Edición 787 | Causas de la informalidad y el desempleo e incentivos para combatirlos

El desempleo y la informalidad son dos de los principales obstáculos que la economía colombiana enfrenta para acelerar el crecimiento, reducir la pobreza y mejorar la equidad. Por eso, con el doble propósito de incentivar la creación de empresas formales y estimular la demanda de trabajo formal, el Gobierno Nacional propuso y el Congreso de la República aprobó la Ley de Formalización y Generación de Empleo.

La ley creó, por un lado, una serie de descuentos temporales para las pequeñas empresas nuevas sobre el impuesto de renta y las contribuciones sobre la nómina que deberán pagar. Y por otro lado, estableció la posibilidad para que los empleadores deduzcan del impuesto de renta, también temporalmente, las contribuciones correspondientes a los nuevos empleados, que reúnan ciertas características de edad, género y condición social. La Ley también procura ampliar el acceso al crédito formal para las empresas informales y fortalecer la formación técnica y gerencial de sus propietarios. Además, simplificó algunos trámites para facilitar la formalización. Y finalmente, creó un sistema nacional de información sobre la demanda laboral.

El diagnóstico del GN nacional es acertado, los cambios propuestos van en la dirección correcta y los incentivos tratan de atacar el origen de la informalidad y de la alta tasa de desempleo natural. Sin embargo, la temporalidad de los incentivos y su baja cobertura no remueven significativa y definitivamente las causas fundamentales en ninguno de los dos casos. Además, en el caso de la promoción del empleo, sin desconocer que intenta concentrase en las personas más jóvenes, vulnerables y socialmente excluidas, el otorgamiento de ventajas tributarias sobre los gastos que ocasionarían los trabajadores nuevos con esas características, es discriminatorio en contra de los que no las tienen. En caso extremo, podría alterar la composición de la demanda adicional de trabajo, dificultando la obtención de empleo al resto de los desempleados.

Por estas razones, las soluciones propuestas lucen tímidas respecto de la magnitud de los fenómenos que pretenden reducir. Las autoridades hubieran podido optar por otras medidas más estructurales, pero tal vez políticamente más costosas, como remover las rigideces del mercado laboral colombiano, fondear adecuadamente el gasto social y eliminar las trabas que impiden ampliar el acceso al crédito para los empresarios informales. Sin este tipo de estrategias es más difícil reducir las tasas de informalidad y desempleo natural, e incrementar más rápido la tasa de crecimiento potencial.

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Edición 786 | Emisión de deuda versus colocación de cartera

Durante los dos últimos años el mercado colombiano ha sido testigo del proceso de crecimiento, desarrollo y consolidación que ha vivido la deuda privada (bonos corporativos), que históricamente se caracterizaba por tener una penetración baja. Este proceso no sólo ha ampliado el espectro de oportunidades de inversión en el mercado financiero, sino que también ha permitido que el mercado de bonos se posicione como una fuente importante de financiación de recursos.

Al comparar el comportamiento de la deuda corporativa y la cartera comercial durante el periodo comprendido entre 2008 y 2010, pareciera haber una relación negativa entre ambas fuentes de financiamiento. Esto lo demuestra la tendencia negativa de la tasa de crecimiento de los créditos y la pronunciada fase expansiva de las emisiones de bonos de deuda privada durante el 2009.

Una posible explicación de la preferencia de deuda sobre créditos durante el 2009, puede ser por la combinación de dos situaciones, primero, beneficio en tasas y segundo, optimización del financiamiento, es decir, que las entidades hayan visto en la emisión de deuda de largo plazo la oportunidad de dejar de lado el rollover de crédito.

Sin embargo, los datos de los últimos años muestran que el efecto sustitución no es totalmente directo, especialmente por la divergencia en plazos. Los bonos se concentran en el largo plazo mientras que la cartera en el corto. Así las cosas, el deudor puede diversificar o elegir su fuente de financiamiento usando como criterio el tipo o plazo de su obligación. O tiene la opción de usar ambas fuentes simultáneamente, después de todo, ésto se puede seguir dando gracias a la diferencia en la estructura de fondeo que tiene cada mercado.

En cualquier caso el potencial del mercado de deuda privada debe seguir siendo explotado. Mientras el mercado de valores sea subvalorado como fuente de financiamiento y de inversión, y por lo tanto su promoción solo sea tarea de unos pocos, el mercado colombiano permanecerá conservador, poco novedoso y con escazas herramientas capaces de responder a las necesidades del sector empresarial del país.

