Edición 808 | Una alianza para la inclusión financiera

Recuperemos la propuesta realizada por el Señor Presidente hace diez meses en la Convención Bancaria de 2010: el Gobierno se encarga de relajar algunas restricciones que impiden la bancarización y las entidades financieras se ocupan de acelerar el otorgamiento de crédito y sirven como instrumento de formalización tributaria.

La industria bancaria acogió con entusiasmo estas ideas. Sin embargo, el uso de la banca con el propósito de proveer información relevante para la autoridad tributaria, o forzar el pago significativo de impuestos, puede terminar alejando a los individuos del sistema financiero. Por eso Asobancaria considera que la utilización de la inclusión financiera con propósitos fiscales debe estar aparejada de incentivos al mayor uso del sistema financiero. Para semejante propósito se requiere, de una parte, ausencia de discriminación tributaria en contra del uso del sistema financiero y, de otra, niveles razonables de tributación.

La reforma tributaria del año pasado estableció que, para ser reconocidos como deducibles los costos, pasivos e impuestos descontables, deben ser realizados por los contribuyentes a través del sistema financiero. No se sabe cuándo va a entrar en vigencia esta norma, pero esperamos que las autoridades la desarrollen pronto. El artículo 62 de la reforma ordena al Gobierno Nacional expedir normas sobre la formación de tarifas o precios de las entidades financieras, e intervenirlos cuando se establezca que no existe suficiente competencia en el mercado. Confiamos en que dichas facultades se estarán utilizando para proteger la competencia y la libre empresa en el sector financiero y no para interferir con la operatividad de la misma, lo cual claramente le prestaría un flaco servicio a la inclusión financiera.

Las tarifas y tasas de interés que la banca cobra por sus servicios son determinantes a la hora de ofrecerlos a la población. Asobancaria ha insistido en la importancia de relajar la tasa de usura para dinamizar el otorgamiento de crédito y en especial del microcrédito. Con la modificación que se ha realizado en la fórmula de cálculo del interés bancario corriente, se ha venido liberando la tasa de usura. A pesar de que esa liberación ha sido gradual, ya existen claras de que el microcrédito viene reaccionando de forma positiva, al haber registrado entre septiembre de 2010 y abril de 2011 un incremento de 24,6% que, en términos anualizados, equivale a más de 42%.

El país está a la expectativa de una nueva propuesta de reforma tributaria. Es de esperar que dicha propuesta de reforma no tenga como propósito aumentar las tarifas impositivas. Por el contrario, la reforma debe tener como propósito racionalizar la estructura tributaria. La banca tiene particular interés en que el Gobierno considere la posibilidad de introducir estímulos para la inclusión financiera, la formalización de las transacciones en los comercios y la expansión de los medios de pago electrónicos.

La banca considera que un pacto de la naturaleza propuesta el año pasado por el Gobierno es más relevante que nunca.

 

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Edición 807 | La apertura veinte años después

A comienzos de la década de 1990 Colombia hizo un intento para abrir su economía, con el fin de aumentar su productividad, acelerar el crecimiento, estimular la generación de empleo, disminuir la pobreza y mejorar el bienestar de la población. Dos décadas después la economía colombiana tiene el mismo grado de apertura que entonces. El intento no fructificó en parte por la excesiva protección que mantuvo la estructura arancelaria. Esta estructura, con regímenes especiales de protección para algunos sectores privilegiados y con demasiadas y muy dispersas tarifas, generó un sesgo anti-exportador y numerosos casos de protección efectiva negativa, que no favorecieron la diversificación de la oferta exportable. La poca diversificación, a su vez, impidió aprovechar plenamente el acceso preferencial a los mercados donde se obtuvo y conquistar otros nuevos de manera persistente.

 

La oferta exportable de Colombia está todavía concentrada en exceso en productos primarios. Adicionalmente, una gran parte de ella se dirige a unos pocos mercados y una proporción minúscula se coloca en los mercados asiáticos, que son la fuente del crecimiento mundial. Por eso la economía colombiana no aumentó significativamente su participación en el comercio internacional en este período.

En consecuencia, para acelerar la inserción de Colombia en la economía mundial conviene, en primer lugar, continuar aumentando el acceso preferencial a otros mercados externos. En segundo lugar, se requiere mejorar su competitividad. Y en tercer lugar, es necesario incrementar la productividad de la producción nacional, sometiendo todos los sectores a una mayor competencia.

