Edición 775 | El entorno internacional, las guerras de divisas y los dilemas de política en Colombia

La persistencia de grandes desbalances macroeconómicos internacionales desacelera la recuperación mundial y arriesga su sostenibilidad. Estados Unidos y Europa (excluyendo Alemania), que tuvieron pronunciados excesos de gasto doméstico y endeudamiento, conservan cuantiosos déficits corrientes, carecen de demanda interna privada, deben generar ahorro y crecer con base en el comercio exterior. Por eso conservan laxa la postura monetaria, para estimular el gasto privado y debilitar sus monedas. China, Alemania y Japón tienen grandes excesos de ahorro y superávits corrientes. Deberían crecer más con base en su demanda interna y permitir la apreciación de sus monedas. Sin embargo, incapaces de generar gasto privado en las proporciones necesarias, se apoyan en las exportaciones y resisten el fortalecimiento de sus divisas. Otras economías sienten amenazada su producción y su participación en el comercio mundial por la debilidad de la moneda china (CHY). Algunas combaten la apreciación frente a la debilidad internacional del USD y a la inflexibilidad deliberada del CHY, interviniendo sus mercados cambiarios –Japón, Suiza, Corea, Brasil, Perú, México y Chile–, o imponiendo controles administrativos a los flujos provenientes del exterior –Brasil–. Los principales peligros para la recuperación mundial son la persistencia de los desbalances, la escasez de demanda privada en las economías grandes, la necesidad de crecer con base en las exportaciones y las incipientes guerras monetarias, financieras y comerciales, que pueden desencadenarse por las devaluaciones competitivas. Estas amenazas pueden transformar la recuperación mundial en una recesión de doble fondo.

Gracias a la solidez relativa de sus fundamentos macroeconómicos, comparados con los de las economías avanzadas más grandes y otros vecinos en la región, Colombia disfruta una plétora de recursos externos –ingresos por exportaciones de materias primas, inversión extranjera directa y de portafolio, crédito externo y carry trade–, que fortalece el COP. Como una parte de la apreciación es estructural, para suavizarla no hay remedio diferente que generar ahorro público. Por eso urge aprobar la regla fiscal y la reforma al sistema de regalías, para reforzar la disciplina y permitir la implementación de estrategias contra-cíclicas. Se puede también invertir parte de los ingresos extraordinarios, hasta que sea macroeconómicamente prudente, en infraestructura y ciencia y tecnología, como ha propuesto el gobierno, para mejorar la productividad de la economía y competitividad de la producción. Para minimizar la volatilidad de la tasa de cambio en el corto plazo, el BR puede seguir acumulando reservas internacionales sin exceder su límite óptimo, hasta que logre esterilizar la intervención. Lo que no debe hacer es reducir las tasas de interés, porque favorecería la formación de burbujas y desbordamientos del crédito, que arriesgarían la estabilidad financiera. Para reforzarla, puede desestimular los flujos de corto plazo implementando medidas macro prudenciales.

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Edición 774 | El comercio electrónico debe operar bajo un principio ético: nadie puede beneficiarse del fraude

El avance tecnológico del sector financiero, que ha facilitado a los clientes la realización de más de 1.156 millones de operaciones por $2.266 billones de pesos durante el primer semestre de este año, ha facilitado también el actuar de las organizaciones delincuenciales, que ven en el cibercrimen una “gran oportunidad de negocio”.

Al respecto, las entidades bancarias han venido migrando hacia sistemas “inteligentes” de seguridad. Pero es necesario complementar estas acciones con las de otros actores que permitan mejorar en la prevención, detección y sanción de los delitos financieros.

Frente a los clientes existe el reto de lograr un cambio de hábitos en materia de seguridad. Hoy enfrentamos un escenario en el que el consumidor financiero conoce las recomendaciones de seguridad, pero no las pone en práctica. Para esto, se precisa del apoyo de las autoridades y de los medios de comunicación en el fortalecimiento de la divulgación de mensajes que creen conciencia de la importancia, por ejemplo, de cambiar las claves con periodicidad, personalizar las transacciones y recibir información en línea respecto de cada una de estas.

En cuanto a las autoridades, debe trabajarse en tres frentes para combatir el cibercrimen: El institucional que es fundamental para generar identidad al interior de la organización y propiciar mayor agilidad en los procesos. El de formación profesional, para que la policía judicial, los fiscales y los jueces adquieran los conocimientos y la experticia requerida para identificar, investigar y juzgar los casos producto de la comisión de este tipo de delitos. Y el de adecuación tecnológica, para que esas mismas autoridades dispongan de las herramientas necesarias para realizar las pesquisas y evaluaciones que precisan para el desarrollo de la investigación o fallo judicial.

Por su parte, y en especial en lo relacionado con el comercio electrónico, es necesario involucrar a todos los actores que participan en la realización de este tipo de transacciones, bajo un principio ético: nadie puede beneficiarse del fraude. En sentido práctico, si el pago de cualquier servicio se hace con dineros provenientes de fraude, el comercio o la entidad que es beneficiaria de esos pagos debería no aceptarlos como válidos y rechazar la operación. Hoy en día el problema queda exclusivamente entre el cliente defraudado y la entidad financiera. Es por lo anterior, que todos estos actores deben trabajar coordinadamente para mitigar los riesgos de fraude y por ello es de la mayor relevancia que la regulación incluya a todas las instituciones implicadas en la cadena.

