Edición 767 | Hacia la inclusión y profundización financieras

El gobierno del presidente Álvaro Uribe marcó una era en la historia de Colombia, de la cual el país sale con confianza y esperanza en el futuro. Cuando llegó al poder en 2002, el país estaba sumido en una crisis económica y de seguridad. En los ocho años siguientes, Colombia arrinconó a la guerrilla, sometió a los paramilitares y llegó a crecer al 7%, antes de la crisis financiera mundial. Al fin de la era Uribe no se puede decir que el país superó todos sus problemas. Sin embargo, mira el futuro con una justificada esperanza.

El gobierno del presidente Santos está bien posicionado para consolidar las tendencias favorables que se perciben en el país. Cuenta con un enorme apoyo. Tiene la experiencia y el equilibrio adecuados para la tarea. Exhibe la mezcla correcta de continuidad y cambio. Y ha conformado un gabinete de lujo, eminentemente técnico, pero también políticamente balanceado. En los primeros días ha hecho acercamientos con la rama judicial y con los países vecinos, recibiendo a cambio gestos muy favorables. Estamos ad portas de escribir un nuevo pacto social, donde primen la paz, la convivencia, la tolerancia, la cooperación y la prosperidad colectiva. Creemos que para lograr este resultado, se requiere mantener, a un ritmo más acelerado, el curso que llevamos.

La recuperación mundial es más frágil que lo esperado. La coyuntura macroeconómica es delicada en algunos países europeos y el crecimiento todavía no se consolida en los Estados Unidos. El dinamismo de la economía mundial provendrá en gran medida de los países emergentes. La crisis en los países desarrollados vuelve más atractivos para la inversión a los emergentes. Esto genera una oportunidad para Colombia. Pero en la atracción de la inversión extranjera competimos con todo el mundo. Por eso, debemos convertirnos en una economía más atractiva, superando los cuellos de botella que hoy tenemos, de manera que produzcamos confianza económica, jurídica y política al resto del mundo.

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Edición 766 | La tasa de cambio y la competitividad

En el mediano plazo la apreciación del COP surge de la debilidad internacional del USD, el relajamiento extraordinario de la política monetaria en las principales economías avanzadas, los altos precios de los productos básicos, las buenas perspectivas de crecimiento de los países emergentes, una mayor confianza de los inversionistas y una menor aversión al riesgo en los mercados internacionales. La necesidad de reducir el déficit comercial de los Estados Unidos deprecia el USD frente a las demás monedas. La laxitud extrema de la postura monetaria en las economías avanzadas genera excesos de liquidez en los mercados internacionales, que fluyen a las economías emergentes, apreciando sus monedas y valorizando sus activos. Los altos precios de las materias primas mejoran la rentabilidad de la inversión en estos sectores, ocasionando dinámicos flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia los países con buenas perspectivas.

En Colombia la principal fuente de la abundancia de moneda extranjera, que revalúa la tasa de cambio en el corto plazo, es un auge de IED, con dinámicos flujos hacia el sector minero y de hidrocarburos. Durante lo corrido de este año, han surgido también flujos de inversión de portafolio y endeudamiento tanto público como privado, que contribuyen a apreciar el COP. Como la bonanza minero energética persistirá en el mediano plazo, la fortaleza del COP no cederá. Sin embargo, para minimizar sus efectos adversos sobre la competitividad de la producción doméstica se requiere, en primer lugar, generar ahorro público. Con este propósito es urgente recuperar el balance fiscal para llevar la deuda pública a la senda decreciente que seguía antes de la crisis. Con ello disminuirán las necesidades de financiación y la presión al alza de las tasas de interés de largo plazo, lo cual desestimularía los flujos de capital y la tentación de colocar deuda en los mercados internacionales. En todo caso, deberá privilegiarse el endeudamiento interno frente al externo. El ajuste fiscal debe ir acompañado de la adopción de una regla como la propuesta por el gobierno anterior, para ahorrar los ingresos públicos extraordinarios en las etapas de auge de la economía y del sector de minas e hidrocarburos. También se requerirá, en segundo lugar, acometer reformas microeconómicas para mejorar la capacidad de la economía de crecer en el largo plazo. Estas reformas deberán orientarse a garantizar un adecuado funcionamiento de los mercados, removiendo las distorsiones que aquejan sobre todo a los financieros y al laboral. Con ello se dinamizará la acumulación de los factores productivos. Además, en tercer lugar, es necesario generar incentivos para aumentar la inversión en infraestructura, capital humano, investigación y desarrollo e innovación, con el fin de incrementar la productividad y mejorar la competitividad de nuestra producción doméstica.

