia que ha tenido la libranza como alternativa de financiación formal para la población trabajadora. Este comportamiento ha venido acompañado de excelentes indicadores de calidad de la cartera, lo cual refleja las ventajas en términos de riesgo de crédito que tienen estas operaciones. Las cifras evidencian el potencial de este mecanismo que, con las modificaciones introducidas en la ley, permiten prever una progresiva expansión de su demanda.

 

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Edición 859 | Las remesas internacionales como elemento dinamizador de la inclusión financiera

Las remesas internacionales, definidas como las transferencias que realizan las personas emigrantes a sus familiares residentes en el país de origen, están entre los flujos de dinero más importantes que registra Colombia. Según el Banco de la República, durante el primer trimestre de 2012 ingresaron a Colombia remesas por valor de USD$ 960,3 millones de dólares, cifra que representa 6,23% de las exportaciones de bienes. Si se compara con los principales productos de exportación se observa que los ingresos por concepto de remesas superaron las exportaciones de productos como café, flores, banano y textiles e individualmente solo las superan el carbón y el petróleo.

En efecto, en 2011 las remesas alcanzaron los USD$4.167 millones con un promedio de USD$374 por envío. Estas cifras, a groso modo, dan cuenta que mensualmente se realizaron cerca de 972 mil operaciones, beneficiando a más de cuatro y medio millones de personas.

Si se revisa la forma como se entregan los recursos, se tiene que el 79% se hace en efectivo y tan solo el 21% se hace como abono a una cuenta de ahorro o corriente. Esta práctica es producto, en gran medida, de las restricciones impuestas por las autoridades financieras y cambiarias de nuestro país, quienes ante los riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo y también ante un eventual subregistro de operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario, optaron por restringir la apertura de productos financieros a los colombianos residentes en el exterior y no por el diseño de modelos y controles afines a ese negocio. El resultado es un incentivo al manejo del efectivo y la falta de seguimiento a través del sistema financiero.

En la práctica se ha autorizado la tenencia de créditos hipotecarios y la apertura de unas cuentas de ahorro (CATS), que por los límites en los montos a debitar mensualmente y por los topes en los saldos parecieran no ser el producto ideal ni para los emisores de las remesas ni para las entidades del sector financiero. Es hora de hacer una reflexión conjunta para establecer un verdadero equilibrio entre los controles y las restricciones impuestas y la canalización y uso de los recursos de remesas que hoy están por encima los ingresos por exportación de café, flores, banano y textiles.

 

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Edición 858 | El enorme costo del riesgo de tasa de interés para la sostenibilidad de la deuda

La sostenibilidad fiscal en las economías avanzadas desmejoró durante la recesión de 2007-2009 y la recuperación posterior. El deterioro fue consecuencia de una mayor emisión de deuda pública, una tendencia al estancamiento de la actividad económica, un mayor costo de la financiación para algunos gobiernos y el rescate del sector financiero. Por estas razones sus balances fiscales desmejoraron y las deudas públicas aumentaron de manera desproporcionada.

En las economías de la periferia europea los riesgos de tasa de interés y liquidez de las obligaciones gubernamentales se materializaron después de la gran recesión. Al aumentar desproporcionadamente las deudas públicas, los mercados perdieron confianza en su sostenibilidad. Por eso incrementaron las tasas de interés de las obligaciones de los países menos sólidos. Las mayores tasas estrecharon su acceso a los mercados de capital, lo cual dificultó la refinanciación y rotación de las deudas. Esto minó la solvencia gubernamental, lo cual comprometió la sostenibilidad de las deudas.

En otras economías avanzadas los riesgos de tasa de interés y de liquidez no han cristalizado, por el exceso de demanda que hay alrededor del mundo por sus deudas como activo refugio y porque sus propios bancos centrales las demandan para proveer liquidez a los mercados y mantener bajas las tasas de interés de largo plazo. Sin embargo, por las dimensiones que han alcanzado y la fragilidad de los acuerdos sobre la política fiscal, su sostenibilidad es vulnerable al cambio de sentimiento de los inversionistas.

En Colombia también la gran recesión desestabilizó la deuda pública y alteró de manera adversa su sostenibilidad. Sin embargo, como ocurrió en otros países en desarrollo, la estabilización y el regreso de la deuda a una trayectoria sostenible se lograron más rápido. En consecuencia, a pesar de los episodios de aversión internacional al riesgo, la deuda colombiana se apreció ligeramente.

La sostenibilidad de la deuda pública las economías emergentes no desmejoró mucho porque su demanda interna no se resintió tanto como en las avanzadas. El sector privado no estaba tan endeudado, no hubo crisis hipotecaria que originara pérdidas de riqueza a los hogares, ni sus miembros perdieron el empleo en la misma proporción que en las avanzadas. Los sistemas financieros en la mayoría de los países emergentes no habían incurrido en inversiones especulativas con activos sofisticados, ni sus directivos tuvieron los conflictos de intereses que fueron evidentes en los de las economías avanzadas, que los llevaron a asumir mucho riesgo. Además, antes de la recesión la política monetaria hizo el tránsito a una postura neutral, que evitó un excesivo endeudamiento privado y permitió a los participantes en los mercados financieros dimensionar adecuadamente los riesgos. Por estos motivos, los sistemas financieros en estas economías no se quebraron ni se congelaron los mercados de crédito. Gracias a ello no hubo que rescatarlos ni descongelarlos con fondos públicos. Como las deudas no crecieron de manera exagerada y volvieron a ser sostenibles muy pronto, los mercados no las desvalorizaron ni cerraron el acceso a los gobiernos.

 

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