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Edición 773 | La tasa de usura, un control de precios

El pasado 30 de septiembre la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) certificó el interés bancario corriente (IBC), que sirve como base del cálculo de la tasa de usura. De tiempo atrás se ha venido criticando la forma como se calcula dicho indicador por las distorsiones que introduce al mercado crediticio. Pese a la conciencia que las autoridades gubernamentales parecen tener al respecto, como se deduce del ofrecimiento de corregirla del Presidente Santos el pasado 28 de agosto en la Convención Bancaria, al igual que de su Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en diversas ocasiones, no se introdujeron los correctivos del caso. La tasa de interés correspondiente al crédito de consumo y comercial ordinario, por el contrario, fue reducida de 14,94 a 14,21%, por lo que la correspondiente de usura pasó de 22,41 a 21,32%. Lo único que se hizo fue que se descongeló la del microcrédito —que aplica solo para el 2.6% de la cartera total de la banca— que estaba fija desde hace cerca de cuatro años. Esta tasa aumentó de 22,62 a 24,59% y la equivalente de usura de 33,93 a 36,89%. Ahora bien, si el Gobierno hubiese acogido para su cálculo la fórmula que aplicó en 2007, el incremento hubiese sido mayor, razón por la cual la modificó. No obstante, en principio previó que en doce meses realizaría el ajuste correspondiente.

La existencia de una tasa de interés de usura en las normas vigentes, que es un concepto arcaico, y el hecho de que superarla en los créditos que se otorgan constituya un delito penal, se debe “en teoría” a que con ello se pretende proteger a los prestatarios —en especial a los de menor ingreso— de los “abusos” de los prestamistas. Pero esto es tan solo “en teoría”. En la práctica, el cálculo de la tasa de usura y más concretamente la forma como se calcula el IBC por parte de la SFC se ha venido utilizando en Colombia para controlar el precio de los créditos. El efecto de ese control ha probado ser, precisamente, el contrario del que se busca. Como consecuencia de ello, la oferta efectiva de crédito formal para estratos de menores ingresos es inferior a la que resultaría de responder dicha tasa a las fuerzas del mercado. Esta situación induce la búsqueda de recursos por parte de estos segmentos poblacionales en los mercados informales, donde las tasas de interés en promedio llegan a superar hasta el 200% al año.

La facultad de los establecimientos de crédito para ofrecer autónomamente las tasas de interés que cobran sobre los créditos que otorgan a sus usuarios, sin intervención de la autoridad estatal, tiene soporte legal en la autonomía contractual y la libertad de empresa expresamente consagradas en la Constitución Política. En el marco de la misma, se justifica la intervención administrativa de los precios por parte del Estado solo para proteger a los consumidores o usuarios de no estar operando los mercados en condiciones de competencia y, esta situación no es la que se presenta en Colombia en el caso del sistema financiero. Estudios realizados por el Banco de la República y el CEDE evidencian que la banca colombiana se comparan favorablemente en términos de concentración y competencia con el resto de América Latina.

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Edición 772 | Cambios en el régimen de regalías

Como consecuencia de un entorno internacional favorable en la década anterior, de cambios regulatorios benévolos para la inversión en el sector y de la recuperación del orden público, la economía colombiana ha recibido crecientes flujos de capital extranjero al sector de minas e hidrocarburos. Como se espera que el entorno internacional permanezca benigno para los emergentes, es probable que la inversión extranjera continúe fluyendo al sector y que su producción aumente significativamente en el próximo lustro, e inclusive que se mantenga alta durante el siguiente.

Un auge de este tipo podría tener importantes implicaciones en la macroeconomía, el desarrollo regional, la composición de la producción doméstica y las exportaciones, e inclusive sobre el mercado laboral. Por eso parece pertinente realizar ajustes institucionales para aprovecharlo en la promoción del crecimiento económico y el bienestar de la población. Al mismo tiempo, resulta sensato prevenir los efectos adversos del auge. Afortunadamente el Gobierno Nacional (GN) acogió la propuesta de la administración anterior de reforzar la disciplina fiscal, mediante la adopción de una regla de política. Además, propuso complementariamente una reforma al régimen de regalías para invertir eficientemente los recursos adicionales que prevé. La reforma crea un nuevo sistema de administración, distribución y asignación de las regalías, para enmendar el desmán del anterior, que condujo a la dilapidación y la ineficiencia.

La propuesta gubernamental requiere un acto legislativo y la expedición de otras leyes para determinar las condiciones en las cuales los nuevos beneficiarios participarán en la distribución de las regalías, junto con las proporciones exactas en las cuales lo harán. El trámite legislativo de la reforma será largo y difícil, porque entraña un cambio en las expectativas de ingresos de las entidades territoriales (ET) que actualmente receptoras. Estas adquirieron derechos que no cederán, a menos que perciban un beneficio. Por eso, las autoridades tendrán que enfatizar que las actuales ET receptoras no disminuirán sus ingresos por regalías en términos absolutos, sino que únicamente reducirán su participación directa en un monto mayor, en beneficio de una mejor asignación de los recursos, que beneficiará no solo a los territorios más pobres, sino también a ellas mismas y a los generaciones futuras de sus propias localidades.

El antiguo régimen originó despilfarro, ineficiencia y corrupción. Sin embargo, la centralización propuesta no garantiza, por sí misma, una eficiente asignación de las regalías a los proyectos socialmente más rentables, ni la debida pulcritud en su administración y utilización. Para ello se requieren cambios institucionales complementarios, que aseguren claridad y transparencia en los esquemas de liquidación, distribución y asignación de las regalías, así como en los mecanismos de contratación de las obras públicas Como la magnitud del incremento de los ingresos por el auge es incierto, no es aconsejable pensar que una bonanza lo arregla todo. No se debe desechar la oportunidad de reformar la estructura tributaria, el régimen laboral y la financiación del gasto social, para que durante la recuperación se reduzca la tasa de desempleo y aumente la formalidad.

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