Con estos propósitos, recientemente el Gobierno Nacional llevó a cabo una reforma arancelaria y se trazó una ambiciosa agenda comercial. La reforma redujo el arancel nominal promedio de 12,2% a 8,3% y cobijó 55% de las posiciones arancelarias. De esta manera, llevó tímidamente el arancel al promedio latinoamericano, que es intermedio en el contexto mundial. Sin embargo, mantuvo una excesiva protección para los sectores “sensibles”, que continúa siendo una fuente de dispersión tarifaria. La agenda comercial incluye 20 nuevas economías −9 de ellas asiáticas, con dinámico crecimiento−.

Para que mejore la inserción de Colombia en la economía mundial hay que adelantar esfuerzos complementarios en otros frentes. Es indispensable mejorar la infraestructura vial. Se necesita una política agropecuaria que se concentre en promover el uso eficiente del suelo, en proveer bienes públicos y en brindar asistencia técnica y empresarial a los productores. Se requiere que las autoridades adopten estrategias fiscales contra-cíclicas, para morigerar la volatilidad de la tasa de cambio. Es menester una reforma tributaria estructural, que amplíe la base y reduzca las tarifas a los estándares internacionales. Finalmente, urge una reforma que remueva las distorsiones más protuberantes en el mercado laboral.

 

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Edición 806 | La inclusión financiera en los últimos cinco años y los desafíos de la coyuntura

Los avances de Colombia en materia de inclusión financiera en los últimos años son innegables y demuestran que un sector financiero sólido, junto con unas iniciativas gubernamentales orientadas a facilitar el acceso de toda la población a productos de ahorro y crédito, resultan ser una buena combinación. Sin embargo, es claro que los retos por venir representan desafíos importantes en materia de innovación y modernización, tanto desde el punto de vista de los productos y servicios ofrecidos por los bancos, como del marco institucional y normativo que regula al sector.

El indicador de bancarización, medido como la relación entre el número de personas mayores de edad con al menos un producto financiero sobre el total de la población adulta, creció de manera sostenida en los últimos 5 años y en términos de cobertura de la infraestructura financiera los avances también han sido importantes. Se resalta la figura de Corresponsales No Bancarios que permitió llevar servicios financieros a 270 municipios del país, que hasta 2006 no contaban con presencia bancaria.

No obstante, Colombia se encuentra lejos de alcanzar los resultados de las economías desarrolladas e incluso presenta indicadores por debajo de economías de similar nivel de ingreso. Como lo muestran experiencias exitosas en otros países, la masificación, uso y aceptación generalizada de instrumentos de pago, requiere además de un esfuerzo de la banca, de iniciativas públicas, en general de trabajo conjunto entre los diferentes actores involucrados.

Los retos de coyuntura que presenta el proceso de inclusión financiera se pueden resumir en cuatro grandes grupos: fortalecimiento de los sistemas de pago electrónicos, formalización, desarrollo de la banca móvil y acceso a la información.

 

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Edición 805 | ¿Cómo va la convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad (Ley 1314 de 2009)?

En aproximadamente un mes se cumplen dos años de haberse expedido la Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. En palabras más simples, lo que dicta la Ley es que la contabilidad local deje de ser “hecha a la medida” (a beneficio de diferentes autoridades) y adopte estándares de alta calidad, comprensibles, aplicables y aceptados globalmente como son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Con la expedición de la Ley se fijó 31 de diciembre de 2014 como la fecha en la que hacia adelante se deben aplicar completamente los principios internacionales de contabilidad. Eso lo que significa es que a Colombia le quedan tres años y medio, sin contar con la transición que comienza el 1º de enero de 2013, para estar lista reglamentaria y operativamente.

¿Qué se ha hecho durante los últimos dos años? Los esfuerzos normativos se centraron en avanzar en la conformación, estructura y definición de la forma orgánica del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Igualmente, se han conformado comités técnicos ad-honorem uno para el sector financiero, otro para el real y uno para temas tributarios, cuya tarea se enfoca en la realización de recomendaciones del proceso de convergencia. Dentro de la industria, una encuesta de diagnóstico realizada al sector bancario, demuestra falencias en aspectos como capacitaciones, cálculos de impactos y una gran preocupación por los sistemas de información, ya que posiblemente sean el elemento que tome más tiempo en modificarse. Adicionalmente, se identifican cinco elementos críticos, dadas las diferencias existentes entre la normatividad local y las NIIF, estos son: presentación de estados financieros, cargos diferidos, impuestos, cartera de créditos, propiedad, planta y equipo, ingresos y gastos y aspectos técnicos y operativos.

En general, uno de los desafíos más importante en este proceso es concientizar a los reguladores y a las mismas compañías de la importancia de la convergencia, de forma que se publiquen los decretos reglamentarios que terminen de darle forma al proceso y que las empresas involucradas puedan llevar a cabo las modificaciones a las que haya lugar para la efectiva implementación de los nuevos estándares.

 

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