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Edición 765 | La reforma financiera en Estados Unidos: versión final

En la Semana económica 760 iniciamos nuestro análisis de la reforma financiera estadounidense. En esa edición se trataron temas como la estructura del sistema financiero, el riesgo sistémico, el mercado de derivados, la regla Volcker, el riesgo moral, y la protección al consumidor financiero y al inversionista. En esta Semana realizamos un análisis más detallado de la reforma, ya que el pasado 21 de julio el presidente Barack Obama firmó el texto conciliado entre la Cámara de Representantes y el Senado, y se publicó la Ley No. 111-203, con el nombre Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

La Ley tiene 848 páginas en su texto principal y 16 títulos. Es la más exhaustiva que se ha dictado en Estados Unidos. Trata temas estructurales y de organización del sistema financiero que afectan a todos los agentes del mercado, tratando de mejorar y fortalecer el funcionamiento de los órganos de regulación y supervisión. Cada uno de sus títulos, salvo por los dos últimos (15 y 16), son una respuesta a las falencias y vacios que dejó ver la crisis financiera internacional en su momento. Todavía no es posible entender completamente su impacto, ya que la ley establece un lineamiento general, pero prevé la realización y presentación al Congreso estadounidense de una serie de estudios acerca de los temas tratados, por lo que se cuentan aproximadamente 157 desarrollos reglamentarios.

Para Colombia no hay muchas cosas que se puedan tomar, porque, sin haber vivido una crisis tan profunda, localmente ya se habían adelantado regulatoriamente varios de los temas que hasta ahora se están introduciendo en Estados Unidos.

A pesar de que los desarrollos reglamentarios pueden demorar entre uno y tres años, es importante hacerles seguimiento para medir el impacto y alcance que tendrá esta ley en el funcionamiento del sistema financiero estadounidense.

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Edición 764 | Servicios postales de pago

A finales del año 2009 se aprobó la ley 1369, que establece un nuevo marco para el negocio postal en Colombia. La actualización normativa realizada amerita un análisis dentro del entorno de los medios de pago, teniendo en cuenta que con la apertura del mercado postal la operación de los giros postales dejó de ser un servicio exclusivo del operador oficial y pasó a un esquema de habilitación general donde cualquier particular que acredite el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento y pague el registro puede entrar al mercado. Con esta nueva norma seguramente aumentará el volumen de dinero que transita tal canal de pagos, pero también se incrementarán los riesgos que la operación implica.

Tanto la ley, como el decreto reglamentario hasta ahora expedido, generan importantes inquietudes sobre varios aspectos, como la mitigación de riesgos de liquidez y contrapartida; y el de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Tales aspectos adquieren una nueva dimensión si se considera que este canal de pagos no tiene restricciones de cuantía en las órdenes de pago que utiliza y, además, que es regularmente usado por los Transmisores de Dinero, con remesas y giros en volúmenes importantes.

En este orden de ideas es necesario que las autoridades competentes, en uso de las facultades reglamentarias, superen los problemas evidenciados en la aplicación de la norma y, de ser necesario, se realice una reforma legal que armonice la regulación y subsane los vacíos normativos y de interpretación que se presentan. Lo anterior sin perder de vista la real importancia que tiene este canal de pagos y la debida protección del orden público económico del que todos los sectores hacemos parte.

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Edición 763 | Una década de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

La primera década de este siglo nos dejó instrumentos jurídicos importantes para combatir los delitos subyacentes del lavado de activos, que también se relacionan con la financiación del terrorismo, como la trata de personas, la corrupción, la extorsión, el secuestro y los delitos contra el sistema financiero. Esos instrumentos son la Convención de Palermo de 2000, que se refiere a la delincuencia organizada; la Convención de Mérida de 2003, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción; las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las 40 + 9 recomendaciones del GAFI, que se convirtieron en la carta de navegación de la industria financiera mundial, los reguladores y las autoridades judiciales.

Colombia es pionera en el reconocimiento y la aplicación de los estándares internacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En la medida en que nuestro país cumpla los estándares de los organismos internacionales, ganará confianza y reputación. Esos son activos que debemos consolidar y mantener. El reto es que en las futuras evaluaciones todas las recomendaciones aparezcan cumplidas. Para ello es vital estrechar la cooperación tanto con los organismos internacionales y regionales, como entre las instituciones financieras, los supervisores y las autoridades nacionales.

En los últimos años se ha actualizado la regulación administrativa y penal del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se reformó el Código Penal para definir los delitos asociados con el lavado de activos: la omisión de control, el testaferrato y el enriquecimiento ilícito. Se promulgaron la Ley de extinción de dominio y la Ley sobre financiación del terrorismo, se modificaron la regulación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se tipificó el delito de omisión de reportes de transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero. Además, la Superintendencia Financiera introdujo el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). La banca migró del Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos (SIPLA) al SARLAFT, lo cual constituyó un cambio de paradigma para la prevención y el control de las entidades financieras, que incluye: el vínculo inescindible entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo; la consideración de ambos delitos como riesgos que hay que gestionar y administrar; el establecimiento de las etapas de identificación, medición, control y monitoreo de estos riesgos; la segmentación de los factores de riesgo; y la construcción de matrices y mapas de riesgo. Estos cambios de las Leyes y la regulación deberían motivar el estricto cumplimiento de las normas prudenciales y disuadir a quienes tengan la intención de cometer los delitos de lavado de activos o financiación de terrorismo.

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