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Edición 785 | Educación financiera, un asunto de prioridad social, económica y política

La educación financiera es hoy en día un asunto clave para distintos gobiernos, entidades bancarias, organizaciones de la sociedad civil, y otros grupos de interés, preocupados por la dificultad que supone para un alto porcentaje de la población entender conceptos financieros básicos y tomar decisiones acertadas que aumenten su calidad de vida.

En el plano internacional, varios países han promovido la adopción de estrategias nacionales de educación financiera que articulen acciones públicas y privadas alrededor de unos lineamientos y objetivos, evitando la atomización de esfuerzos y recursos.

En Colombia, con la Ley 1328 de 2009 se logró elevar a rango legal distintas disposiciones en materia de publicidad y acceso a información que las entidades financieras venían desarrollando y adoptar un régimen especial de protección al consumidor financiero. Además, se obligó a las entidades a desarrollar programas de educación financiera para los consumidores a partir del pasado 1° de enero. Estos avances no logran, sin embargo, posicionar el asunto de la educación financiera como una prioridad social, económica y política ya que no la reconocen como un proceso que debe liderarse desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que tiene que empezar en la infancia y continuar durante las diferentes etapas de la vida con la ayuda del Ministerio de Educación y las otras entidades públicas y privadas competentes. Dada la importancia del tema, no se puede dejar solo en manos de privados su ofrecimiento, menos cuando se carece de lineamientos claros que garanticen su calidad.

Ahora bien, al revisar la hoja de ruta y apuestas del Gobierno plasmadas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, encontramos que la educación financiera se aborda como un instrumento para promover el acceso a los servicios financieros y la bancarización. Para su fortalecimiento, se prevé el desarrollo de una estrategia nacional que articule los esfuerzos y que inserte a Colombia en la tendencia mundial. Sin embargo, entenderla sólo como un instrumento para aumentar el acceso a servicios financieros es un error que limita los esfuerzos que como país se emprendan en esta materia.

La educación financiera debería estar concebida en el plan de gobierno como parte integral del objetivo y apuesta por mejorar la calidad de la educación y el desarrollo de competencias para la prosperidad y no solamente dentro del apartado relacionado con el acceso a los servicios financieros. En ese sentido, la educación financiera debería estar incluida en la educación obligatoria y en la que se imparte en otros ciclos de educación.

Por su parte, el éxito de la estrategia nacional que según las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 se tendrá que desarrollar en los próximos años, no puede dejarse en manos de la buena voluntad de los diferentes actores. Se requiere de un liderazgo del Gobierno y de una responsabilidad compartida a partir de roles y obligaciones claras según las competencias de cada actor involucrado. Entre más pronto se tenga claridad sobre estos aspectos, más fácil será alcanzar las metas que establezca el gobierno para aumentar el nivel de alfabetización económica y financiera de la población.

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Edición 784 | Obstáculos para la inclusión y la profundización financiera

Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”, plantean extender la cobertura del sistema financiero mediante la ampliación del acceso a los servicios provistos por los intermediarios formales y el desarrollo del mercado de capitales.

En general, las estrategias de ampliación de la cobertura de los servicios financieros formales, para promover la inclusión y la profundización financieras, van en la dirección correcta. Muchas de ellas son una prolongación de las adoptadas por la administración anterior, que han dado buenos resultados pero tendido a agotarse. Por eso se requiere nuevas propuestas.

Sin embargo, el diagnóstico de las Bases del Plan sobre las causas de la baja bancarización y la reducida profundización financiera en Colombia es incompleto. Por este motivo, las estrategias resultan tímidas y no remueven los obstáculos estructurales para la inclusión y la profundización de los servicios financieros formales. Peor aún, la falta de precisión en el diagnóstico puede conducir a que se materialice el riesgo de introducir mayores distorsiones. Eso ocurrió, de hecho, con la reciente autorización que el Gobierno obtuvo del Congreso, introducida en la Ley de reforma tributaria, para dictar las normas que deben observar las instituciones financieras en la determinación de las tarifas que cobran por sus servicios.

Con la materialización de esos riesgos surge el peligro de que la meta de aumentar el crecimiento potencial de la economía a 6% anual no cuente con una adecuada financiación y no se logre, por tanto, en el horizonte previsto.

Las nuevas estrategias, por tanto, deberían concentrarse en remover de una vez por todas las trabas para profundizar de los mercados y facilitar el acceso de toda la población a los servicios financieros. Lamentablemente, las Bases se quedan cortas en las propuestas para conseguirlo.

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