Edición 812 | Las metas de la prosperidad para todos

Con el propósito de alcanzar la prosperidad para todos, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se fijó tres objetivos: generar empleo, disminuir la pobreza y consolidar la seguridad. Para lograrlos, la principal meta que estableció es un crecimiento potencial cercano a 6%, con base en la expansión sostenida de cinco sectores líderes: el minero-energético, la vivienda, la infraestructura, el agropecuario y la innovación.

Alcanzar esa meta colocaría a Colombia entre las economías con un crecimiento medio alto en el contexto mundial y alto en el regional. También le permitiría incrementar notablemente su ingreso per cápita (25% en 4 años) y, con una adecuada política redistributiva, disminuir la pobreza y atenuar la desigualdad.

El logro sostenido de esa meta de crecimiento es exigente comparado con los resultados de la historia reciente de la economía colombiana. Requiere un esfuerzo notable para aumentar la productividad (1,6%), disminuir el desempleo (a 9%) y mantener una alta tasa de inversión (30% del PIB). En particular, parece difícil bajar la tasa de desempleo estructural debajo de 10%, sin remover las rigideces del mercado laboral: los altos costos laborales no salariales y la inflexibilidad de los salarios reales a la baja. Tampoco parece fácil preservar una tasa de inversión de esa magnitud, sin eliminar las distorsiones en los mercados financieros, que impiden la profundización y la inclusión: los topes a las tasas de interés y el gravamen a los movimientos financieros (GMF).

La restricción presupuestal que enfrenta el sector público y el compromiso de las autoridades con la disciplina fiscal, así como la magnitud de las necesidades de inversión que requieren los sectores líderes y la provisión eficiente y oportuna de los bienes públicos, vuelven imprescindible el aporte del capital privado. Por tanto, para lograr la mayoría de las metas -en particular el crecimiento potencial de 6%- se requiere atraerlo, mediante una adecuada gestión y coordinación pública, tanto nacional como regional y local, basada en la transparencia y la rendición de cuentas, con el propósito de erradicar la corrupción, la dilapidación y el despilfarro.

No parece fácil tampoco profundizar la apertura sin disminuir la protección, que genera un sesgo anti-exportador, dificulta la diversificación de la oferta exportable e impide la transformación del sector agropecuario. Lamentablemente, el PND no se fija metas en términos de reducción del arancel ni de disminución de la dispersión tarifaria.

Si alcanza la meta de crecimiento, quizá el Gobierno podrá lograr las de reducción de la pobreza y la desigualdad, sin acometer las reformas mencionadas. Sin embargo, si las realizara podría inclusive sobrepasar muchas de las metas más fácilmente y empleando menores recursos. Este es el caso de las correspondientes al crecimiento, el empleo, la formalización, la pobreza, la equidad, la productividad, la competitividad y la internacionalización.

Quizá convenga insistir en que, por una parte, realizar las reformas es menos doloroso en las etapas de auge. Y por otra, en que su efecto benéfico amortigua el sufrimiento de la población y el deterioro de los indicadores sociales en la parte baja del ciclo.

 

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Edición 811 | Los TDA: otra inversión forzosa inconveniente

La financiación del sector agropecuario en Colombia puede dividirse en dos grandes períodos: antes y después de Ley 16 de 1990, que creó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA). En el primer periodo prevaleció el manejo de políticas de fomento sectorial, diseñadas por el Banco Central −que administraba fondos estatales con ese propósito, a través del Fondo Financiero Agropecuario (FFAP) −, los bancos de fomento y la banca comercial. El FFAP se fondeaba mediante las inversiones forzosas que debían constituir las entidades financieras. La Caja Agraria, la Federación de Cafeteros, el Incora, los Fondos Ganaderos y las cooperativas de ahorro y crédito se fondeaban con recursos propios, ahorro de los particulares y recursos del estado.

Durante el segundo periodo, con la creación del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA), nacieron el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario de Colombia (Finagro), el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y el Banco Agrario, que tienen como fin ayudar a fomentar y definir las políticas de financiación al sector agrícola. El SNCA está configurado, en primer lugar, para que Finagro canalice sus recursos a través de líneas de redescuento a bancos de primer piso, públicos o privados. Y en segundo lugar, para que el Banco Agrario promueva un mayor acceso al crédito para los productores agropecuarios, con sus recursos o los de Finagro.

Finagro cuenta, además de los aportes del sector público, con los ingresos provenientes de la emisión de Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), que constituye 98,8% de sus pasivos. Los TDA deben ser suscritos de manera obligatoria por los intermediarios financieros, siendo sus montos y tasas determinados por el Banco de la República.

