Edición 758 | Estado actual del riesgo operacional

En los últimos años, el sistema financiero colombiano se ha venido concientizando de la importancia de gestionar adecuadamente los riesgos inherentes a sus líneas de negocio. Entre los desarrollos normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) se destaca el Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO).

En SARO, se recogen los criterios establecidos y comúnmente aceptados para su adecuada gestión en elementos como: la categorización de los riesgos inherentes a las líneas de negocio, la clasificación de los factores originadores de riesgos y las pérdidas asociadas a este tipo de eventos.

Con el fin de poder realizar un seguimiento más estricto de las pérdidas por RO, la SFC creó una serie de cuentas en el PUC para el registro contable de los gastos e ingresos relacionados con este riesgo. Una revisión de los datos contenidos en estas cuentas indica que las pérdidas por RO totalizaban al cierre de 2009 COP 267.584 millones, lo que representa una disminución anual de 4% frente a los resultados observados al cierre de 2008. Este resultado demuestra que los eventos de riesgo operacional en las entidades bancarias han tenido un impacto menor, y que los controles para mitigar los eventos asociados a este tipo de riesgo, al parecer, son los adecuados.

Los acercamientos en esta materia a nivel internacional, demuestran que la implementación y cuantificación del RO está determinada por la complejidad y la necesidad de los reguladores por tecnificar y robustecer los procesos de gestión de este riesgo. Sin embargo, en Colombia aún existen problemas en el desarrollo de temas como la homogenización de criterios para el registro de eventos y la conciliación entre la contabilidad y las pérdidas de RO, que impiden alcanzar los estándares propuestos a nivel internacional.

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Edición 757 | La infraestructura: factor crítico para la competitividad

A pesar de los esfuerzos hechos por construir, mantener y mejorar la calidad de su infraestructura, ésta es uno de los mayores obstáculos que tiene Colombia para aumentar la competitividad de sus bienes y servicios, la productividad de sus factores y el crecimiento de su economía. El país ha obtenido éxitos notables en algunas modalidades de infraestructura, como la telefonía, la energía eléctrica y el transporte del carbón y los hidrocarburos. Pero en otras, particularmente en sus vías y sus puertos, los logros no son destacados. La calidad de la infraestructura vial en la economía colombiana y, sobre todo, de sus carreteras no corresponde a su grado de desarrollo. Por eso el transporte de los insumos y los bienes se convierte en una fuente de sobre costos que lesionan la competitividad de la producción nacional.

Una parte importante de la diferencia en los resultados obtenidos en unas y otras modalidades de infraestructura radica, probablemente, en las maneras de la participación privada y en los arreglos institucionales bajo los cuales ocurre. En el caso de la infraestructura vial, el esquema de las concesiones es caótico. No hay un plan donde se establezca la prioridad de las obras, ni se escoge los proyectos a través de una evaluación rigurosa. Por el contrario, los criterios de selección no son técnicos ni transparentes, sino aparatosos y manipulables. En las licitaciones se presentan prácticas poco competitivas para ganar y asignar los contratos. Estos se renegocian con mucha frecuencia. Nuevas obras, solicitadas por las comunidades, son adicionadas a contratos firmados con anterioridad. Se prorroga, además, masiva y arbitrariamente las concesiones, sin concursos y comprometiendo vigencias futuras. Las obras se construyen lentamente, al ritmo del cobro de los peajes o la asignación de las vigencias futuras.

Colombia requiere una inversión sostenida en infraestructura de transporte, para superar los atrasos que hoy presenta. Las cifras a invertir son considerables, pero no inalcanzables: alrededor del 1% del PIB anual. El reto fiscal que esto impone luce menor frente a la importancia crítica de este tipo de inversiones. El problema, por tanto, parece más de gestión que de recursos. Al respecto, es fundamental superar algunos problemas institucionales y de diseño de las concesiones, para garantizar que el país cuente con una eficiente ejecución de las obras que requiere.

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Edición 755 | Algunos comentarios sobre la discusión fiscal (II)

Nuestra estructura tributaria, evaluada según los criterios que la misma Constitución establece (eficiencia, equidad y progresividad, art. 363), deja mucho qué desear. Por tanto, en el debate público ha surgido un consenso sobre la orientación general de una reforma tributaria integral, pero no sobre su magnitud. Algunos sugieren que la reforma se limite a racionalizar la estructura tributaria. Otros proponen que se debe buscar, adicionalmente, un aumento en el recaudo. Las metas del incremento oscilan entre el 0,8% y el 2% del PIB. Los puntos de racionalización sobre los cuales hay acuerdo son los siguientes. En primer lugar, se debe aproximar las tasas nominales de tributación a las efectivas. Las tasas de tributación nominales, sobre todo en renta, podrían recortarse, a cambio de eliminar un buen número de las gabelas tributarias. En segundo lugar, el impuesto a la renta, sobre todo de las empresas, debe ser reducido por razones de competitividad internacional. En tercer lugar, es imprescindible erradicar el gravamen a los movimientos financieros (GMF). Y en cuarto lugar, hay que disminuir el número de tarifas del IVA y ampliar su base.

En Colombia la tributación tradicionalmente ha estado en cabeza de las empresas. Se debe cambiar este énfasis. En la propuesta no se trata de gravar el trabajo en lugar del capital, sino de gravar el capital en cabeza de sus propietarios, a través de la corriente de ingreso que genera.

Por la dificultad del trámite legislativo, resulta sensato establecer un cronograma secuencial de las reformas. Tratar de abarcar mucho en una sola puede ser contraproducente. Por eso combinar los objetivos de racionalización y mayor recaudo es complicado. Lo ideal sería trabajar sobre una reducción de exenciones, a cambio de un recorte en tarifas, que deje el monto neto pagado de impuestos relativamente igual. Si en todo caso es necesario tener en cuenta objetivos de mayor recaudo, es preferible hacer un programa que tenga separadas las reformas con consecuencias eminentemente fiscales de aquellas que tocan los ámbitos territorial y laboral.

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