Edición 737 | Burbujas y dilemas de política económica

El daño que el estallido de la última burbuja financiera infligió en los mercados e intermediarios financieros, en la actividad real y el empleo, forzaron un estímulo fiscal y monetario sin precedentes alrededor del mundo. Como la recuperación mundial será lenta, la prolongación de estas posturas laxas entraña riesgos, que pueden generar volatilidad en los mercados internacionales. Los excesos de liquidez alimentaron el año pasado un auge en los mercados financieros, que valorizó globalmente las materias primas y las bolsas, al tiempo que apreció la deuda pública y las monedas emergentes. Con excepción de algunas bolsas, las valorizaciones no lucen todavía exageradas, ni fueron acompañadas por auges del crédito. En consecuencia, puede descartarse por el momento la presencia de burbujas financieras. Sin embargo, si la liquidez no se recoge oportunamente, persiste el peligro que contribuya a inflar burbujas, desalinee las expectativas inflacionarias y genere inflación en el mediano plazo, cuando se cierre la brecha del producto y se reactive el crédito. Las economías emergentes serán más propensas a la aparición de burbujas, porque atraerán crecientes flujos de inversión extranjera y el crédito se recuperará más pronto en ellas. Si no permiten la flotación de sus monedas, importarán la laxitud monetaria de las economías avanzadas. Y ésta estimulará la inversión en activos domésticos.

Aunque en la valorización de los activos denominados en COP el año pasado brillaron por su ausencia los flujos de portafolio, la economía colombiana no es inmune al contagio de los auges y la volatilidad en los mercados financieros internacionales. Por eso es bienvenida la disciplina fiscal, que reduce la vulnerabilidad de los mercados domésticos a los choques externos. Sin embargo, ésta transfiere a la política monetaria una mayor responsabilidad para estimular la demanda interna. De esta manera, el BR enfrentará una “encrucijada del alma”, que puede perturbar las expectativas e incentivar la inversión financiera.

DESCARGAR PDF COMPLETO

Edición 736 | Protección social para los trabajadores por días y para personas que no cumplan con los requisitos para acceder a una pensión

El Gobierno Nacional y el Congreso de la República han venido desarrollando una serie de iniciativas que buscan ofrecer una protección social efectiva, de una parte, a los trabajadores que laboran por días con ingresos inferiores a un SMLM; y de otra, a quienes no cumplen con los requisitos para tener derecho a una pensión.

Para los trabajadores que laboran por períodos inferiores a un mes, se estableció la posibilidad de cotizar en proporción al tiempo laborado y por debajo de un salario mínimo mensual, tanto al Sistema General de Seguridad Social en Salud como a un sistema de ahorro programado para su vejez.

Para la población de escasos recursos que no reúna los requisitos para obtener una pensión, se abre la posibilidad de que reciban unos Beneficios Económicos Periódicos (BEP), inferiores a un salario mínimo, al alcanzar la edad de retiro.

Aunque estos mecanismos constituyen un progreso importante su regulación es insuficiente y los esquemas diseñados desde el punto de vista operativo aún no funcionan.

DESCARGAR PDF COMPLETO

Edición 735 | El nuevo régimen de insolvencia

Una eficiente asignación del crédito a las personas y las empresas es indispensable para la buena marcha de la actividad económica y el crecimiento. Para lograrla, las relaciones entre los deudores y los acreedores deben estar claramente establecidas en las normas. Con el fin de que la intermediación del ahorro sea una actividad atractiva para la iniciativa privada, el acreedor debe recuperar los fondos prestados con los réditos pactados. Para este propósito se requiere herramientas judiciales eficaces. La legislación colombiana cuenta con diversos instrumentos que hacen valer los derechos del acreedor. El más importante de ellos es el proceso ejecutivo. Otros son los procesos concursales, entre los cuales sobresalen los concordatos y los acuerdos de reestructuración. Estos minimizan la pérdida de riqueza y preservan los empleos que se perderían, si las empresas no obtuvieran plazos adicionales para servir sus deudas.

En la legislación nacional en materia concursal, el equilibrio entre deudores y acreedores no se ha logrado. Las disposiciones vigentes tienen un sesgo en favor del deudor y hasta hace poco no establecían claramente el régimen aplicable para las personas naturales que no ejercen actividades comerciales (PNNC). Esta imprecisión generó diferencias de criterio e interpretación en las diferentes instancias judiciales. Tales divergencias condujeron a procesos concursales engorrosos y dilatados, que fomentaron la insolvencia de los deudores inescrupulosos. Esto congestiona los despachos judiciales, desfavorece a los acreedores y deudores y restringe la oferta de crédito. En el nuevo régimen de insolvencia para las PNNC -que está para sanción presidencial- los procedimientos son más claros y los plazos para lograr los acuerdos son más cortos, cuando no hay objeciones ni impugnaciones. Adicionalmente, al concertar un nuevo esquema de pago, se evita acudir a procesos de ejecución. De esta manera, se protege el crédito al tiempo que se preserva la estabilidad financiera, para propiciar mayor fluidez y seguridad en las relaciones económicas. Dos principios que deben inspirar los procesos bajo el nuevo régimen son la buena fe y el ánimo conciliatorio entre las partes.

DESCARGAR PDF COMPLETO