En la actualidad, un porcentaje considerable de la cartera agrícola (el 35%) no es redescontada en Finagro. Esto sugiere que la capacidad del sistema financiero para canalizar recursos al agro sin el soporte de ese fondo es considerable. Además, el principal usuario de Finagro es el Banco Agrario, que canaliza el 78% de los recursos redescontados en ese fondo. El Banco Agrario podría atender la totalidad de sus colocaciones con los recursos que capta del público. Esto indica que los recursos de Finagro para la colocación de cartera en el agro no son necesarios. De esta manera, las inversiones forzosas sirven, no para garantizar que los recursos del crédito lleguen al sector agropecuario, sino para obligar al sector financiero a pagar los costos de los subsidios al crédito agrícola, que deberían ser asumidos por el Estado.

Las inversiones forzosas permiten que el Banco Agrario utilice sus captaciones, no para prestarle al sector, sino para mantener unas cuantiosas inversiones en instrumentos financieros que no se compadecen con su función de banco sectorial. ¿No sería racional desmontar esa inversión forzosa, que ha sobrevivido mucho más de lo que era razonable?

 

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Edición 810 | El programa Familias en Acción y la inclusión financiera

Desde finales de la década de los 90, las transferencias condicionadas de dinero se han convertido en uno de los principales instrumentos de política pública para la superación de la pobreza. En Colombia, el programa más importante en este género es Familias en Acción, que entrega un subsidio en dinero condicionado a la asistencia de los niños a la institución educativa y a controles de crecimiento y desarrollo.

En lo que tiene relación con el uso de servicios financieros, en 2009 se inicia la dispersión de los subsidios a través de cuentas de ahorro, donde se le deposita a la madre o cabeza de hogar el valor correspondiente a la transferencia condicionada. De acuerdo con cifras de Acción Social, a diciembre de 2010 al 90% de las familias beneficiarias se les entrega el subsidio a través del sistema financiero.

Ahora bien, al contrastar los resultados del Informe de inclusión financiera 2006- 2010 realizado por la Asobancaria y el número de beneficiarios bancarizados por el programa de Familias en Acción en ese periodo, se hace evidente el efecto significativo que tiene este componente frente a los indicadores nacionales, donde de los 4 millones de nuevas personas con cuenta de ahorro, 2,3 millones corresponde a las cuentas abiertas por cuenta del programa.

En el análisis por departamento es interesante observar el grado de incidencia que tiene Familias en Acción sobre el total de adultos bancarizados. En el caso de Córdoba, por citar solo un ejemplo, casi la mitad de la población que tiene cuenta de ahorro se explica porque recibe un subsidio del gobierno nacional. De conformidad con la información registrada, los cinco departamentos que tienen un mayor efecto del programa sobre la proporción de adultos con cuenta de ahorro son Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Chocó. Esto permite concluir que tanto para el gobierno como para la banca estas iniciativas son importantes y representan una ventana de oportunidad para introducir inclusión social y eficiencias en el manejo de los recursos públicos.

Hoy es posible afirmar que tanto el éxito del componente de bancarización del programa como la disposición del gobierno por involucrar el desarrollo de nuevas tecnologías como banca móvil, confirman que los avances en inclusión financiera son posibles si existe una decidida coordinación y sinergias entre el Gobierno y el sistema financiero.

 

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Edición 809 | La responsabilidad social de la banca

Desde hace ya varios años se ha venido desarrollando una tendencia a nivel global que demanda de las empresas privadas mayores responsabilidades, en lo que tiene que ver con temas sociales, ambientales y de gobierno corporativo.

Conceptos como Responsabilidad Social Empresarial, Responsabilidad SocialAmbiental y Sostenibilidad han adquirido particular relevancia. Se podría decir que a nivel mundial el concepto de responsabilidad social gira en torno al objetivo de construir un mundo más habitable. El nuevo discurso que se impone en las principales economías vincula el tema a una sostenibilidad más amplia, de la cual depende la existencia misma del negocio.

Para la banca colombiana, este concepto ha evolucionado hacia un compromiso integral que exige “ejercer bien la actividad bancaria” y contribuir al bienestar de sus grupos de interés: clientes, empleados, accionistas, proveedores y la sociedad en general. Esto implica encontrar soluciones in novadoras para desarrollar productos y servicios ajustados a las necesidades de los consumidores financieros; promover la calidad en la atención y servicio al público, la educación financiera, el cuidado del medio ambiente, la generación de empleo en condiciones laborales dignas y la inversión social.

El Balance Social es un ejercicio voluntario que Asobancaria ha desarrollado desde principios de los noventa con el fin de medir y reportar al público el impacto social y económico de las actividades del sector, así como los avances y retos que año tras año se identifican para mejorar las relaciones con sus diferentes grupos de interés. Desde 2005, el contenido del Balance surge de una encuesta que el gremio aplica a sus afiliadas con el fin de poder presentar una visión comprehensiva de los aportes de la actividad bancaria.

Para 2010, se cuenta con información reportada por 20 de las 23 entidades miembro y se presenta de manera sucinta los principales aportes que realiza el sector en los ámbitos económicos, sociales y medioambientales y su desempeño durante 2010, haciendo énfasis en que a futuro el reto del sector es seguir creciendo de forma responsable y concentrar esfuerzos en su tarea de ser un motor del desarrollo sostenible en Colombia.

 

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